Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 106)

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta un recurso de certiorari en un litigio sobre cobro de dinero. Un arqueólogo demandó a un contratista por el pago de servicios profesionales prestados para proyectos municipales. El demandado alegó incumplimiento contractual por parte del arqueólogo y la falta de cumplimiento de una condición de pago. El demandado también presentó una reconvención por daños y resolución de contrato. Ambas partes solicitaron sentencia sumaria en el Tribunal de Primera Instancia. El foro primario denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. El peticionario recurre ante el Tribunal de Apelaciones para que se revoque dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari para modificar los hechos que se consideran en controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari. El caso civil original trata sobre daños y perjuicios por un accidente de vehículo de motor contra Tactical Waste System Corp. La parte peticionaria, Tactical, solicitó revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó dejar sin efecto la anotación de rebeldía en su contra. La rebeldía fue decretada por el incumplimiento de Tactical en responder a una orden judicial. Dicha orden requería que Tactical confirmara si un depósito de basura específico era de su propiedad. A pesar de varias oportunidades y la renuncia de su abogado, Tactical no cumplió con la orden expedita. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari. Concluyó que procedía expedir el auto. No obstante, confirmó la anotación de rebeldía contra Tactical. El caso es devuelto al tribunal de instancia para continuar los procedimientos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo solicitó la revocación de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicho dictamen, emitido en marzo de 2021, declaró Ha Lugar una moción de desestimación de las acusaciones contra Joel Cruz Meléndez. El foro primario desestimó las acusaciones al amparo de la Regla 64(n)(4) de Procedimiento Criminal. Las acusaciones involucraban infracciones a la Ley de Violencia Doméstica, Ley de Armas, Ley de Protección de Propiedad Vehicular y el Código Penal. El Tribunal de Apelaciones revisó el tracto procesal de los casos, incluyendo la presentación de denuncias, vista preliminar y lectura de acusación. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que había desestimado las acusaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por One Alliance Insurance Corporation. La aseguradora solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su reconsideración. Dicha reconsideración buscaba revertir una decisión previa del TPI que denegó la descalificación de la tasadora y el árbitro de los recurridos, así como una vista evidenciaria. El caso original es una demanda contra One Alliance por incumplimiento de contrato de seguro tras el Huracán María. El TPI había ordenado someter la controversia de daños al proceso de "appraisal" vinculante según la Ley Núm. 242-2018. One Alliance intentó cuestionar el proceso y alegar fraude, pero el TPI reafirmó la obligatoriedad del "appraisal". El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari. Con esta denegatoria, se mantiene la determinación del TPI de continuar con el proceso de "appraisal" y desestimar las peticiones de One Alliance.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación presentado por Casa Investment \& Management LLC contra Cashual Hernández Vargas y Lilibeth Montañez Castro. El caso se originó por una disputa sobre un contrato de opción de compra de un proyecto de vivienda. Según el acuerdo, Casa Investment se obligó a obtener un permiso de construcción en un plazo de 60 días tras la firma del contrato. Los compradores, el matrimonio Hernández-Montañez, pagaron un depósito de \$25,000. Los compradores demandaron la resolución del contrato y la devolución del depósito, alegando que Casa Investment incumplió al no obtener el permiso a tiempo. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de los compradores, resolviendo el contrato y ordenando la devolución del depósito. Casa Investment apeló esta decisión, imputando error al TPI. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como apelación y, tras evaluar los fundamentos, desestimó el recurso, confirmando la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202000839. Resuelve la Apelación presentada por Ferrovial Agroman SA contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia había declarado a Ferrovial responsable por daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por Miguel González Santiago y otros, alegando que trabajos de construcción realizados por Ferrovial obstruyeron el acceso a su negocio de gasolinera. Esto resultó en pérdidas económicas significativas y el eventual cierre del establecimiento. Los demandantes reclamaron daños por negligencia y violación de derechos constitucionales. El foro primario dictó sentencia a favor de los demandantes. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción fue presentada por un banco contra una sucesión y otra parte, surgiendo una controversia sobre la descripción de la propiedad hipotecada. La peticionaria solicitó la desestimación del caso, alegando que el inmueble identificado en el pagaré y la demanda no correspondía al inmueble descrito en la escritura de hipoteca. Existía una discrepancia entre la dirección mencionada en el pagaré ("279 Perusa") y la descripción registral en la escritura de hipoteca, además de una dirección inicial en la demanda ("275 Perusa"). El banco se opuso a la desestimación, argumentando que se trataba de la misma propiedad y solicitando enmendar la demanda. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción de desestimación, considerando que las alegaciones del banco eran suficientes en esa etapa y no se podía afirmar que fueran propiedades distintas. La peticionaria recurrió esta decisión mediante certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones declinó intervenir con la determinación del foro primario.

