Ley 4 del 1985

(P. del S. 631) (Conferencia)

L E Y

Para crear la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, establecer sus funciones, poderes y facultades; crear una Junta Financiera, establecer sus funciones, poderes y facultades; transferir las funciones, poderes y deberes del Departamento de Hacienda relacionados con la Ley Núm. 221, aprobada el 15 de mayo de 1948, según enmendada, Ley de Juegos de Azar; la Sección 2(j) de la Ley Núm. 6 del 15 de diciembre de 1953, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1954; la Sección 2(j) (3) de la Ley Núm. 57 de 13 de junío de 1963, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1963; la Sección 2(j) (4), (5) y (6) de la Ley Núm. 26 de 2 de junio de 1978, según enmendada, Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico de 1978, según enmendada; Ley Núm. 8 aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar; Ley Núm. 3 aprobada el 13 de octubre de 1954, según enmendada, Ley Uniforme de Recibo de Fideicomiso; Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, Ley que crea el Fondo para la Investigación y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juego; para transferir las funci. nes, poderes y deberes del Departamento de Hacienda relacionadas con supervisión y fiscalización de la banca e instituciones financieras con respecto a la Ley Núm. 55, aprobada el 12 de mayo de 1933, según enmendada, Ley de Bancos de Puerto Rico; Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de 1965, según enmendada, Ley de Préstamos Personales Pequeños; Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, según enmendada, Ley de Instituciones Hipotecarias; Ley Núm. 20, aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble; Ley Núm. 93, aprobada el 26 de junio de 1964, según enmendada, Ley de Bancos de Ahorro; Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada, Ley para Reglamentar la Venta de Giros; Ley Núm. 40, aprobada el 23 de abril de 1928, según enmendada, Ley de Compañías de Fideicomisos; Ley Núm. 131, aprobada el 23 de julio de 1974, según enmendada, Ley sobre Transferencia de Fondos al Extranjero; Ley Núm. 130, aprobada el 30 de junio de 1975, según enmendada, Ley de Préstamos sobre Prendas; Ley Núm. 60, aprobada el 18 de junio de 1963, según enmendada, Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico; Ley Núm. 6, aprobada el 19 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico; Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio

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de 1980, Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional; Ley Núm. 17, aprobada el 18 de abril de 1933, según enmendada; Ley Núm. 10, aprobada el 7 de marzo de 1951; para transferir la facultad para supervisar el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Banco y Agencia de Financiamierto de ia Vivienda de Puerto Rico, Banco Obrero de Ahorro y Préstamos de Puerto Rico, Banco Gubernamertal de Fomento para Puerto Rico y Banco de Desarrollo de Puerto Rico; para transferir todas las funciones, poderes y deberes relacionados con la Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada, Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional; la Ley Núm. 1 aprobada el 15 de octubre de 1973, según enmendada, Ley de la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento; la Ley Núm. 36, aprobada el 24 de junio de 1954, según enmendada, Ley de Contratos de Refacción, Industrial y Comercial; la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, Ley de Ventas al Por Menor a Plazos y Compañias de Financiamiento; asignar fondos a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que se crea mediante esta Ley; enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5 de la Ley Núm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, según enmendada, "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", el Artículo 2 de la Ley Núm. 1, aprobada el 15 de octubre de 1973, según enmendada, y para fijar penalidades.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las industrias de la banca, de valores y de instituciones financieras en Puerto Rico son industrias dinámicas en continuo cambio y crecimiento. Estas industrias ejercen una influencia de inmensas proporciones sobre la economia de cualquier pais. El rápido desarrollo de estas industrias en Puerto Rico les ha fortalecido y habilitado para prestar mayores y mejores servicios a la economía. La banca puertorriqueña por ejemplo, ha aumentado aceleradamente sus recursos alcanzando el 30 de junio de 1985 más de $21 billones. Nuestro pueblo, observa con gran celo el curso de estas industrias y la gestion fiscalizadora que el Gobierno ejerce sobre ellas.

