Esta ley crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) como una corporación pública e instrumentalidad del gobierno. La AAFAF tiene como propósito actuar como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo de todos los entes del Gobierno de Puerto Rico para asistir en la crisis fiscal y económica. Se le otorgan facultades para fiscalizar el cumplimiento del presupuesto y plan fiscal aprobados bajo PROMESA, revisar contratos y transacciones, y ser la única entidad autorizada a renegociar y reestructurar la deuda pública. La ley también establece la composición y facultades de la Junta de Directores y del Director Ejecutivo de la Autoridad, y deroga leyes previas relacionadas con la moratoria y la junta de supervisión fiscal local.
Para crear la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF); a los fines de disponer las facultades de la Autoridad para fiscalizar el cumplimiento del presupuesto certificado y plan fiscal aprobado a tenor con el Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016; delegar en la Autoridad la facultad de revisar asuntos tales como, pero sin limitarse a, contratos, transacciones y reglamentos de las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico; disponer que será la Autoridad la única autorizada a renegociar, restructurar y/o llegar a un acuerdo con acreedores sobre toda o parte de la deuda pública o cualquier otra deuda emitida de cualquier ente del Gobierno, incluyendo pero sin limitarse a agencias, juntas, comisiones, instrumentalidades, corporaciones públicas o subdivisión política aplicable; disponer que el Director Ejecutivo de la Autoridad será el sucesor legal del Presidente del Banco Gubernamental de Fomento en toda Junta, Comité, Comisión o Consejo; derogar el Capítulo 6 de la Ley 21-2016, según enmendada; derogar la Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico, Ley 208-2015; y para otros fines relacionados.
Al presente, Puerto Rico atraviesa una crisis fiscal y social monumental. Dicha crisis fue causada, en parte, por la ausencia de límites constitucionales apropiados para evitar los déficits del Gobierno Central, los problemas de liquidez provocados por el aumento de los niveles de deuda, el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y la pérdida de confianza de los inversionistas en las políticas y acciones del Gobierno. En otras palabras, faltaron controles sobre el gasto, medidas de desarrollo sustentable y sistemas de información gerencial que promuevan claridad y transparencia en la gestión gubernamental.
La política pública de la pasada administración se centró en la renegociación de la deuda con énfasis en diferimiento de los pagos, lo que hubiese aumentado la carga de la deuda futura. Sin embargo, el tema de la reestructuración de la deuda fue una distracción de la necesidad urgente de reducir los gastos gubernamentales, los cuales superaron los ingresos por $6,000,000,000 en el año fiscal de 2013. El servicio de la deuda del Gobierno de Puerto Rico de alrededor de $3,000,000,000 es un poco más del $10 %$ del gasto gubernamental total y la eliminación de la deuda por completo sólo reduciría el déficit operacional en un $50 %$.
Por otro lado, se implementaron medidas bajo la filosofía de "primero impuestos y después recortes"; por ejemplo, el aumento de Impuesto Sobre Ventas y Uso (el "IVU") de un 7% a un $11.5 %$ y la aprobación de aumentos al arbitrio sobre el crudo. Esta filosofía propició la continuación del gasto desmedido y el rechazo a políticas públicas que hubiesen permitido manejar eficientemente los asuntos fiscales del Gobierno de Puerto Rico. Esto, sin haberse concretado las acciones necesarias para lograr una mayor eficiencia operacional en el Gobierno, ni recortes al excesivo gasto gubernamental.
Sin que se entienda como una lista taxativa, la Administración García Padilla insistió en las siguientes acciones las cuales empeoraron el panorama económico, a saber:
Además, mientras se precipitaban los valores y la debacle económica, el Gobierno Central fue incapaz de generar la información financiera necesaria para comprender la profundidad del problema ante el Congreso, y ante otras entidades con interés en el asunto.
Al margen de todo, estaba el Banco Gubernamental de Fomento (el 'Banco'), entidad que debió fungir como asesor principal financiero del Gobierno y que no logró su cometido. El Banco no pudo ni puede cumplir con su deber ministerial asignado en ley. Con todo lo acontecido quedó demostrado que los deberes asignados por la ley habilitadora del Banco no están en sintonía con las nuevas tendencias y con el dinamismo que requiere la economía global.
Como resultado de todo lo antes expuesto, se materializaron varias degradaciones de las clasificaciones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico. Las casas acreditadoras Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings degradaron la deuda pública del Gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas a nivel chatarra. El letargo financiero en el que se mantiene a Puerto Rico no tiene justificación, particularmente en tiempos donde las tasas de interés se encontraban a niveles tan bajos que algunas jurisdicciones han emitido deuda inclusive a tasas de interés negativas.
Es hora de implementar una administración y política pública que deje de improvisar y administrar las finanzas de año en año y empezar a abordar el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafios en lugar de simplemente carenar de una crisis a la siguiente. Los líderes y funcionarios de los componentes gubernamentales de Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, reducir el nivel de intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y proporcionar un ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe y el respeto al Estado de Derecho, para que los inversionistas y empresarios locales y externos lideren el camino hacia la recuperación económica.
