Para ordenar a las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción; y de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre la Ley 25-1992, según enmendada, conocida como “Ley para el Egreso de Pacientes de SIDA y de otras enfermedades en su etapa terminal que están confinados en las Instituciones Penales o internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico”, incluyendo, pero sin limitarse a, el manejo administrativo conducente a la excarcelación de confinados en virtud de esta Ley; la cantidad de pases extendidos otorgados desde la vigencia de la Ley hasta el presente; si el nombramiento del panel médico que evalúa las condiciones de los confinados cumplió con las disposiciones de la Ley; qué enfermedades se consideran terminales en la práctica médica; investigar la evaluación y provisión de servicios médicos a los confinados por parte del Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación, incluyendo los servicios provistos por Physician Correctional, entidad contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación; evaluar qué responsabilidades, si alguna tiene Physician Correctional bajo el proceso de la Ley 25-1992; requerir y evaluar cualquier informe o auditoría encomendado o recibido por el Departamento de Corrección en relación a los servicios provistos por Physician Correctional y qué seguimiento y con qué regularidad el Departamento de Corrección y Rehabilitación visita los egresados que se han beneficiado de esta Ley.

Para enmendar las Secciones 2 y 13 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción” con el propósito de establecer la figura de la entidad sin fines de lucro bonafide y eximir a dichas organizaciones de los costos asociados al proceso de licenciamiento de dichos proveedores de servicios privados; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.22 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, con el propósito de permitir la evaluación y designación de un diagnóstico de condición mental incapacitante como criterio médico para determinar la continuación del ingreso de forma involuntaria del adulto en una institución proveedora de salud mental; y para otros fines relacionados.

Para designar el edificio que alberga la estación del Tren Urbano localizada en las inmediaciones del Barrio Cupey del Municipio de San Juan, con el nombre de “Estación Félix “Tito” Trinidad” y para otros fines.

Para enmendar la Sección 1 del Artículo IX de la Ley 72 -1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de acabar con el monopolio en la salud mental y abrir paso a que las aseguradoras tengan que contratar directamente con distintos proveedores de salud mental e instituciones hospitalarias en igual condiciones; y para otros fines relacionados.

Para declarar la última semana del mes de agosto de cada año, como la “Semana de los Promotores y Promotoras de Salud Comunitaria”; declarar que específicamente el 30 de agosto de cada año se reconozca como el “Día del Promotor y la Promotora de Salud Comunitaria”; ordenar al Departamento de Salud coordinar con el Departamento de Estado, Departamento de la Familia, Departamento de Educación, Departamento de la Vivienda, la Administración de Vivienda Pública, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario y otras agencias o colectivos que agrupan, emplean o se vinculan con la población de promotores de salud comunitaria, eventos de conmemoración, a los fines de reconocer la labor ejercida por los promotores de salud comunitaria como trabajadores de primera línea de la salud pública siendo enlace y facilitadores entre los servicios sociales, de salud y la comunidad; y para otros fines relacionados.

Para designar el día diez (10) de octubre de cada año como el “Día Nacional para la Visibilización, Sensibilización y Concientización de las Personas sin Hogar en Puerto Rico”; abordar la multiplicidad de factores que inciden en esta problemática, visibilizar la política pública vigente a través de la Ley Núm. 130-2007, y para otros fines relacionados.

Para designar el día 10 de octubre de cada año como “Día Nacional para la Visibilización, Sensibilización y Concientización de las Personas sin Hogar en Puerto Rico”; abordar la multiplicidad de factores que inciden en esta problemática, visibilizar la política pública vigente establecida a través de la Ley 130-2007, y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para impedir el control de las aseguradoras sobre el sistema de salud en Puerto Rico”, a los fines de declarar la industria de la salud y los seguros de salud como una revestida de alto interés público; prohibir que las aseguradoras, ya sea a través de la propia compañía, empresa subsidiaria, agente, accionista, socio, agente por comisión, o bajo cualquier puesto directivo, administrativo u oficiales tengan interés económico sobre los proveedores de servicios de salud; disponer penalidades; y para otros fines relacionados.