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Se trata de una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre liquidación y división de bienes de la Sucesión de Ketty Román Rivera. La apelante, Marilyn Rivera Román, impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar la demanda de división presentada por sus hermanos. La apelante argumentó que se le negó información, que no se realizó un inventario adecuado y que la albacea, su hermana Gloria, incumplió sus deberes y administró indebidamente los bienes. También alegó que la albacea no rindió cuentas de su gestión. El Tribunal de Primera Instancia celebró un juicio y dictó la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos del caso, confirma la sentencia emitida por el foro primario.

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El documento presenta una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró constitucional la colegiación compulsoria de los cirujanos dentistas en Puerto Rico. Los apelantes impugnaron la obligatoriedad de la colegiación bajo la Ley Núm. 162 de 1941, alegando que lesionaba su derecho a la libertad de asociación y expresión. Argumentaron que existían mecanismos menos onerosos para regular la profesión, como la Junta Dental Examinadora. El Colegio de Cirujanos Dentistas defendió la colegiación compulsoria, sosteniendo que era necesaria para proteger la salud pública. Adujo que la Junta carecía de los fondos y recursos para asumir las responsabilidades del Colegio. El Colegio afirmó que el sistema dual Junta-Colegio era el mecanismo menos oneroso para el bienestar público. Tras revisar el recurso, el Tribunal de Apelaciones procedió a revocar la sentencia apelada.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Colonial Parking Corporation. La apelación impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una querella de despido injustificado. Dicha querella fue instada por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en representación de Juan R. Martínez Tapia contra American Parking System, Inc. El Sr. Martínez Tapia reclamaba indemnización bajo la Ley Núm. 80 por haber sido despedido sin justa causa. El proceso judicial original se complicó por dos peticiones de quiebra de American Parking, que causaron paralizaciones. Durante el litigio, se planteó la relación entre American Parking y Colonial Parking. El Tribunal de Primera Instancia finalmente dictó Sentencia Sumaria a favor del querellante. Colonial Parking apeló este dictamen, solicitando su revisión ante el foro apelativo. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve sobre dicha apelación.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Los apelantes, Pedro J. Ortiz Blanco y Pedro J. Ortiz CPA & Asoc., LLC, recurren una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su demanda y les impuso honorarios de abogado a favor de los apelados Ledesma & Vargas, LLC, Javier Rivera Longchamps y Mariana Ortiz Colón. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato, acción de fiducia y daños y perjuicios. Los apelantes imputaban a los apelados falsas acusaciones y la apropiación ilegal de fondos de Pedro J. Ortiz CPA & Assoc., LLC. Estos hechos se originan en un caso previo de cobro de dinero instado por FirstBank contra el señor Ortiz Blanco, relacionado con un préstamo para una embarcación. En ese caso anterior, las partes habían llegado a un acuerdo de pago y entrega de la embarcación. Los apelados y FirstBank solicitaron la confirmación de la Sentencia Parcial apelada. El Tribunal de Apelaciones tomó conocimiento judicial del expediente del caso previo y adelanta su decisión de confirmar la Sentencia Parcial recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La apelación surge de una demanda por daños y perjuicios por impericia médica presentada por Leila V. Vera López contra un hospital y dos médicos. La demandante alegó negligencia en el tratamiento de complicaciones postoperatorias, incluyendo trombosis venosa profunda y trauma arterial. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó dicha determinación. El tribunal apelativo concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al desestimar el caso. La decisión se fundamentó en que el propio perito de la parte demandante reconoció que no hubo acto u omisión negligente en el tratamiento brindado por los demandados.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones que resuelve un recurso presentado por Mapfre Praico Insurance Company. Mapfre apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró Ha Lugar una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial del Consejo de Titulares del Condominio Lago Vista II. El Consejo demandó a Mapfre por incumplimiento de contrato y daños tras el Huracán María. Mapfre había ajustado la reclamación del Condominio, reconociendo una suma de \$269,007.82. El Consejo solicitó que se ordenara a Mapfre el pago inmediato de esta cantidad reconocida como adelanto. Mapfre se opuso, alegando que la suma fue ofrecida como pago total y final, no como pago parcial, y que no era una deuda líquida y exigible para un pago anticipado. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de fraude de acreedores. El apelante, Luis Patiño Chirino, busca ejecutar una Sentencia previa y final obtenida en 2015 (firme en 2017) contra Villa Antonio Beach Resort por despido injustificado y otros reclamos laborales. Dicha Sentencia condenó a Villa Antonio a pagar sumas considerables por daños, salarios perdidos, penalidades y honorarios. Para cobrar la deuda, Patiño Chirino presentó en 2019 una demanda por fraude de acreedores contra Villa Antonio, HR Inc., Ilia Quiñones Acevedo y los hermanos Ruiz Quiñones (accionistas/oficiales). Alegó que los demandados transfirieron activos de Villa Antonio a HR Inc. y la señora Quiñones Acevedo para evitar el pago de la Sentencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra HR Inc. y sus accionistas mediante una Sentencia Parcial. Patiño Chirino apeló esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el extenso historial del caso original y la demanda por fraude. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió modificar la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una Petición de Certiorari presentada por Ángel Gilberto De Jesús Estremera y Mildred Pérez De Jesús. Solicitaban la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de consolidar dos pleitos civiles. El primer caso fue iniciado por los peticionarios contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Consejo de Titulares del Condominio Montesol y FirstBank, reclamando daños y la resolución de un pagaré hipotecario por problemas en su apartamento. El segundo caso fue presentado por FirstBank contra los peticionarios para la ejecución de hipoteca y cobro de dinero por incumplimiento en los pagos. Los peticionarios argumentaron que ambos casos presentaban cuestiones comunes sobre la validez de la hipoteca y que la separación podría generar dictámenes inconsistentes. FirstBank se opuso, alegando hechos distintos, remedios diferentes y que la consolidación causaría gastos y retrasos en la ejecución hipotecaria. Tras evaluar las comparecencias, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari. Esto confirma la decisión del foro primario de no consolidar los casos.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Norma Benetti Loyola contra Garaje Isla Verde LLC. La apelante solicitó la revisión de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado, daños y cobro de salarios. Benetti Loyola alegó haber sido despedida ilegalmente tras ser acusada falsamente de alterar documentos y el sistema de la empresa. Garaje Isla Verde LLC sostuvo que el despido fue justificado según la Ley 80, basado en una investigación interna que concluyó que la apelante alteró una factura y el sistema para que un auto usado pareciera nuevo. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de Garaje Isla Verde, desestimando las reclamaciones de Benetti Loyola. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del TPI. La controversia principal giraba en torno a si existió justa causa para el despido de la apelante. El Tribunal de Apelaciones resolvió modificar y confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una resolución administrativa del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). World Solar Pro, Inc. (WSPI) recurrió la decisión de DACo que resolvió una querella presentada por el señor Rafael López López. El señor López adquirió un sistema solar de WSPI que, según su reclamo, no funcionó como se le prometió, específicamente dejando de operar por las noches. A pesar de tener garantía, WSPI no corrigió el problema. DACo declaró con lugar la querella, ordenando la resolución del contrato y el reembolso de los pagos al señor López. WSPI apeló la resolución de DACo, argumentando errores en la declaración de rebeldía y en la orden de resolver el contrato. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente administrativo. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución emitida por DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión judicial contra una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El caso surge de una querella inicial por construcciones alegadamente ilegales realizadas por vecinos colindantes. Una inspección municipal confirmó violaciones reglamentarias, incluyendo construcción sin permiso y retiros insuficientes en un distrito R-1. Los vecinos intentaron legalizar la obra mediante una consulta de construcción, la cual también documentó múltiples incumplimientos con los parámetros de zonificación, como retiros a cero metros en varios patios. Los querellantes originales apelaron la determinación administrativa de la OGPe sobre esta consulta. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución recurrida. El caso fue devuelto a la OGPe para la continuación de los procesos conforme a lo dictaminado por el Tribunal.

