Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 10)

Resumen:

Un confinado, Daniel Rivera Colón, solicitó una cita médica en cardiología a través de un remedio administrativo ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Tras ser informado de que estaba en turno, el confinado pidió reconsideración por la dilación en la asignación de la cita. El Departamento denegó la reconsideración, explicando que las citas son gestionadas por el personal de "Physician Correctional" y se notifican según protocolo una vez concertadas. Insatisfecho, el confinado recurrió al Tribunal de Apelaciones, alegando que la demora constituía trato cruel e inusitado. El Tribunal revisó la determinación administrativa, considerando la presunción de legalidad de las decisiones de la agencia. Se determinó que el Departamento sigue un protocolo establecido para coordinar citas médicas a través de un tercero. El Tribunal concluyó que la agencia no incidió al denegar la solicitud de reconsideración. Por tanto, se confirmó la resolución administrativa recurrida.

Resumen:

Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión judicial. El Consejo de Titulares del Condominio Ponciana impugna una Resolución sumaria del DACO que declaró nula una Asamblea Ordinaria celebrada el 23 de julio de 2022. La nulidad fue solicitada por el señor Carlos M. Cabrera Colón mediante una querella ante el DACO. El querellante alegó múltiples violaciones a la Ley de Condominios en la convocatoria y celebración de la asamblea, incluyendo notificación defectuosa, poderes irregulares y participación de titulares con deuda. El Condominio recurrente solicitó y obtuvo del Tribunal de Apelaciones la paralización provisional de los efectos de la resolución del DACO. El señor Cabrera Colón se opuso al recurso de revisión, solicitando su desestimación o la confirmación del dictamen administrativo. El Tribunal ha tramitado el recurso, denegando una solicitud de desestimación, y procede a detallar los hechos procesales y la base de la querella original.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202500195. El recurso atiende una apelación contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Dicha sentencia denegó una moción de sentencia sumaria y desestimó una demanda. La demanda original era una acción contradictoria de dominio basada en usucapión contra tábulas. Los demandantes, ahora apelantes, alegaron ser dueños de un inmueble en Carolina desde 2006. Sostienen haber adquirido la propiedad mediante posesión pública, continua y pacífica por más de quince años, y por una supuesta venta extrajudicial con la parte apelada. El inmueble figura inscrito a nombre de personas fallecidas. La demanda se presentó contra una heredera conocida y partes ficticias. El foro primario desestimó el caso por entender que faltaba una parte indispensable. La parte apelada no presentó alegato en oposición al recurso de apelación, el cual se considera perfeccionado.

Resumen:

AVRO Corp. h/n/c Avilés Auto recurrió ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Dicha Resolución declaró Ha Lugar una querella de Luis Sifonte Rivera, decretando la nulidad de un contrato de compraventa de vehículo y ordenando la devolución de las contraprestaciones. La disputa se originó por discrepancias entre el precio y los términos de financiamiento acordados inicialmente para una Toyota Highlander y los presentados al banco. El consumidor, tras descubrir los términos diferentes y enfrentar gestiones confusas por parte del vendedor, presentó una querella ante el DACO. El DACO, luego de vistas administrativas, falló a favor del consumidor. El concesionario apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal confirmó la Resolución recurrida del DACO.

Resumen:

Revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un proceso de subasta municipal. TRH Group, LLC impugnó la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Cidra de cancelar la adjudicación del RFP Núm. 2024-2025-10 para gerencia de proyecto. TRH Group había sido el licitador agraciado en dicha subasta. La nueva Junta de Subastas canceló la adjudicación alegando un conflicto de intereses, pues el presidente de TRH Group supuestamente estuvo presente como consultor durante el proceso de evaluación y adjudicación. TRH Group argumentó que la cancelación fue arbitraria, afirmando que su presidente consultó en otro RFP distinto y no participó en la evaluación de la subasta adjudicada. TRH Group solicitó la revocación de la cancelación y que se sostuviera su adjudicación. No obstante, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado por TRH Group. La desestimación se fundamentó en la determinación del tribunal de que carecía de jurisdicción para atender el caso. La sentencia fue emitida el 29 de abril de 2025.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la apelación presentada por Anthony Rivas Hernández contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. La sentencia apelada declaró a Rivas Hernández culpable de violar el Artículo 2.8 de la Ley Núm. 54-1989, referente al incumplimiento de una orden de protección. El foro primario determinó que el apelante actuó "a sabiendas" al acercarse a la ubicación de la perjudicada, basándose en su conocimiento previo y su conducta en el lugar. Por este delito, se le impuso una pena de 3 años de reclusión suspendida y una multa de \$300. El apelante argumentó que el tribunal de instancia erró al encontrar intención criminal, alegando que su presencia fue una coincidencia sin conocimiento previo de que la víctima estaría allí. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó al señor Robert Erling Christianson González (apelante) pagar quince mil dólares más intereses a Alexis García Molinet, Giovanna Ayala Rivera y otros (apelados). El caso se inició como una demanda de cobro de dinero bajo la Regla 60. La reclamación de los apelados se fundamentó en el impago de cánones de arrendamiento por parte del apelante correspondientes a tres apartamentos en Ocean Park. El apelante había arrendado las propiedades a los apelados mediante contratos con vigencia de diciembre de 2019 a diciembre de 2020. Aunque se realizaron pagos iniciales, no se evidenciaron pagos posteriores en el expediente. Los apelados demandaron por la suma adeudada, intereses y honorarios de abogado. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor de los apelados, ordenando el pago de quince mil dólares más intereses. El apelante recurrió dicha determinación ante el Tribunal de Apelaciones. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. El peticionario, Francisco Valdés Pérez, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de reconsideración. El caso original en el foro primario es una demanda por daños. El Tribunal de Primera Instancia había previamente denegado la solicitud del peticionario para representarse por derecho propio, basándose en su historial en otros casos. También denegó su petición para que se le asignara un abogado de oficio, argumentando que el tipo de caso (daños) no cualifica bajo el reglamento aplicable y que los honorarios suelen ser a contingencia. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso presentado por el señor Valdés. Tras revisar el legajo y el derecho aplicable, el Tribunal concluyó que carece de jurisdicción para atender el asunto. Por consiguiente, se desestima el recurso de Certiorari presentado.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. El caso subyacente es una demanda de sentencia declaratoria sobre los derechos derivados de una declaración jurada de una heredera. La heredera, Verena Walder Graf, firmó una "Refusal of Inheritance with Conditions" respecto a su porción de una herencia. El demandante, John Michel Lohner Werren, con poder de ella, solicitó que se declarara que dicho documento constituía una aceptación y cesión. El Tribunal de Primera Instancia determinó inicialmente que la repudiación condicionada era contraria a derecho según el Código Civil. Posteriormente, el foro primario desestimó la demanda con perjuicio, concluyendo que al ser el documento nulo, la controversia era académica y carecía de jurisdicción. Lohner Werren apeló la desestimación, alegando que el tribunal erró al no determinar la verdadera naturaleza jurídica del documento ni validar el poder. Argumenta que el tribunal debió considerar el documento como una posible aceptación y cesión, no solo una repudiación inválida. El apelado, Matthias Erismann Burki, ha solicitado la desestimación de la apelación, aduciendo que intenta revocar una resolución previa firme e inapelable. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora el recurso y la moción de desestimación.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante, Rubén René Rivero Liantaud, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia, emitida el 17 de diciembre de 2024, declaró con lugar la demanda del Banco Popular de Puerto Rico (BPPR). El foro primario ordenó al apelante pagar al BPPR la suma de $399,623.58 más $38,250.00 en costas y honorarios. Este pago se realizaría mediante la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. La demanda original del BPPR, presentada en octubre de 2022, alegó el incumplimiento del apelante en el pago de un préstamo hipotecario. El BPPR sostuvo que el apelante dejó de pagar las mensualidades desde noviembre de 2015, declarando vencida la totalidad de la deuda. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Rafael Luciano Quiñones y Rafael Almánzar. Los peticionarios impugnan una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Loíza del 14 de marzo de 2025. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Consolidación radicada por los peticionarios. El pleito original fue iniciado por Brenda Gelabert Ortiz, quien demandó a Luciano Quiñones y Almánzar por reposesión de dos inmuebles y pago de rentas. Gelabert Ortiz alega ser copropietaria por herencia, mientras que los demandados reclaman la propiedad por prescripción adquisitiva (usucapión) de más de treinta años. El Tribunal de Primera Instancia había autorizado previamente a la demandante a enmendar su demanda para incluir a otros copropietarios. El Tribunal de Apelaciones decide expedir el recurso de certiorari. Por los fundamentos expuestos, revoca la Resolución Interlocutoria recurrida.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Rosa M. Betancourt Santiago, demandó a Rio Mar Community Association, Inc. (RMCA) solicitando acceso a libros corporativos. Alegó tener derecho a la inspección como directora de la Junta de Directores de RMCA. RMCA negó que la apelante fuera directora al momento de la solicitud. El caso tuvo un trámite procesal extenso, incluyendo una apelación previa que revocó una sentencia inicial a favor de la apelante. Tras el reenvío, RMCA presentó una solicitud de sentencia sumaria, argumentando que la apelante carecía del derecho al no ser directora. La apelante se opuso, principalmente por la supuesta tardanza de la solicitud. El Tribunal de Primera Instancia emitió sentencia declarando "Ha Lugar" la solicitud de sentencia sumaria de RMCA. La apelante recurre ahora esa sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el expediente, confirma el dictamen del foro primario.