La Ley 21-2016 creó la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico (la 'Ley de Moratoria'). La Ley de Moratoria creó, entre otras cosas, la Autoridad como principal ente financiero y operacional, para que proveyera dirección y responsabilidad a la política fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Esta Asamblea Legislativa, entiende que es necesario derogar el Capítulo 6 de la Ley de Moratoria para crear mediante una ley orgánica separada una nueva Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), dotándola de poderes y facultades adicionales para poder trabajar adecuadamente con la crisis presupuestaria y fiscal de Puerto Rico. Esto en el marco de la presente crisis económica, la aprobación de la ley federal Pub. L. 114-187 de 30 de junio de 2016, denominada Puerto Rico Oversight, Management, and
Economic Stability Act, conocida como PROMESA (por sus siglas en inglés) y la carta del 20 de diciembre de 2016 de la Junta de Supervisión Fiscal creada al amparo de dicha Ley, dirigida al entonces gobernador Alejandro García Padilla y al Gobernador Electo, hoy gobernador, Dr. Ricardo Rosselló Nevares.
Esta Asamblea Legislativa adopta esta nueva ley orgánica que mejora y amplía las facultades de la Autoridad, que redundará en contar con una entidad que ayude al Gobierno a utilizar de manera eficiente los recursos disponibles, despertando así nuevamente el interés y la confianza en los mercados de capital.
Como un paso importante hacia el restablecimiento de la confianza de los inversionistas en Puerto Rico, la Administración del Honorable Ricardo Rosselló Nevares comenzará por seguir el Estado de Derecho, incluyendo la Constitución de los Estados Unidos, los estatutos federales, la Constitución de Puerto Rico y los contratos entre el Gobierno de Puerto Rico y sus acreedores.
Según datos provistos por el Departamento del Tesoro federal, Puerto Rico sufre una contracción económica cumulativa de $14.6 %$ en el Producto Estatal Bruto (PEB real) con una predicción de una contracción adicional de $3 %$ para los próximos dos años. Por años, el Gobierno ha operado con un déficit estructural el cual ha sido financiado con emisiones de bonos y préstamos al Banco Gubernamental de Fomento. Hace más de un año que el Gobierno carece de liquidez y se han estado utilizando los reintegros, pagos de los contratistas, el dinero de los pensionados y préstamos intra-gubernamentales para sustituir las fuentes de liquidez.
El acceso a la información financiera del Gobierno, así como la preparación de predicciones adecuadas, se han visto afectadas por una estructura gubernamental fraccionada y sistemas gubernamentales obsoletos. Los recaudos son consistentemente sobreestimados y continúan disminuyendo a pesar de la imposición de múltiples nuevos impuestos. El Banco Gubernamental de Fomento incumplió sus obligaciones con los bonistas desde el 1 de mayo de 2016 y ya no cumple su rol de proveer liquidez. La cartera de obligaciones de Puerto Rico asciende a $66,000 millones e incluye 18 emisores distintos los cuales están en precario estado financiero. El servicio de la deuda asciende a un promedio de $3,500 millones y consume más de una cuarta parte de las fuentes de ingresos. Los sistemas de retiro están prácticamente insolventes con una deuda de $50,000 millones. La anterior se agrava por la reducción poblacional ocasionada por la ola migratoria que comenzó en el 2006 y que se convierte en uno de los retos para encaminarnos hacia la recuperación.
Ante este tétrico cuadro, es hora de dejar atrás la filosofía del "me vale", enrollarnos las mangas y trabajar arduamente por el bienestar de Puerto Rico. Nos corresponde construir un nuevo Puerto Rico e implementar una administración y política pública que deje de improvisar y administrar las finanzas de año en año y empezar a abordar el desequilibrio a largo plazo entre el gasto y los ingresos. Nuestro compromiso en el Plan para Puerto Rico es atender de manera responsable estas situaciones y devolverle la credibilidad a nuestra Isla. Tenemos que mirar hacia el futuro y anticipar estos desafios en lugar de simplemente sobrevivir de una crisis a la siguiente. Los líderes y funcionarios de los componentes gubernamentales de Puerto Rico deben concentrarse en equilibrar los gastos y los ingresos, reducir el nivel de intervención gubernamental en la economía de Puerto Rico y proporcionar un ambiente de negocios competitivo, donde impere la buena fe, para que los inversionistas y empresarios locales y externos lideren el camino hacia la recuperación económica.
Las políticas del pasado llevaron al Congreso de los Estados Unidos a promulgar PROMESA, delegando en una Junta de Supervisión Fiscal la facultad de trabajar con el Gobierno de Puerto Rico para juntos solventar la presente crisis. Nuestro compromiso es trabajar mano a mano con la Junta de Supervisión Fiscal para echar a Puerto Rico hacia adelante. A esos efectos, el 20 de diciembre la
Junta de Supervisión Fiscal ha solicitado como prioridades de Puerto Rico el incluir un plan y compromiso para implementar cambios significativos dirigidos a:
Para ello, es preciso hacer cambios sin precedentes que hagan un gobierno más eficiente y fiscalmente responsable. Precisamente, el Plan para Puerto Rico que el Pueblo avaló el 8 de noviembre de 2016 recoge medidas para lograr responsabilidad fiscal y desarrollar la economía de la Isla.
Esta Ley se conocerá como: "Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico".