Para promulgar la “Ley para Establecer el Proceso de Inhumación Digna de la Persona Indigente”; establecer como política pública el trato digno y respetuoso de los restos mortales de toda persona indigente fallecida; establecer la responsabilidad de los municipios de sufragar los gastos funerarios y proveer un espacio libre de costo para el enterramiento de la persona indigente fallecida; establecer el derecho del municipio de recuperar los gastos funerarios de las agencias públicas que tenían la custodia del indigente fallecido o de los parientes que tenían o hubiesen tenido una obligación alimentaria para con el fallecido; para enmendar el Artículo 1.010 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, con el fin de establecer la obligación de los municipios de reservar un mínimo del uno por ciento (1%) de los terrenos de su cementerio municipal para la inhumación de personas indigentes; para enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 296-2002 para establecer que el cadáver, o las partes del cadáver de una persona indigente que no sean de utilidad la Junta de Disposición de Cuerpos, Órganos y Tejidos Humanos se enterrarán según lo dispuesto en esta Ley; para enmendar el Artículo 679 de la Ley Núm. 55-2020 conocida como el Código Civil de Puerto Rico para disponer que la obligación de proveer alimentos entre parientes comprenderá, como un último acto humanitario, los gastos funerarios del alimentista indigente fallecido; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2.05 y 13.02 de la Ley 85-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”; enmendar la Sección 10 de la Ley 212-2018, según enmendada, conocida como “Ley de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación”; enmendar el Artículo 5 de la Ley 33-2017, según enmendada, conocida como “Ley para las Iglesias-Escuela”; y enmendar la Sección 6 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción”; con el propósito de establecer que las escuelas públicas, las escuelas municipales, las escuelas públicas alianza y las escuelas-iglesias, desarrollen e implanten, con la colaboración de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, programas de prevención, educación y orientación a sus estudiantes, sobre los riesgos que conlleva el uso de cigarrillos o productos de tabaco, alcohol y sustancias derivadas del opio; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para crear la Licencia Especial para Voluntarios y Líderes Comunitarios”; establecer requisitos; y para otros propósitos relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.13 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines de disponer que las solicitudes de detención temporera podrán ser radicadas electrónicamente y que las mismas deben ser atendidas con prioridad dentro del calendario del tribunal; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley para la Protección del Consumidor de Kratom de Puerto Rico” para regular la preparación, distribución y venta de productos de kratom, prohibir la preparación, distribución y venta de productos de kratom adulterados, establecer multas y penalidades, y proveer los poderes y deberes de ciertos oficiales y entidades gubernamentales estatales; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (c) al Artículo 401 y enmendar el inciso (a) del Artículo 404 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, conocida como “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”, a los fines de establecer una presunción no controvertible para que se considere como consumo personal la marihuana, según definida en esta Ley, eliminar toda penalidad establecida contra cualquier persona por la posesión para consumo personal de marihuana; disponer de la aplicación retroactiva de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Sección 11 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como la “Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción” por contener disposiciones que violentan los derechos garantizados a personas con uso problemático de sustancias; renumerar las Secciones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 como las Secciones 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicha Ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley Núm. 11 del 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como “Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 6 de la Ley Núm. 171 de 11 de mayo de 1940, según enmendada, a los fines de disponer que las juntas examinadoras bajo el Departamento de Salud y la Junta Examinadora de Trabajadores Sociales le requiera a los profesionales créditos de educación continua en materia de trastornos relacionados al consumo de opioides, en servicios de tratamiento de bajo umbral y reducción de daños; y para otros fines relacionados.

Para derogar la Sección 11 de la Ley 67-1993, según enmendada, conocida como la Ley de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción por contener disposiciones que violentan los derechos garantizados a personas con uso problemático de sustancias; y para otros fines relacionados y para renumerar las Secciones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 como las Secciones 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de dicha Ley.

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación sobre cómo el Departamento de Educación de Puerto Rico trabaja la inteligencia emocional de los estudiantes y maestros en las escuelas públicas del país.

Para declarar la segunda semana del mes de agosto de cada año como la “Semana del Programa de Ayuda al Empleado”; declarar el viernes de la segunda semana de agosto de cada año como el “Día del Coordinador y Director PAE”, a los fines de reconocer y exaltar la importancia de los programas de ayuda al empleado en educar, prevenir y fomentar estilos de vida saludables para los trabajadores y sus familias; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 15 y 16 de la Ley 167-2002, según enmendada, a los fines de aclarar el mandato legislativo de que todas las dependencias estarán facultadas a contar con un Programa de Ayuda al Empleado y un Coordinador o Director del Programa de forma interna; establecer requisitos mínimos de educación y educación continua; aclarar las facultades que tendrá la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción para la implementación de esta Ley; asegurar el cumplimiento en la asignación de fondos para el funcionamiento del Programa; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento con la política pública establecida por la Ley 227-1999, según enmendada, conocida como “Ley para la Implantación de la Política Pública en Prevención del Suicidio”; al igual que los protocolos y manejos de casos de suicidio de menores y adultos mayores y la prevención de los mismos ante los hechos recientes de suicidios en la población.