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Miguel A. Rivera López presentó una petición de hábeas corpus alegando detención ilegal. Cumple una sentencia por tentativa de agresión sexual y argumenta que el Departamento de Corrección rehusó aplicarle bonificaciones por buena conducta y asiduidad bajo la Ley 87-2020. Sostiene que su delito no está excluido de dichas bonificaciones, interpretando la ley como aplicable solo a agresión sexual que involucre menores. El Tribunal de Primera Instancia denegó la petición, principalmente por no haber agotado los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección. El foro primario también indicó que, incluso con las bonificaciones reclamadas, su sentencia reducida aún no había expirado. Rivera López apeló ante el Tribunal de Apelaciones, cuestionando la exigencia de agotar remedios administrativos y la falta de evaluación de la legalidad de su detención. El Tribunal de Apelaciones examinó la petición y confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Lydia S. Nieves Castillo solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una Resolución Interlocutoria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El DRNA había presentado una querella contra la señora Nieves por extracción de material de la corteza terrestre sin permiso, violando la Ley 132 de 1968. La señora Nieves presentó una moción de desestimación, alegando que la querella era académica y tardía. El DRNA, tras recomendación de la oficial examinadora, declaró No Ha Lugar la moción de desestimación mediante una resolución interlocutoria. La señora Nieves solicitó reconsideración, la cual no fue resuelta por el DRNA. Posteriormente, instó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, señalando como error la presentación tardía de la querella. El DRNA argumentó que la resolución recurrida era interlocutoria y no final. El Tribunal consideró las comparecencias. El recurso de revisión es desestimado por falta de jurisdicción.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico Evertec Group, LLC solicitando la revocación de una resolución de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La OAT había denegado una solicitud de reconsideración de Evertec, confirmando el orden de negociación de la Solicitud de Propuestas Núm. 21-07RFP para servicios de infraestructura de seguridad y telecomunicaciones. La OAT evaluó las propuestas para tres componentes (LAN/WAN, VoIP, Internet) individualmente, ponderando secciones Administrativa, Técnica y Financiera. El Comité Evaluador publicó los resultados y el orden de negociación, donde Data Access Communications, Inc. obtuvo la mejor puntuación para el Componente 7.1 (LAN/WAN). Evertec, que quedó en segundo lugar para ese componente, cuestionó la puntuación financiera de Data Access. Tras la denegación de su reconsideración por la OAT, Evertec acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, tras considerar los escritos, confirma el dictamen recurrido de la OAT.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. El recurso fue presentado por Andrés Luis Ríos Piñeiro y Awilda La Luz Soto contra Joseph William Meléndez Reyes y Nelly Davidson Cerrato. Los apelantes recurrieron una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, alegando falta de jurisdicción. El caso original se basó en una deuda garantizada por dos inmuebles, que culminó en un acuerdo entre las partes acogido por el foro primario en marzo de 2020. Dicho acuerdo establecía un pago y el procedimiento en caso de incumplimiento, incluyendo la ejecución de sentencia. Surgieron controversias sobre el cumplimiento del acuerdo y la cancelación del pagaré. El Tribunal de Primera Instancia enmendó posteriormente su sentencia para incluir la descripción de las propiedades. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso contra la Sentencia Enmendada de abril de 2021. El Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia Enmendada. Se ordenó la celebración de una vista evidenciaria en el foro primario.

