Ley 19 del 1997
Resumen
Esta ley ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados continuar con la construcción del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte para resolver una crisis de abasto de agua potable. La ley declara una emergencia pública, exime al proyecto de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, establece requisitos específicos para su autorización y un proceso de revisión judicial expedito ante el Tribunal Supremo, buscando proteger la salud pública, el bienestar general y los recursos naturales.
Contenido
(P. de la C. 871)
Para ordenar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a continuar con la construcción del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte; eximirla del cumplimiento de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico"; establecer el procedimiento a seguir, los requisitos para la autorización del Proyecto; y proveer para la revisión judicial.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Sección 19 del Artículo II de nuestra Constitución reconoce la amplia facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar de la ciudadanía. Esto es así, a tenor con el carácter representativo del pueblo que ostentan los cuerpos legislativos y como parte del ejercicio de "poder de razón de estado".
La Asamblea Legislativa ejerce, en virtud de su condición de poder constitutivo del Pueblo de Puerto Rico, el poder de tomar decisiones a nombre de todo el pueblo. Si bien es cierto que muchas funciones del poder legislativo han sido delegadas a las agencias del poder ejecutivo, es menester recordar que dicho poder reside en última instancia en nuestros constituyentes y en sus representantes democráticamente electos. Esta facultad la ejerce dentro del marco constitucional de la separación de poderes. A tenor con estos poderes, la Asamblea Legislativa está facultada para legislar a fin de satisfacer las necesidades básicas del Pueblo de Puerto Rico y responder a los reclamos de la ciudadanía.
El 13 de septiembre de 1993, ante la crisis de abasto de agua, deterioro de la infraestructura y caos financiero que atravesaba la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Gobernador de Puerto Rico emitió, mediante Orden Ejecutiva, Boletín Administrativo Núm. OE-1993-41, una declaración de Estado de Emergencia.
Dicha Orden se fundamentó en que durante el período del 1985-1992 no se desarrolló en Puerto Rico un solo proyecto de agua potable para aumentar y mantener la capacidad de abastos de agua, aún cuando la demanda de agua del sistema metropolitano aumentó significativamente. Por el contrario, en 1986 aumentaron las tarifas en un 43% utilizándose dichos fondos principalmente para el pago de salarios e incremento de la fuerza laboral, mientras se descartó el proyecto del Río Manatí, el cual incluía un embalse en el Río, una planta de filtración de 45.0 MGD (Millones de Galones Diarios), tubería de transmisión entre Manatí y Bayamón, entre otros y una segunda fase que incluirá una línea de transmisión hasta el Río Arecibo con una segunda planta de 45 MGD que debió entrar en operación en 1990.
Durante la sequía en abril de 1994, producto de la evidenciada inacción del pasado, 1.6 millones de habitantes se vieron afectados por un racionamiento que se extendió por un período de 170 días. Es menester señalar que no se puede atender una demanda de 220 MGD con un sistema diseñado para producir 170 MGD , y cuyo rendimiento seguro en épocas de crisis, se reduce a 134 MGD , generando una deficiencia de 86 MGD . Esta crisis de 1994 provocó un caos que paralizó la costa norte de la Isla. Se vieron afectados todos los sectores de la población, la cual estuvo expuesta a problemas de salud e higiene afectándose el sistema escolar, correccional, hospitalario y todas las actividades del orden social. Esta eventualidad está en inminente riesgo de repetirse en mayor grado ya que estamos vulnerables a que vuelva a suceder en el futuro.
Ante esta crisis, existe un interés apremiante del Gobierno de construir un sistema que le pueda proveer agua a la región norte de la Isla. La alternativa real y ampliamente estudiada por el Gobierno de Puerto Rico es el desarrollo del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, que a un costo de $305 millones de dólares posee una capacidad para producir inicialmente 75.0 MGD .
El Superacueducto de la Costa Norte no solo atenderá las deficiencias del presente, sino que garantizará los abastos hasta el año 2050. El Proyecto está compuesto de los siguientes componentes: (1) laguna de retención de aguas crudas (sin tratar) y la toma de agua cerca de la confluencia del Río Grande de Arecibo y del Río Tanamá; (2) estación de bombeo de aguas crudas hacia la planta al este-sureste de la mencionada laguna; (3) tubería de conducción de aguas crudas que va desde la estación de bombeo hasta la planta de filtración propuesta; (4) planta de filtración en el Barrio Miraflores en Arecibo con una capacidad de producción inicial de 100.0 MGD ; (5) tubería de agua potable desde Arecibo hasta la zona este de Bayamón con un total de doce puntos de conexión de servicio; (6) dos tanques de almacenaje de 10.0 MGD cada uno de los cuales serán instalados al oeste de la ciudad de Bayamón; y (7) dos líneas de transmisión eléctrica. El Superacueducto es la herramienta que además proveerá para el desarrollo de más de 50,000 unidades de vivienda, y propiciará el desarrollo de industrias, comercios y turismo (hoteles) que a la vez, generarán más de 60,000 empleos.