Se declara como política pública del Gobierno de Puerto Rico que sea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la corporación pública e instrumentalidad líder y responsable de coordinar el uso sostenible de recursos y de presentar una visión coordinada y global de las necesidades de capital de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. Es la política pública del Gobierno tomar las medidas para que Puerto Rico supere la crisis actual y que pueda brindar los servicios esenciales a los residentes de la Isla, para cuyo curso se requiere, en parte, actuar: (I) recuperando la confianza de los inversores para tener el acceso a los mercados de capital; (II) abordando el desequilibrio presupuestario entre ingresos y gastos; (III) negociando los términos de repago de la deuda; y (IV) desacelerando el crecimiento de la deuda futura y reduciendo la deuda actual.
a) "Autoridad" o "AAFAF"-significa la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, creada en esta Ley. b) "Acuerdo con Acreedores" -significa un acuerdo entre una entidad gubernamental y acreedores de dicha entidad gubernamental, incluyendo un acuerdo consensual de reestructuración de su deuda, según sea enmendado, suplementado o reinstalado de tiempo en tiempo, independientemente de que el mismo esté titulado o no. c) "Banco" -significa Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. d) "Gobierno de Puerto Rico" -significa todos los entes que componen el Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, sin limitación, sus corporaciones públicas, instrumentalidades, comisiones, juntas, y subdivisiones políticas. Dicho concepto se interpretará de la forma más amplia para incluir, pero sin limitarse, a cualquier entidad que reciba recursos del fondo general y que emita deuda pública.
c) "Junta" o "Junta de Directores" -significa la Junta de la Autoridad. f) "Ley" -significa esta Ley de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal del Gobierno de Puerto Rico. g) "Ley 21"- significa la Ley 21-2016, según enmendada, conocida como "Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico". h) "Persona" -significa cualquier persona natural o jurídica, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier agencia gubernamental, departamento, instrumentalidad, corporación pública, municipio, junta, oficina, comisión o dependencia o cualquier persona pública o privada, empresa, asociación, sociedad, compañía, sociedad de responsabilidad limitada, asociación, o corporación, organizada y existente bajo las leyes de Puerto Rico, los Estados Unidos de América o cualquiera de sus estados, o de cualquier país extranjero, o cualquier combinación de los anteriores. i) "PROMESA": -significa la Ley Pública 114-187 de 30 de junio de 2016, denominada Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act.
Por la presente se crea la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), como corporación pública e instrumentalidad del Gobierno, con existencia legal, fiscal y autonomía administrativa separada e independiente del Gobierno de Puerto Rico. La Autoridad existirá en perpetuidad, a menos que se termine mediante legislación.
La Autoridad será la sucesora, para todos los fines y propósitos, de la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal de Puerto Rico, creada por virtud del Capítulo VI de la Ley 21.
(a) La Autoridad es creada con el propósito de que actúe como agente fiscal, asesor financiero y agente informativo de todos los entes del Gobierno de Puerto Rico y para asistir tales entidades en confrontar la grave crisis fiscal y emergencia económica por la que atraviesa Puerto Rico. La Autoridad será el ente gubernamental encargado de la colaboración, comunicación y cooperación entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal, creada a tenor con PROMESA.
(b) A tales fines, la Autoridad estará facultada para colaborar junto con el Gobernador de Puerto Rico y sus representantes en la creación, ejecución, supervisión y fiscalización de cualquier Plan Fiscal (Fiscal Plan) y de cualquier Presupuesto (Budget), según dichos términos se definen en PROMESA. Asimismo, la Autoridad será el ente gubernamental encargado de la supervisión, ejecución y administración del Plan Fiscal aprobado y certificado a tenor con PROMESA y velará por que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con el Plan Fiscal, según este sea debidamente aprobado. En ese sentido, la Autoridad desarrollará un programa abarcador de auditoría operacional, gerencial y/o administrativa dirigido a supervisar el cumplimiento de todo ente del Gobierno de Puerto Rico con el Plan Fiscal aprobado en conformidad con PROMESA.
(c) La Autoridad tendrá todas las funciones de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo que se le asignaban al Banco bajo la Ley Núm. 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada. La Autoridad supervisará todos los asuntos relacionados con la reestructuración, renegociación o ajuste de cualquier obligación existente o futura, y los planes de contingencia para cualquier obligación existente o futura del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, la Autoridad se convertirá en parte de, cualquier y todos los contratos entre el Banco y cualquier asesor, incluyendo
los asesores legales y financieros, aunque los salarios y los honorarios hayan sido incurridos antes de la fecha en que la Autoridad se convierta en parte, relacionados con la reestructuración o ajuste de las obligaciones del Gobierno de Puerto Rico en su capacidad de Asesor Financiero y Agente Fiscal. Cualquier referencia en alguna ley del Gobierno de Puerto Rico aprobada previo a la efectividad de esta Ley al
(i) Banco, en su carácter de agente fiscal, asesor financiero o agente informativo del Gobierno de Puerto Rico, o en relación con cualquier operación que no sea una operación bancaria, incluyendo las funciones asignadas al Banco bajo la Ley 29-2009, según enmendada y la Ley 64-1996, según enmendada, se entenderá que se refiere y aplica a la Autoridad, y (ii) Presidente del Banco, que se refiera a funciones, responsabilidades o poderes de éste relacionados a las funciones de agente fiscal, asesor financiero o agente informativo del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y municipios o a cualquier operación del Banco que no sea una operación bancaria, incluyendo las funciones asignadas al Banco bajo la Ley 292009, según enmendada, se entenderá que se refiere al Director Ejecutivo de la Autoridad; disponiéndose, que, si surgiere alguna duda sobre si alguna disposición en una ley se refiere al Banco, en su carácter de agente fiscal, asesor financiero y agente informativo del Gobierno de Puerto Rico o a cualquier operación del Banco que no sea una operación bancaria, se podrá consultar al Secretario de Justicia del Gobierno de Puerto Rico sobre dicho asunto y se podrá descansar en cualquier interpretación que haga éste para propósitos de la interpretación de este inciso. Todo reglamento adoptado por el Banco previo a esta Ley en el ejercicio de sus funciones como agente fiscal, asesor financiero o agente informativo continuará en vigor luego de la aprobación de esta Ley hasta que estos sean enmendados o modificados por la Autoridad y cualquier referencia en esos reglamentos al Banco relacionada a las funciones de Banco como agente fiscal, asesor financiero o agente informativo del Gobierno de Puerto Rico se entenderá que es una referencia a la Autoridad.