Resumen:

Aris Jiménez Avilés solicitó al Tribunal de Apelaciones la revisión de una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). El DRNA había desestimado sumariamente su recurso de revisión de boletos de embarcación y sostenido las multas impuestas. El recurrente alegó que la decisión del DRNA sin celebrar una vista administrativa violentó su derecho al debido proceso de ley. Presentó una moción de reconsideración ante la agencia, la cual también fue denegada sin conceder la vista. Ante el Tribunal, el DRNA compareció y se allanó a la postura del recurrente. La agencia admitió que, según su reglamentación, debió celebrar una vista administrativa tras la moción de reconsideración. Por ello, solicitó que se le devolviera la jurisdicción para corregir el error. El Tribunal, considerando las garantías del debido proceso y el error admitido por el DRNA, revocó la resolución recurrida. Se ordenó la devolución del caso al DRNA para la celebración de una vista evidenciaria.

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Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una revisión judicial iniciada por Bio Nuclear of Puerto Rico, Inc. Bio Nuclear impugnó una resolución de la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales. La Junta había desestimado la solicitud de Bio Nuclear para revisar la adjudicación de la Subasta Formal Núm. 25J-05716 a Hologic Sales and Service, LLC. Bio Nuclear objetó la adjudicación, alegando que el equipo propuesto por Hologic no cumplía con las especificaciones del pliego. La Junta Revisora desestimó la impugnación de Bio Nuclear por falta de jurisdicción, citando el incumplimiento de Bio Nuclear de notificar a la Administración de Servicios Generales. Bio Nuclear apeló entonces esta desestimación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó el caso y encontró un defecto jurisdiccional distinto. El Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso debido a una notificación inadecuada de la adjudicación original de la subasta. En consecuencia, el Tribunal desestimó la revisión judicial de Bio Nuclear.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari. La Sucesión Velázquez solicitó revocar una determinación del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su moción de desestimación. El caso principal es una demanda de nulidad de sentencia presentada por Wilmington Savings Fund Society contra la Sucesión. La controversia en el foro primario se centró en la validez del emplazamiento. Wilmington Savings intentó el emplazamiento personal sin éxito. Tras cumplir con requerimientos del tribunal sobre las gestiones realizadas, se autorizó el emplazamiento por edicto. El edicto fue publicado y se envió copia de la demanda por correo certificado. La Sucesión Velázquez impugnó esta determinación en apelación. Evaluada la petición de certiorari y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado.

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Esta Sentencia resuelve un recurso de Certiorari Criminal presentado por el señor Rodríguez Reyes. Inicialmente acusado de infracciones a la Ley de Armas (apuntar con arma) y al Código Penal, Rodríguez Reyes se declaró culpable mediante alegación preacordada de transportar un arma sin licencia (delito menos grave) y del cargo del Código Penal. Fue sentenciado a pena suspendida y multa. Posteriormente, solicitó la devolución de sus huellas digitales y fotos tomadas durante el proceso, argumentando que la convicción fue por delito menos grave. El tribunal de primera instancia denegó la solicitud, indicando que la alegación preacordada hacía inaplicable la jurisprudencia citada. Rodríguez Reyes recurrió en Certiorari, planteando error al no ordenar la devolución de las huellas/fotos y la supresión de información pública en línea. El tribunal revisa la decisión del foro primario a la luz de la Ley de Huellas Digitales y Fotografias por Delito Grave. El recurso busca determinar si procede la devolución de los registros biométricos y la supresión de información pública tras una convicción por delito menos grave producto de una alegación preacordada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a una apelación criminal presentada por Luis F. Crespo Ruiz. El apelante solicitó la revisión de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo. Dicho foro lo declaró convicto por un delito de actos lascivos (Art. 133-A CP) y cinco delitos de agresión sexual (Art. 130 CP) tras un juicio por tribunal de derecho. Los hechos ocurrieron entre 2013 y 2017 contra una menor. El Tribunal de Primera Instancia impuso penas de quince años por el Art. 133-A y cincuenta años por cada cargo del Art. 130, a cumplirse concurrentemente. El señor Crespo Ruiz apeló esta sentencia buscando su revisión. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de daños por caída. La peticionaria, Evelyn Ortiz Santiago, demandó a Frankie Ramírez Vázquez tras sufrir una caída en su propiedad, alegando negligencia por un piso mojado. El recurrido solicitó sentencia sumaria, argumentando que la peticionaria no era la arrendataria y que el contrato de arrendamiento con su hija excluía su uso y contenía una cláusula de exención de responsabilidad para visitantes. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción y desestimó la demanda, basándose en las cláusulas contractuales del arrendamiento. La señora Ortiz apeló esta decisión. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto solicitado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria emitida por el foro primario.