Es por ello, que ante la dejadez y la inacción del pasado, la actual administración gubernamental, con el único propósito de atender responsablemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en el área de la salud, estudió, planificó y diseñó el Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte con todos sus componentes. La tramitación de este proyecto en su fase administrativa fue correcta, habiéndose cumplido cabalmente con la política pública, las leyes y los reglamentos vigentes.
Este proyecto proveerá el preciado líquido a sectores aislados que por años lo han reclamado. El Superacueducto de la Costa Norte aprovecha un recurso disponible que tradicionalmente ha sido utilizado para la producción de energía y luego vertido al mar, y servirá para resolver un problema básico para la salud de un pueblo, el agua potable.
Debemos considerar, además, que el Superacueducto de la Costa Norte eliminó el desarrollo de nueve (9) proyectos en la costa norte que hubieran costado más de $400 millones de dólares para producir solamente 50 MGD , cantidad que constituye sólo dos terceras partes del caudal inicial que producirá este proyecto. La represa del Río Manatí, uno de los 9 proyectos eliminados, hubiese tomado más de 20 años en desarrollarse, si tomamos como ejemplo el tiempo requerido para el desarrollo y construcción de la represa de Cerrillos, el último embalse que se construyó, el cual tomó 23 años. Además, la construcción de la represa del Río Manatí hubiese representado la utilización y limitación del uso de miles de cuerdas de terrenos agrícolas en Puerto Rico.
La renovación y reemplazo de tuberías rotas no resuelve la crisis que enfrentamos. Se ha alegado, falsa e incorrectamente, que el reemplazo de esas tuberías evitaría la pérdida de agua y haría innecesario el Superacueducto de la Costa Norte.
El término "agua perdida" utilizado para describir lo que en realidad es "agua usada, pero no facturada", ha contribuido a crear esa confusión. Se produce así la falsa impresión de que más de un 33% del agua producida se pierde a través de tuberías rotas.
La realidad es que el agua perdida a través de filtraciones y roturas equivale al 18% del agua producida. De esta cantidad, sin embargo, solamente se puede recuperar mediante renovación y reemplazo de tuberías un por ciento reducido en toda la Isla. En el caso de la zona norte, que estaría beneficiada por el Superacueducto de la Costa Norte, la renovación y reemplazo de tuberías rotas produciría solamente 6.0 MGD ; cuando actualmente son necesarios 75.0 MGD adicionales para esta zona.
Debe subrayarse que todo sistema de acueductos en el mundo opera con un nivel de agua perdida que fluctúa entre un 10% a un 15%. Esto se debe a que las juntas de las tuberías no son herméticas, ya que las mismas ceden por movimientos sísmicos imperceptibles para el ser humano, a sobrecargas del sistema y a la inestabilidad de terrenos debido a presiones como, por ejemplo, el tránsito vehicular. De hecho, como resultado de la inacción del pasado, el sistema de tuberías de la zona norte de la Isla, además de antiguo y deteriorado, también está sobrecargado. Esa, entre otras, es precisamente la situación que corregiría el Superacueducto de la Costa Norte.
El Proyecto, además de ser la mejor alternativa para remediar la crisis en el suministro de agua potable, también representa una alternativa que armoniza un adecuado balance entre la conservación de los recursos naturales y su mejor aprovechamiento para el beneficio general de la comunidad. Casi dos terceras (2/3) partes del Superacueducto de la Costa Norte atraviesa por áreas que ya están impactadas ambientalmente como, por ejemplo, la ruta de la Autopista de Diego.
Además, debido a la crisis existente y a la falta del Superacueducto de la Costa Norte, durante los pasados años se ha tenido que recurrir a una extracción exagerada de agua de los pozos en el Acuífero Subterráneo del Norte. Esa extracción, a su vez, ha provocado la intrusión
de las aguas salinas del mar en los acuíferos subterráneos. Esta situación crea efectos devastadores en la potabilidad y calidad del agua e inclusive sobre los terrenos afectados por esos acuíferos. Esa intrusión de agua salina amenaza con dañar para siempre el Acuífero Subterráneo del Norte y lo inhabilitaría permanentemente como reserva para atender una crisis o emergencia peor que la presente, cuando ni siquiera el Superacueducto de la Costa Norte y el resto del sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados sean alternativas viables. No debemos privar a las futuras generaciones de ese abasto natural de agua potable en caso de una emergencia catastrófica; menos cuando la presente generación tiene a su alcance alternativas como el Superacueducto de la Costa Norte.
La grave situación, antes mencionada, por la que atraviesan la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y los abastos de agua potable del norte de la Isla, que amenaza en exponer a alrededor de 1.6 millones de habitantes a problemas de salubridad y deterioro de su calidad de vida, exige el más enérgico esfuerzo en la creación de un mecanismo efectivo a tenor con el Estado de Emergencia decretado y vigente.
