Para enmendar el Artículo 1 de la Ley 122 del 9 de junio de 1967, según enmendada, con el propósito de ampliar la exención del pago de cualquier derecho arancelario y/o sellos notariales a los servicios administrativos y registrales del pago de aranceles notariales y derechos a tenor con lo dispuesto en dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 1338 de la Ley 55-2020, según enmendada y conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 1331-A a la Ley 55-2020, según enmendada y conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, y para otros fines.

Para añadir un nuevo inciso (b) y renumerar los actuales incisos (b) al (k) como los nuevos incisos (c) al (l) del Artículo 3; añadir un nuevo subinciso (9) al inciso (b) del Artículo 4 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley contra el Acecho en Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) y renumerar los actuales incisos (e) al (s) como los nuevos incisos (f) al (u) del Artículo 1.3 y añadir un nuevo inciso (l) al Artículo 3.2 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de definir el término dispositivo tecnológico y tipificar como una modalidad del delito de maltrato agravado el rastreo indebido mediante la utilización de un dispositivo tecnológico para determinar la localización de una persona, sin que medie su autorización expresa; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una abarcadora investigación sobre las razones por las cuales los registradores de las diversas secciones ubicadas por demarcación territorial demoran tanto en inscribir un bien o un derecho en el Registro de la Propiedad, así como contemplar la posibilidad de establecer el registro automático, siempre que los documentos para la inscripción sean entregados en su totalidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión De lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, llevar a cabo una investigación amplia sobre la carga de trabajo de los jueces del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el motivo de determinar la necesidad y conveniencia de aumentar o reducir el número de plazas de jueces existentes en cada una de las divisiones de la Rama Judicial; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Articulo 33(a) de la Ley 10-1994, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico”, a los fines de establecer la política pública sobre que ningún notario autorizado a ejercer el notariado, por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, tendrá que tomar la reválida y/o examen, para ejercer como Corredor de Bienes Raíces en Puerto Rico y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 58, 80, 182, 191, 252, 257, 259, 261, 262, 263 y 264, de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución en casos de delitos contra el erario; aclarar que la misma se llevará a cabo con los bienes presentes y futuros del convicto; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 50, 52 y 53 de la Ley 146-2012, según enmendada, mejor conocida como “Código Penal de Puerto Rico de 2012”, a los fines de aclarar que las penas alternativas a la reclusión estarán disponibles para todos los casos en los que ello no esté expresamente prohibido por alguna ley especial o por el Código Penal, incluyendo los casos en los que el convicto se haya beneficiado previamente de una sentencia suspendida conforme a la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba”; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley del escudo periodístico en Puerto Rico” con el fin de proteger el privilegio de periodistas y medios de comunicación de no revelar sus fuentes y limitar la facultad de entidades gubernamentales de utilizar mecanismos para compeler la divulgación de las mismas; añadir una nueva Regla 516 de Evidencia, a fin de establecer el privilegio del periodista y medios de comunicación de no divulgar sus fuentes, enmendar las Reglas 517 y 518, y reenumerar las Reglas 516, 517 y 518, como las Reglas 517, 518 y 519 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas.

Para añadir la nueva Regla 517 a las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, según enmendadas, y reenumerar las actuales Reglas 517 y 518, como 518 y 519, respectivamente, a los fines de establecer el Privilegio del Reportero, para que cualquier persona editora, reportera, presentadora de noticias empleada o exempleada, u otra persona relacionada o empleada en un periódico, revista, agencia de noticias u otra publicación periódica, o por una asociación de prensa, servicio de cable, red de transmisión de radio o televisión, o cualquier persona que haya estado relacionada o empleada, no pueda ser declarada en desacato por un organismo judicial, legislativo, administrativo o cualquier otro organismo que tenga el poder de emitir citaciones, por negarse a revelar, en cualquier procedimiento, la fuente de cualquier información obtenida mientras estaba conectada o empleada para publicación en un periódico, revista u otra publicación periódica, o por negarse a divulgar cualquier información publicada o no publicada obtenida o preparada en la recopilación, recepción o procesamiento de información para su comunicación al público.

