Para enmendar la sección 2.10 de la Ley 30-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico" a los fines de que la página web del Departamento de Estado provea para que las personas no videntes puedan tener acceso, de manera sencilla, a las leyes y resoluciones aprobadas en formato de audio.

Para enmendar el Artículo 20 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011”, con el propósito de establecer, taxativamente, que los vehículos de motor, embarcaciones, aviones y otros medios de transportación que se le transfieran al Negociado de la Policía de Puerto Rico y al Departamento de Justicia, será a título gratuito; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 5 de la Ley 60-2014, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Vehículos Oficiales del Gobierno de Puerto Rico”, con el propósito de disponer que el personal operacional del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública, debidamente designado por su Comisionado, estará exceptuado de cumplir con la prohibición contemplada en esta Ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 5 a la Ley 39-2020 conocida como “Ley para Prohibir la Interrupción de los Servicios de Electricidad y Agua Potable Durante la Vigencia de la OE-2020-023 por la Pandemia del Coronavirus (COVID-19)”, a los fines de establecer el beneficio de plan de pagos a todos los abonados beneficiarios de dicha Ley, y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso 4 del Artículo 2, enmendar el Artículo 5, derogar el Artículo 3 y renumerar los actuales Artículos 4, 5 y 6 de la Ley Núm. 178-2001, según enmendada, mejor conocida como “Ley para Prohibir a los Secretarios del Depto. de Educación, Depto de Justicia, Depto de Hacienda y al Superintendente de la Policía Participar en Actividades Político-Partidistas” a los fines de convertir las prohibiciones de dicho estatuto en un delito grave sujeto a pena de reclusión, y eliminar la excepción que permite al Gobernador de Puerto Rico autorizar a los funcionarios a participar en actividades políticas; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Salud y de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que investiguen la viabilidad médica del uso de la ivermectina, en conjunto con medidas que fortalezcan el sistema inmunológico, para enfrentar el SARS-CoV-2, coronavirus responsable del COVID-19; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 9 de la Ley 141-2019, conocida como “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”, para que el Recurso Especial de Acceso a Información Pública sea presentado en la sala del Tribunal de Primera Instancia de la Región Judicial donde ubica la residencia del demandante.

Para enmendar el inciso (o) del artículo 4 y agregar el inciso (o) del artículo 34 de la Ley Núm. 73 de 23 de julio de 2019, mejor conocida como la “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, con el fin de agregar al Zoológico de Puerto Rico Dr. Juan A. Rivero, dentro del concepto de “Entidad Exenta”.

Para establecer la “Ley de Privacidad de Información Electrónica” con el fin de proteger el derecho a la intimidad de las personas sobre información almacenada en un dispositivo electrónico o transmitida a un proveedor remoto de servicios de computadora.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y el reglamento, la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, la titularidad de la Escuela Amina Tió de Malaret ubicada en el Municipio de San Germán al Hogar Albergue de Niños de San Germán, Inc. (Portal de Amor); y para otros fines relacionados.

Para declarar como política pública del Gobierno de Puerto Rico la prohibición del discrimen por tener tatuajes, perforaciones corporales (“piercings”) o cabello teñido en el empleo público y privado; establecer la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2.042 y 2.048 y el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública y ordenar los patronos del sector privado incorporar reglamentación a tal fin.

Para enmendar los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 151-2004, según enmendada, conocida como “Ley de Gobierno Electrónico”, a los fines de disponer para la publicación de los planes estratégicos de actividades, los planes de ejecución anual y los informes de resultados que todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico, vienen obligadas a rendir, en virtud de la Ley 236-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales”; enmendar los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la antes mencionada Ley 236-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Rendición de Cuentas y Ejecución de Programas Gubernamentales”, con el propósito de atemperar ambas leyes y hacerle correcciones técnicas; enmendar el Artículo 6 de la Ley 75-2019, conocida como “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los efectos de que la PRITS preste asistencia técnica a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, para que estas puedan publicar los aludidos planes e informes, en sus respectivos portales de Internet; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 11, y reenumerar los actuales artículos del 11 al 21, como los artículos del 12 al 22, respectivamente, en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, a los fines de instituir como la política pública del Gobierno de Puerto Rico, ofrecer un servicio de calidad, ágil y eficiente a todos nuestros ciudadanos, mediante la inclusión de disposiciones específicas dirigidas a lograr la consecución de este objetivo; derogar la Ley 15-2001, según enmendada, la Ley 16-2001, la Ley 33-2008, según enmendada, y la Ley 204-2010; y para otros fines relacionados.