Para establecer el “Fondo Especial para la Igualdad Social” como un fondo permanente que tenga la encomienda de sufragar obra pública dirigida a combatir la pobreza y la desigualdad social en Puerto Rico; otorgarle prioridad en sus asignaciones a la atención de las necesidades de las comunidades marginadas, los grupos poblaciones más vulnerables e incrementar las asignaciones para entidades sin fines de lucro y de autogestión comunitaria que ofrezcan servicios directos a la ciudadanía; para añadir el inciso (s) del Artículo 6 de la Ley 84-2021, conocida como “Ley de Política Pública de Puerto Rico para Combatir la Pobreza Infantil y la Desigualdad Social” a los fines de que dicha comisión administre el fondo; para enmendar Sección 6020.10 inciso (b) de la Ley 60-2019 según enmendada, conocida como “Código de Incentivos de Puerto Rico” a los fines que la aportación anual de diez mil dólares ($10,000.00) sea destinada a entidades sin fines de lucro operando en Puerto Rico y al fondo creado por esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) que deje sin efecto el Reglamento para el Establecimiento de Juntas Comunitarias bajo el Programa de Comunidades Especiales, programado para entrar en vigor en el mes de abril de 2022, hasta tanto se cumpla con un proceso amplio y participativo de consulta con las comunidades especiales; y para otros fines relacionados.

Para establecer el “Plan de Abordaje al Fenómeno del Sinhogarismo en Puerto Rico”; crear la Oficina de Apoyo a la Población sin Hogar; establecer el Consejo Directivo de la Oficina, su composición, definir sus facultades, responsabilidades y poderes; establecer el cargo de Coordinador(a) de la Oficina, definir sus facultades, responsabilidades y poderes; adoptar en esta Ley la Carta de Derechos de la Población sin Hogar y establecer el procedimiento para tramitar reclamaciones y querellas en contra de la carta de derechos; crear el cargo de Oficial de Enlace Municipal de Ayuda a la Persona sin Hogar y la obligación de los Municipios a designar un Oficial por municipio; disponer la elaboración de Protocolo de Servicios a la población sin hogar; y designar a la Oficina como receptora y administradora de los fondos federales o “grantee” de todos los programas para servicio a personas sin hogar cuyo receptor sea el Gobierno de Puerto Rico, a los fines de elaborar una respuesta sistémica para erradicar este fenómeno en donde se asegure que el sinhogarismo se prevenga siempre que sea posible o, de lo contrario, que sea una experiencia rara, breve y no recurrente; requerir la integración física, de personal y subsidiariamente de la planificación de los distintos componentes gubernamentales que proveen servicios a la población sin hogar; requerir la integración fiscal de los programas y servicios gubernamentales a la población sin hogar; disponer que todo Departamento, Agencia, Corporación o Instrumentalidad Pública del Gobierno de Puerto Rico que preste servicios, se relacione o intervenga con personas sin hogar, vendrá obligado a desarrollar un Protocolo de Servicios para las personas sin hogar; disponer de la asignación de fondos para la operación de la Oficina y para el pareo de fondos; disponer la transferencia de equipo, material y documentación; disponer de un lugar físico para que opere como sede de la Oficina; derogar la Ley 130-2007, según enmendada, conocida como “Ley para Crear el Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población sin Hogar” y derogar la Ley 199-2007, conocida como “Ley Para la Prestación de Servicios a Personas sin Hogar”; y para otros fines relacionados.

Para enmendar la Sección 1 de la Ley Núm. 133 de 14 de mayo de 1937, según enmendada; enmendar el Artículo 2A de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Carta de Derechos de las Víctimas y Testigos de Delito”; enmendar el Artículo 2 de la Ley 51–1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”; enmendar el Artículo 3 de la Ley 300-1999, según enmendada, denominada “Ley de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Proveedores a Niños, Personas con Impedimentos y Profesionales de la Salud”; enmendar el Artículo 2.25 de la Ley 22–2000, según enmendada, denominada “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y enmendar la Sección 1033.15 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, con el propósito de suprimir el lenguaje alusivo a la figura obsoleta de “retardación mental” y substituirlo por el diagnóstico de “trastorno del desarrollo intelectual”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar la Oficina de Calidad de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) que modifique la Primera Ayuda Psicosocial conocida como la Línea PAS para que la línea telefónica contenga únicamente tres dígitos.