La fiscalización y supervisión de estas industrias está revestida de altas complejidades para lo cual se requiere un personal con conocimientos sumamente especializados. Experiencias recientes nos han demostrado que la estructura fiscalizadora gubernamental

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y los recursos humanos disponibles al presente son insuficientes para asegurar que en estas industrias prevalezcan estilos de conducta revestidos de pureza. Es responsabilidad ineludible del Estado asegurar que estén protegidos los intereses de aquéllos que están vinculados a estas industrias por ser depositantes, acreedores, accionistas u otro tipo de asociación.

La supervisión que se le ofrece a estas industrias está actualmente dividida en distintas agencias gubernamentales. La dispersión de esta responsabilidad supervisora ha creado duplicidad de recursos y trabajo, aumentos en los costos operacionales gubernamentales y ha generado confusión en el público quien con gran frecuencia desconoce la Agencia a la cual debe dirigirse para resolver un problema.

En la actualidad el Secretario de Hacienda supervisa, entre otras instituciones a los bancos comerciales, bancos de ahorro mutualistas, compañías de fideicomisos, compañías de préstamos personales pequeños, compañías de financiamiento de préstamos hipotecarios, compañías de arrendamiento de propiedad mueble, bancos gubernamentales, compañías de ventas de giros, casas de empeño y las casas de corretaje de valores. Estas instituciones tienen aproximadamente 900 unidades para servirle a Puerto Rico con recursos en exceso de $25 billones.

El desarrollo económico de Puerto Rico ha aumentado la complejidad del negocio financiero y es necesario que el gobierno equipare su capacidad para fiscalizarlo. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá la función reglamentadora de las leyes cuya supervisión le han sido encomendadas para equiparla con la agilidad y flexibilidad necesaria para honrar sus compromisos a la satisfacción de todos.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Artículo 1.- Título de la Ley Esta ley se conocerá y podrá citarse como "Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras".

Artículo 2.- Creación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

Se crea por la presente una Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras la cual estará adscrita al Departamento de Hacienda.

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Artículo 3.- Proposito de la Oficina del Comisionado La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta ley, la responsabilidad primordial de fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Articulo 4.-Definiciones Los siguientes términos, a los efectos de esta ley, tendrán el significado que a continuación se expresan:

(a) "Banco", significará cualquier persona que haga negocios bancarios en Puerto Rico.

(b) "Negocio Bancario", significará el negocio de comprar, vender, pagar o cobrar letras de cambio, expedir cartas de crédito, o recibir dinero para su transmisión y transmitir el mismo mediante giro, cheque, o de otro modo, o conceder préstamos, o recibir depositos, o en general, dedicarse, mediante combinación de cualesquiera de las anteriores funciones, a cualesquiera de las anteriores funciones, a cualquier transacción de naturaleza bancaria que un banco esté autorizado para efectuar bajo la Ley Núm. 55, aprobada el 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como "Ley de Bancos de Puerto Rico".

(c) "Persona", significará cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación o cualquier otro ente jurídico o natural.

(d) "Oficina del Comisionado", significará Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

(e) "Junta", significará la Junta Financiera creada en el Articulo 8 de esta Ley.

(f) "Comisionado", significará el Comisionado de Instituciones Financieras.

(g) "Instituciones Financieras", significará e incluirá a:

1. toda institución bancaria que haga negocios en Puerto Rico, conforme las disposiciones de la Ley Núm. 55, de 12 de mayo de 1933 según enmendada, conocida como "Ley de Bancos de Puerto Rico";
2. toda compañía de préstamos personales pequeños organizada bajo la Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de