En el pasado, ante situaciones en comparación de menor envergadura y menos apremiantes que la que nos ocupa, sino aquejados por una crítica situación económica, el Gobierno de Puerto Rico, bajo el mandato del Ex-Gobernador Rafael Hernández Colón, adoptó la Orden Ejecutiva de 24 de febrero de 1992, Boletín Administrativo Núm. OE-1992-10. Dicha Orden Ejecutiva perseguía intensificar la actividad de construcción de obras públicas y proyectos privados mediante la creación de la Oficina de Expeditación de Proyectos de Construcción y de Obras Públicas, adscrita al Departamento de Estado. Esta daría seguimiento a la programación de obras públicas y privadas propuestas y, de ser necesario, tomaría el control operacional de los proyectos de construcción bajo la responsabilidad de otras agencias constructoras y proponentes.
De igual manera, para la construcción del Puente Teodoro Moscoso sobre la Laguna San José, se validaron retroactivamente actuaciones de los entonces Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas y Director Ejecutivo de la Autoridad de Carreteras. La Ley Núm. 4 de 24 de agosto de 1990, enmendó la Ley Orgánica de la Autoridad de Carreteras a fin de permitir la contratación con la empresa privada, viabilizando las subastas negociadas con entidades privadas para los contratos de construcción, operación y mantenimiento de obras de carreteras. La presente legislación persigue proveer un mecanismo ágil y expedito mediante el cual el Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, una vez cuente con los endosos, permisos y/o autorizaciones aquí requeridas, pueda ser completado a fin de asegurar su implantación segura. Al mismo tiempo protege plenamente los derechos de todas las personas cuyos intereses puedan ser afectados y provee los mecanismos efectivos para ejercer sus derechos en los tribunales.
La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en el ejercicio de su facultad constitucional y fundamentándose en el poder de razón del Estado que ostenta para enfrentarse tanto a una emergencia como a una urgente necesidad pública cuando los intereses así lo exijan en aras de proteger la vida, salud y bienestar general del Pueblo, aprueba la presente legislación.
DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Artículo 1.- La Exposición de Motivos de esta Ley constituye la expresión exclusiva de la intención legislativa, a los fines de la interpretación de la misma.
Artículo 2.- Declaración de Propósitos Según proclama nuestra Constitución, el Gobierno de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial estarán igualmente subordinados a la soberanía del Pueblo de Puerto Rico. Corresponde pues a la Rama Legislativa aprobar las leyes, al Ejecutivo ponerlas en vigor y a la Rama Judicial su interpretación.
La Asamblea Legislativa, en el ejercicio del poder de razón de estado, está facultada para adoptar aquellas medidas que propendan a proteger la salud, la seguridad y el bienestar público. A tales efectos, es potestad de la Asamblea Legislativa aprobar leyes en aras de responder a intereses sociales y económicos, así como a situaciones de emergencia. La Sección 19 de nuestra Carta de Derechos dispone que la enumeración de derechos contenida en el Artículo II no "se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo".
A tenor con lo expuesto, es política pública de nuestro gobierno velar por los mejores intereses de la ciudadanía. Como parte de esta política, el Estado promueve los mecanismos apropiados y necesarios para hacer accesible a todos por igual los servicios básicos y esenciales del pueblo como lo son el agua potable, la energía eléctrica, los medios de transportación y comunicación, entre otros.
A fin de atender adecuadamente la demanda y necesidad de agua potable y a base de las experiencias obtenidas durante los pasados años, específicamente la crisis de 1994, entendemos indispensable crear los mecanismos necesarios para disponer de abastos de agua potable suficientes para atender las necesidades del pueblo. Es un problema que, de no atenderse de forma inmediata, tendrá serias consecuencias hoy y mañana. La escasez de agua potable ocasiona deterioro en la salud pública, pérdidas en la economía, disminución de las actividades del quehacer diario y otros problemas de índole social.
Haciendo uso de su poder de reglamentación y en cumplimiento de su obligación de velar por el bienestar, la salud y la seguridad del pueblo, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, por la presente ratifica que existe una emergencia pública en relación con el problema de abastos de agua en Puerto Rico. Se declara, por consiguiente, la necesidad apremiante de fijar la política pública sobre los abastos de agua, con relación al Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte.
Es nuestra responsabilidad como Asamblea Legislativa legislar para atender este problema. A tales efectos, esta medida está estrechamente ligada al bienestar general de la comunidad y persigue un fin público de la más alta jerarquía. La tramitación del proyecto del Superacueducto de la Costa Norte en la fase administrativa fue correcta, cumpliéndose con las leyes, los reglamentos y la política pública vigentes.
