Para enmendar el Artículo 3.02 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de disponer expresamente que el Sistema de Rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico estará exento y no le aplicarán las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, en lo referente a movilidad, reclutamiento, evaluaciones, traslados y ascensos; disponer que tales asuntos estarán regidos por la reglamentación interna que a esos efectos adopte Comisionado, con el consentimiento del Secretario; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (l) del Artículo 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de requerir que el Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico notificará diariamente a los municipios las estadísticas de los delitos reportados detallados según la naturaleza de los mismos, que ocurran dentro de sus límites territoriales; y para otros fines relacionados.

Para designar el edificio e instalaciones donde ubica el “Complejo de Seguridad Pública”, sito en la PR-846 en el Municipio de Trujillo Alto, con el nombre de Pedro A. Padilla Ayala; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1.02 de la Ley Núm. 168-2019, según enmendada, conocida como Ley de Armas de Puerto Rico de 2020, a los fines de incluir a los Inspectores de la Oficina de Sustancias Controladas del Departamento de Salud en la definición de Agente del Orden Público; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Art. 2.06 de la Ley Núm. 168 de 11 de diciembre de 2019, según enmendada conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para añadir un nuevo artículo (d) a los fines de eximir del pago de los derechos de solicitar una licencia de armas a los Capellanes de la Policía de Puerto Rico.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber”, con el fin de establecer que sus beneficios aplicarán a los empleados y/o sus beneficiarios en caso de incapacidad o muerte sobrevenida en el ejercicio de sus funciones, independientemente del programa de los Sistemas de Retiro a los que pertenezcan o hayan participado; establecer que la efectividad de esta Ley es retroactiva al 1 de enero de 2020 y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Prohibir la Pirotecnia en Puerto Rico”, a los fines de prohibir la tenencia, uso privado o público, fabricación, importación, venta, ofrecimiento, entrega o distribución de un artificio o producto de pirotecnia; imponer penalidades; derogar la Ley Núm. 83 de 25 de agosto de 1963, según enmendada; ordenar la adopción de reglamentación de conformidad con lo establecido en esta Ley; y, para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 3 de la Ley 83-2023, conocida como “Ley Especial de Salario Base para los Bomberos”, a los fines de facultar al Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a reglamentar la clasificación de puestos, asignación de las escalas de puestos y el plan retributivo del Personal del Sistema de Rango del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico; derogar la Ley 287-2002, conocida como “Ley de Aumento de Sueldo a los Miembros del Personal del Sistema de Rango del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y urgente sobre los efectos que tendrá la cancelación del contrato del sistema de detección de disparos (ShotSpotter) anunciado por el Hon. Pedro Pierluisi Urrutia, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el plan anticrimen del gobierno, determinar el efecto que tendrá dicha cancelación sobre la habilidad investigativa de la Policía de Puerto Rico para reaccionar, investigar y esclarecer crímenes violentos cometidos con armas de fuego; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la capacidad del Negociado del Cuerpo de Bomberos del Departamento de Seguridad Pública para realizar sus labores de forma segura y eficaz; el equipo que utilizan para ello; la preparación de sus miembros y los requisitos para recibir ascensos y posiciones gerenciales; y para otros fines relacionados.

Para denominar con el nombre “José Burgos Rivera” el edificio del Cuartel del Negociado de la Policía de Puerto Rico, ubicado en el Municipio de Orocovis; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 127 del 27 de junio de 1958, según enmendada, conocida como “Ley de Pensiones por Muerte en el Cumplimiento del Deber” a los fines de actualizar sus términos con la legislación vigente, y extender los beneficios de la referida Ley, a ciertos empleados del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y a ciertos empleados de las diversas Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre las implicaciones del uso de las tecnologías de inteligencia artificial con respecto a la seguridad, derechos humanos, libertades civiles, privacidad, salud, ética, economía, educación, manufactura, agricultura, energía, ambiente, consumo y cualquier otro aspecto que pueda tener en la vida cotidiana de las personas. En el sector público, tal como en el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Departamento de Justicia, Departamento de Seguridad Pública, Comisión de Derechos Civiles, entre otras agencias, corporaciones e instrumentalidades públicas de Puerto Rico, esta investigación incluirá cuáles iniciativas se están realizando para una gobernanza consistente de estas tecnologías, basada en los derechos, libertades y demás aspectos antes indicados. Asimismo, se investigará cómo el sector privado garantizará que sus algoritmos, procesos operativos, decisiones comerciales y modelos de negocio con relación a la inteligencia artificial respeten los derechos, libertades y los demás aspectos antes mencionados. Esto, teniendo en cuenta a las poblaciones de mayor riesgo, tales como los niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL”, en Puerto Rico, a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, gravemente herir o matar a policías en el cumplimiento de su deber o que también facilite la búsqueda y recuperación de aquellos policías desaparecidos en conexión con sus deberes oficiales; establecer las facultades y deberes de las entidades gubernamentales; y añadir un nuevo inciso (n) al Artículo 2.03 y enmendar el inciso (i) del Artículo 2.04 del Capítulo II de la Ley 202017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de atemperarla con lo aquí dispuesto; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2.10, y reenumerar los artículos 2.10, 2.11. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.21-A y 2.22, como los artículos 2.11. 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23 y 2.34, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de establecer que, aquel personal que directamente desempeña tareas encaminadas a la investigación criminal, mantener el orden público, proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, conforme los reglamentos del Negociado de la Policía de la Policía de Puerto Rico, tendrá derecho al pago del exceso de noventa (90) días acumulados por licencia de enfermedad no más tarde del 31 de marzo del siguiente año, sin sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, en la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, o en cualquier otra ley aplicable; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1.02 y el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como la “Ley de Armas de 2020”, a los fines de disponer como requisito que toda persona que desee adquirir o renovar su licencia de armas, deberá presentar un examen psicológico o psiquiátrico, certificado por un profesional licenciado en el campo; y requerirlo de igual forma cuando se pretenda la devolución de arma en el caso de ser removida por cualquier circunstancia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 3.05 de la Ley Núm. 20-2017 según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico” con el propósito de incluir a organizaciones “bona fide”, sin fines de lucro, como parte de los Bomberos Voluntarios que puedan atender situaciones de emergencia; y, añadir un nuevo Artículo 3.05(a) para proveer una licencia especial con paga; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 6.08 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de incluir como delito el poseer o transportar “Parte de Arma de Fuego” según definida en la propia ley.