Resumen:

La Asociación de Empleados Gerenciales de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original buscaba una sentencia declaratoria para reinstalar el Sistema de Pasos por Mérito. La CFSE solicitó la desestimación alegando que el tribunal carecía de jurisdicción por no haberse agotado los remedios administrativos ante la Junta de Apelaciones. La Asociación se opuso, argumentando que el asunto ya había sido resuelto mediante estipulaciones en procedimientos administrativos y judiciales previos, las cuales fueron avaladas por el foro judicial. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda basándose en la falta de agotamiento de remedios administrativos. La apelación principal de la Asociación sostiene que el tribunal erró al desestimar, dado que las estipulaciones previas cumplieron con dicho requisito. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión, considerando los argumentos sobre la jurisdicción, el agotamiento de remedios y la validez de las estipulaciones anteriores. También se resolvió una moción de desestimación de la apelación por un error de notificación.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de certiorari. La cuestión central a resolver es si un tribunal tiene discreción para imponer penas alternativas a la cárcel a una persona hallada culpable de causar muerte mientras conducía un vehículo de motor en estado de embriaguez. El caso involucra a Mayra Enid Nevárez Torres, quien fue encontrada culpable de múltiples violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, incluyendo dos cargos por causar muerte y uno por causar grave daño corporal, tras un accidente donde conducía ebria y en contra del tránsito. Tras el fallo condenatorio, el Tribunal de Primera Instancia ordenó un informe pre-sentencia para considerar penas alternativas, a pesar de que el informe concluyó que la acusada no cualificaba. El Ministerio Público argumentó que la ley exige pena de cárcel, mientras la defensa sostuvo la posibilidad de alternativas. El tribunal primario celebró una vista para impugnar el informe y, finalmente, dictó sentencia imponiendo penas de cárcel concurrentes por los delitos graves y multas por los menos graves.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una petición de certiorari presentada por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La OGPe solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud de sentencia sumaria. El caso original es una demanda de interdicto estatutario presentada por Empresas Marrero contra Ving Food LLC y la OGPe. Empresas Marrero impugna un Permiso Único expedido por la OGPe a favor de Ving Food para operar una estación de gasolina y otros negocios. Empresas Marrero alega que el permiso es nulo porque la estación llevaba más de diez años cerrada, incumpliendo la Ley de Permisos, y porque la propiedad está en una zona agrícola donde tales usos no están permitidos. La OGPe solicitó sentencia sumaria argumentando la ausencia de hechos materiales controvertidos. El TPI denegó la moción al encontrar hechos materiales en disputa, incluyendo la controversia sobre la no operación de la estación de Ving. El Tribunal de Apelaciones adelanta la denegatoria a la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

Una revisión administrativa impugna una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) que otorgó un permiso de uso. La recurrente Nélida Burgos Ortiz apela la decisión de la OGPE que favoreció a Ministerio Señal de Vida, Inc. (representado por Ana I. López Torres) para operar una institución educativa/iglesia. El uso propuesto es en una propiedad en Orocovis, ubicada en zona residencial y colindante con edificios comerciales de la recurrente, incluyendo una farmacia que vende bebidas alcohólicas y cigarrillos. Burgos Ortiz se opuso al permiso, alegando incompatibilidad con la actividad comercial del área, falta de estacionamientos y proximidad a su farmacia, lo que violaría el Reglamento Conjunto. A pesar de la oposición, la OGPE concedió el permiso. La apelación de Burgos Ortiz sostiene que la OGPE erró al contravenir el Reglamento Conjunto en cuanto a la distancia a negocios que venden alcohol/cigarrillos, la compatibilidad del uso y los requisitos de estacionamiento. La OGPE presentó una moción de desestimación, argumentando que la abogada de la recurrente no fue notificada de la resolución original. El Tribunal de Apelaciones inicia su análisis enfatizando su deber fundamental de verificar su propia jurisdicción antes de atender el recurso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión administrativa. El recurrente, Ricardo Serrano González, impugna su reclasificación de custodia mínima a máxima por el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha reclasificación se basó en un incidente de 2014 donde se negó a someterse a una prueba de dopaje. Tras recibir la notificación en diciembre de 2024, el recurrente solicitó reconsideración al Departamento. La reconsideración fue denegada por la División de Remedios Administrativos a finales de enero de 2025. Inconforme, el señor Serrano presentó el recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones en marzo de 2025. El Tribunal procedió a examinar su propia jurisdicción sobre el asunto. Se reitera la norma de que la falta de jurisdicción, ya sea por la materia o por presentación prematura o tardía, conlleva la desestimación del recurso. Tras su análisis, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta una revisión administrativa contra una resolución de la Junta Examinadora de Psicólogos. La recurrente, Carmen Prados Santamaría, impugna el archivo de una queja que presentó contra la psicóloga Norma I. Gómez Soto. La queja alegaba que Gómez Soto ejerció como perito forense por once años utilizando un certificado insuficiente, lo que constituía fraude. La Junta archivó la queja indicando que su competencia es limitada y no tiene jurisdicción sobre certificados de otras entidades ni para investigar asuntos penales. Tras una reconsideración denegada, Prados Santamaría acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examina el recurso y observa que la recurrente no notificó su apelación a la parte recurrida, la Doctora Gómez Soto. Se subraya la relevancia de la jurisdicción y la notificación a las partes en los procedimientos de revisión administrativa. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal desestima el recurso de epígrafe según presentado.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones una petición de certiorari para revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. El caso original es una demanda por dolo contractual y daños relacionada con el arrendamiento de un local comercial. La demandante, XUIRA, LLC, alegó que el local carecía de los permisos y zonificación necesarios, impidiendo su uso comercial. La demanda fue presentada contra El Nido LLC y Christian David García personalmente. Christian García solicitó la desestimación de la demanda en su contra, argumentando que actuó únicamente como representante de la corporación y no respondía a título personal. La parte demandante se opuso, señalando que la aplicabilidad de la Ley de Corporaciones y la figura del alter ego requerían corroboración fáctica. El Tribunal de Primera Instancia declaró "No Ha Lugar" la moción de desestimación y una reconsideración posterior. Inconforme, el peticionario acudió en apelación, acogida como certiorari, alegando error al denegar la desestimación. El Tribunal de Apelaciones denegó el auto solicitado.