La Asamblea Legislativa, entiende que ante esta crisis la alternativa real, rápida y eficiente es el desarrollo del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte, el cual resolverá los problemas de abastos de agua de la zona norte-central hasta el año 2050. Esto significa que no solo se atenderán las deficiencias del presente sino también las del futuro. Asimismo, es la alternativa que puede suplir el volumen necesario de agua en un tiempo mínimo eliminando los riesgos de racionamiento. De igual forma, la de menor impacto ambiental y de menor costo para el volumen de agua a servirse.
Esta medida está a tono y cumple con el mandato constitucional esbozado en la Sección 19 del Artículo VI de la Constitución de conservar nuestros recursos naturales. Esta Ley permitirá la implantación de un sistema novel que reduce su impacto sobre el medio ambiente permitiendo así el mayor desarrollo y aprovechamiento del recurso natural más esencial para el ser humano: el agua.
Artículo 3.- Se autoriza y ordena a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a que, una vez cumpla con los requisitos y trámites establecidos en el Artículo 4 de esta Ley y se emita la autorización de obra, continúe de forma ininterrumpida y diligente con el diseño y la construcción del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte hasta la culminación de la obra.
Artículo 4.- La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá presentar ante la Administración de Reglamentos y Permisos los siguientes documentos en original o copia certificada: a. Permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos para cumplir con la Sección 404 del "Clean Water Act" donde se recogen los comentarios de las agencias federales y estatales para cumplir con: i.- "Safe Drinking Water Act"; ii.- "Endangered Species Act"; iii.- "National Historic Preservation Act"; iv.- "Coastal Zone Management Act" de 1972; b. Certificado de calidad del agua que emite la Junta de Calidad Ambiental; c. Certificación de cumplimiento con el Artículo 4 (C) de la Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, conocida como "Ley Sobre Política Pública Ambiental"; d. Permiso de construcción de la toma de agua emitido por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales el 18 de septiembre de 1996 conforme a la Ley Núm. 136 de 3 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley para
la Conservación, el Desarrollo y Uso de los Recursos de Agua de Puerto Rico", independientemente de que éste no sea final y firme.
La Administración de Reglamentos y Permisos revisará que la solicitud de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados incluya los documentos antes requeridos y, de resultar completa, procederá de inmediato a expedir la Autorización de Obra correspondiente.
Artículo 5.- Se ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales a continuar con el trámite administrativo que determine necesario para la otorgación final de la franquicia de agua dentro del cual verificará el cumplimiento con los términos y condiciones del permiso de construcción otorgado. Cualquier persona que se vea afectada por la otorgación del permiso de construcción de toma de agua o de la franquicia de agua podrá solicitar revisión judicial conforme lo dispuesto en el Artículo 7 de esta Ley.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados deberá cumplir con las condiciones establecidas en los documentos anteriormente mencionados los cuales están en armonía con la conservación y protección de los recursos naturales y el medio ambiente. Estas condiciones establecen disposiciones dirigidas a mitigar cualquier posible efecto del Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte sobre el ambiente.
Artículo 6.- Las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", no aplicarán a las actuaciones o decisiones de las agencias relacionadas con los documentos detallados en el Artículo 4 de esta Ley, excepto con relación a cualquier término que haya expirado antes de la vigencia de esta Ley. Todos aquellos permisos, endosos, certificaciones, contratos, subastas y los procedimientos administrativos, incluyendo los de notificación, consultas públicas y de ubicación, que hayan sido obtenidos o realizados administrativamente para el desarrollo del Superacueducto de la Costa Norte con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se entenderán vigentes y conformes a la política pública por la presente adoptada, por la urgente necesidad de agua potable en aras de garantizar la vida, la salud y el bienestar general.
Artículo 7.- Cualquier solicitud de revisión judicial de la decisión de la agencia administrativa concernida deberá presentarse ante el Tribunal Supremo, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días contados a partir de la fecha en que la Administración de Reglamentos y Permisos notifique, mediante la publicación de un aviso en dos (2) periódicos de circulación general en Puerto Rico, la expedición de la Autorización de Obra o respecto al permiso de construcción o a la franquicia final de agua, desde que se notifique y archive en autos copia de la decisión. La parte recurrente notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia recurrida y a todas las partes interesadas dentro del término establecido, disponiéndose que el cumplimiento con dicha notificación será de carácter jurisdiccional.
La expedición de un auto de revisión no paralizará la autorización de obra ni la implantación de una regla, reglamento, orden, resolución, determinación, tramitación, concesión o vigencia de cualquier permiso, endoso o certificación de una agencia o funcionario; la adjudicación de una subasta o el otorgamiento de un contrato emitido o surgido en torno al
Proyecto del Superacueducto de la Costa Norte a menos que el tribunal lo ordene expresamente para prevenir un daño irreparable.
