Para crear la “Ley del Salario Base Digno a los Auditores del Departamento de Hacienda” a los fines de establecer un salario base adecuado para los Auditores del Departamento de Hacienda de dos mil quinientos dólares ($2,500.00) mensuales; y para otros fines relacionados.

Para establecer la ‘’Ley Especial de Salario Base para los Bomberos’’, a los fines de disponer que el salario base de los bomberos pertenecientes al Negociado del Cuerpo de Bomberos comenzará a partir de los dos mil quinientos ($2,500) dólares mensuales; y otorgar un aumento mensual de mil ($1,000) dólares mensuales a todos los bomberos adscritos al Negociado del Cuerpo de Bomberos con el propósito de promover su retención en el empleo y hacerle justicia salarial; establecer una estructura legal para salvaguardar los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales obtenidos por los bomberos con anterioridad a la aprobación de este estatuto; establecer las responsabilidades de la Oficina de Gerencia y Presupuesto; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Agricultura y a la Autoridad de Tierras proceder con la liberación de las restricciones y las condiciones sobre preservación e indivisión previamente impuestas y anotadas, según dispuesto por la Ley Núm. 107 de 3 de julio de 1974, según enmendada, de la Parcela Núm. 5, del Proyecto denominado Gripiñas, localizado en el Barrio Veguitas, Sector Zamas, término municipal de Jayuya, Puerto Rico, número de Catastro 268-000-004-02-901.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como ‘Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, de las facilidades de la antigua Escuela Elemental Secundino Díaz, ubicada en la carretera PR-804, km. 0.4, en el barrio Galateo del pueblo de Toa Alta, al Gobierno Municipal de Toa Alta, con el fin de que allí se instituyan, diversos programas de servicios comunitarios y actividades recreativas para niños, jóvenes y adultos, talleres de capacitación o adiestramientos en distintas áreas, entre otras; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2 de la Ley Núm. 7 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley para Proveer el Orden de Sucesión y Sustitución para el Cargo de Gobernador”, a los fines de establecer que todos los Secretarios o Secretarias en el orden de sucesión deberán cumplir con los requisitos dispuestos en el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo el haber sido ratificado su nombramiento; añadir un nuevo Artículo 4 y reenumerar el actual Artículo 4 como Artículo 5; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Internados Justos de Puerto Rico” a los fines de garantizar que el reclutamiento de estudiantes universitarios(as) o personas recién graduadas, mediante internados, pasantías o experiencias de investigación incluya compensación económica, excepto cuando se trate de una experiencia a cambio de créditos universitarios, se trate de trabajo voluntario o cuando una entidad sin fines de lucro incipiente acredite que carece de recursos para compensar al (la) estudiante, necesita el trabajo que realizará el(la) estudiante y proveerá una experiencia de aprendizaje y aprovechamiento para el(la) estudiante; para establecer los deberes del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos para asegurar el cumplimiento de esta Ley; y para otros asuntos relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 6, renumerar el Artículo 6 como 7 de la Ley Núm. 237-2004, según enmendada, conocida como la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales o Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales”, a los fines de incluir nuevos requisitos para verificar las horas trabajadas en una computadora y facturadas al Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de dicha ley y el reglamento; el listado de escuelas en desuso como consecuencia del cierre de escuelas, con el fin de transferir libre de costo a los Municipios la titularidad de las facilidades; ordenar al Departamento de la Vivienda separar fondos CDBG- DR para crear nuevos desarrollos de vivienda con usos comerciales, centros comunales resilientes, salones de reunión comunitaria y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 38 de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, a los fines de establecer un tope de diez por ciento (10%) sobre el monto original del contrato en las ordenes de cambio al mismo, incluyendo a las agencias exentas de esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para eliminar la Sección 3.19 y añadir una nueva Sección 3.19 a la Ley 38-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico” y enmendar el Artículo 31 del Capítulo IV inciso (b) de la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de aclarar que los métodos de licitación regulados incluyen la solicitud de propuesta; establecer un término de diez (10) días para que la Administración de Servicios Generales o la entidad gubernamental correspondiente, así como la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales, resuelvan las mociones y las Resoluciones de Reconsideración presentadas referentes a adjudicaciones de subasta o propuestas; aclarar cuándo comienza a correr el término para que la parte adversamente perjudicada eleve su reclamo judicial; disponer sobre el uso del método de licitación a ser utilizado en la Administración de Servicios Generales cuando se adquieran bienes, obras y servicios no profesionales cuyo costo exceda quince mil (15,000) dólares, pero no exceda la cantidad de cien mil (100,000) dólares; y establecer que el método de licitación podrá adoptar el mecanismo de mercado abierto, según autorice el Oficial de Licitación con el aval del Administrador; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso o) del Artículo 4 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” a los fines de excluir a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico de las disposiciones de la Ley y para otros fines legales.