Para crear el Negociado de Investigaciones Especiales, adscrito al Departamento de Justicia; separar el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Seguridad Pública; definir sus, facultades, funciones y deberes; asignar los recursos necesarios para su constitución y operación; establecer penalidades; enmendar los artículos 1.06, 1.16 y 2.04; suprimir el Capítulo 8, reenumerar el actual Capítulo 9 como nuevo Capítulo 8;reenumerar los artículos del 9.01 al 9.07, como los artículos 8.01 al 8.07, respectivamente, en la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de atemperar dicha Ley con las del Negociado aquí creado; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 2.020 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar el Artículo 8 de la Ley Núm. 188 de 11 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como “Ley de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico”; para establecer como política pública que los municipios puedan identificar en sus respectivas jurisdicciones aquellas propiedades pertenecientes a la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO) que se encuentren en desuso, para que le sean cedidos en usufructo mediante un proceso expedito; y enmendar los Artículos 5.01, inciso C, y 5.06, inciso (d), de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, para excluir de la aplicación de esa ley las cesiones en usufructo entre agencias y municipios; y para otros fines.

Para crear la “Ley para Reglamentar la práctica en Terapéutica Atlética y regular la profesión de los Terapeutas Atléticos”, crear la Junta Examinadora de Terapéutica Atlética; definir sus funciones, deberes y facultades; establecer todo lo relacionado a la expedición de licencias; establecer penalidades; y para otros fines.

Para establecer la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos”, con el propósito de proveer protección y asistencia a víctimas y testigos de delitos, así como a sus familiares, cuando sea necesario para asegurar su participación en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito; para autorizar al Secretario de Justicia de Puerto Rico a tomar las medidas y acciones necesarias para proveer la protección y asistencia a las víctimas, y familiares; establecer el “Programa del Albergue de Asistencia y Protección testigos a Víctimas y Testigos” como dos (2) unidades separadas, una que será el “Hogar para Víctimas de Delito” adscrito a la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito, y otra que será el "Centro de Protección a Testigos Cooperadores" adscrito a la Oficina del Jefe de Fiscales; para autorizar al Secretario de Justicia de Puerto Rico a coordinar esfuerzos y recabar los fondos federales destinados a los propósitos consignados en la ley con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y con las agencias federales pertinentes; para derogar la Ley Núm. 77 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como “Ley para la Prevención de Víctimas y Testigos”; ordenar al Secretario de Justicia que apruebe reglamentación para implementar la ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 4, inciso (a) de la Ley Núm. 205-2004, “Ley Orgánica del Departamento de Justicia", según enmendada a los fines de aclarar las circunstancias que debe ponderar el Secretario de Justicia al momento de evaluar las solicitudes de representación legal presentadas por la Rama Legislativa o Rama Judicial y/o cualquiera de sus funcionarios, demandados en su capacidad oficial, cuando soliciten la representación legal del Secretario de Justicia y se suscriba un acuerdo de colaboración a esos efectos.

Para adoptar la "Ley Plan de País para el Siglo XXI", presentar para la aprobación del pueblo de Puerto Rico la formación de un Comité Amplio de Puertorriqueños para un Mejor Puerto Rico, compuesto por el mejor talento de nuestra sociedad; establecer el alcance del Plan de País para el Siglo XX que será adoptado por el Comité; designar al Secretario de Estado como el funcionario a cargo de la dirección de los trabajos.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, la devolución y el traspaso a la Asociación de Residentes de Villa Victoria de Caguas, el terreno que la Cooperativa Villa Victoria cedió voluntariamente al Departamento de Educación, ya que dichos terrenos no han sido utilizados por el Departamento de Educación; y para otros fines relacionados.