Para que el tribunal emita dicha orden, la parte recurrente deberá probar que la misma es indispensable para proteger la jurisdicción del tribunal; que tiene una gran probabilidad de prevalecer en los méritos; que la orden de paralización no causará daño sustancial a las demás partes; que no perjudicará el interés público; que no existe una alternativa razonable para evitar los alegados daños; y que el daño no se podrá compensar mediante la concesión de un remedio monetario o cualquier otro remedio adecuado en derecho, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, según enmendado.
Cualquier orden del tribunal sólo podrá afectar aquel componente o componentes del proyecto que sean objeto de controversia en el caso y en donde esté envuelto un daño sustancial.
No procederá ningún otro tipo de demanda, acción, procedimiento o recurso en ningún tribunal que no sean los dispuestos en este Artículo, excepto aquellos que configuren un reclamo por daños y perjuicios conforme a la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como "Ley de Pleitos contra el Estado", o procedimientos de expropiación forzosa.
Artículo 8.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier disposición de ley o reglamento inconsistente con las mismas.
Artículo 9.- Las disposiciones de esta Ley son separables y de declararse inconstitucional cualquiera de sus disposiciones por un tribunal con jurisdicción competente dicha decisión no afectará ni menoscabará ninguna de las disposiciones restantes ni proveerá para que se detenga la construcción del Superacueducto de la Costa Norte o ninguno de sus componentes.
Artículo 10.- A los fines de orientar adecuadamente al Pueblo de Puerto Rico se ordena al Concilio de Infraestructura a dar un amplio despliegue en los medios de comunicación del texto íntegro de esta Ley; y de cualquier otra información pertinente al Superacueducto de la Costa Norte que considere necesario divulgar.
Artículo 11.- Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.
DEPARTAMENTO DE ESTRUU CERTIFICO: que es copia fiel y exacta del original aprobada y firmada por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el día 12 de Presidente del Senado A la fecha de de la Cámara Secretaria Auxiliar de Estado de Puerto Rico
LEGISLATURE OF PUERTO RICO
Office of Legislative Services
January 12, 1998
José A. Figueroa-Lugo, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 19 (H.B. 871) of the 1st Session of the 13th Legislature of Puerto Rico, entitled:
AN ACT to order the Aqueduct and Sewer Authority to continue the construction of the North Coast Superaqueduct Project; to exempt the Authority from compliance with Act No. 170 of August 12, 1988, as amended, known as the "Uniform Administrative Procedure Act of the Commonwealth of Puerto Rico"; establish the procedure to be followed, the requirements for the authorization of the Project; and to provide for judicial review, and finds the same are complete, true and correct versions of each other.
(NO. 19)
(Approved June 12, 1997)
AN ACT
To order the Aqueduct and Sewer Authority to continue the construction of the North Coast Superaqueduct Project; to exempt the Authority from compliance with Act No. 170 of August 12, 1988, as amended, known as the "Uniform Administrative Procedure Act of the Commonwealth of Puerto Rico"; establish the procedure to be followed, the requirements for the authorization of the Project; and to provide for judicial review.
STATEMENT OF MOTIVES
Section 19 of Article II of our Constitution recognizes the broad power of the Legislature to pass laws for the protection of the life, health and general welfare of our citizens. This is so, in view of the representative nature of the people exercised by the legislative bodies and as part of the exercise of its "power as a state".
By virtue of its condition as a constitutive power of the People of Puerto Rico, the Legislature exercises the power to make decisions on behalf of all the people. If it is indeed true that many functions of the legislative power have been delegated to agencies of the executive power, it is necessary to remember that said power ultimately rests on our constituents and their democratically elected representatives. This power is exercised within the constitutional frame of separation of powers. Pursuant to such powers, the Legislature is empowered to legislate in order to satisfy the basic needs of the People of Puerto Rico and respond to the demands of the citizenry.
On September 13, 1993, in view of the water supply crisis, the deterioration of the infrastructure and the financial chaos of the Aqueduct and Sewer Authority, the Governor of Puerto Rico, through an Executive Order, Administrative Bulletin No. OE-1993-41, issued a declaration of a State of Emergency.
Said Order was based on the fact that during the period from 1985-1992 not a single potable water project was developed to increase and maintain the capacity of the water supplies,
even when the demand for water from the metropolitan system increased significantly. On the contrary, rates increased in 1986 by 43%, and those funds were used mainly for the payment of salaries and the increase of the labor force, while the Manatí River project was discarded, which included damming the river, a filtration plant of 45.0 MDG (Million Daily Gallons), pipelines between Manatí and Bayamón, among others, and a second phase that would include a transmission line up to Río Arecibo with a second 45 MDG plant which should have been operating in 1990.
As a result of the well-evidenced lack of action of the past, during the 1994 drought 1.6 million inhabitants were affected by water rationing that lasted for a period of 170 days. It is necessary to indicate that a demand of 220 MDG cannot be served by a system designed to produce 170 MDG, and which, in times of crisis, had a real production of 134 MDG, generating a deficiency of 86 MDG. This 1994 crisis provoked such a chaos, that the northern coast of the Island was paralyzed. All sectors of the population were exposed to health and sanitary problems, which affected the school, correctional and hospital systems, as well as all the other activities of a social nature. There is an imminent risk that this event could be repeated to an even greater degree in the future due to our vulnerability.