Para enmendar los Artículos 1.2 y 5.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a los fines de incluir en la definición de Servidor Público a los Delegados según dispuesto en la Ley 167-2020, conocida como “Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico”; y para incluir a los Delegados como funcionarios obligados a someter informes financieros en la Oficina de Ética Gubernamental.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley Núm. 26 – 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia por el precio nominal de un dólar ($1.00) al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, por parte de la Autoridad de Tierras, los terrenos donde enclavan las viviendas de los residentes de la denominada “Comunidad Las Acerolas”, en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa Alta, y una vez adquirida la titularidad, segregarlos y cederlos; otorgándole títulos de propiedad a los vecinos de la antes mencionada comunidad; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, a la “Comunidad Organizada de San Salvador, Inc. (COSS)”, la antigua Escuela SU Mercedes Palma, localizada en la Carretera PR- 765, Km. 8.2, del Barrio San Salvador, Sector La Plaza, en Caguas, Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico que segregue y otorgue por el valor nominal de un dólar ($1.00) el correspondiente título de propiedad al Señor Gilberto Otero Machado y a su esposa Gladys Ramos Tosado, sobre el predio de terreno donde ubica su vivienda, con un área aproximada de 632.5621 metros cuadrados, sito en la Carretera PR 681, Km. 16.4, en el Barrio Palmas Altas, Parcela Muelle “El Batey”, del Municipio de Barceloneta, Puerto Rico, Catastro Núm. 015-031-613-03; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley Núm. 26 de 29 de abril de 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme al estado de derecho vigente, la transferencia libre de costo al Municipio de Vieques la administración y el mantenimiento de las parcelas de terrenos localizadas en el Balneario Sun Bay, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico, con la condición de que el Municipio de Vieques garantice, conceda y mantenga el acceso, disfrute y uso a perpetuidad por el público.

Para designar con el nombre de Rogelio Moret Torres, mejor conocido como “El Látigo”, el tramo de la Carretera PR-707, en el Municipio de Guayama, que discurre desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 2.2 en el Puerto de Jobos; y para otros fines.

Para designar el día 21 de marzo de cada año como el “Día Nacional para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia”, como parte de los esfuerzos para eliminar cualquier manifestación de discrimen racial y/o étnico de nuestra sociedad; para que se designe la semana durante el mes de marzo en la que se conmemore el Día de la Abolición de la Esclavitud como la Semana para la Erradicación del Racismo y Afirmación de la Afrodescendencia; derogar la Ley 138-1996; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Integración de Respeto a la Vida en Puerto Rico", a los fines de que un Comité Interagencial identifique los programas existentes en las agencias del Gobierno de Puerto Rico, dirigidos a promover el respeto a la vida y la ética, con el propósito de maximizar sus usos y que mayor cantidad de ciudadanos tengan acceso a estos; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los Artículos 1 y 2, añadir un nuevo Artículo 4, y renumerar el Artículo 4 como Artículo 5 de la Ley 166-2019, a los fines de establecer la segunda semana de febrero como la “Semana de los Albergues, Rescatistas de Animales y de la Concienciación y la Adopción de Mascotas en Puerto Rico”, así como disponer el domingo de esa semana de febrero se celebrará el “Día de Concienciación de Mascotas”; se autoriza al Departamento de Educación establezca actividades durante esta semana que promueva el amor a los animales; se deroga la Ley 205-1999; y para otros fines.

Para enmendar el inciso o) del Artículo 4 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019” a los fines de excluir a la Autoridad de Tierras de las disposiciones de la Ley y para otros fines legales.

