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Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por el Estado Libre Asociado. El Estado impugnó una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El caso original versaba sobre la incautación de un vehículo por la Policía. El foro primario había ordenado previamente al Estado devolver el automóvil o pagar su valor de tasación de $28,000. Esto se debió a que el Estado no cumplió con los términos de notificación en el proceso de confiscación. Al no estar disponible el vehículo, las partes interesadas solicitaron el pago. El Estado pidió la paralización del proceso, alegando falta de fondos y que el pago dependía de la aprobación presupuestaria. El Tribunal de Primera Instancia denegó esta solicitud de paralización. El Estado recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari, pero confirmó la determinación revisada del foro primario.