Para enmendar los artículos 2.014, 4.003 y 8.001 de la Ley 201-2003, según enmendada, conocida como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, a los fines de reducir la cantidad de jueces del Tribunal de Apelaciones, autorizar al Tribunal Supremo de Puerto Rico a designar jueces para asuntos especiales, establecer disposiciones transitorias y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 22, 24, 28, y 29, añadir unos nuevos Artículos 16, 17, 23 y 27 y reenumerar los Artículos 19 al 21 de la Ley 42-2017 , según enmendada, conocida como la “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”)”; enmendar el Artículo 7.202 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; añadir unas nuevas Secciones 3020.16 y 4010.01 a la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”; enmendar los Artículos 102, 202, 404, 405, 411-A y añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 412 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”; enmendar la Sección 6 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”; añadir un nuevo Artículo 10.27 a la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; a los fines de permitir el Uso Adulto Controlado del cannabis para personas mayores de veintiún (21) años de edad; prohibir el acto de fumar cannabis; establecer infracciones y penalidades; establecer parámetros adicionales sobre el rastreo y la dispensación de cannabis; establecer facultades y criterios para la realización de informes, inspecciones y auditorias por parte de la Junta; establecer los requisitos de etiquetado, empaque, embalaje y publicidad para los productos de cannabis; establecer los derechos a ser pagados para la obtención y renovación de las correspondientes licencias; ampliar la protección contra el discrimen en el empleo para las personas que utilizan cannabis; crear el fondo especial denominado Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis (FISIC); reclasificar los cannabinoides, el cannabis o marihuana a Clasificación II; descriminalizar la posesión de una cantidad para consumo personal de cannabis; robustecer los mecanismos para disminuir el alcance de los menores de edad al cannabis; establecer la aplicación de retroactividad y otras disposiciones transitorias; atemperar el ordenamiento jurídico a los fines aquí establecidos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 247 de las Reglas de Procedimiento Criminal a los fines de atemperarla a lo resuelto en el caso Pueblo v. Castellón Calderón, 151 DPR 15 (2000); y para otros fines relacionados.

Para crear el “Código Integral para la Prevención, Intervención y Atención contra la Violencia Doméstica en Puerto Rico”, mediante el cual se agrupan y ordenan sistemáticamente, todas las políticas públicas promulgadas para propiciar el desarrollo, establecimiento y fortalecimiento de remedios eficaces, para ofrecer protección y ayuda a las víctimas, así como alternativas para la rehabilitación de los ofensores y estrategias para la prevención de la violencia doméstica en Puerto Rico; para derogar la Ley 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; derogar la Ley Núm. 420-2000, conocida como “Ley de Archivo Electrónico de Órdenes de Protección”; derogar la Ley 88-2005, según enmendada; derogar la Ley 217-2006; derogar la Ley 59-2017; derogar la Ley 117-2018, conocida como “Ley para el Adiestramiento y Capacitación Contra la Violencia Doméstica”; derogar la Ley 48-2018, la cual establecía el Programa de Protección y Prevención de Violencia Doméstica para Mujeres de Nacionalidad Extranjera Residentes en Puerto Rico; derogar la Ley 85-2019; derogar la Ley 49-2020, conocida como “Ley para establecer la línea de emergencia para casos de violencia doméstica 0-0-0”; para enmendar el Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada; enmendar los incisos 8 (iv) y 10 (i), del Artículo 2 de la Ley 266-2004, según enmendada; enmendar el Artículo 2.04 b (35) y (63) de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; enmendar la Ley 83-2019, conocida como “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su Modalidad Grave”; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (d) al Artículo 8 de la Ley 284-1999, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; y enmendar el Artículo 2.6 de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, a los fines de otorgar al Tribunal la potestad de incluir en las Órdenes de Protección un punto de distancia circunferencial mínimo de cincuenta (50) metros entre la parte peticionada y la parte peticionaria; renumerar los incisos subsiguientes del Artículo 8 de la Ley 284-1999; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 88 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de incluir el delito de perjurio entre los delitos que no prescriben cuando su comisión contribuya a la convicción de un acusado por cualquier delito grave o menos grave que acarree una pena de delito grave.