Para enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 261-2004, según enmendada mejor conocida como “Ley del Voluntariado de Puerto Rico” a los fines de aumentar a seis mil dólares ($6,000.00) anuales el tope asignado a los voluntarios en calidad de dietas o viáticos para cubrir gastos razonables de alimentación, de viaje u otros incidentales incurridos por razón del ejercicio de sus funciones o labores como voluntarios, o cualquier reembolso; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Control de Fianzas en el Suministro de Servicios Esenciales”, a los fines de disponer que los reglamentos de suministro de servicios esenciales que contengan una fianza de pago o depósito deberán permitir el pago prorrateado del monto requerido.

Para enmendar el Artículo 2 (d) de la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como “Ley de Alianzas Público Privadas”, para establecer que cualquier Entidad Gubernamental que suscriba un Contrato de Alianza Público Privadas tendrá que aportar capital o bienes corporales; Para enmendar el Artículo 6 (b) (ii) (F) de la Ley 29-2009, para disponer que la Entidad Gubernamental Participante será quien tendrá la responsabilidad de administrar y supervisar el contrato de alianza; para añadir el inciso (G) en el Artículo 6 (b) (ii) para garantizar que no se utilicen fondos públicos para financiar el montaje o constitución de cualquier empresa privada que se pretenda establecer bajo esta ley; y, Para enmendar el Artículo 10 (d) para disponer que la Entidad Gubernamental Participante, con la asistencia de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), quien fiscalizará y supervisará el desempeño y el cumplimiento del contratante bajo el Contrato de Alianza; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 17 de la Ley Núm. 173 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico”, con el fin de eliminar el requisito a los arquitectos en entrenamiento de presentar evidencia de haber tomado dos (2) exámenes de reválida para la renovación de su certificado; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 5.6 y renumerar el actual Artículo 5.6 como el Artículo 5.7 de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, con el fin de crear el “Fondo Especial de Compensación para la Adquisición de Equipos y Materiales para el Negociado de la Policía de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley para garantizar la negociación colectiva”; a los fines de garantizar el funcionamiento del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2, a los fines de añadir un nuevo inciso (d), renumerar los actuales incisos (d) y (e), como (e) y (f), añadir un nuevo inciso (g), renumerar los subsiguientes y añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 11 de la Ley 9 - 2013, según enmendada, conocida como “Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2013”, a fin de que los empleados, según definidos por esta Ley, que estaban sujeto al descuento obligatorio y que como parte de una alianza público privada, alianza o alianza público privada participativa, sean transferidos o contratados por la entidad privada participativa, puedan mantenerse o ingresar voluntariamente a la Asociación, notificando por escrito tal acción a la entidad contratante; y para otros fines relacionados.

Para añadir el inciso 14 al Artículo 4-103. de la Ley 447-1951, conocida como Ley del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de facultar al Administrador del Sistema de Retiro, a notificar trimestralmente a los beneficiarios, mediante el envío por correo postal de talonarios impresos, el monto de los beneficios o pensiones recibidas en cada trimestre del año natural; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley de Justicia al Retirado 2000 del Sistema de Retiro del Gobierno Puerto Rico”; enmendar el Artículo 3-102, de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, conocida como la “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de eliminar la irrevocabilidad de la transferencia al programa de cuentas del ahorro, y disponer sobre la notificación de esta al Administrador del Sistema de Retiro; enmendar el subinciso (5) del inciso (a), y el subinciso (5) del inciso (b) del Artículo 5 de la Ley 80-2020, según enmendada, conocida como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y su reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha ley, al Municipio Autónomo de Cayey, de los terrenos e instalaciones que albergan la antigua Escuela Luis Muñoz Rivera ubicada en el Barrio Matón en Cayey; para fines comunitarios, educativos o cualquier otro fin público que determine el Municipio de Cayey; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia por el precio nominal de un dólar ($1.00) al Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, por parte de la Autoridad de Tierras, los terrenos donde enclavan las viviendas de los residentes de la denominada “Comunidad Las Acerolas”, en el Barrio Mucarabones del Municipio de Toa Alta, y una vez adquirida la titularidad, segregarlos y cederlos; otorgándole títulos de propiedad a los vecinos de la antes mencionada comunidad; y para otros fines relacionados.