Para encargar a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción con el manejo, inversión y fiscalización de todos los fondos devengados por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides; ordenarle al Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a transferir toda cuantía de dinero devengada a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides a la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción; restringir el uso de todos los fondos devengados por el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y subdivisiones, incluyendo las municipalidades, a raíz de cualquier reclamación judicial relacionada a la crisis de opioides, a iniciativas dirigidas a mitigar los efectos de la crisis de opioides y cuidar la salud mental y emocional del Pueblo de Puerto Rico.

Para ordenar a la Administración de Seguros de Salud de Puerto a implementar y fiscalizar el cumplimiento por parte de las distintas aseguradoras, en especial APS Healthcare, con lo ordenado mediante la Carta Normativa 20-0527.

Para añadir un nuevo inciso (t) y redesignar el actual inciso (t) como (u) en el Artículo 3.06 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de la Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines de crear derechos adicionales a los adultos pacientes de salud mental en el empleo; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.9 de la Ley 54-1989, según enmendada a los fines de establecer como requisito, el referido a servicios de salud mental a niños y niñas que han presenciado incidentes de violencia doméstica; ampliar el espectro de niños y niñas que pueden ser impactados; reasignar la tarea de prestación de servicios a la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción; y para otros fines

Para enmendar los Artículos 1, 2, añadir un nuevo Artículo 3 y reenumerar el actual Artículo 2 como nuevo Artículo 4 de la Ley 352-1999, a los fines de ampliar el acceso a servicios médicos a los pacientes de nuestras comunidades, ayudando a mejorar su salud física y mental y contribuyendo al bienestar común; disponer que una aseguradora o plan médico no podrá negar cobertura para servicios de salud dental en los casos dispuestos en esta Ley; disponer que no se requerirá preautorización por parte de aseguradoras o planes médicos de salud en los casos de pacientes hospitalarios cubiertos por esta Ley; prohibir que hospitales denieguen privilegios a dentistas y prohibir cualquier trato discriminatorio en el uso de facilidades hospitalarias; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (dd), añadir un nuevo inciso (ll) y renumerar los subsiguientes incisos del Artículo 1.06; enmendar el Artículo 2.15 de la Ley Núm. 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, a los fines de autorizar e integrar la figura del médico primario en el plan de tratamiento del equipo multidisciplinario de los servicios de salud mental en Puerto Rico; y, para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4.22 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, con el propósito de permitir la discreción al tribunal para determinar la continuación del ingreso de forma involuntaria del adulto en una institución proveedora de salud mental, incluyendo una determinación sobre el pago por dichos servicios de salud.

Para enmendar el inciso (b) de la Regla 240 de las de Procedimiento Criminal de 1963, según enmendadas, a los fines de establecer que toda persona declarada no procesable conforme a dicha regla, no podrá permanecer sumariado en una institución carcelaria, en espera de recibir el tratamiento recomendado, por un término mayor de seis (6) meses; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal realizar una investigación para determinar cuál ha sido en los últimos diez años el costo para el erario y el efecto del uso problemático de sustancias, y para que establezca una comparación con los costos que representaría la adopción de un acercamiento salubrista al problema basado en la descriminalización del uso problemático de sustancias, la reducción de daños, el tratamiento y la rehabilitación de las personas con uso problemático de sustancias en Puerto Rico.

Para declarar el día 5 de mayo de cada año como el “Día de Concienciación sobre la Salud Mental Materna/Perinatal” en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para decretar el primer miércoles de mayo de cada año como el “Día de la Concienciación sobre la Salud Mental Perinatal”, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre este asunto del más alto interés público; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para ordenar a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, a la Comisión de Salud y a la Comisión de Desarrollo del Este del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva con relación al uso y abuso de tabaco, alcohol y sustancias controladas en menores de 21 años en la Región Este de Puerto Rico.

Para enmendar los Artículos 1.06 y 2.03 de la Ley 408-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”; y enmendar los Artículos 3 y 41 de la Ley 246-2011, según enmendada, conocida como “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, los fines de ampliar las protecciones de la salud física y mental de los menores de edad, mediante la prohibición de la práctica de la terapia de conversión sobre sus personas; y para otros fines relacionados.