Resumen:

Se presentó un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por William Serrano Machuca contra Jorge De León García y otros. El peticionario impugnó una orden interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Caguas emitida el 24 de marzo de 2025. Dicha orden señaló una Vista de Inspección Ocular y determinó la necesidad de una mensura para que los peritos ilustraran al tribunal en una acción reivindicatoria. El caso de instancia inició por una demanda donde el peticionario alegó que los recurridos invadieron parte de su propiedad colindante. El peticionario buscaba la reivindicación del terreno, la demolición de construcciones y daños. Tras la orden interlocutoria, el peticionario presentó mociones de reconsideración y sentencia sumaria, las cuales fueron denegadas o no recibidas por el foro primario. El peticionario alegó errores relacionados con la limitación de la prueba pericial y la falta de resolución de la moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de Certiorari por falta de jurisdicción y por haber sido presentado de forma prematura. También declaró No Ha Lugar la Moción de Auxilio de Jurisdicción.

Resumen:

Recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Rubén Kuilán Huertas contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugna una Resolución del DCR que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración versaba sobre la denegatoria a su participación en el Proyecto para la Reinserción Comunitaria. El DCR había clasificado el caso del señor Kuilán Huertas como no favorable para el programa. La razón principal fue que no contaba con un plan de salida viable según la investigación realizada. Tras la denegatoria de reconsideración por el DCR, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal revisó la determinación administrativa con la comparecencia de ambas partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión recurrida del DCR.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende el recurso presentado por Ada M. Quiñones Romero. La apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de daños y perjuicios por hostigamiento laboral contra la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La demanda original alegaba conducta negativa y hostigadora desde 2013, reclamando daños emocionales y psicológicos. La ASEM contestó negando las alegaciones y planteando la defensa de prescripción. Posteriormente, la ASEM presentó una moción de desestimación argumentando que la reclamación estaba prescrita al basarse en eventos previos a julio de 2018. La apelante se opuso, aduciendo que querellas ante la Junta de Relaciones del Trabajo habían interrumpido el término prescriptivo. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de desestimación y desestimó la demanda con perjuicio por estar prescrita. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo confirma la sentencia recurrida que declaró prescrita la acción.

