Para crear la “Ley para Reglamentar la Práctica de Reventa de Boletos de Eventos y Espectáculos Públicos en Puerto Rico”; establecer las responsabilidades del Departamento de Asuntos del Consumidor para cumplir con las disposiciones de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley 3 de 21 de marzo de 1978, según enmendada, conocida como “Ley de Control de Productores y Refinadores de Petróleo y sus Derivados; y de Distribuidores-Mayoristas de Gasolinas y/o Combustibles Especiales de Motor”; así como el Artículo 2 la Ley 73 de 23 de junio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley para Regular la Industria de la Gasolina”, a los fines de incluir entre los miembros del Comité Interagencial sobre la Industria de la Gasolina al Departamento de Hacienda, a los Negociados de Energía y al de Transporte y otros Servicios Públicos, así como un representante del interés público, para el cual se determina su método de elección; realizar enmiendas técnicas a dicho artículo para actualizar sus componentes, designar como su Presidente al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), y añadir a las funciones del Comité el deber de reunirse de manera ordinaria cada seis (6) meses y el remitir al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa, por conducto de las respectivas secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico, en un plazo que no excederá de diez (10) días laborables de celebrada dicha reunión, un informe comprensivo con los asuntos discutidos, recomendaciones y acuerdos tomados en las reuniones; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las interrupciones y constantes apagones en el servicio de energía eléctrica registradas durante los últimos meses en los municipios de Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Cayey, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Guayama, Juana Díaz, Naranjito, Orocovis, Salinas, Santa Isabel y Villalba, y en el resto de los municipios de Puerto Rico, así como las alternativas existentes para evitar que situaciones como estas sigan afectando a los residentes y comercios de dichos municipios y de todo Puerto Rico.

Para derogar el Artículo 65, añadir un nuevo Artículo 65 y añadir un nuevo Artículo 66A a la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, a los fines de aclarar la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACo, y del Tribunal de Primera Instancias para atender las controversias que se susciten bajo dicha Ley; y establecer un nuevo Proceso Adjudicativo Expedito Alterno ante DACo para atender la impugnación de acuerdos, determinaciones, omisiones o actuaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores, del director, presidente o del secretario de la Junta de Directores o del Síndico en los condominios con al menos un apartamento de uso residencial; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.4 de la Ley 10-2017, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la celebración de vistas públicas en todo proceso donde se pretenda adoptar, enmendar o derogar cualquier regla o reglamento necesaria para el funcionamiento y operación de la ODSEC.

Para ordenar a las Comisiones de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura; y de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre los parámetros de facturación de las compañías de servicios de televisión.

Para ordenar al Departamento de Hacienda, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, al Comisionado de Seguros y al Departamento de Salud, realizar un estudio actuarial para indagar la viabilidad de que las aseguradoras le ofrezcan a los hospitales o facilidades médicas administradas por algún Departamento, Agencia, dependencia, corporación pública, instrumentalidad o municipio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la misma tarifa otorgada a las facilidades hospitalarias privadas.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 27.166 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que la mera diferencia en la cuantía ofrecida por la aseguradora y la reclamada extrajudicial o judicialmente por el asegurado o reclamante, no debe entenderse como que constituye una controversia para fines de impedir que se emita el pago parcial o adelanto de la cantidad reclamada.

Para enmendar las Secciones 6020.01, 6020.09 y 6020.10 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como el ‘Código de Incentivos de Puerto Rico, a los fines de establecer las fuentes de información contra las cuales el DDEC verificará la información suministrada por los Concesionarios, establecer que la revocación de una Concesión por incumplimiento con sus términos deberá ser una obligación ministerial, expandir las categorías de revocación de una Concesión, proveer para la recuperación del incentivo en caso de un incumplimiento con los términos dispuestos en la Ley, permitir que cualquier contribuyente pueda incoar un recurso de mandamus para asegurar el cumplimiento fiel con los requisitos de una Concesión y requerir la presentación de los formularios 940-PR y 1040-PR conjuntamente con los informes anuales de cumplimiento; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley de Aviso Legal al Empleado de una Reestructuración para la Transición y Adaptación (ALERTA)”, a los fines de requerir que patronos cubiertos bajo la ley tengan que notificar cierres de negocios y cesantías masivas a los y las empleados y empleadas afectadas, representantes laborales de los empleados, si alguno, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, al municipio donde se ubica, al Programa de Desarrollo Laboral y a la Junta Estatal de Desarrollo Laboral con sesenta (60) días anticipación en el caso de patronos grandes Categoría I y con noventa (90) días de anticipación en el caso de patronos grandes Categoría II, según definidos en esta ley; establecer responsabilidad de restitución y sanciones administrativas aplicables por incumplimiento; establecer las facultades del Secretario del Trabajo en torno a la fiscalización del cumplimiento con la ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación a los fines de conocer el cumplimiento por parte de las agencias gubernamentales con la revisión de sus reglamentos para asegurar que los pequeños negocios no estén excesivamente reglamentados.