Para crear la “Ley de Seguridad en las Piscinas Residenciales en Puerto Rico”, a los fines de establecer como norma de seguridad mínima en todo hogar en Puerto Rico que cuente con piscina y donde resida uno (1) o más menores de seis (6) años de edad la instalación de una valla de seguridad con alarma; ordenar al Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico a elaborar un Protocolo de intervención cuando un menor de seis (6) años de edad muere por aparente ahogamiento en una piscina; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el artículo 3 (h) y el artículo 58 de la Ley Núm. 2 -2011, según enmendada, conocida como “Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011” con el fin de incluir a los Agentes de Seguridad y Protección de la Unidad de Operaciones Especiales del Departamento de Corrección, Programa de Instituciones Juveniles, como parte del Cuerpo de Oficiales de Custodia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (d) del Artículo 4.07 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de incluir las oficinas municipales para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y a los Cuerpos de Emergencias Médicas municipales, en las dependencias que el centro de recepción de llamadas debe considerar al momento de distribuir los incidentes que le son informados a través del centro de llamadas adscrito al Negociado de Sistemas de Emergencias 9-1-1, siempre y cuando, estos municipios ostenten un convenio o acuerdo colaborativo con el Departamento de Seguridad Pública o con el Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1 para tales efectos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una amplia investigación y análisis sobre la viabilidad de reemplazar el sistema eléctrico de todos los cuarteles estatales de Puerto Rico por sistemas de energía renovable, específicamente energía solar, con el fin de evitar que se afecten las importantes labores que ejercen cada uno de estos en función de la seguridad pública de los puertorriqueños, debido a interrupciones de servicio eléctrico; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Regular las Profesiones de Detectives Privados y Guardias de Seguridad en Puerto Rico”, a los fines de establecer que la edad mínima requerida para obtener una licencia de guardia privado será de 18 años.

Para denominar con el nombre de “Pedro A. Toledo Dávila” el edificio del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico, ubicado en Hato Rey; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, investigar y evaluar la incidencia de violencia escolar; la elaboración y cumplimiento del Departamento de Educación con los planes estratégicos y protocolos para atender este tema; adiestramientos a la facultad y otros empleados asociados a los planteles escolares; así como otras medidas relacionadas al manejo de conflictos entre jóvenes por eventos violentos dentro del plantel en escuelas públicas o privadas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento por parte del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) con el “Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico” en cuanto a la implementación del Sistema de Intervención Temprana; y para otros fines relacionados.

Para crear el “Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores”, adscrito al Negociado de Bomberos y a la Comisión de Seguridad en el Tránsito, con el propósito de recibir, reusar y reciclar asientos protectores o asientos protectores elevados donados que estén en condiciones óptimas que permitan el reúso del mismo y se encuentren dentro de su vida útil, haciéndolos disponibles a las personas carentes de los recursos económicos suficientes para adquirirlos; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Programa de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional (PRECC)”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la implementación del modelo de Rehabilitación Educativa Comunitaria Correccional en aquellas instituciones penales que así lo entienda pertinente el Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.20 del Capítulo dos (2) de la ley número 20 del año 2017 conocida como: “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer términos para el trámite de una querella administrativa contra un policía; y para otros fines relacionados.