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1965, según enmendada, conocida como "Ley de Préstamos Personales Pequeños"; 3. todo banco de ahorros doméstico que haga negocios en Puerto Rico; 4. cualquier compañía de fideicomisos que haga negocios de fideicomisos y funciones en Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Núm. 40, de 23 de abril de 1928, según enmendada, conocida como "Ley de Compañías de Fideicomisos"; 5. cualquier corporación o persona que haga negocios en Puerto Rico que esté sujeta a los requisitos de licencia exigibles bajo las disposiciones de la Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Instituciones Hipotecarias"; 6. todo fideicomiso de inversiones en bienes raíces que haga negocios en Puerto Rico, excepto cuando distribuya a sus accionistas el 90% ó más de su ingreso neto anual; 7. cualquier otra institución o persona que dedique activa y regularmente más de 50% de sus activos corrientes al negocio de financiamiento; 8. toda persona o compañía de arrendamiento de propiedad mueble que haga negocios en Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 20, aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como "Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble"; 9. toda compañía de venta de giros que opere bajo la Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada, conocida como Ley para Reglamentar la Venta de Giros; 10. toda compañía que se dedique al financiamiento de ventas a plazo bajo la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como "Ley de Ventas al Por Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento"; 11. toda compañía que se dedique al negocio de financiamiento de contratos de refacción industrial y comercial bajo la Ley Núm. 86, aprobada el 24 de junio de 1954, según enmendada, Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial; 12. toda Entidad Bancaria Internacional organizada bajo la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional, Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980;

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13. toda compañía de inversión que haga negocios en Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley de Compañias de Inversiones de Puerto Rico, Ley Núm. 6, aprobada el 19 de octubre de 1954, según enmendada;
14. todo corredor-traficante de valores que haga negocios en Puerto Rico bajo la Ley Núm. 60, aprobada el 18 de junio de 1963, según enmendada;
15. toda persona o entidad que se dedique al negocio de cesión de cuentas por cobrar bajo la Ley Núm. 8, aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada y;
16. toda persona o entidad que haga negocios bajo la Ley Uniforme de Recibos de Fideicomisos, Ley Núm. 3 aprobada el 13 de octubre de 1954, según enmendada.

(h) "Prácticas inadecuadas en la operación de la institución financiera" serán aquéllas que resulten de conformidad a las leyes que por esta ley habrá de poner en ejecución el Comisionado.

Artículo 5.- Dirección de la Oficina del Comisionado

(a) Comisionado de Instituciones Financieras

La Oficina del Comisionado estará bajo la dirección de un Comisionado quien será nombrado por el Gobernador a recomendación del Secretario de Hacienda, sin que este requisito se entienda que menoscaba la facultad constitucional de nombramiento del Gobernador. Este nombramiento requerirá además el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

En el desempeño de sus funciones el Comisionado será directamente responsable al Secretario de Hacienda.

El Comisionado podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Competencia del Comisionado

El Comisionado deberá ser una persona de carácter y reputación intachables y reconocida competencia en materias financieras.

(c) Sucesor del Comisionado

En caso de quedar vacante el cargo de Comisionado, el sucesor será nombrado como se dispone en el inciso

(a) de este Artículo.

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Artículo 6.- Personal de la Oficina del Comisionado

(a) Sub-Comisionado

El Comisionado, previa consulta con el Secretario de Hacienda, nombrará a un Sub-Comisionado y uno o más Asistentes y Comisionados Auxiliares de probada reputación, moral, y con la experiencia y conocimiento en materias financieras que considere necesarios para el mejor cumplimiento de los propósitos de la Oficina del Comisionado. En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o cuando por cualquier otra causa el cargo de Comisionado adviniera vacante, el SubComisionado asumirá todas sus funciones, deberes y facultades hasta tanto el sucesor sea designado y tome posesión del cargo.

(b) Sueldo del Comisionado y Sub-Comisionado

El Comisionado y el Sub-Comisionado devengarán el sueldo anual que se les fije por el Secretario de Hacienda de acuerdo a las normas que rigen para cargos de igual o similar nivel en el Gobierno de Puerto Rico.