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Se revisa una determinación administrativa que denegó una pensión por incapacidad a Pedro Carrasquillo Matos. El recurrente solicitó beneficios de pensión por incapacidad ocupacional y no ocupacional ante la Administración de los Sistemas de Retiro. La agencia denegó la solicitud en 2014, al entender que no estaba incapacitado para el servicio público. Tras una reconsideración denegada, el recurrente apeló ante la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico. La Junta, en junio de 2021, confirmó la determinación inicial de denegar la pensión. La Junta concluyó que la prueba médica no demostró los requisitos de severidad necesarios para recibir los beneficios. El recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión de la Junta. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede confirmar la resolución de la Junta de Retiro por ser razonable a la luz del expediente y el derecho aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre la clasificación de custodia de Miguel Otero Maldonado. El recurrente impugnó la decisión del DCR de mantenerlo en custodia máxima. Aunque una evaluación arrojó una puntuación para custodia mínima, el Comité de Clasificación y Tratamiento (CCT) ratificó el nivel máximo. El CCT aplicó un factor discrecional por desobediencia a las normas, basándose en el historial institucional del confinado y un incidente pendiente. Otero Maldonado argumentó que el DCR debía enfocarse en la rehabilitación y no en la gravedad de sus delitos pasados. Alegó que llevaba un tiempo considerable sin querellas administrativas, lo cual contradecía la justificación del DCR. También cuestionó la mención de un incidente disciplinario del cual no había sido notificado. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida del DCR.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por B. Fernández \& Hnos., Inc. y otras entidades contra Integrand Assurance Company. La apelación impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba el cobro de dinero y alegaba prácticas desleales por parte de Integrand. Los apelantes reclamaban el pago de una suma adeudada bajo un contrato de transacción por daños sufridos tras el Huracán María. Integrand había acordado pagar \$7,500,202, pero supuestamente no completó el pago total. El Tribunal de Primera Instancia había paralizado y archivado el caso debido a la liquidación de Integrand. Los apelantes solicitaron la reapertura del caso tras vencer el término de paralización. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, revoca la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. La controversia surge tras la desestimación sumaria del pleito a favor de los demandados. Uno de los demandados, un médico, solicitó el recobro de \$12,900.00 pagados a un perito como parte de las costas. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó esta solicitud, al considerar que la opinión del perito no fue necesaria para que el médico prevaleciera en la etapa sumaria. Inconforme, el médico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando su derecho a recuperar los gastos necesarios de defensa como parte victoriosa. La parte demandante se opuso al recurso, cuestionando la necesidad y el monto del gasto reclamado. El Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción en el recurso de certiorari, evaluó la determinación del TPI. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la discreción ejercida por el TPI al denegar la inclusión de los honorarios del perito en las costas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Carlos J. Vega Rivera. El señor Vega solicitó revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó la vacunación de su hijo menor contra el COVID-19. También pidió paralizar la orden de vacunación mientras se adjudicaba el recurso. La madre del menor, Bianca Delgado Velázquez, quien tiene la custodia, solicitó la autorización judicial debido a la oposición del padre y el requisito escolar para clases presenciales. El padre expresó preocupaciones sobre la seguridad de la vacuna, su estatus de autorización de emergencia y el historial de salud del menor. La madre presentó certificaciones médicas que recomendaban la vacunación del menor. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Sin embargo, denegó su expedición y declaró No Ha Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción. La decisión implica que la resolución del Tribunal de Primera Instancia que autoriza la vacunación se mantiene.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. Los peticionarios, Master Link Corporation y otros, solicitaron un recurso de certiorari para revocar una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden concedió la solicitud del recurrido, Javier Ramírez González, para expedir citaciones a testigos para una vista evidenciaria. Los peticionarios argumentaron que el descubrimiento de prueba había culminado y que una de las testigos citadas ya no era parte en el pleito. El Tribunal de Primera Instancia había determinado previamente que el descubrimiento relacionado con la controversia de descorrer el velo corporativo aún no había finalizado. El TPI denegó la reconsideración de su orden, reafirmando su discreción en el manejo del descubrimiento para esa controversia. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado por los peticionarios. Esto valida la decisión del TPI de permitir la citación de los testigos para la vista.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de certiorari presentado por Rubén Sepúlveda Torres contra el Pueblo de Puerto Rico. El señor Sepúlveda Torres solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que respondió a su Moción al amparo de la Regla 192.1 con la frase "NADA QUE DISPONER", refiriendo a una resolución anterior. El peticionario alegó que el foro primario erró al no atender su moción sobre la reincidencia habitual, ya que la resolución referida trataba sobre una corrección de sentencia distinta. El Pueblo de Puerto Rico compareció solicitando la desestimación del recurso. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción como cuestión preliminar. Se reitera la norma de que los tribunales deben ser celosos guardianes de su jurisdicción y que la falta de esta conlleva la desestimación del recurso. Se discuten los requisitos del auto de certiorari criminal bajo la Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, incluyendo la obligación del peticionario de proveer un apéndice completo. Finalmente, el Tribunal DESESTIMA el recurso de certiorari presentado por el señor Sepúlveda Torres. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa la desestimación sumaria de una demanda por impericia médica. La demandante, Leila V. Vera López, reclamó daños contra un hospital, una cirujana y un cardiólogo. Alegó que, tras una cirugía, sufrió complicaciones como trombosis venosa profunda y trauma arterial, resultando en claudicación severa. Sostuvo que los médicos se apartaron de las normas de cuidado aplicables. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso de forma sumaria. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación. La decisión se fundamentó en que el propio perito de la parte demandante reconoció que no hubo acto u omisión negligente en el tratamiento brindado.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de Certiorari presentada por Modesto Rivera Veaz y otros contra la Cooperativa Ahorro y Crédito Las Piedras. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Cooperativa demandó a los peticionarios por incumplimiento de un préstamo comercial. Los peticionarios reconvinieron, alegando que la Cooperativa causó el incumplimiento con sus acciones. La Cooperativa solicitó la desestimación de la reconvención, argumentando que las alegaciones ya habían sido desestimadas con perjuicio en un caso anterior. El TPI denegó la desestimación total de la reconvención. Sin embargo, el TPI ordenó a los peticionarios enmendar la reconvención. Se les instruyó a limitar las alegaciones a la controversia del préstamo comercial y eliminar las relativas a daños personales y al préstamo interino, por haber sido desistidas con perjuicio previamente. Los peticionarios recurrieron esta orden del TPI mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, denegó la expedición del auto de Certiorari.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones Oriental Highland View, Inc., Social Interest Growth Associates, Corp. y Marina Las Gaviotas, Corp. en apelación de una sentencia parcial y una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue incoado por Sandra Calderón Bird contra SIGA y Marina por incumplimiento de un contrato de compraventa de 2001, reclamando el derecho a adquirir parcelas de terreno. La demandante enmendó la demanda para incluir a Highland, quien adquirió la propiedad, solicitando la rescisión de esa venta por fraude. SIGA y Marina presentaron una reconvención alegando persecución maliciosa por intentos previos de la demandante de intervenir en otros pleitos. Las apelantes también presentaron una moción de desestimación, argumentando prescripción de la acción o que el derecho reclamado era condicional y no surgió. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención y declaró no ha lugar la moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones trató la revisión de la denegatoria de la moción de desestimación como un certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMÓ la Sentencia parcial que desestimó la reconvención de SIGA y Marina. Asimismo, CONFIRMÓ la resolución del foro recurrido que denegó la solicitud de desestimación presentada por las apelantes.