In view of this crisis, there is a pressing interest of the Government to build a system that can supply water to the island's northern region. The real alternative, widely-studied by the Government of Puerto Rico, is the development of the North Coast Superaqueduct Project, which, at a cost of $305 million dollars, has the capacity to initially produce 75.0 MDG.
The North Coast Superaqueduct not only will handle present needs, but it will also guarantee the supply of water up to the year 2050. The Project will consist of the following: (1) a lagoon for the retention of hard (untreated) waters, and water intake near the confluence of Río Grande de Arecibo and Río Tanamá; (2) a station to pump hard waters to the east-southeast plant of said lagoon; (3) a hard water pipeline from the pumping station to the proposed filtration plant; (4) a filtration plant in the Barrio Miraflores in Arecibo with an initial production capacity of 100.0 MDG; (5) a potable water pipeline from Arecibo to the East zone of Bayamón, with a total of twelve service connection points; (6) two storage tanks of 10.0 MDG, each of which shall be installed to the West of the city of Bayamón; and (7) two electric transmission lines. The Superaqueduct is the tool that will also provide for the development of over 50,000
housing units, and will foster the development of industries, businesses and tourism (hotels), which, in turn, will generate more than 60,000 jobs.
For such reasons, and in view of the indifference and lack of action in the past, the present government administration, with the sole purpose of responsibly caring for the quality of life of its inhabitants, especially in the health area, studied, planned and designed the North Coast Superaqueduct Project with all its components. The handling of this project in its administrative phase was correct, having fully complied with the public policy, laws, and regulations in force.
This project shall supply the precious liquid to isolated sectors that have been demanding it for many years. The North Coast Superaqueduct will make use of an available resource that has traditionally been used for the production of energy and then is thrown into the sea, and will serve to solve a basic public health issue, -- its drinking water.
We should also take into consideration that the North Coast Superaqueduct eliminated the development of nine (9) projects on the North coast that would have cost more than $400 million dollars to produce only 50 MDG, which constitutes only two thirds of the initial production of this project. The Rio Manatí dam, one of the 9 projects that were eliminated, would have taken more than 20 years in developing, if we take as example the time required for the development and construction of the Cerrillos reservoir (dam), which took 23 years. Furthermore, the construction of the Rio Manatí dam would have involved the use and limitation of use of thousands of cuerdas of agricultural land in Puerto Rico.
The renewal and replacement of broken pipelines does not solve the crisis at hand. It has been falsely and incorrectly contended that the replacement of those pipes would prevent further water loss and that as a result, the North Coast Superaqueduct would unnecessary.
The term "lost water", which describes what is actually 'used but unbilled water', has contributed to create said confusion. Thus, there is the false impression that more than 33% percent of the water produced is lost through broken pipes.
Actually, water lost through leaks and broken pipes equals 18% percent of all water produced. However, only a small percentage of this amount can be recovered through renewal and replacement of pipes throughout the Island. In the case of the North zone, which would be benefited by the North Coast Superaqueduct, renewal and replacement of broken pipelines would only produce 6.0 MDG, when at least an additional 75.0 MDG is actually needed for this zone.
It should be stressed that every aqueduct system in the world operates with a water loss that fluctuate between 10% and 15%. This is due to the fact that pipe joints are not hermetic, since they give way due to seismic movements that are imperceptible to humans, overloads in the system, and instability of the earth due to traffic of vehicle, for example. As a matter of fact, because of failure to act in the past, the pipeline system of the Island's north zone, is not only old and deteriorated, it is also overloaded. This is precisely the situation that would be corrected by the North Coast Superaqueduct, among others.
Not only is this Project the best alternative to remedy the supply of potable water supply crisis, it also constitutes an alternative that creates an adequate balance between the preservation and best use of natural resources for the general welfare of the community. Almost two thirds (2/3) of the North Coast Superaqueduct crosses areas already affected environmentally, such as the Autopista De Diego route.
Furthermore, due to the existing crisis and the need for North Coast Superaqueduct, there has been an exaggerated extraction of water from the wells of the Northern Subterranean Aquifer. This extraction, in turn, has caused the seepage of brackish waters into the subterranean aquifers. This situation has devastating effects on the potability and quality of the water and, even on the land affected by those aquifers. This seepage of brackish waters threatens to endanger the North Subterranean Aquifer irreversibly, disabling it permanently as a water reserve in the event of a crisis or emergency worse than the present one, when not even the North Coast Superaqueduct and the rest of the Aqueduct and Sewer Authority systems are viable alternatives. We should not deprive future generations of that natural supply of potable water in case of a catastrophic emergency; even more so when the present generation has feasible alternatives such as like the North Coast Superaqueduct.