(d) Con el fin de lograr estos propósitos, se le confiere a la Autoridad, y ésta tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo dichos propósitos, incluyendo, sin limitación, los siguientes- i. adoptar, cambiar y usar un sello corporativo que será reconocido por los tribunales; ii. formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos para la administración de sus asuntos corporativos y aquellas normas, reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus funciones, poderes y deberes; iii. tener dominio completo sobre todas sus propiedades; iv. determinar el carácter y la necesidad de todos sus gastos, y el modo cómo los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagarse, sin tomar en consideración cualquier disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos y tal determinación será final y definitiva para con todos los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, pero deberá adoptar reglas para el uso y desembolso de sus fondos y estará sujeta a la intervención de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; v. demandar y ser demandada bajo su propio nombre, querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos administrativos y participar en procedimientos de arbitraje comercial; vi. negociar y otorgar, con cualquier persona, incluyendo cualquier agencia gubernamental, federal o estatal, todo tipo de contrato, incluyendo todos aquellos instrumentos y
acuerdos necesarios o convenientes para ejercer los poderes y funciones conferidos a la Autoridad por esta Ley; vii. adquirir cualquier propiedad mediante cualquier forma legal; viii. nombrar y destituir aquellos funcionarios, agentes, o empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación que la Autoridad determine; ix. aceptar donaciones de cualquier persona, y utilizar el producto de cualesquiera de dichas donaciones para cualquier fin corporativo; x. procurar seguros contra pérdidas en las cantidades y con los aseguradores que considere deseable, cuyo seguro podría incluir, sin que se entienda como una limitación, seguro contra responsabilidad civil de directores, oficiales, agentes y empleados; xi. asumir cualquier y todo contrato del Banco o su sucesor y cualquier responsabilidad relacionada a dichos contratos; xii. facultad de cobrar y recolectar cargos relacionados a su función como agente fiscal y asesor financiero; xiii. ejercer todos aquellos otros poderes corporativos no incompatibles con los aquí expresados que por las leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones privadas, y ejercer todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto Rico, en la misma extensión que lo haría o podría hacerlo una persona natural, disponiéndose, que la Autoridad no tendrá autoridad legal para emitir bonos, notas u otra evidencia de deuda propietaria; sin embargo, la Autoridad será el principal asesor financiero en futuras emisiones de deuda de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico; y xiv. realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes que se le confieren por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de los Estados Unidos.
(a) La Autoridad será dirigida por una Junta de Directores integrada por el Director Ejecutivo de la Autoridad, quien podrá ser su único miembro por un término máximo de cuarenta y cinco (45) días desde la aprobación de esta Ley. A partir de entonces, la Autoridad será dirigida por una Junta de Directores compuesta de cinco (5) miembros, incluyendo el Director Ejecutivo de la Autoridad nombrado por el Gobernador, un (1) representante del Senado de Puerto Rico y un (1) representante de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, quienes serán designados por los Presidentes de cada Cuerpo Legislativo. Los dos miembros restantes serán nombrados por el Gobernador. En caso de vacantes, se harán las designaciones correspondientes en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días. Los miembros de la Junta de Directores, salvo los representantes de la Asamblea Legislativa, que sean nombrados por el Gobernador a su discreción, servirán a voluntad de éste y podrán ser removidos o reemplazados por el mismo en cualquier momento, con o sin causa. Los miembros de la Junta designados por los Presidentes de los Cuerpos Legislativos solo podrán ser removidos por éstos.
(b) La Junta seleccionará entre sus miembros a un presidente y un vicepresidente, que sustituirá al presidente en su ausencia, así como a un secretario; disponiéndose, que, si la Junta está compuesta de un solo miembro, dicho miembro fungirá como presidente y secretario de la Junta.
(c) La Junta también podrá designar comités para atender cualquier asunto que la Junta pueda atender.
(d) Salvo que el reglamento de la Autoridad lo prohíba o lo restrinja, cualquier acción necesaria o permitida en cualquier reunión de la Junta o cualquier comité de la Junta, será autorizada sin que medie una reunión, siempre y cuando todos los miembros de la Junta o comité de la Junta, según sea el caso, den su consentimiento escrito a dicha acción. En tal caso, el documento escrito constará en las actas de la Junta o comité de la Junta, según sea el caso. Salvo que el reglamento de la Autoridad provea otra cosa, los miembros de la Junta o de cualquier comité de la Junta podrán participar en cualquier reunión de la Junta o de cualquier comité de ésta, respectivamente, mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La participación de cualquier miembro de la Junta o cualquier comité de ésta en la forma antes descrita constituirá asistencia a dicha reunión.
(e) Los miembros de la Junta no recibirán compensación por sus servicios como miembros de la Junta, pero tendrán derecho a que se les reembolsen los gastos de viaje necesariamente incurridos para el desempeño de sus funciones oficiales de acuerdo a los reglamentos aplicables del Departamento de Hacienda.