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Comparecen ante este foro Yajaira Vega Camacho y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) apelando una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La sentencia parcial concedió una moción de sentencia sumaria al Municipio de Rincón y su aseguradora, desestimando la demanda en su contra. La demanda original fue presentada por la Sra. Vega Camacho por daños sufridos tras una caída en una acera en Rincón. La caída ocurrió cerca de contadores de agua de la AAA y fue atribuida a un desnivel en el área. El TPI determinó que el Municipio no era responsable porque la AAA tenía el control exclusivo de la acera donde ocurrió el accidente. Tanto la demandante como la AAA apelaron esta determinación. Este foro revisor consolidó ambos recursos de apelación. Por los fundamentos que se expondrán, este tribunal revoca el dictamen apelado del TPI.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por Susset M. Rodríguez Hernández. La apelación impugna una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó su caso contra la Cooperativa de Vivienda Los Robles por falta de jurisdicción. El TPI determinó que la Apelante no presentó su recurso de revisión judicial dentro del término jurisdiccional de 30 días. La controversia se originó en una Resolución y Orden de la Cooperativa sobre un caso de desalojo. Aunque hubo una segunda notificación de la resolución, el TPI consideró que el término comenzó con la notificación original. La Apelante argumentó que la notificación inicial fue defectuosa y que el TPI erró al desestimar sin considerar otros planteamientos. El panel de jueces procede a confirmar la sentencia del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de relaciones filiales entre una tía paterna y su sobrino menor. La tía demandó para obtener acceso judicialmente ordenado bajo el Artículo 152A del Código Civil de 1930, alegando que necesitaba relaciones independientes a pesar de que los padres permitían cierto contacto. La madre del menor argumentó que la tía carecía de legitimación activa porque los padres no se oponían formalmente a la relación, requisito legal para la acción. El Tribunal de Primera Instancia denegó inicialmente una moción de desestimación y posteriormente una moción de sentencia sumaria presentada por la madre. La madre recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones contra la denegatoria de la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Tras considerar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia. La decisión implica que la acción de la tía debió ser desestimada por falta de legitimación activa bajo la ley aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones atiende un Recurso de Certiorari presentado por Eduardo J. Pellerano Nadal. El peticionario solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de 16 de junio de 2021. Dicha resolución declaró No Ha Lugar su Solicitud Urgente de Orden bajo la Regla 56.5 para reanudar pagos contractuales presuntamente detenidos en represalia por el pleito. El caso subyacente trata sobre sentencia declaratoria, acción derivativa, violación de deberes fiduciarios, incumplimiento de contrato, dolo y daños y perjuicios. La demanda fue instada contra Ángel D. Guerrero Ortiz, Milagros Mena García, varias corporaciones controladas por Guerrero Ortiz, y Autogermana, Inc. como demandado nominal. El caso fue inicialmente reasignado a una sala civil ordinaria tras descartarse la atención de un injunction permanente en la sala de recursos extraordinarios. Los codemandados recurridos, incluyendo Autogermana y las demás partes, presentaron oposición a la expedición del recurso. Tras examinar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar expedir el auto de Certiorari solicitado.