The abovementioned critical situation, which is affecting the Aqueduct and Sewer Authority and the potable water supplies of the North of the Island, and which threatens to expose approximately 1.6 million inhabitants to health problems and the deterioration of their quality of life, demands the boldest effort in order to create an effective mechanism in accordance with the State of Emergency decreed and in force.
In past situations that were comparatively less urgent and less important than the one at hand, but nevertheless affected by a critical economic situation, the Government of Puerto Rico,
under the administration of the Former Governor Rafael Hernández Colón, adopted the Executive Order of February 24, 1992, Administrative Bulletin No. OE-18992-10. Said Executive Order was addressed to intensify the construction of public works and private projects through the creation of the Office to Expedite Construction and Public Works Projects, attached to the Department of State. The same would follow-up work on the proposed private and public works programming, and, if necessary, would take the operating control of construction projects under the responsibility of other proponent constructing agencies.
Likewise, actions taken by the Secretary of the Department of Transportation and Public Works and by the Executive Director of the Highways Authority at that time were retroactively validated for the construction of the Teodoro Moscoso Bridge over the San José Lagoon. Act No. 4 of August 24, 1990, amended the Highways Authority Organic Act to allow contracting with private companies, enabling bids negotiated with private entities for the construction, operation and maintenance contracts of highway works. The present legislation intends to provide a prompt and expeditious mechanism through which the North Coast Superaqueduct Project can be completed, once it has obtained all the endorsements, permits and/or authorizations required herein, in order to ensure its safe implementation. At the same time, it fully protects the rights of all persons which interests may be affected and it provides effective mechanisms so that they may exercise their rights in the courts.
The Legislature of Puerto Rico approves this legislation, in the exercise of its constitutional faculty, and on the grounds of the power as a State which it holds, to deal with any emergency or urgent public need, whenever said interests require it, for the protection of the life, health and general welfare of the People.
BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:
Section 1.- The Statement of Motives of this Act constitutes the statement of legislative intent, for the purpose of its construction.
Section 2.- Statement of Purpose
As our Constitution proclaims, the Government of Puerto Rico shall be organized under republican precepts, and its Legislative, Executive and Judicial Powers shall be equally subordinated to the sovereignty of the People of Puerto Rico. Laws are correspondingly
approved by the Legislative Branch, enforced by Executive Branch, and interpreted by the Judicial Branch.
The Legislature, in the exercise of its power as a state, is empowered to adopt those measures geared to protect the health, safety and public welfare. To such effects, it is the duty of the Legislature to approve laws that respond to social and economic interests, and as well as to emergency situations. Section 19 of our Bill of Rights provides that the list of rights contained in Article II shall " not be construed as to restrict the faculty of the Legislature to approve laws for the protection of the life, health and of the People".
In view of the above, it is the public policy of our government to safeguard the best interests of the citizenry. As part of such policy, the State promotes the appropriate and necessary mechanisms to ensure accessibility to basic and essential services such as drinking water, electric power, transportation and communications means, among others, for all the people on an equal basis.
In order to adequately attend to the demand and need for potable water, and based on the experiences learned from the last years, specifically during the 1994 crisis, we feel it is indispensable to create the necessary mechanisms to provide sufficient potable water supplies to meet the needs of the people. It is a problem that, if not attended to immediately, shall have serious consequences now and in the future. The scarcity of potable water causes the deterioration of public health, losses in the economy, reduction of day-to-day activities, and other problems of a social nature.
In the exercise of their regulatory power, and in compliance with their obligation to safeguard the welfare, health and safety of the people, the Legislature of Puerto Rico hereby ratifies the existence of a public emergency regarding the water supply problem in Puerto Rico, Therefore, the urgent need to establish the public policy on water supply is hereby declared, in connection with the North Coast Superaqueduct Project.
It is our responsibility as a Legislature to legislate to attend to this problem. To such effects, this measure is closely connected to the general welfare of the community and pursues a public purpose of the highest importance. The processing of the North Coast Superaqueduct Project in its administrative phase was a correct one, complying with the laws, regulations and public policy in force.
The Legislature understands that in view of this crisis, the real, speedy and efficient alternative is the development of the North Coast Superaqueduct Project, which shall resolve the water supply problems of the North-central zone until the year 2050. This means that not only present deficiencies shall be resolved, but also those of the future. Likewise, it is the alternative that could supply the necessary volume of water in the shortest period of time, thus eliminating the risks of having to ration it. Likewise, it is the alternative with the least environmental impact and the lowest cost for the volume of water to be served.
This measure is attuned and meets the constitutional mandate stated in Section 19 of Article VI of the Constitution, for the preservation of our natural resources. This Act shall allow the implementation of a new system that reduces its impact on the environment thus allowing a greater development and best use of the most essential natural resource for human beings: water.