(c) Todo oficial y empleado de la Oficina del Comisionado excepto el Comisionado, Sub-Comisionado, los Asistentes y Comisionados Auxiliares, los cuales se desempeñarán como empleados de confianza, estarán en el servicio de carrera. Cualquier persona que con anterioridad a su servicio como Comisionado, Sub-Comisionado, Asistente o Comisionado Auxiliar, hubiese sido empleado regular en un puesto de carrera, tendrá derecho a que se le reinstale en un puesto igual o similar al que ocupó en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocupar el de confianza.

Al personal que se le requiera una especial competencia y conocimiento sobre la investigación de instituciones financieras, el Comisionado podrá, previa aprobación del Secretario de Hacienda, asignarle un sueldo mayor al que perciba el personal de iguales o similares niveles en las demás agencias gubernamentales.

(d) El Comisionado podrá delegar en cualquier oficial o empleado de la Oficina del Comisionado cualesquiera de sus facultades, deberes y prerrogativas, excepto el poder de reglamentación.

(e) Todos los funcionarios y empleados que en el ejercicio de sus funciones en alguna forma intervengan o tengan la custodia de dinero, valores o cualquier propiedad pública, deberán estar

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cubiertos por fianza conforme determine el Comisionado, cuya fianza se regirá por la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada. Artículo 7.- Transferencia a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras

Se transfieren a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras:

(a) Todas las funciones, poderes y deberes del Secretario y/o del Departamento de Hacienda relacionados con la Ley Núm. 221, aprobada el 15 de mayo de 1948, según enmendada, conocida como "Ley de Juegos de Azar"; la Sección 2

(j) de la Ley Núm. 6 del 15 de diciembre de 1953, según enmendada, conocida como Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1954; la Sección 2

(j) (3) de la Ley Núm. 57 de 13 de junio de 1963, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1963; la Sección 2

(j) (4), (5) y (6) de la Ley Núm. 26 de 2 de junio de 1978, según enmendada, Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico de 1978, según enmendada; Ley Núm. 8 aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar; Ley Núm. 3 aprobada el 13 de octubre de 1954, según enmendada, Ley Uniforme de Recibo de Fideicomiso; Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, Ley que crea el Fondo para la investigación y examen de instituciones financieras y casinos de juego; todas las funciones, poderes, y deberes del Secretario y/o del Departamento de Hacienda relacionados con la supervisión y fiscalización de la banca e instituciones financieras, con respecto a la Ley Núm. 55, aprobada el 12 de mayo de 1933, según enmendada, Ley de Bancos de Puerto Rico; Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de 1965, según enmendada, Ley de Préstamos Personales Pequeños; Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, según enmendada, Ley de Instituciones Hipotecarias; Ley Núm. 20, aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble; Ley Núm. 93, aprobada el 26 de junio de 1964, según enmendada, Ley de Bancos de Ahorro; Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada, Ley para Reglamentar la Venta de Giros; Ley Núm. 40, aprobada el 23 de abril de 1928, según enmendada, Ley de Compañias de Fideicomisos; Ley Núm. 131, aprobada el 23 de julio de 1974, según enmendada, Ley sobre

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Transferencia de Fondos al Extranjero; Ley Núm. 130, aprobada el 30 de junio de 1975, según enmendada, Ley de Préstamos sobre Prendas; Ley Núm. 60, aprobada el 18 de junio de 1963, según enmendada, Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico; Ley Núm. 6, aprobada el 19 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Compañias de Inversiones de Puerto Rico; Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada, conocida como Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional; Ley Núm. 17, aprobada en 18 de abril de 1933 según enmendada; Núm. 10, aprobada el 7 de marzo de 1951; y la facultad para supervisar el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, Banco Obrero de Ahorro y Préstamos de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Ricoy Banco de Desarrollo de Puerto Rico; todas las funciones, poderes y deberes relacionados con la Ley Núm. 86, aprobada el 24 de junio de 1954, según enmendada, Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial; la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley de Ventas al Por Menor a Plazos y Compañias de Financiamiento.