Para enmendar el inciso (g) del Artículo 3 y los incisos (a), (e) y (f) del Artículo 4 de la Ley 253-1995, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, a los fines de integrar herramientas que salvaguarden la igual protección del asegurado y garanticen el derecho de todo consumidor a la libre selección, indistintamente del lugar de pago y adquisición del seguro obligatorio; y para otros fines relacionados.

Para declarar el mes de noviembre de cada año como el “Mes de la Planificación en Puerto Rico”; proveer para que la Junta de Planificación de Puerto Rico, en colaboración con otros organismos privados y entidades públicas y los municipios de Puerto Rico, adopten las medidas necesarias para la consecución de los objetivos de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para declarar el acceso a los servicios relacionados a la salud, así como sus servicios de apoyo, como un servicio esencial a los fines de asegurar continuidad en la prestación de tales servicios; protegerla de la política pública de austeridad establecida por la Junta de Supervisión Fiscal y las disposiciones de la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act); garantizar su financiamiento; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones del estado de derecho vigente, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico válido en nuestro ordenamiento, al Gobierno Municipal de Cayey, las instalaciones de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, sita en la Urbanización Reparto Montellano, Calle D de dicho municipio, a los fines de permitir a la administración municipal desarrollar cualquier tipo de proyecto comunitario en beneficio de sus residentes; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones del estado de derecho vigente, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Cayey, de las instalaciones de la Escuela Agustín Fernández Colón, sita en la Carretera PR-14, Avenida Antonio R. Barceló, barrio Montellano de dicho municipio, a los fines de establecer un proyecto deportivo para beneficio de la comunidad aledaña y ciudadanía cayeyana; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como el “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de crear un nuevo Capítulo 32 sobre “Gobernanza Corporativa” cuyo propósito es establecer los requisitos sobre el informe de Divulgación Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud domésticas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.3, y 2.2 de la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de crear la figura de “Agente de Juegos” con los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo su rol fiscalizador, designándolo como agente del orden público; enmendar el Artículo 1.02 de la Ley 168-2019, conocida como la “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020” y el Artículo 4 de la Ley 144-2020, conocida como “Ley para Unificar las Funciones de los Agentes del Orden Público en Puerto Rico en el Caso de una Declaración de Emergencia o Desastre”, a los fines de atemperar las antes referidas leyes con la presente Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 y 2.9, añadir unos nuevos artículos 2.10, 2.11 y 2.12 enmendar los artículos 3.5 y 3.13, derogar el Artículo 3.15, enmendar los artículos 4.2, 4.3 y el Capítulo VII, derogar los artículos 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, y reenumerar los actuales artículos 7.5, 7.6 y 7.7, como los artículos 7.1, 7.2 y 7.3, respectivamente, en la Ley 81-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de dotar a la antes mencionada Comisión, con los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo, efectiva y eficientemente, su rol fiscalizador del segmento altamente especializado de las apuestas en eventos deportivos, en ligas de juegos electrónicos, tales como eSports y lo relacionado con los concursos de fantasía (fantasy contests), bajo los estándares más altos de rigurosidad; enmendar la Sección 5.2 del Artículo 5 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los efectos de excluir a la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, de las disposiciones de dicha Ley; enmendar las secciones 2-B, 5 y 9 de la Ley Núm. 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como la “Ley sobre Juegos de Azar y Máquinas Tragamonedas en los Casinos”; las secciones 5A, 11 y 32 de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”; y los artículos 4, 5, 11, 12, 13, 19 y 31 de la Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada, conocida como “Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico”; a los fines de atemperar las antes referidas leyes, con la presente; hacer correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 46.030, 46.080, 46.090, 46.100, 46.120 y 46.121, añadir un nuevo Artículo 46.110, enmendar y renumerar el actual Artículo 46.110 como 46.130, y renumerar el actual Artículo 46.130 como un nuevo Artículo 46.140 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”; a los fines de adoptar los estándares aplicables a las operaciones de reaseguro en Jurisdicciones Recíprocas cónsono con los nuevos criterios establecidos en la Ley Modelo de Crédito por Reaseguro de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

Para enmendar la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de crear un nuevo Capítulo 32 sobre “Gobernanza Corporativa” cuyo propósito es establecer los requisitos sobre el Informe de Divulgación Anual de la Gobernanza Corporativa de los aseguradores y organizaciones de servicios de salud domésticas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Municipales y Vivienda; y de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor a realizar una investigación sobre el alza en el índice de precios en la venta de viviendas en Puerto Rico, y si ello guarda relación con la concesión de decretos a inversionistas al amparo de la Ley 22-2012, según enmendada, conocida como la “Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico”, o cualquier otra legislación similar.