Para enmendar el Artículo 1335 de la Ley Núm. 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico” a los fines de establecer que la tácita reconducción no aplica al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias, departamentos, corporaciones públicas, municipios, instrumentalidades, la Rama Judicial o la Rama Legislativa y sus respectivas subdivisiones salvo que en el contrato de arrendamiento se pacte las condiciones bajo las cuales se extendería el arrendamiento”; atemperarlo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Vicar Builders Development v. ELA, 192 DPR 256 (2015), y para otros fines

Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 5 del 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores”, a los fines de establecer que en ningún caso la pensión alimentaria fijada será mayor del cuarenta por ciento (40%) del ingreso neto del alimentante; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 19 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, el Artículo 7 de la Ley 41-1991, según enmendada, y el Artículo 8 de la Ley Núm. 254 del 27 de julio de 1974, según enmendada, con el propósito de establecer disposiciones específicas sobre el uso y solicitud del certificado de antecedentes penales para ejercer ciertas profesiones en Puerto Rico, de manera tal que se continúe fomentando la rehabilitación de personas convictas por haber cometido delito en nuestra jurisdicción; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, conocida como "Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores"; y enmendar el Artículo 2.16 de la Ley 20-2017, según enmendada; a los fines de eliminar la concesión de servicio de protección y escolta que ostentan un ex-gobernante, y para eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a los exfuncionarios.

Para reafirmar de forma clara e inequívoca que el derecho de toda persona natural y jurídica a ejercer el derecho a retracto de crédito litigioso en los casos de ejecuciones hipotecarias residenciales y comerciales nunca ha estado supeditado a ninguna otra ley vigente desde que se adoptó el Código Civil de Puerto Rico de 1930, y tampoco lo está luego de la aprobación la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva y de entera fiscalización, en cuanto al cumplimiento del Comité Permanente para la Revisión de las Guías Mandatorias, con sus obligaciones y responsabilidades conforme establecidas en el Reglamento Número 8529 de 30 de octubre de 2014, y a lo requerido mediante las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, mejor conocida como “Ley Orgánica de la Administración Para el Sustento de Menores”, particularmente lo que respecta a la revisión de las guías cada cuatro (4) años; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento, por parte de los tribunales, con la política pública establecida en la Ley Protectora de los Derechos de los Menores en el Proceso de Adjudicación de Custodia; auscultar la razón de por qué son ínfimos los casos en que se otorga la custodia compartida; requerir además, estadísticas e información sobre el desarrollo de los menores y su relación con su progenitor no custodio; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el primer párrafo incisos (a) y (d), el segundo párrafo incisos (a) y (c), el tercer párrafo inciso (b), y cuarto párrafo del Artículo 10 de la Ley 183-1998, según enmendada conocida como “Ley de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito” a los fines de aumentar las cuantías de los beneficios de compensación a víctimas de delito, y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1157 y 1318 de la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como "Código Civil de Puerto Rico", a los fines de realizar una enmienda técnica que permita la más efectiva implementación de los términos legales relacionados a los herederos legitimarios; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para la Protección del Concebido en su Etapa Gestacional de Viabilidad”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para Garantizar el Acceso a los Servicios Gubernamentales ante el COVID-19”, a los fines de disponer que ninguna agencia del Poder Ejecutivo, tribunal o municipio podrá negar a persona alguna, por razón de esta negarse a presentar evidencia de haber recibido una o más dosis de cualquier vacuna contra el COVID-19 o por negarse a presentar una prueba negativa, acceso a sus facilidades, servicios, ni la expedición de permisos, patentes, grabaciones, certificados, tarjetas y otros documentos que estos tengan derecho a recibir para sí o para un tercero; para disponer que toda persona que resulte afectada por una violación a cualquier disposición de la presente Ley tendrá derecho a reclamar, en el foro judicial correspondiente, daños estatutarios por la cantidad de dos mil dólares ($2,000.00) por cada violación; para disponer que si el Tribunal estima que el valor de los daños sobrepasa los dos mil dólares ($2,000.00) podrá ordenar el pago de una cantidad superior a favor de la parte demandante; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 249 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” a los fines de aumentar a cincuenta (50) años la pena fija de reclusión para toda persona que poniendo en riesgo la seguridad u orden público, a propósito, con conocimiento o temerariamente dispare un arma de fuego: desde un vehículo de motor, ya sea terrestre o acuático; o en una discoteca, bar, centro comercial, negocio o establecimiento; o en un sitio público o abierto al público.