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Prime Builders & Contractors, Inc. presentó una Petición de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La petición buscaba revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original trata sobre una demanda de cobro de dinero e incumplimiento de contrato presentada por Prime Builders contra Prymed Medical Care, Inc. Prime Builders reclama el pago de $30,913.45 por trabajos de construcción y remodelación. Prymed Medical Care se opone, alegando que la suma corresponde a un retenido por trabajos incompletos y defectos, y presentó una reconvención reclamando daños. El foro primario determinó que existían hechos materiales en controversia que impedían dictar sentencia sumaria. Tras evaluar los argumentos de ambas partes, el Tribunal de Apelaciones acordó denegar la expedición del recurso de certiorari solicitado por Prime Builders.

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Sentencia de un panel de jueces revisando una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El caso se origina en una demanda por daños y perjuicios presentada por Yajaira Vega Camacho tras sufrir una caída en una acera en Rincón. La Sra. Vega Camacho demandó al Municipio de Rincón, su aseguradora (Multinational Insurance Company), y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Alegó que la caída fue causada por un desnivel cerca de contadores de agua de la AAA. El TPI dictó sentencia sumaria parcial a favor del Municipio y Multinational, desestimando la demanda contra ellos. El TPI concluyó que la AAA tenía el control exclusivo del área de la acera donde ocurrió el accidente. Tanto la Sra. Vega Camacho como la AAA apelaron esta sentencia parcial. Los recursos de apelación fueron consolidados por este foro revisor. Tras considerar los fundamentos, este panel decide revocar el dictamen apelado del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida tres recursos de revisión y apelación. Estos recursos provienen de un caso civil iniciado por Nelson Traverso Velázquez y otros contra VITA Healthcare, Inc., Women \& Prenatal Care of Puerto Rico, Inc., y varios individuos. La demanda original es una acción derivativa que alega actos fraudulentos, incumplimiento contractual y violaciones a leyes federales. El demandante principal sostuvo que los codemandados descapitalizaron Vita transfiriendo activos a otra empresa para reducir el valor de sus acciones tras su despido. Los recursos consolidados impugnan decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Una decisión declaró a los peticionarios en desacato civil por desobedecer una orden previa. Otra ordenó dar como probado que ciertos pagos recibidos eran dividendos implícitos de Vita. Finalmente, se apela una sentencia parcial que ordenó a los apelantes comprar las acciones del demandante. El Tribunal de Apelaciones consolidó los casos debido a que involucran a las mismas partes.