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Apelación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de cobro de dinero. El apelante, dueño de un taller mecánico, reclamaba al apelado el pago por servicios de reparación de un vehículo y cuantiosos cargos por almacenamiento. La deuda por reparación había sido previamente resuelta por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), que ordenó su pago. La demanda se centró principalmente en la reclamación de cargos por almacenamiento. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no existía una obligación contractual válida para el pago de dichos cargos y desestimó la demanda. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en el caso KLAN202500323, una apelación sobre daños y perjuicios por impericia médica procedente del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Los apelantes, Amarilys Negrón Martínez, et als., presentaron una moción urgente solicitando el retiro de la apelación. Dicha solicitud se fundamentó en una nueva notificación de la sentencia enmendada por el tribunal de instancia. El Tribunal de Apelaciones dispuso dar por desistido el recurso de apelación, conforme a la Regla 83(A) de su Reglamento. Sin embargo, la corte denegó la solicitud de los apelantes para que se autorizara el uso del arancel ya cancelado para una posible nueva apelación. Adicionalmente, se ordenó el desglose del Apéndice presentado en el caso. La sentencia fue dictada en San Juan el 25 de abril de 2025.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Milagros González Díaz mediante Certiorari para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Fajardo. La Orden recurrida, emitida el 16 de mayo de 2024, declaró ha lugar la moción de APEX BANK solicitando la ejecución de sentencia y el embargo de bienes. El litigio se originó en 2015 con una demanda de Oriental Bank (luego sustituido por APEX BANK) contra la señora González Díaz sobre cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Aunque inicialmente la hipoteca no estaba inscrita, la demandada se allanó a una sentencia condenatoria por las cantidades adeudadas, la cual fue dictada en marzo de 2017. Tras la sustitución de parte, APEX BANK gestionó la ejecución de dicha sentencia. Esto incluyó la solicitud y autorización de embargo sobre el inmueble hipotecado, culminando en la orden de ejecución y embargo que ahora es objeto de revisión apelativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La recurrente, Ileana Díaz Rosado, impugna la determinación de la CASP de tener por no radicada su apelación. La CASP basó su decisión en que la recurrente no evidenció haber notificado su escrito de apelación a la Junta Reglamentadora de Servicio Público (JRSP), según exige el reglamento. La Sra. Díaz Rosado argumentó que sí había cumplido con el requisito de notificación y presentó mociones de reconsideración ante la CASP. La CASP denegó las reconsideraciones, reafirmando su postura sobre la falta de evidencia de notificación. Inconforme, la recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación del dictamen de la CASP. El Tribunal examinó el expediente y el derecho aplicable. La sentencia del Tribunal de Apelaciones revoca la decisión de la CASP.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una petición de Certiorari presentada por Edgardo Di Cristina Acevedo. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha resolución del TPI dispuso que nada tenía que proveer sobre una moción de reconsideración del peticionario. La moción de reconsideración solicitaba la corrección de su sentencia de 28 años por violaciones a la Ley de Armas. El TPI indicó que ya había resuelto previamente una solicitud de modificación de sentencia. En su petición de Certiorari, Di Cristina Acevedo alega que su condena excede lo autorizado por ley y cuestiona la actuación del foro primario. Argumenta que el TPI obvió reglas de procedimiento criminal y no aplicó la pena correcta. El Tribunal de Apelaciones evalúa la petición, destacando la naturaleza discrecional del recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en revisión administrativa. La parte recurrente, Slake, LLC, impugnó una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). DACO había declarado No Ha Lugar una querella presentada por Slake, LLC y ordenado su archivo. La querella de Slake, LLC ante DACO buscaba anular la convocatoria a una asamblea extraordinaria del Consejo de Titulares del Condominio Madrid. Slake, LLC alegó que la convocatoria violó la Ley de Condominios al no cumplir con los términos de notificación ni incluir la documentación requerida para considerar una oferta transaccional judicial. Los recurridos argumentaron que la controversia ya había sido resuelta por el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones. DACO desestimó la querella de Slake, LLC. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. El Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación emitida por DACO.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de injunction sobre una construcción en terreno ajeno. La parte demandante solicitó la demolición de una verja construida por la demandada. El Tribunal de Primera Instancia ordenó la demolición de la construcción. La demandada apeló la sentencia, señalando varios errores procesales y sustantivos. Un punto clave de la apelación fue la venta de la propiedad objeto del litigio durante el proceso judicial. La demandada argumentó que el tribunal erró al no incluir a la nueva adquiriente como parte indispensable. El Tribunal de Apelaciones analizó el requisito de acumulación de partes indispensables según la Regla 16.1 de Procedimiento Civil. Determinó que la nueva dueña de la propiedad era una parte indispensable para poder adjudicar la controversia de demolición. La ausencia de esta parte indispensable vició el procedimiento y la sentencia de primera instancia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia apelada.

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Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un caso de alimentos, custodia y relaciones paterno/materno filiales de trillizos menores de edad. La peticionaria, Beatriz Andrea Pluguez Martínez, impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su solicitud para que se complementara un informe social. La solicitud de informe social original se basó en rumores sobre la salud mental de la nueva esposa del padre de los menores. La trabajadora social investigó los rumores y los descartó, confirmando que la esposa recibe tratamiento por afecciones emocionales no relacionadas con las alegaciones. Aunque la peticionaria aceptó las recomendaciones de relaciones filiales del informe, pidió que se añadieran recomendaciones específicas sobre la interacción de los niños con la esposa y se acreditara la seguridad de los menores. El TPI denegó esta solicitud, indicando que la peticionaria podía impugnar el informe con un perito si así lo deseaba. La peticionaria recurre esta determinación, alegando que el TPI abusó de su discreción al no ordenar la complementación del informe, prolongando innecesariamente la controversia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de desahucio. Wilma R. Ramírez Rivera y Miguel Plaza apelaron la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que ordenó su desahucio de una propiedad en Cayey. Los apelados, herederos de Francisca Vega Pérez, habían presentado la demanda alegando que los apelantes poseían la propiedad de forma precaria tras el fallecimiento de la madre y su esposo. Los apelantes se opusieron, reclamando derechos sobre el inmueble basados en una escritura de "Dación en Pago" y el testamento de Eladio Veguilla López, esposo fallecido de la causante Vega. Argumentaron que Veguilla López les cedió parte de sus derechos sobre la propiedad y los instituyó herederos. El Tribunal de Apelaciones revisó el procedimiento. Determinó que la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los demandantes en la instancia inferior incumplió con los requisitos de la Regla 36.3 de las Reglas de Procedimiento Civil. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Acelera International Custodial Bank, LLC contra la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). Acelera recurrió una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus causas de acción de mandamus e injunction preliminar. El caso se originó tras una querella de la OCIF contra Acelera, resultando en un Acuerdo de Transacción para operar como Entidad Bancaria Internacional (EBI). Posteriormente, la OCIF alegó incumplimientos al Acuerdo por parte de Acelera y revocó su licencia de EBI, ordenando su liquidación. Acelera demandó a la OCIF solicitando, entre otros remedios, una vista evidenciaria mediante mandamus y detener la ejecución de la resolución de revocación con un injunction. El foro de instancia desestimó estas dos peticiones. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada. Esto valida la desestimación de las solicitudes de mandamus e injunction preliminar presentadas por Acelera.