(f) La Junta tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y facultades- i. establecer la política general de la Autoridad para cumplir con los objetivos de esta Ley; ii. autorizar el plan de trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad; iii. adoptar y aprobar reglas y reglamentos que rijan su funcionamiento interno, así como aquéllos que sean necesarios para desempeñar las facultades y poderes que le han sido conferidas bajo esta Ley; iv. sujeto al Artículo siete (7) de esta Ley, establecer los deberes y poderes del Director Ejecutivo de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y establecer su compensación; v. requerir de cualquier funcionario o empleado de la Autoridad los informes y datos estadísticos que entienda necesarios; vi. para validar o seleccionar el asesor independiente que validará las proyecciones de ingresos del Gobierno de Puerto Rico para cualquier año fiscal antes de que dichas proyecciones sean sometidas a la Asamblea Legislativa como parte de presupuesto del Gobierno de Puerto Rico de acuerdo al Artículo 4(a) de la Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada; vii. emitir citaciones requiriendo la comparecencia y el testimonio de testigos y la producción de cualquier evidencia para recopilar información relacionada a un asunto que se encuentre bajo su jurisdicción. Si cualquier persona se rehusare a cumplir con un requerimiento hecho por la Autoridad, la Autoridad podrá solicitar una orden judicial ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, para requerir a esa persona a comparecer ante la Autoridad para testificar, producir evidencia, o ambos, con relación al asunto bajo su consideración, cuyos requerimientos deberán ser notificados de la misma manera en la que éstos se notificarían bajo las reglas de procedimiento civil aplicables;
viii. promulgar normas para proteger la confidencialidad de la información y los documentos que se le entreguen de acuerdo con las leyes y la jurisprudencia vigente sobre la materia en el Gobierno de Puerto Rico, cuyo acto de proveer información o documentos a solicitud de la Autoridad no se interpretará como una renuncia a una reclamación de confidencialidad, de cualquier persona natural o jurídica, con relación a la información o el documento entregado; ix. podrá adoptar reglamentos, cuando lo estime pertinente, para la consecución de las facultades y responsabilidades conferidas en la Ley considerando el propósito de la misma y su expresión de Política Pública. x. delegar en cualquier comité de la Junta o en el Director Ejecutivo cualesquiera de los poderes y facultades que tiene la Junta bajo esta Ley; y xi. tomar todas aquellas acciones que considere convenientes o necesarias para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad según las disposiciones de esta Ley.
(a) La Autoridad funcionará bajo la dirección de un Director Ejecutivo, quien será nombrado por el Gobernador, disponiéndose, que, si la Junta está compuesta por un solo miembro, dicho miembro fungirá también como Director Ejecutivo de la Autoridad. Durante cualquier periodo en que el Director Ejecutivo sea el único miembro de la Junta de la Autoridad, el Gobernador establecerá los deberes y poderes del Director Ejecutivo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley y determinará su compensación.
(b) Las funciones del Director Ejecutivo incluirán, sin que constituya una limitación, las siguientes: i. ser el principal oficial ejecutivo de la Autoridad; ii. preparar y presentar a la Junta el plan de trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad; iii. autorizar y supervisar cualquier contrato que sea necesario para el funcionamiento de la Autoridad sujeto a las normas que establezca la Junta; iv. establecer, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa de la Autoridad; v. contratar personal y profesionales, incluyendo asesores legales, consultores financieros, y economistas, bajo términos razonables y según determine la Autoridad, para ayudar al Director Ejecutivo en el ejercicio de las funciones de la Autoridad; vi. establecer los niveles de funcionamiento de las operaciones de la Autoridad, incluyendo el poder de reclutar y contratar a cualquiera de los funcionarios y empleados bajo su supervisión, sujeto a las normas que establezca la Junta; y vii. desempeñar todas aquellas otras funciones que le sean asignadas por la Junta.
Con el fin de velar por el cumplimiento y ejecución del Plan Fiscal aprobado y el Presupuesto certificado a tenor con PROMESA, se le confiere a la Autoridad, y ésta tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo dicho propósito, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de las disposiciones de esta Ley, los siguientes:
(a) Requerir que no más tarde de 30 días luego del último día de cada trimestre de un (1) año fiscal, todo jefe de los entes del Gobierno de Puerto Rico, sometan a la Autoridad un informe, en la forma en que lo exija la Autoridad, en el cual se describa lo siguiente: i. Los recaudos, gastos y flujos de efectivo actuales para el trimestre en cuestión, comparados con los recaudos, gastos y flujos de efectivo previstos en el Presupuesto certificado para el trimestre en cuestión; y ii. Cualquier otra información que solicite la Autoridad y que entienda necesaria para cumplir con sus funciones de supervisión de cumplimento con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA.
(b) Si la Autoridad determina, basándose en los informes sometidos por cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico, que los recaudos, gastos y flujos de efectivo actuales de los entes para el trimestre en cuestión no son congruentes con los recaudos, gastos y flujo de efectivo previsto y establecidos en el Presupuesto certificado para dicho trimestre, la Autoridad solicitará información adicional para explicar la incongruencia dentro del periodo que establezca mediante reglamentación. De no recibir una explicación razonable para la incongruencia, la Autoridad impondrá acciones correctivas a los correspondientes entes del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo pero sin limitarse, a cualquiera de las siguientes: i. Implementación de congelaciones de contratación; ii. Reducción de gastos, no destinados a deuda, para garantizar que los recaudos y gastos trimestrales cumplan con el Plan Fiscal; iii. Prohibición de suscribir contratos o entablar cualquier otra transacción financiera, incluyendo subastas, a menos que el contrato o la transacción tenga la aprobación de la Autoridad; y/o iv. Ordenar y llevar a cabo transacciones bancarias a nombre de los correspondientes entes del Gobierno de Puerto Rico para, entre otras cosas, hacer pagos de servicio de deuda.