Resumen:

Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida varios recursos de certiorari y apelación. Los recursos fueron presentados por VITA Healthcare, Inc. y otros codemandados, impugnando decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un caso civil. El caso original es una acción derivativa presentada por Nelson Traverso Velázquez, quien alegó actos fraudulentos, incumplimiento contractual y violaciones a leyes federales por parte de los demandados. Traverso Velázquez acusó a los demandados de descapitalizar Vita transfiriendo activos a otra entidad para reducir el valor de sus acciones tras su despido. Las decisiones apeladas incluyen una declaración de desacato civil contra los peticionarios por desobedecer órdenes previas. También se impugna una orden que determinó que ciertos pagos recibidos por los codemandados eran dividendos implícitos de Vita. Adicionalmente, se revisa una sentencia parcial que ordenó a los apelantes comprar las acciones del Sr. Traverso Velázquez. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos para su revisión conjunta.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Trata sobre una apelación presentada por San Juan Properties, Ensysa Products Manufacturing, Rolando Ávila Pérez, Elizabeth Champaña Gagneron y su sociedad de gananciales. Apelan una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. La sentencia apelada, emitida el 6 de mayo de 2020, declaró con lugar una Moción de Desestimación presentada por WMPRRE LLC y WM Capital Partners 53, LLC. El foro primario desestimó con perjuicio la demanda de los apelantes. Dicha demanda solicitaba la nulidad de una sentencia y su ejecución, además de daños y perjuicios. La desestimación se basó en que la demanda no cumplía los requisitos para un pleito independiente de relevo de sentencia bajo la Regla 10.2(5). El pleito de los apelantes se relaciona con un caso previo iniciado por Scotiabank en 2010. Ese caso original era sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los apelantes. La deuda en el caso de Scotiabank provenía de una línea de crédito garantizada con hipotecas sobre propiedades y garantías personales y corporativas.

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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por el Estado Libre Asociado. El Estado impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso original versaba sobre la incautación de un vehículo por la Policía. El foro primario había ordenado previamente al Estado devolver el automóvil o pagar su valor de tasación de $28,000. Esto se debió a que el Estado no cumplió con los términos de notificación en el proceso de confiscación. Al no estar disponible el vehículo, las partes interesadas solicitaron el pago. El Estado pidió la paralización del proceso, alegando falta de fondos y que el pago dependía de la aprobación presupuestaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de paralización. El Estado recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, pero confirmó la determinación revisada del foro primario.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El recurso fue presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Lago Vista II contra Mapfre Praico Insurance Company. La controversia se origina en una demanda por incumplimiento de contrato relacionada con una póliza de seguro y daños causados por el huracán María. El Consejo de Titulares demandó a Mapfre alegando que no recibió una compensación justa por los daños. Durante la etapa de descubrimiento, surgió una disputa sobre las respuestas de Mapfre a interrogatorios y requerimientos de documentos. Mapfre objetó varias solicitudes, argumentando impertinencia o privilegios. El Tribunal de Primera Instancia resolvió parcialmente la moción para compeler, ordenando a Mapfre suplementar algunas respuestas pero denegando otras. Inconforme, el Consejo de Titulares acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones decide expedir el recurso y revocar la resolución recurrida.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Atiende una Petición de Certiorari presentada por Francisco González Nieto. El peticionario solicita la revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución denegó su Solicitud de Reconsideración sobre la concesión de costas a los demandantes, David Carrasquillo, et al. El caso principal se remonta a 2005, relacionado con una escritura de compraventa y reclamaciones de sentencia declaratoria y daños y perjuicios. Tras un extenso litigio, el Tribunal de Apelaciones previamente modificó una Sentencia Parcial del TPI, reinstalando la reclamación contra el peticionario. La controversia actual se centra específicamente en la imposición de costas por el foro primario después de esos dictámenes. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari. Finalmente, revoca la determinación del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso principal es un cobro de dinero iniciado por MCS Advantage, Inc. contra el Dr. José L. Fossas Blanco y otros. MCS reclama que el Dr. Fossas Blanco facturó indebidamente servicios bajo un plan Medicare Advantage. Los demandados solicitaron la desestimación del caso en el Tribunal de Primera Instancia por falta de jurisdicción, alegando que la Oficina del Comisionado de Seguros era el foro competente. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar dicha moción. Los demandados recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. MCS argumentó que la jurisdicción correspondía al TPI debido a la naturaleza federal del plan Medicare Advantage. La Oficina del Comisionado de Seguros también declinó intervenir en un asunto relacionado. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari pero confirmó la orden recurrida, validando la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia.