Resumen:

Este documento es una Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de Certiorari sobre ejecución de hipoteca. El recurso proviene de una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicho tribunal emitió una Sentencia el 28 de marzo de 2025. Mediante esa Sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" una Moción de desistimiento sin perjuicio presentada por la parte recurrida. Como resultado, ordenó el archivo sin perjuicio del caso original. Ante esta situación, el Tribunal de Apelaciones emitió una Orden de Mostrar Causa a la parte peticionaria. Se le requirió explicar por qué su recurso de apelación no debía ser desestimado por haberse tornado académico. La parte peticionaria no mostró causa dentro del término concedido. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso. La desestimación se fundamenta en que el recurso se ha tornado académico, conforme a la Regla 83(C) de su Reglamento.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso de revisión administrativa presentado por Luis O. Torres León. El recurrente impugnaba la resolución de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) del 29 de enero de 2025, que le denegó el privilegio de libertad bajo palabra. Torres León argumentó que la JLBP abusó de su discreción al negarle la libertad, alegando cumplir con los criterios necesarios. Sin embargo, el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones contenía múltiples deficiencias, incluyendo la omisión de la resolución recurrida y la evidencia de su notificación. El Tribunal ordenó al recurrente subsanar dichas deficiencias para establecer jurisdicción. A pesar de presentar una moción de cumplimiento, el recurrente no corrigió las omisiones requeridas. La JLBP también señaló las deficiencias del recurso. Por consiguiente, el Tribunal desestima el recurso de revisión administrativa por falta de jurisdicción.

Resumen:

Juan C. Martínez Crespo, confinado en la Institución Correccional Guerrero Aguadilla, compareció ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una resolución del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Dicha resolución sostuvo la decisión de reubicarlo de sus labores de mantenimiento de cocina al área de servidor de alimentos. El recurrente había instado un remedio administrativo alegando que el cambio era una represalia. La agencia denegó su solicitud y la reconsideración, citando bajo desempeño, un incidente sospechoso con un can detector y su negativa a una prueba toxicológica. El Tribunal de Apelaciones analizó el recurso. Determinó que carecía de jurisdicción para revisar la decisión administrativa. Esto se debió a que la respuesta del Departamento no adjudicó derechos, obligaciones o privilegios del recurrente. Por tanto, el recurso fue desestimado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Guayama. El caso original, iniciado en 2012, trataba sobre una orden de cese y desista y reclamación de daños y perjuicios. Los apelantes, incluyendo a Miguel A. Ortiz Serrano y Villa Pesquera Punta Pozuelo, Inc., demandaron al Municipio de Guayama y otros. Alegaron acoso político, un registro ilegal y daños sufridos en relación con la administración de la Villa Pesquera. La demanda se fundamentaba en el Código Civil derogado, leyes federales de derechos civiles y derechos constitucionales. El Municipio solicitó sentencia sumaria, argumentando que no era responsable por actos intencionales bajo el Código Municipal. La Sentencia apelada desestimó la demanda contra el Municipio con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y el historial del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirma la decisión del foro primario de desestimar la demanda contra el Municipio.

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Sentencia de un panel de jueces apelativo en Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por Fernando Antonio Molina Tapia contra ANG Construction, Inc. El apelante impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sus causas de acción por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80-1976 y acoso laboral bajo la Ley Núm. 90-2020. El señor Molina alegó haber sido despedido sin justa causa tras reportar agresiones verbales y una situación relacionada con un subcontratista que el patrono consideró un conflicto de interés. Reclamó mesada y otras indemnizaciones. ANG se defendió argumentando que el despido ocurrió durante un posible periodo probatorio y por violación a la política de conflictos de interés. El apelante enmendó su querella para incluir reclamos por discriminación y acoso laboral. La apelada reiteró sus defensas y negó las nuevas alegaciones. Tras revisar los fundamentos, el panel apelativo determinó revocar la Sentencia Parcial recurrida.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel III, consideró un recurso discrecional de Certiorari presentado por VUR JER, LLC contra la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal. El peticionario solicitó la revocación de una Resolución Interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de desestimación en un caso de cobro de dinero. La moción de desestimación se basaba en el argumento de que el proceso administrativo no había concluido. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones decidió denegar la expedición del auto de Certiorari. Consideró que el TPI no abusó de su discreción ni erró en derecho al rechazar la desestimación solicitada. El Tribunal de Apelaciones calificó el argumento del peticionario sobre la inmadurez procesal como cercano a la frivolidad, señalando que una impugnación previa de las multas había advinido final y firme sin revisión judicial. No se encontraron fundamentos para intervenir con la decisión del foro recurrido ni para expedir el auto solicitado conforme a los criterios aplicables.