(b) Toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de las agencias dedicadas a la administración de las leyes que se refieren en el apartado

(a) de este Artículo.

(c) Todo el personal que los Secretarios de Hacienda y del Departamento de Asuntos del Consumidor determinen que ha estado dedicado a la implantación y administración de las leyes que se refieren en el apartado

(a) de este Artículo. Dicho personal conservará los privilegios y derechos adquiridos al amparo de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, según enmendada.

Artículo 8.- Junta Financiera

(a) Se crea la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado, la cual se compondrá de nueve (9) miembros, incluyendo al Comisionado.

(b) Los otros miembros son: el Secretario de Hacienda que actuará como Presidente de la Junta, el Secretario de Comercio, el Secretario de Asuntos del Consumidor, el Presidente de la Junta de Planificación, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento y tres (3) personas representativas del sector privado.

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Disponiéndose, además, que los miembros en representación del sector privado, no se considerarán miembros de la Junta cuando ésta ejerza sus funciones al amparo de la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973, conocida como Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento. En tales casos el quórum de la Junta será de cuatro (4) miembros.

(c) Los miembros que representan el sector privado serán nombrados por el Gobernador de Puerto Rico y desempeñarán sus cargos por dos (2) años y hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión. El Gobernador podrá, previa notificación y vista, destituirlos por causa justificada.

(d) Los gastos de viaje de cualquier miembro de la Junta en representación de la Junta, se pagarán de acuerdo a la reglamentación que emita ésta al efecto.

(e) La Junta se reunirá, por lo menos, una vez cada trimestre. El Presidente podrá convocar a otras reuniones de la Junta, previo aviso, con no menos de veinticuatro (24) horas de antelación. Cinco (5) de sus miembros constituirán "Quórum". En toda determinación que tome la Junta deberá haber "Quórum" y se aprobará con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta que estén presentes. En caso de que no se obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta presente por resultar la votación en un empate, la propuesta discutida quedará derrotada.

(f) Ningún miembro de la Junta tomará parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier asunto a tratarse relacionado con cualquier corporación, sociedad, asociación no incorporada, o persona, cuando aquel sea parte interesada, o fuere o hubiere sido en cualquier momento durante los tres años anteriores, un oficial, director, socio, empleado, miembro o accionista. Un miembro puede inhibirse de participar en las deliberaciones y decisiones por cualquier otro motivo que éste o la Junta estime justificado.

(g) Cualquier ayuda técnica, legal o de oficina que pueda necesitar la Junta, será suministrada por el Comisionado.

Artículo 9.- Funciones de la Junta Financiera La Junta será la sucesora en derecho de la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamientos, creada por la Ley

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Núm. 1 del 15 de octubre de 1973. Como tal será su responsabilidad el fijar, regular, aumentar o disminuir, por reglamento $y$, durante el tiempo que ello fuere necesario, los tipos de interés y/o cargos máximos aplicables a determinadas transacciones económicas dentro del marco de cualesquiera sector, renglón o actividad económica del país, no cubiertas por leyes especiales. Además, la Junta Financiera servirá de organismo asesor a la Oficina del Comisionado a los fines de contribuir al desarrollo ordenado de las instituciones financieras y propiciar y recomendar medios para la creación y mantenimiento de condiciones financieras y crediticias favorables a la estabilidad y crecimiento económico del país.

La Junta Financiera, además, asesorará al Comisionado en el cumplimiento de la política pública establecida por esta ley.

Artículo 10.- Facultades del Comisionado

(a) El Comisionado, además de los poderes y facultades transferidos por la presente, tendrá poderes y facultades para:

1. Reglamentar sus propios procedimientos y normas de trabajo.
2. Instrumentar mediante reglamento cualquier disposición, definir con la aprobación de la Junta, cuaiquier término no definido, por ésta u otras leyes que sea su responsabilidad administrar, adoptar, aprobar, enmendar, o revocar aquellas reglas y reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley.