Manuel A. Torres Nieves como Contralor de Puerto Rico.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por virtud de la Ley Número 26 del 29 de abril de 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, a evaluar conforme a las disposiciones de la ley y el reglamento aplicable, la transferencia por medio de un usufructo a perpetuidad al Municipio Autónomo Mayagüez del Aeropuerto Regional Eugenio María de Hostos de Mayagüez, incluyendo todas sus instalaciones y edificaciones, las cuales pertenecen a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, sujeto al cumplimiento de las condiciones impuestas por el Gobierno Federal al Gobierno de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 1, derogar los Artículos 2, 3, 4, 5 y 8, y enmendar y reenumerar los Artículos 6 como 2, 7 como 3, 9 como 4 y 10 como 5, de la Ley 235-2014, conocida como “Ley Para Crear la Junta Revisora de Propiedad Inmueble del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el propósito de disolver la Junta Revisora de Propiedad Inmueble y asignar sus funciones a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles creado en la Ley 26-2017, conocida como la “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”; enmendar el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017, supra; y para otros fines relacionados

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Rosendo Matienzo Cintrón, que ubica en la Carretera 363, km. 2.0 del Barrio Santana-Máquina de dicho municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agrícola a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para enmendar los artículos 2 y 24 de la Ley Núm. 134 de 30 junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”, a los fines de incluir dentro del ámbito jurisdiccional del Ombudsman a los municipios; para expresamente autorizar a la mencionada dependencia gubernamental a utilizar los recursos disponibles dentro de los municipios, tales como, el uso de información, oficinas, personal, técnicos, equipo, material y otras facilidades, siempre que estos tengan como propósito lograr la adecuada implantación de su Ley Orgánica; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) y se añade un nuevo inciso (u) al Artículo 7, los incisos (f) y (g) y se deroga el (h) al Artículo 8 y el Artículo 9 de la Ley 147 – 2002, según enmendada, conocida como “Ley para Reglamentar la Práctica de los Consejeros Profesionales en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de otorgarle a la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales la facultad para desarrollar y ofrecer un examen de reválida y mantener el examen “National Certified Counselor” administrado por National Board of Certified Counselors, como opción para cumplir con los requisitos de licenciamiento de Consejero Profesional en Puerto Rico y establecer medidas transitorias; la Junta otorgará un examen de reválida producido en Puerto Rico y atemperado a nuestra población, que reconozca los conocimientos en áreas fundamentales de la Consejería Profesional; y para otros fines.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Franklin Delano Roosevelt, sita en la Carretera PR-367, Intersección con Carretera 368, del Barrio La Torre de dicho municipio, a los fines de establecer un proyecto cooperativo/comunitario, así como un proyecto para la Niñez a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela Francisco Vázquez Pueyo, que ubica en la Comunidad Susua, Calle Ceiba Solar Núm. 9 de dicho municipio, a los fines de establecer un Proyecto Educativo, Deportivo y Agrícola a favor de la ciudadanía; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado por la Ley 26-2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de la Ley y el reglamento, la transferencia, arrendamiento, usufructo o cualquier otro negocio jurídico contemplado en dicha Ley, al Gobierno Municipal de Sabana Grande, las instalaciones de la Escuela José Antonio Castillo, que ubica en la calle Dr. Félix Tió, entrada del Residencial José Antonio Castillo en la zona urbana de dicho municipio; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las Comisiones de Asuntos Laborales y Transformación del Sistema de Pensiones para un Retiro Digno; y de Gobierno, de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación minuciosa sobre el funcionamiento y desempeño de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP) como foro adjudicativo especializado en casos de relaciones obrero-patronales y de administración de recursos humanos del servicio público; evaluar su cumplimiento con los deberes y responsabilidades establecidas en el Plan de Reorganización Núm. 2 aprobado el 26 de julio de 2010; investigar la razón para el retraso en la resolución de los casos ante su consideración, así como cualquier otro asunto que sea pertinente y necesario como parte de la investigación encomendada a los fines de garantizar que se protejan los derechos de los empleados públicos.