(c) La Autoridad cancelará las reducciones, el congelamiento de contrataciones o la prohibición de ejecutar contratos y ejecuciones financieras si la Autoridad determina que el ente del Gobierno de Puerto Rico en cuestión ha comenzado a tomar medidas pertinentes para reducir gastos o aumentar los recaudos para garantizar que la entidad cumpla con el Presupuesto certificado o el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA.
(d) La Autoridad podrá requerir, en su discreción, que los entes del Gobierno de Puerto Rico nombren una persona, dentro de sus respectivas organizaciones, para que dicha persona esté a cargo de cumplir con el suministro de toda información requerida a dicho ente por parte de la Autoridad. Dicha persona suministrará toda la información requerida por parte de la Autoridad acompañada de una certificación bajo juramento en cuanto a la veracidad y confiabilidad de la información provista.
(e) La Autoridad podrá requerir, en su discreción, que los entes del Gobierno de Puerto Rico nombren una persona, dentro de sus respectivas organizaciones, que se reportará a la Autoridad y que estará a cargo de fiscalizar el cumplimiento y ejecución por parte de dicho ente del Gobierno de Puerto Rico del Plan Fiscal aprobado y el Presupuesto certificado a tenor con PROMESA.
(f) La Autoridad podrá, en su discreción, nombrar un síndico, para cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico que esté encargado de velar por que el ente que haya sido encontrado en
incumplimiento con
(i) el Presupuesto certificado; (ii) el Plan Fiscal aprobado; y/o (iii) cualquier disposición de esta Ley, cumpla con las órdenes o medidas correctivas establecidas por la Autoridad.
(g) Requerir de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico informes periódicos sobre el estado de sus operaciones que reflejen desembolsos, obligaciones, balances disponibles en cuentas bancarias u otros fondos y proyecciones de gastos, o cualquier otra información que la Autoridad entienda necesaria. La Autoridad podrá requerir, además, que cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico le permita obtener información directamente de la entidad financiera donde se encuentren sus cuentas bancarias para poder monitorear balances, obligaciones, desembolsos y cualquier otra información que la Autoridad entienda necesaria.
(h) Mantener bajo continuo examen la organización de los entes que componen el Gobierno de Puerto Rico para asesorar al Gobernador en cuanto a asuntos tales como la creación o eliminación de entes gubernamentales, la fusión de entes, la transferencia de funciones entre entes y demás medidas que se estimen necesarias para mejorar la dirección, coordinación y funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico y sus subdivisiones, para los cuales la Autoridad estará facultada a nombrar síndico(s) que asistan en dichos procesos.
(i) Hacer señalamientos y formular recomendaciones a los jefes de los entes del Gobierno de Puerto Rico y al Gobernador como resultado de los estudios, evaluaciones y exámenes que se realicen.
(j) Requerir de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico los informes, materiales, datos y cualquier información sobre la organización, objetivos, funciones, actividades, base legal, reglamentos, recursos, estrategias, prioridades, planes de acción y cualesquiera otros aspectos gerenciales o administrativos que se consideren relevantes para velar por el cumplimiento y ejecución del Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA por parte de todo organismo del Gobierno de Puerto Rico.
(k) Realizar las vistas, exámenes de documentos, observaciones, investigaciones, inspecciones o constataciones que se consideren necesarias para realizar cualquier estudio gerencial, evaluación o auditoría para velar por el cumplimiento y ejecución del Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA por parte de todo organismo gubernamental.
(l) Realizar auditorías gerenciales u operacionales de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico para determinar el cumplimiento de estas con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA. En los casos en que se encuentre algún ente gubernamental bajo la jurisdicción del Inspector General de Puerto Rico, la Autoridad podrá requerir su colaboración para realizar las auditorias identificadas en este Artículo. Se autoriza a la Autoridad y al Inspector General a preparar un reglamento para viabilizar esta coordinación de este proceso.
(m) Ordenar a cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico que no cumpla con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA a corregir deficiencias, reestructurar las organizaciones internas de los entes dentro del marco de su respectiva ley orgánica, revisar sus procedimientos internos y normas, y el uso y distribución de sus recursos (humano, espacio, equipo, etc.);
(n) Realizar todos los actos o medidas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes de supervisar que cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico esté en cumplimiento con los planes fiscales aprobados a tenor con PROMESA.
(o) Llevar a cabo cualquier gestión o acto que la Autoridad determine necesario para asegurar que todos los entes del Gobierno de Puerto Rico cumplan con el calendario impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal en virtud de la Sección 201 de PROMESA. En caso de que la Autoridad, a su discreción, determine que algún ente del Gobierno de Puerto Rico no está cumpliendo o no va a cumplir con los términos impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal en virtud de la Sección 201 de PROMESA, la Autoridad queda facultada a llevar a cabo cualquier acción a nombre de dicho ente del Gobierno de Puerto Rico para cumplir con las disposiciones de PROMESA.
(p) Para que la Autoridad, previa una declaración de emergencia del Gobernador a estos fines, derogue, en su totalidad o en parte, reglamentos, ordenes administrativas, y guías de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico para cumplir con la política pública expresada en la presente Ley y para garantizar el cumplimiento y ejecución del Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA. Para fines de esta disposición la Autoridad estará excluida de las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada.
(q) Ser el único ente del Gobierno de Puerto Rico autorizado a, en nombre del Gobierno de Puerto Rico o cualquiera de sus componentes, renegociar, reestructurar y/o llegar a Acuerdo con Acreedores sobre cualquier deuda del Gobierno, la deuda pública, instrumentos de deuda, cualquier otra deuda y/o acuerdo presente o futuro con acreedores de cualquiera de sus componentes.