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Esta sentencia resuelve la apelación presentada por la Sra. Margie Colón Medina contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la división de la comunidad de bienes post ganancial con el Sr. José Alberto Medina Colón. El matrimonio, bajo sociedad legal de gananciales, finalizó con sentencia de divorcio en septiembre de 2010. El foro primario identificó y clasificó los bienes y deudas, incluyendo inmuebles, muebles, cuentas y deudas de tarjetas de crédito. Determinó que las deudas de tarjetas de crédito eran gastos gananciales, otorgando crédito a quien las pagó. Denegó créditos por ingresos generados antes de la firmeza del divorcio, indicando que la comunidad post ganancial inicia en esa fecha. También rechazó créditos por asuntos no alegados en la demanda. Valoró bienes muebles específicos basándose en testimonio y los incluyó en los activos gananciales a dividir. Concedió crédito por pagos de automóvil realizados post-separación. El panel apelativo, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

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Comparecen apelantes en un recurso contra una Sentencia En Reconsideración emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La acción original era una demanda por daños y perjuicios por alegada negligencia médica. Los apelantes solicitaron un desistimiento voluntario sin perjuicio, aduciendo falta de interés y dificultades económicas. Los apelados se opusieron, señalando incumplimiento de órdenes y gastos incurridos, pidiendo un desistimiento con perjuicio o con imposición de costas. El Tribunal de Primera Instancia inicialmente decretó el archivo sin perjuicio. Tras una moción de reconsideración de un apelado, el tribunal modificó su decisión y decretó el archivo con perjuicio. Los apelantes apelaron esta determinación, alegando error al cambiar el tipo de desistimiento. El panel revisó los fundamentos del caso. La sentencia apelada, que decretó el archivo con perjuicio sin especial imposición de costas ni honorarios, fue confirmada.

Resumen:

Comparecen ante este foro Todd Swanson, María Swanson y Robert Byron Villacres Hayes, apelantes en este caso. Solicitan la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su petición de mandamus. La demanda de mandamus original buscaba ordenar al Municipio Autónomo de San Juan la notificación adecuada de la Resolución Núm. 63. Esta resolución confirmaba la autorización para el Control de Acceso en las urbanizaciones Santa Teresita y Park Boulevard. Los apelantes, residentes de Park Boulevard, alegaron que la Resolución Núm. 63 nunca les fue notificada. Por ello, solicitaron al tribunal que ordenara al Municipio la notificación de dicha resolución a todos los residentes afectados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó y ordenó el archivo de la petición de mandamus. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCA la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso de apelación. El recurso proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo, en un caso sobre acción civil, incumplimiento contractual y daños y perjuicios. Los apelantes impugnan una Sentencia Sumaria que desestimó con perjuicio su demanda contra MAPFRE PRAICO Insurance Company. La demanda se basaba en el alegado incumplimiento de una póliza de seguro de viaje, por la cual MAPFRE denegó la cobertura para la transportación médica aérea de uno de los asegurados que enfermó durante un crucero. Los apelantes tuvieron que costear los gastos de transportación y otros relacionados. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por prescripción y concedió sentencia sumaria a favor de MAPFRE. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, revoca la Sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una determinación administrativa. El recurrente, un confinado, impugna la denegatoria de su solicitud para participar en el Programa de Pase Extendido con Monitoreo Electrónico. El Departamento de Corrección y Rehabilitación denegó la solicitud. La denegatoria se basó en que el programa fue creado en 1994, posterior a la comisión de los delitos del recurrente en 1992, por lo que no tenía expectativa de beneficiarse. Además, se señaló que la Ley Núm. 49 de 1995 excluye a los convictos por asesinato de participar en dichos programas. La agencia administrativa denegó la reconsideración solicitada por el recurrente. El Tribunal de Apelaciones examina la legalidad de esta denegatoria. Se menciona que el Tribunal Supremo ha resuelto casos similares en contra de la postura del recurrente. La sentencia procede a exponer el derecho aplicable, particularmente la Ley 49-1995 que establece criterios de exclusión. Se anticipa la confirmación de la decisión administrativa.