Section 3.- The Aqueduct and Sewer Authority is hereby authorized and ordered to continue uninterruptedly and diligently with the design and construction of the North Coast Superaqueduct Project until its completion, once all the requirements and procedures established in Section 4 of this Act are complied with and the authorization for the work is issued.
Section 4.- The Aqueduct and Sewer Authority shall file the following documents in a duly certified original or copy with the Regulations and Permits Administration:
a. Permit of the U.S. Corps of Engineers to comply with Section 404 of the Clean Water Act, gathering comments of federal and state agencies to comply with the:
i.- "Safe Drinking Water Act"
ii.- "Endangered Species Act";
iii.- "National Historic Preservation Act";
iv.- "Coastal Zone Management Act of 1972"
b. Quality of water certificate issued by the Environmental Quality Board.
c. Certification of compliance with Section 4 (C) of Act No. 9 of June 18, 1970, as amended, known as "Environmental Public Policy Act";
d. Construction permit for intake of water issued by the Department of Natural and Environmental Resources on September 18, 1996, pursuant to Act No. 136 of June 3, 1976, as amended, known as "Act for the Conservation, Development and Use of the Water Resources of Puerto Rico", regardless of whether such permit is final and binding.
The Regulations and Permits Administration shall review that the application of the Aqueducts and Sewers Authority includes the required documents above, and if complete, shall proceed immediately to issue the Authorization to Commence Works".
Section 5.- The Department of Natural and Environmental Resources is hereby ordered to continue the administrative procedure it determines necessary for the final award of the water franchise. Any person who is affected by the award of the construction permit for water intake or of a water franchise, may request a judicial review pursuant to Section 7 of this Act.
The Aqueduct and Sewer Authority shall meet with the conditions established in the abovementioned documents, which are attuned to the conservation and protection of the natural resources and the environment. These conditions establish provisions geared to mitigate any possible effect of the North Coast Superaqueduct Project on the environment.
Section 6.- The provisions of Act No. 170 of August 12, 1988, as amended, known as the "Uniform Administrative Procedure Act of the Commonwealth of Puerto Rico", shall not apply to actions or decisions of the agencies in connection with the documents detailed in Section 4 of this Act, except with respect to any term that has expired before the effectiveness of this Act. All those permits, endorsements, certifications, contracts, bids and administrative procedures, including notices, public and location consultations, which have been obtained or carried out administratively for the development of the North Coast Superaqueduct prior to the effectiveness of this Act, shall be understood to be force and in accordance with the public policy adopted hereby, due to the urgent need for potable water in order to ensure life, health and general welfare.
Section 7.- Any petition for judicial review of the decision of the administrative agency concerned shall be filed with the Supreme Court, within the jurisdictional term of thirty (30) days from the date on which the Regulations and Permits Administration gives notice, through publication in two (2) newspapers of general circulation in Puerto Rico, of the issue of the Authorization to Commence Work or regarding the construction permit or the final water franchise, from the time the decision is served and a copy thereof is filed in the record of the case. The petitioner shall serve notice of the filing of the petition for review to the appealed agency and to all interested parties within the established term, providing that compliance with said notice shall be jurisdictional in nature.
The issue of a writ of review shall not paralyze the authorization to commence work or the implementation of a rule, regulation, order, resolution, determination, processing, granting or effectiveness of any permit, endorsement or certification of an agency or official; or the award of a bid or granting of a contract issued or that arises in connection with the North Coast Superaqueduct Project, unless expressly ordered by the court to avoid irreparable damage.
In order for the court to issue said order, the petitioner shall prove that the same is indispensable to protect the jurisdiction of the court; that it is most likely to prevail on its merits; that the cease order shall not cause substantial damage to the other parties; that it shall not harm the public interest; that there is no reasonable alternative to prevent the alleged damages; and that the damage cannot be compensated through the granting of a monetary remedy or any other adequate remedy in law, all in accordance with the provisions of the Code of Civil Procedure of 1933, as amended.
Any court order shall only affect the component or components of the project which are in dispute in the case and where substantial damage is involved.
No type of legal action, procedure or recourse shall proceed in any court other than those provided in this Section, with the exception of those that compose a claim for damages pursuant to Act No. 104 of June 29, 1955, as amended, known as the "Lawsuits Against the State Act", or eminent domain procedures.
Section 8.- The provisions of this Act shall prevail over any other provision of law or regulations inconsistent with the same.
Section 9.- The provisions of this Act are separable and if any of the same are declared unconstitutional by a court of competent jurisdiction, said decision shall not affect nor impair any of the remaining provisions, nor shall it provide for the stay of the construction of the North Coast Superaqueduct North Coast nor any of its components.
Section 10.- In order to adequately orient the People of Puerto Rico, the Infrastructure Council is hereby directed to give broad coverage of the complete text of this Act in the news media; and any other information germane to the North Coast Superaqueduct that it deems necessary to be divulged.
Section 11.- This Act shall take effect immediately after its approval.