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Esta resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por la Unión General de Trabajadores (UGT). La UGT solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo de arbitraje. Dicho laudo, proveniente de un caso entre la UGT y Hospital Hima San Pablo-Caguas, resolvió una controversia sobre la suspensión indefinida de una empleada. La árbitro determinó que la suspensión estaba en armonía con el convenio colectivo. La UGT argumentó que esta interpretación erró al no considerar la suspensión como un despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el señalamiento de error y confirmó el laudo. Ante la apelación de la UGT, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado. La decisión se fundamenta en la política pública que favorece el arbitraje y la gran deferencia judicial hacia las determinaciones de los árbitros.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación en un caso de liquidación de bienes gananciales tras un divorcio. La apelante, María Soledad Rucabado Vélez, impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió la controversia sobre la naturaleza de una participación de un tercio en tres propiedades. Estas propiedades, localizadas en Hato Rey y Trujillo Alto, fueron adquiridas por la pareja en 2006. La participación de un tercio fue comprada a una heredera del padre del apelado, Manuel Guillermo Pérez Rodríguez. La disputa central es si esta participación constituye un bien ganancial sujeto a liquidación o es propiedad privativa del señor Pérez Rodríguez. Él alega que las propiedades son privativas, mientras que la señora Rucabado Vélez argumenta que la participación adquirida durante el matrimonio con fondos gananciales es bien ganancial. La apelación busca la revisión de la clasificación de este interés de propiedad dentro del proceso de liquidación.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en revisión administrativa de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). El caso surge de una querella presentada por el titular Adelino Vega Cardona contra el Consejo de Titulares del Condominio Río Mar II. El señor Vega Cardona impugnó la decisión de la Junta de Directores de dar por no puesto su voto de oposición emitido por escrito en una asamblea del 19 de agosto de 2023. Su voto se oponía a la ratificación de cambios de fachada, basándose en querellas previas ante el DACo y una sentencia anterior del Tribunal de Apelaciones. La Junta de Directores argumentó que el voto de oposición era generalizado, carecía de fundamentos específicos para cada cambio y buscaba únicamente evitar la unanimidad. El DACo, en su Resolución Sumaria, concluyó que el voto de oposición del señor Vega Cardona no expresó un fundamento válido conforme a la Ley de Condominios. La agencia también determinó que la asamblea del 19 de agosto de 2023 no evaluó adecuadamente los fundamentos de los votos en contra. Esto motivó la celebración de una asamblea posterior el 28 de octubre de 2023 para subsanar dicha deficiencia. El documento detalla el historial procesal y los argumentos presentados ante el DACo que llevaron a la revisión ante el Tribunal de Apelaciones.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico aborda un recurso de revisión administrativa presentado por Distribution Control Systems Caribe, Inc. contra la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El recurso impugna la adjudicación del Requerimiento de Propuesta (RFP) Núm. 22-RFP-003 para la adquisición e implementación de contadores de agua e infraestructura de medición avanzada (AMI). El proceso del RFP se dividió en una Fase Piloto y una Fase de Implementación Completa. Inicialmente, cinco compañías presentaron propuestas para el proyecto. Distribution Control Systems Caribe, Inc. y Utility Metering Solutions, LLC fueron seleccionadas para llevar a cabo la Fase Piloto. Tras completar y evaluar la Fase Piloto, el personal técnico recomendó adjudicar la Fase de Implementación Completa a Utility Metering Solutions, LLC. La Junta de Subastas de la AAA notificó que Utility Metering Solutions, LLC fue seleccionada para el Full Deployment. Distribution Control Systems Caribe, Inc. presentó entonces el recurso de revisión administrativa buscando la revocación de dicha adjudicación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de apelación presentado por Edwin Mulero Esquilín y Amarelis Rivera Feliciano. La apelación provenía de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar una Petición ex parte sobre expediente de dominio y desestimó la acción con perjuicio. Los apelantes recurrieron la decisión del foro primario, señalando un error al no permitirles enmendar la petición. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para atender el recurso. Esta falta de jurisdicción se fundamenta en el incumplimiento de los apelantes con los requisitos procesales para la presentación de la apelación, específicamente la notificación al foro primario según la Regla 14(B) de su Reglamento. A pesar de habérseles concedido un término para evidenciar el cumplimiento, los apelantes no justificaron la tardanza ni la falta de notificación. Por tanto, el tribunal, en cumplimiento de su deber de auscultar su propia jurisdicción, desestima el recurso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Zaid Marie Rivera Díaz. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación en un caso civil. Dicho caso fue incoado por Kedliz Marie López Colón, quien demandó a la peticionaria y a otro codemandado por rescisión de contrato, dolo y daños, alegando vicios ocultos en una propiedad adquirida. La peticionaria argumentó en Primera Instancia que la demanda debía desestimarse por falta de una parte indispensable, el Banco HR Mortgage, titular de una hipoteca sobre el inmueble, y por falta de causa de acción. El Tribunal de Apelaciones expide el recurso de certiorari. Como resultado, modifica la resolución recurrida. Ordena al Tribunal de Primera Instancia que incluya al Banco HR Mortgage como parte indispensable en el pleito.