(r) La Autoridad podrá emitir mediante, reglamento u orden administrativa, los requisitos para:
(i) la presentación a tiempo de los estados financieros o auditorias cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico; y (ii) la presentación a tiempo de los Presupuestos de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico. La Autoridad podrá proveer asistencia a cualquier componente del Gobierno de Puerto Rico en la preparación de los reportes que requiere esta Ley y que cualquiera de estas no sometiera conforme le fuera requerido.
(s) La Autoridad, en colaboración con el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto podrá establecer mediante reglamento u orden administrativa su posición o establecer una comisión para coordinar las políticas y procesos relacionadas a la liquidez y manejo de efectivo para cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico. A estos efectos, la Autoridad podrá establecer mediante orden administrativa que partidas no utilizadas del Presupuesto de cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico, al final de cada año fiscal, se acreditarán al Presupuesto del correspondiente ente del Gobierno de Puerto Rico para año(s) subsiguiente(s) o se distribuirán según la Autoridad, a su discreción, determine necesario.
(t) La Autoridad podrá requerir y/u ordenar que cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico establezca fideicomiso(s) y nombre a la Autoridad como su fiduciario para propósitos de hacer pagos de servicio de deuda y tomar cualquier medida necesaria para cumplir con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA.
(u) La Autoridad podrá, en cualquier momento, ordenar la apertura, cierre y/o consolidación de cualquier cuenta bancaria de los entes del Gobierno de Puerto Rico. En la eventualidad que alguna cuenta bancaria no pueda ser cerrada y/o consolidada por disposición de ley estatal o federal, la Autoridad podrá requerir que cualquier desembolso que se haga de dicha cuenta tenga aprobación previa de la Autoridad.
(v) La Autoridad podrá aprobar un reglamento en relación a las disposiciones de este Artículo.
(a) La Autoridad estará facultada para aprobar reglamentos para ciertos contratos y transacciones que se propongan ser ejecutados por cualquier ente del Gobierno de Puerto Rico y que requieran la aprobación de la Autoridad, a los fines de garantizar que estos no sean incongruentes con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA.
(b) Si un contrato es incongruente con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA, la Autoridad tomará todas las acciones que considere necesarias para garantizar que dicho contrato no afecte adversamente el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico con el Plan Fiscal, incluyendo la prohibición de su ejecución, su suspensión, o su cancelación.
(c) La Autoridad podrá aprobar reglamentación en relación a las disposiciones de este Artículo.
(a) El personal de la Autoridad quedará excluido de la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" o cualquier ley que la suceda. Los nombramientos, despidos, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán y permitirán como dispongan las normas y reglamentos que prescriba la Junta, las que deberán ser consistentes con los principios de mérito establecidos en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico.
(b) El Director Ejecutivo y los funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos necesarios de viaje que sean autorizados o aprobados de acuerdo con los reglamentos adoptados por la Junta para la Autoridad.
A menos que se demuestre que ha incurrido en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes, ninguna persona tendrá responsabilidad civil, criminal o de otro tipo hacia entidad o persona alguna y, sin necesidad de notificación u orden adicional, serán exonerados de acciones u omisiones en su capacidad y dentro de su autoridad en conexión con, en relación con, que surjan bajo, o según permitido por esta Ley. Los miembros de la Junta, oficiales y empleados de la Autoridad serán defendidos e indemnizados por la Autoridad y exonerados de toda responsabilidad civil por acciones u omisiones de buena fe, en su capacidad y dentro de su autoridad.
La Autoridad podrá requerir a cualquiera de las siguientes entidades, o a cualquier sucesor del mismo, apoyo administrativo y tales servicios estadísticos y profesionales razonablemente necesarios para que la Autoridad pueda llevar a cabo sus responsabilidades bajo esta Ley: el Banco, el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, el Instituto de Estadísticas, el Inspector General y cualquier otra instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico. En la medida de lo posible, la Autoridad reembolsará a estas entidades para tales servicios.
Para preservar su independencia administrativa, la cual es indispensable para llevar a cabo las funciones que por la presente se le encomiendan, la Autoridad estará excluida de la aplicación de las disposiciones y las leyes que se enumeran a continuación: i. Ley 184-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" así como de cualquier otra ley que suceda la Ley Núm. 184; ii. Ley 197-2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno"; iii. Artículos 6 al 11 de la Ley 66-2014, según enmendada, conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; iv. Ley 103-2006, según enmendada, conocida como "Ley para implantar la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; v. Plan 3-2011, según enmendado, "Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de 2011"; y vi. Ley 78-2011, según enmendada, conocida como "Código Electoral de Puerto Rico para Siglo XXI" De igual forma, la Autoridad estará excluida de la aplicación de las disposiciones y las leyes de las cuales está exento actualmente el Banco.
En la medida en que la Autoridad determine, a su discreción, asumir la totalidad o parte de los empleados permanentes, temporeros y/o no-unionados del Banco, dichos empleados pasarán a ser empleados de la Autoridad. De la misma forma, para cumplir con los deberes de la Autoridad bajo esta Ley y con sus funciones de supervisión de cumplimento con el Plan Fiscal aprobado a tenor con PROMESA, el Director Ejecutivo de la Autoridad podrá, a su sola discreción, asignar y transferir empleados de la Autoridad al Banco, y dichos empleados pasarán automáticamente a ser empleados del Banco.