Para enmendar las Secciones 3, 6, 8, 10, 11, 22, 24, 25, 26, 29 y 30; eliminar la Sección 23; reenumerar las Secciones 27 a la 28 como las Secciones 26 a la 27, respectivamente; reenumerar las Secciones 31 a la 36 como las Secciones 30 a la 35, respectivamente de la Ley Núm. 11 de 22 de agosto de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, con el propósito de establecer definiciones, una nueva cuantía para los derechos pagaderos por concepto de licencia, establecer un periodo de transición para la conexión al Sistema de Conexión Interna; crear nuevas escalas para la adquisición de licencias y variar la distribución de los ingresos de jugada y por concepto de licencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 6, 16 y 18 de la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley para la Conservación, Desarrollo y Uso de Recursos de Agua”, a los fines de adicionar entre los integrantes del Comité de Recursos del Agua un representante de los sistemas de acueductos Non-PRASA, comúnmente conocidos como acueductos rurales o comunitarios; reconocer el derecho de libre acceso a las agencias, corporaciones, departamentos, instrumentalidades o municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como a los administradores, encargados, operadores o representantes de estos sistemas para realizar pruebas de calidad de agua, inspecciones, labores de mantenimiento o mejoras y obras de infraestructura; establecer multas contra quienes impidan u obstruyan el libre acceso a estos sistemas e instalaciones; y para otros fines relacionados.

Para enmendar las Secciones 1020.02, 1030.01, 2021.01, 2022.03, 2023.01, 6020.05, 6020.09, 6020.10 y añadir las Secciones 1030.02, 2021.05, 2022.08, 2022.09, 2023.03, 2024.02, 2024.03 y 6020.13 de la Ley 60-2019, según emendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico;” para enmendar la Sección 6051.02 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, a los fines de asegurar la creación de empleo e inversión a través del programa de Individuo Residente Inversionista Cualificado; y otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 1020.01 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, con el propósito de definir la categoría de microempresas; enmendar los Artículos 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la Ley 120-2014, conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”, a los fines de sustituir las referencias a la Compañía de Comercio y Exportación por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; actualizar las categorías de PyMEs Elegibles con tal de expandir el universo de PyMEs que puedan acceder a los incentivos dispuestos en ley, actualizar el reembolso parcial de salarios que ofrece la ley al salario mínimo aplicable y especificar y clarificar las fuentes de financiamiento para estos reembolsos parciales de salarios; añadir un nuevo Artículo 2.7 a la Ley 120-2014, conocida como “Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en PyMEs”, a los fines de requerir un Informe Anual del rendimiento de las disposiciones de la Ley; para enmendar la Sección 12-B de la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, según enmendada, conocida como Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico”, a los fines de mejorar el funcionamiento del Fondo de Fomento de Oportunidades de Trabajo para aquellas PyMEs con Acuerdos para la Creación de Empleos; y para otros fines relacionados.

Para requerirle a las compañías proveedoras de servicios de Internet que otorguen a sus clientes un crédito automático en la factura mensual por el tiempo que hubieren tenido el servicio interrumpido; y para decretar otras disposiciones complementarias

Para declarar el cuarto miércoles del mes de noviembre de cada año como “Miércoles Naranja”, con el fin de promover y fomentar que los ciudadanos realicen sus compras navideñas en comercios locales, particularmente, en nuestros pequeños y medianos comerciantes; establecer responsabilidades al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública; y para otros fines relacionados.

Para establecer las normas que regirán la sustitución del índice conocido como London Interbank Offered Rate (LIBOR) como tasa de interés de referencia a pagarse en contratos de préstamo y en la valoración e implantación de tales préstamos y otros valores e instrumentos financieros emitidos conforme a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuando dicho índice LIBOR deje de estar disponible, y para otros fines.