Para crear la “Ley para Reafirmar, Fortalecer y Proteger el Derecho Parental ante la Vacunación del COVID-19”; a los fines de disponer que el Poder Ejecutivo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no podrá, bajo ninguna circunstancia, obligar a un menor aceptar que se le suministre una o varias dosis de una vacuna contra el COVID-19; para disponer que, bajo ninguna circunstancia, el Poder Ejecutivo podrá sancionar, multar, castigar, o de alguna otra manera actuar en contra de aquellos padres con patria potestad o tutores, que decidan impedir que a sus hijos o pupilos se les suministre una o más dosis de cualquier vacuna contra el COVID-19; para disponer que toda Orden Ejecutiva, Orden Administrativa, Ordenanza Municipal o mandato de cualquier tipo a tales efectos, será nulo; para disponer que toda persona que sufra daños como consecuencia de una violación a esta Ley tendrá derecho a ser resarcido en una cantidad que nunca será menor a quince mil dólares ($15,000.00); y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 34-A del Código Político de 1902, según enmendado a los fines de establecer que cualquier desobediencia a la orden será castigada con la imposición de una sanción de mil (1,000.00) dólares diarios; y para otros fines relacionados.

Para crear “Ley de Inmunización Natural ante el COVID-19 en Puerto Rico” a los fines de prohibir a toda persona, natural o jurídica, el negar a cualquier persona con inmunidad natural acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; prohibir a toda persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarrendar una vivienda, el negarse a conceder una opción de venta, a vender, arrendar o subarrendar dicha vivienda a cualquier persona con inmunidad natural, por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; prohibir a toda persona natural o jurídica que se dedique a conceder préstamos para la construcción de viviendas, el negarse a prestar dicho servicio a cualquier persona con inmunidad natural, por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; prohibir a toda escuela o universidad, ya sea pública o privada, al Departamento de Educación de Puerto Rico, a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y a cualquier organismo rector de cualquier escuela o universidad privada en Puerto Rico el negar, a cualquier persona con inmunidad natural, admisión o asistencia a cualquier nivel o programa de estudios por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; para disponer que ningún patrono podrá despedir, suspender o discriminar a un empleado suyo, que sea una persona con inmunidad natural, en relación a su sueldo, salario, jornal o compensación, términos, categorías, condiciones o privilegios de su trabajo, por razón del empleado negarse a presentar evidencia de estar vacunado contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; para disponer que ningún patrono podrá dejar de emplear o rehusarse a emplear o reemplear a un solicitante de empleo, que sea una persona con inmunidad natural, por razón de este negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa; para disponer la manera en que las personas con inmunidad natural podrán evidenciar dicha inmunidad; para disponer las responsabilidades civiles de aquellas personas naturales o jurídicas que violen las disposiciones de la Ley; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley del Latido Cardiaco del no Nacido en Puerto Rico”a los fines de prohibir que un médico realice un aborto luego de la detección del latido cardiaco fetal; para imponer al médico la responsabilidad de realizar un examen a toda mujer embarazada que procure un aborto a los fines de determinar si existe latido cardiaco fetal; para disponer que toda persona que sufra daños como consecuencia de un aborto efectuado en contravención de las disposiciones de esta Ley tendrá derecho a ser indemnizado por una cantidad que nunca será menor de veinticinco mil dólares ($25,000); para fijar la responsabilidad de los médicos que realizan un aborto contrario a lo expuesto en esta Ley y las responsabilidades de aquellos hospitales, centros, clínicas o cualquier otra persona jurídica que, a sabiendas, permitan o se beneficien económicamente de estos abortos ilegales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2, incisos (b), (h), (i), (j) y (v); enmendar el Artículo 4; eliminar el sub-inciso (iii) del inciso (a) y enmendar el inciso (j) del Artículo 5; enmendar el inciso (d) del Artículo 6; enmendar el inciso (a) (ii) del Artículo 10; enmendar los Artículos 11, 12 y 14; enmendar, , el sub-inciso (ii) del inciso (a), el sub-inciso (i) del inciso (c) , y el inciso (i) del Artículo 17; enmendar los incisos (c), (d) y (e) del Artículo 18; y enmendar los Artículos 20 y 22 de la Ley 42-2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para Mejorar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites (“Ley MEDICINAL”); a los fines de atemperar la definición de “Cannabis Medicinal”, “Identificación de Acompañante Autorizado”, “Identificación de Paciente Cannabis Medicinal”, e “Identificación Ocupacional”; implementar un nuevo método de identificación electrónica para Pacientes, Acompañantes y la Identificación Ocupacional; extender la validez de la de la recomendación médica y la vigencia la Identificación para Pacientes de Cannabis Medicinal a dos años; extender la vigencia de la Identificación de Acompañantes a dos años; extender la vigencia de la Identificación Ocupacional a tres años; crear un mecanismo de emisión de recomendación médica y de expedición de la Identificación de Paciente más efectivo y accesible; modificar los parámetros de concesión de licencias a dispensarios, cultivos, manufacturas, y laboratorios; incluir la licencia de transporte sin el pago de aranceles adicionales a todo poseedor de licencia de cultivo; y modificar la facultad de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal para imponer multas