Para establecer la “Ley de Igualdad y Justicia Laboral para el Cuerpo de Oficiales de Custodia de Puerto Rico”, a los fines de reconocerles a los miembros de dicho Cuerpo los mismos beneficios laborales y equiparar el reconocimiento de su gesta con el resto de los agentes del orden público del Gobierno de Puerto Rico; para definir el concepto de Agente del Orden Público; y para otros fines relacionados.

Para designar con el nombre del exgobernador Rafael Hernández Colón, el edificio del Antiguo Casino de Ponce, eximir tal designación de las disposiciones de la Ley Núm. 99 del 22 de junio de 1961, según enmendada, conocida como la “Ley de la Comisión Denominadora de Estructuras y Vías Públicas”; autorizar la instalación de rótulos; autorizar el pareo de fondos; y para otros fines relacionados.

Para declarar la última semana del mes de abril de cada año como la “Semana Conmemorativa Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico”, así como ordenar al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico desarrollar y coordinar junto a entidades tales como el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la Comisión de Derechos Civiles y las universidades del País, entre otras, aquellas actividades necesarias a los fines de difundir el significado e importancia que representa este logro trascendental, cónsono a los valores y principios que atesoramos como pueblo democrático.

Para ordenar al Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Seguridad Pública, disolver permanentemente la División de Operaciones Tácticas y reasignar su personal a otras operaciones del cuerpo policiaco que resulten congruentes con la preparación, adiestramiento, mérito, capacidad y aptitud de sus agentes, así como las necesidades de la agencia; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso Ñ del Artículo 5, añadir un nuevo Artículo 6 y reenumerar el actual Artículo 6 como 7, a la Ley 237- 2004, según enmendada, conocida como la “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” , para prohibir el beneficio económico de la contratación gubernamental a favor de personas que hayan declarado bajo juramento que han cometido delitos contra la integridad pública o delitos sujetos al Registro creado mediante el Artículo 6.2 de la Ley 2-2018, según enmendada, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico” independientemente de su fueron procesados por las conductas delictivas, para ampliar las consecuencias por violar las disposiciones de dicha ley y para otros fines relacionados.

Para crear la “Ley de Estándares de Seguridad de Gomas y Neumáticos”, a los fines de reglamentar la venta y utilización de neumáticos en Puerto Rico; establecer unos estándares mínimos de calidad que deberán tener los neumáticos puestos a la venta; imponerle al Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas la responsabilidad de promulgar aquella reglamentación que se entienda necesaria para asegurar su efectiva consecución; enmendar el Artículo 19 de la Ley 41-2009, según enmendada, conocida como la “Ley para el Manejo Adecuado de Neumáticos Desechados de Puerto Rico”, con el propósito de atemperarla a esta; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2.3, 5.1, 6.1, 7.2, 7.3, 7.9, 9.10 y 10.14 de la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” y añadir un nuevo Artículo 7.2(A) y un nuevo Artículo 9.5(A) a la Ley 58-2020, según enmendada, conocida como “Código Electoral de Puerto Rico de 2020” a los fines de permitir las candidaturas coaligadas entre dos o más partidos políticos o entre un candidato o candidata independiente y uno o varios partidos políticos.

Para añadir un inciso (f) al Artículo 2; enmendar el inciso (g) y agregar un inciso (h) al Artículo 4; enmendar el Artículo 5; añadir un Artículo 5-A; eliminar el actual inciso (c) del Artículo 6 y sustituirlo por un nuevo inciso (c); añadir los Artículos 6-B y 6- C; enmendar el Artículo 7-A; y enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 58 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Profesión de Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico”, a fin de incluir la definición de “evaluación vocacional”; ampliar los deberes de la Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación; establecer las normas para mantener un registro al día de profesionales especialistas de la evaluación vocacional autorizados a ejercer legalmente esta especialidad, así como sus respectivos Códigos de Ética; autorizar que aspirantes a ejercer la Consejería en Rehabilitación puedan tomar el examen de reválida una vez hayan cumplido con todos los requisitos académicos y administrativos, excepto el internado; disponer los requisitos para otorgar las licencias y certificaciones profesionales; establecer el Registro de Profesionales en Evaluación Vocacional y sus requisitos; reorganizar la forma y cumplimiento de los estudios continuos de los consejeros en rehabilitación; y disponer los requisitos de horas de educación continua a ser evaluados por la Junta para la consideración del título, su continuidad, denegación o suspensión.