Para enmendar las Secciones 2(s), 3 (a) (2), 3(a)(3) y 13 (a) (2) del Artículo 1 de la Ley 73-2008, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Incentivos para el Desarrollo Económico de Puerto Rico” y a sus disposiciones análogas en leyes de manufactura predecesoras, particularmente las Secciones 2(r) y la Sección 3, en su Inciso (a) 1 (A) y (B) de la Ley 135-1997, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Incentivos Contributivos de 1998”, según enmendada, a los fines de disponer que el Informe de Elegibilidad de la solicitud de incentivo sea rendido por el Director de la Oficina de Incentivos, en lugar del Director Ejecutivo de PRIDCO; eliminar el requisito de endoso del Director Ejecutivo de PRIDCO y de su Junta de Directores sobre la determinación de actividad novedosa pionera, por cuanto el peritaje lo tiene la Oficina de Incentivos, bajo el DDEC; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en torno al cumplimiento por parte de las Entidades Autorizadas y las compañías aseguradoras participantes con la Ley 253-1995, según enmendada, conocida como “Ley de Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor”, y los reglamentos aplicables en cuanto a la selección del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), utilizando el Formulario de Selección adoptado mediante la Ley 245-2014, en aras de garantizar la voluntad y el derecho de libre selección de todo consumidor asegurado bajo la cubierta del SRO.

Para ordenar al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), a la Compañía de Fomento Industrial (PRIDCO, por sus siglas en inglés) y al Banco de Desarrollo Económico (BDE) a otorgar acuerdos colaborativos con el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico, a los fines de integrar el modelo cooperativista como alternativa organizativa en los diversos programas de capacitación empresarial orientados a fomentar el emprendimiento que existen en las respectivas agencias y corporaciones públicas; y para otros fines relacionados.

“Para ordenar a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) que, en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, atempere la reglamentación sobre permisos, licencias, inspecciones, certificaciones y cualquier otra autorización que le competa en ley conforme a las normas establecidas por el Religious Freedom Restoration Act Of 1993, 42 U.S.C. § 2000bb, según enmendado por el Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. § 2000cc, en aquellos asuntos que incidan sobre los trámites incoados por las iglesias e instituciones eclesiales; y para otros asuntos relacionados.

Para ordenar a la Junta de Planificación que, en el plazo de 6 meses a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta, atempere las disposiciones del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios; Reglamento Núm. 9233 de la Junta de Planificación; así como las disposiciones de sus demás reglamentos, resoluciones y órdenes administrativas, conforme a las normas establecidas por el Religious Freedom Restoration Act Of 1993, 42 U.S.C. § 2000bb, según enmendado por el Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, 42 U.S.C. § 2000cc, en aquellos asuntos que incidan sobre los trámites incoados por las iglesias e instituciones eclesiales.

Para añadir un nuevo inciso (22) al Artículo 27.161 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico”, a los fines de establecer que ninguna compañía de seguros podrá extinguir una obligación mediante la figura de pago en finiquito sin antes proveerle al asegurado una explicación detallada, por escrito y oral, sobre el alcance y consecuencias de recibir dicho pago; proveer reglamentación; aclarar su efecto retroactivo referente a las reclamaciones luego del paso de los Huracanes Irma y María por Puerto Rico y de los terremotos ocurridos en el Sur en 2020; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 6 y 6A de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor”, a los fines de agrupar y consolidar en una sola Ley, las funciones, facultades y deberes de la llamada Oficina de Orientación al Ciudadano sobre Protección a la Privacidad Informática, y Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e Internet; disponer para la transferencia de toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de la antes mencionada Oficina, hacia el Departamento de Asuntos del Consumidor; derogar la Ley 142-2002, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina de Orientación al Ciudadano sobre Protección a la Privacidad Informática, y Contra la Obscenidad y Pornografía Infantil en la Radio, Televisión e Internet”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 2011.04 de la Ley 60-2019, según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de reconocer el poder de los gobiernos municipales para otorgar exenciones de las diversas partidas de las contribuciones municipales en exceso al cincuenta por ciento (50%) dispuesto por Ley; y para introducir enmiendas técnicas.

Para ordenar a la Comisión de Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor que realice una investigación sobre las denuncias de los titulares y dueños de propiedad horizontal de condominios de negligencia e incumplimiento contractual de las compañías aseguradoras y las compañías ajustadoras, luego de que sus viviendas sufrieran serios daños como resultado de los eventos sísmicos acaecidos desde enero de 2020.

Para crear la “Ley para la Protección de los Consumidores de Plataformas de Ventas en Línea o Marketplace”, a los fines de adoptar normas que promuevan la transparencia en las ventas en línea; requerir información que provea garantías de confiabilidad al consumidor; confiere autoridad al Departamento de Asuntos del Consumidor para adoptar la reglamentación correspondiente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 49, inciso ii, de la Ley 129-2020, según enmendada, conocida como “Ley de Condominios de Puerto Rico”, a los fines de eliminar requisitos a los agentes administradores para ejercer su profesión; y para otros fines relacionados.