Para ordenar a las Comisiones de Salud, de lo Jurídico y de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, integrar un Grupo Especial de Trabajo, tipo “Task Force,” para realizar una abarcadora investigación sobre la figura del cuidador familiar de adultos mayores como eje central del sistema de cuido prolongado en Puerto Rico; su impacto en la salud y bienestar de la persona a quien cuidan los aspectos jurídico legales del rol del cuidador; su relevancia y aportación al cuidado continuo de los adultos mayores y los cambios que puedan resultar necesarios efectuar en nuestro ordenamiento para facilitar el apoyo a los cuidadores familiares; para respaldar y aportar a la tarea del Grupo Especial de Trabajo, incluir en su composición a representantes de empresas, organizaciones, entidades y otros sectores concernidos con la figura y el rol del cuidador familiar; y para otros fines relacionados.

Para añadir una Regla 507-1 en las Reglas de Evidencia de 2009, según enmendadas, a los fines de reconocer el privilegio de confidencialidad en las labores de los trabajadores sociales; y para otros fines relacionados

Para enmendar el Artículo 1327 de la Ley 55-2020 conocida como “Código civil de Puerto Rico”; para aclarar que en el contrato de préstamo no se deben intereses si no se pactan expresamente; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 595 de la Ley 55-2020, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de autorizar a personas de dieciocho (18) años o más a consentir el recibo de inmunizaciones para sí o para sus hijos menores de edad.

Para enmendar el Artículo 1198 de la Ley 55-2020 conocida como “Código Civil de Puerto Rico”; para aclarar que la prescripción queda suspendida respecto de las personas incapacitadas mientras dure su estado de incapacitación y respecto de las personas menores de edad no emancipadas; y derogar el Artículo 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico de 1933.

Para enmendar la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, según enmendadas, a fin de añadir los incisos 23.1 (c)(1)(A)(i), y 23.1 (c)(B)(i), (ii), (iii) con respecto a la protección de (1) borradores de informes de personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial; (2) comunicaciones entre un representante legal de una parte y las personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial.

Para enmendar el Artículo 1327 de la Ley 55-2020 conocida como “Código civil de Puerto Rico”; para aclarar que en el contrato de préstamo no se deben intereses si no se pactan expresamente; y para otros fines relacionados.