Para añadir el inciso (ee) al Artículo 1.008 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada; enmendar la Regla 11 de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendada, y añadir un nuevo inciso (c) y redesignar los actuales incisos (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) y (k) como los incisos (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k) y (l) del Artículo 2; enmendar el Artículo 3; enmendar el inciso (B) del Artículo 4; enmendar los Artículos 5, 6, 7, 8 y 12; enmendar los incisos (1), (2), (3), (4) y (5) del Artículo 15; enmendar el inciso (c) y añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 17 y enmendar los Artículos 28 y 30 de la Ley Núm. 108 de 29 de junio de 1965, según enmendada, a los fines de autorizar al Estado a transferir a los gobiernos municipales la responsabilidad de proveer los servicios de seguridad, protección e investigación dispuestos en el Capítulo II de la Ley 20-2017, según enmendada, mediante la figura de convenios, acuerdos o contratos para unificar la fuerza policiaca y garantizar el financiamiento correspondiente; incluir la figura del policía auxiliar dentro de la definición de funcionario o agente del orden público, conforme a la reformulación doctrinal dispuesta en este estatuto; extender el programa de capacitación requerido para solicitar y renovar la licencia otorgada en virtud de este mandato; imponer las sanciones civiles y penales aplicables por violentar la normativa dispuesta en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico iniciar una exhaustiva investigación sobre el dramático aumento en robo de convertidores catalíticos de los vehículos de motor en la Isla, las medidas de prevención que se están implementado para atender la situación y las iniciativas desarrolladas para garantizar que las víctimas de este tipo de delito puedan mitigar los efectos de este; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.06 de la Ley 168-2019, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, para añadir un nuevo inciso (c) a los fines de eximir del pago de los derechos de solicitar una licencia de armas a los miembros de los Consejos Comunitarios de Seguridad del Negociado de la Policía de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para denominar el Parque de Bombas, adscrito al Negociado de Bomberos de Puerto Rico, ubicado en la Calle Olivo Edificio Número 1 Marginal Carretera PR-165 del Municipio Autónomo de Cataño, con el nombre “Comandante Abelsaín Coreano Cruz”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.02 de la Ley 168-2019, conocida como “Ley de Armas de 2020”, según enmendada, para establecer topes al número de municiones que se pueden adquirir en un año natural y enmendar la cantidad de municiones adquiridas por una persona que activarán el deber de las armerías de notificar a la Oficina de Licencia de Armas del Negociado de la Policía, así como las facultades de la Policía para investigar a los compradores de las municiones

Para enmendar el artículo 6.12 y añadir un inciso (e) de la Ley Núm. 168-2019 conocida como “Ley de armas de Puerto Rico de 2019” y establecer como delito el portar o poseer un arma no registrada y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Educación, Arte y Cultura y de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico (en adelante NPPR), con todas las disposiciones relacionadas a los adiestramientos sobre violencia doméstica, contenidas en el “Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico” de 17 de julio de 2013; la preparación y experiencia de los adiestradores e instructores; así como de los datos recopilados sobre la efectividad y eficiencia de estos adiestramientos; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva respecto a la población confinada y sumariada de mujeres embarazadas y mujeres con discapacidad mental y/o física bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico, incluyendo los protocolos y reglamentos internos para el manejo de esta población en el sistema correccional; investigar el proyecto del Hogar Intermedio de Mujeres a los fines de auscultar los procesos y necesidades de las madres y embarazadas confinadas y sumariadas, así como aquellas con discapacidad mental y/o física; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley Núm. 41 de 3 de junio de 1982, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Registro de Existencias de Materiales Meta´licos", a los fines de establecer que toda persona natural o jurídica, propietario, representante o encargado de un taller, tienda, solar o vehículo de motor dedicado total o parcialmente a la compraventa, permuta, depósito, recogido, almacenaje, transporte, distribución de alambres o materiales de cobre, aluminio, estaño, platino o plomo, o una mezcla o aleación de éstos para propósitos de reciclaje, reventa, exportación o reúso en cualquier forma o estado en que se encuentren, notificará electrónicamente toda transacción al Negociado de la Policía de Puerto Rico ; y para otros fines relacionados.

Para crear la Ley del Sistema de Emergencias 9-1-1, para garantizar que el uso de fondos recibidos para el 9-1-1 se utilicen de acuerdo con la regulación federal vigente, garantizar su independencia fiscal, prohibir el uso de dichos fondos para propósitos contrarios a esta legislación, regulaciones federales aplicables y eliminar la burocracia en la que se encuentra sumergida el actual Negociado, afectando la agilidad para la aprobación de contratos de servicios esenciales para el funcionamiento del 9-1-1, agilizar el reclutamiento de empleados(as) y así mejorar el tiempo de llamadas en espera y el tiempo de respuesta; enmendar el Artículos 1.06 y 1.16 y derogar el Capítulo 4 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública”, a los fines de excluir al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1 de dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1.11 y 2.04 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de proveer para la creación de un currículo que ofrezca un adiestramiento holístico e integral sobre violencia doméstica, proporcionando herramientas útiles a los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico para intervenir, interactuar, orientar y proteger a las personas víctimas de violencia doméstica; y para otros fines relacionados.