Cualquier resolución adoptada por el Banco previo a la fecha de la creación de la Autoridad y que apruebe los términos o la emisión de bonos u otra obligación similar o transacción del Gobierno de Puerto Rico o cualquier "Unidad" del Gobierno de Puerto Rico (según dicho término está definido en la Ley 272 de 15 de mayo de 1945, según enmendada) y de cualquier municipio, será válida y permanecerá en pleno vigor y efecto a pesar de la aprobación de esta Ley o la asunción por la Autoridad de aquellos poderes y responsabilidades que se le confieren a la Autoridad por virtud de esta Ley, y no se requerirá que la Autoridad adopte una resolución aprobando nuevamente los términos o la emisión de dichos bonos u obligaciones similares o transacción, aunque dichos bonos u obligaciones similares se emitan, o dicha transacción se complete, después de la fecha de la creación de la Autoridad.
A partir de la vigencia de esta Ley, el Director de la Autoridad, o su designado, sustituirá en lo sucesivo al Presidente del Banco Gubernamental de Fomento en toda Junta, Comité, Comisión o Consejo donde el Presidente del Banco sea miembro por Ley, Orden Ejecutiva o Reglamento. El Director de la Autoridad, será el sucesor legal de manera automática y se entenderá que cualquier Ley, Orden Ejecutiva o Reglamento que incluya al Presidente del Banco como miembro, será enmendada tácitamente para sustituir al Presidente del Banco por el Director de la Autoridad. No obstante lo anterior, el Director Ejecutivo de la Autoridad podrá ceder su puesto en cualquier Junta, Comité, Comisión o Consejo de los entes del Gobierno de Puerto Rico al Presidente del Banco, o a su designado.
Por otro lado, el Director Ejecutivo de la Autoridad, o su designado, será miembro de toda Junta, Comité, Comisión o Consejo de los entes del Gobierno de Puerto Rico que sean considerados "covered territorial instrumentalities" bajo PROMESA. En la alternativa, el Director Ejecutivo de la Autoridad podrá ceder su puesto en dicha Junta, Comité, Comisión o Consejo de los entes del Gobierno de Puerto Rico que sean considerados "covered territorial instrumentalities" bajo PROMESA al Presidente del Banco, o a su designado.
Artículo 17. - Relación con las Disposiciones Constitucionales; Supremacía Sobre Otras Leyes
Esta Ley ha sido promulgada de acuerdo a y de conformidad con el poder de razón de estado del Gobierno de Puerto Rico. En caso de que las disposiciones de esta Ley estén en conflicto con las disposiciones de cualquier otra ley estatal, las disposiciones de esta Ley prevalecerán.
Durante el remanente del año fiscal 2016-2017, la Autoridad tendrá el balance disponible del presupuesto vigente aprobado para la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal de Puerto Rico, creada en el Capítulo VI de la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, Ley 21-2016, para el año 2016-2017. En lo sucesivo, el presupuesto de la Autoridad será el asignado por la Asamblea Legislativa y provendrá del Fondo General, de Asignaciones Especiales y/o cualquier otro ingreso percibido.
Se deroga el Capítulo 6 de la Ley 21-2016, según enmendada, conocida como "Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera de Puerto Rico."
Artículo 20. - Derogación de la Ley 208-2015 Se deroga la Ley 208-2015, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Supervisión Fiscal y Recuperación Económica de Puerto Rico".
Se le transferirá a la Autoridad, para todos los fines y propósitos, la propiedad o cualquier interés en ésta, récords, archivos y documentos; los fondos ya asignados o a ser hechos disponibles en el futuro, incluyendo sobrantes, activos y acreencias de toda índole; las obligaciones y contratos de cualquier tipo; las licencias, permisos y otras autorizaciones; y el personal, de la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal de Puerto Rico, creada en la Ley 21. El personal transferido a la Autoridad conservará los derechos adquiridos a la fecha que sea efectiva la vigencia
de esta Ley, así como los derechos, privilegios y obligaciones y status respecto a cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo, al cual estuvieran afiliados.
Sin entenderse como una limitación a lo dispuesto anteriormente, se dispone que: (1) esta Ley no invalidará los contratos debidamente otorgados por la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal de Puerto Rico creada por virtud del Capítulo VI de la Ley 21 ni los otorgados por el Banco y asumidos por dicha autoridad por virtud de la Ley 21, los cuales continuarán en vigor hasta la fecha pactada para su terminación, a menos que las cláusulas en los mismos contravengan lo dispuesto en esta Ley o que sean cancelados en una fecha anterior si así lo permitiese el contrato de que se trate; $y$ (2) todos los reglamentos, órdenes, aprobaciones, resoluciones, cartas circulares y demás documentos administrativos de la Autoridad de Asesoría Financiera y de Agencia Fiscal de Puerto Rico creada por virtud del Capítulo VI de la Ley 21, pasarán a ser reglamentos, órdenes, resoluciones, cartas circulares o documentos administrativos de la Autoridad, y permanecerán vigentes hasta que éstos sean enmendados, suplementados, derogados o dejados sin efecto por la Autoridad.
Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de la misma que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo, subcapítulo, acápite o parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de esta Ley a aquellas personas o circunstancias en que se pueda aplicar válidamente. Es la voluntad expresa e inequívoca de esta Asamblea Legislativa que los tribunales hagan cumplir las disposiciones y la aplicación de esta Ley en la mayor medida posible, aunque se deje sin efecto, anule, invalide, perjudique o declare inconstitucional alguna de sus partes, o aunque se deje sin efecto, invalide o declare inconstitucional su aplicación a alguna persona o circunstancia. Esta Asamblea Legislativa hubiera aprobado esta Ley sin importar la determinación de separabilidad que el Tribunal pueda hacer.
Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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