Para establecer como política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el derecho de los ciudadanos a obtener igual oportunidad de empleo en las agencias e instrumentalidades del gobierno y prohibir a cualquier funcionario negar solicitudes de empleo a aquellas personas interesadas en obtener las mismas.

Para ordenar a la Junta de Directores de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), así como al Presidente de la corporación, realizar una campaña educativa sobre la perspectiva de género.

Para enmendar el octavo párrafo de la Sección 3 de la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada conocida como “Ley de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico”. Para aclara las disposiciones y prohibiciones de los miembros de la junta representado la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes; y para otros fines relacionados.

Para implementar el Plan para Cuantificar el Trabajo No Remunerado en Puerto Rico; crear el Comité Especial para Cuantificar el Uso de Tiempo en Puerto Rico; ordenar que dicho Comité lleve a cabo una Encuesta de Uso de Tiempo; establecer las funciones, propósito y composición del Comité; ordenar al comité a cuantificar la magnitud del trabajo no remunerado, analizar la disparidad entre géneros sobre la participación en el trabajo no remunerado, estudiar variables demográficas y sociales que inciden en la disparidad de la participación en trabajo no remunerado, cuantificar el valor del trabajo no remunerado dentro del Producto Interno Bruto; y para otros fines.

Para crear la “Ley para Garantizar el Análisis con Perspectiva Género en toda gestión de las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico a través de las entidades que las componen”, con el fin de evitar cualquier acción discriminatoria o desventajosa contra las mujeres o las comunidades LGBTTIQ+ por parte del Estado; la invisibilización o discrimen contra las mujeres o las comunidades LGBTTIQ+ por parte del Estado; y acciones del Estado que perpetúen o fomenten la subordinación y dependencia en los roles de género.

Para enmendar el Artículo 2 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer requisitos adicionales para ocupar el cargo de Contralor o Contralora de Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada; adicionar un nuevo inciso (C) y renumerar los actuales incisos (C), (D) y (E) como los incisos (D), (E) y ( F ) al Artículo 8 de la Ley 197-2002, conocida como “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”, a los fines de establecer la participación de la Oficina del Contralor(a) de Puerto Rico en los procesos de transición de administración gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en virtud del Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico en contra del discrimen por tener tatuajes, “piercings” o cabello teñido de colores no tradicionales o naturales en el empleo público y privado; establecer la prohibición específica de discrimen en el empleo contra esta población; enmendar el inciso (aa) del Artículo 3 de la Ley Núm. 45 de 25 de febrero de 1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”; enmendar el inciso (35) del Artículo 3 y la Sección 6.3 del Artículo 6 de la Ley Núm. 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 2.042 y 2.048 y el inciso 202 del Artículo 8.001 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; enmendar los Artículos 1, 1-A, 2 y 2A de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada; ordenar a todas las agencias, instrumentalidades, departamentos, corporaciones públicas, municipios de la Rama Ejecutiva, la Rama Legislativa y la Rama Judicial a atemperar sus reglamentos de personal para exponer claramente esta Política Pública y ordenar los patronos del sector privado incorporar reglamentación a tal fin.

Para crear una licencia especial para personas empleadas en el gobierno afectadas por el COVID-19, con el fin de asegurar que la clase trabajadora pueda realizar una cuarentena adecuada en caso de contraer el COVID-19 o padecer sus síntomas, así como cuidar de su progenie durante un periodo razonable en caso de que su escuela o centro de cuido esté cerrada en virtud de la pandemia.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico una investigación exhaustiva sobre las gestiones afirmativas por parte del Gobierno para el funcionamiento de los sistemas de acueductos de propiedad comunitaria y el efecto de estos sistemas en la planificación de los servicios esenciales a ser brindados por el Gobierno; y para otros fines relacionados.