El Comisionado, antes de aprobar cualesquiera de los reglamentos dispuestos en ésta o en cualesquiera otras leyes bajo su administración y jurisdicción, que no sean los de funcionamiento interno de su Oficina, los someterá a la Junta Financiera para su recomendación. 3. Atender, investigar y resolver las querellas presentadas a la Junta o a la Oficina del Comisionado. 4. Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta ley. 5. Hacer contratos o convenios con personas o instituciones públicas o privadas, para llevar a cabo investigaciones, estudios o cualquier otro análisis para hacer efectivos los propósitos de esta ley.

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6. Requerir de toda persona cubierta por las disposiciones de esta ley, que lleve y conserve aquellos records y otros documentos que fueren necesarios para poner en vigor la misma.
7. Inspeccionar toda clase de records y documentos de toda persona que conceda préstamos esporádicos o habitualmente, cuando lo considere conveniente al mejor interés público.
8. Realizar todos aquellos actos necesarios para el logro eficaz de los propósitos de esta ley.
9. Imponer multas administrativas por las violaciones a las leyes que administra o las reglas, reglamentos y órdenes aprobados o dictadas por él, según se señala en el Artículo 20 de esta Ley.

(i) Cuando alguna de las leyes y reglamentos que administre no disponga lo contrario, emitir previa notificación y vista, órdenes para cesar y desistir y prescribir los términos y determine son para el beneficio del público. Cuando de acuerdo al Comisionado, la referida violación causa o puede causar un grave daño inmediato a la industria, ciudadanía o personas en particular, éste podrá emitir dicha orden, de carácter sumario, obviando el requisito de notificación y celebración de la vista, hasta tanto se disponga en forma final cualquier procedimiento instituido de acuerdo con este artículo. Al dictar la orden el Comisionado deberá prontamente notificar, según se especifica más adelante, que la misma ha sido dictada y las razones a que la misma obedece y que dentro de quince (15) dias contados a partir del recibo de una solicitud escrita el asunto será señalado para vista. Si no se solicitase la celebración de vista y el Comisionado no la ordenase, la orden continuará en vigor hasta tanto sea modificada o dejada sin efecto por el Comisionado. Si se solicitase u ordenase la celebración de una vista, el Comisionado luego de notificar dicha vista y de dar oportunidad a cada persona, según se especifica más adelante, de ser oído en la misma, podrá notificar o dejar sin efecto la orden o prorrogarla hasta tanto se disponga de la cuestión en forma final.

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(ii) El Comisionado podrá dejar sin efecto o modificar una orden si determina que las condiciones que le indujeron a dictarla han cambiado o que por alguna otra razón conviene al interés público así hacerlo. 11. Recurrir al Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesary desistir por él emitida. 12.

(i) Llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afectan a cualquier rama de la industria bancaria, financiera y valores para los cuales podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos; podrá requerir o permitir a cualquier persona presentar una declaración por escrito, bajo juramento o en cualquier otra forma, según el Comisionado determine, relativo a los hechos y circunstancias concernientes al asunto que se va a estudiar o investigar. (ii) Administrar juramentos y afirmaciones, citar testigos, compeler sus asistencia, tomar evidencia, y requerir la presentación de libros, papeles, correspondencia, apuntes, convenios u otros documentos o registros que el Comisionado estime que son relevantes o sustanciales a la investigación. (iii) En caso de rebeldía por, o negativa a obedecer una citación expedida a cualquier persona, el Tribunal Superior, a solicitud hecha por el Comisionado, podrá expedir una orden requiriendo a la persona que comparezca ante el Comisionado o el oficial designado por él, para que produzca evidencia documental, o para que aporte evidencia relativa al asunto en controversia, investigación o estudio. El incumplimiento de la orden del Tribunal podrá ser castigada por éste como desacato del Tribunal. El Tribunal Superior dará preferencia al curso y despacho de la petición del Comisionado. (iv) Cuando una persona reclame que el cumplir con una citación o contestar cualquier controversia, investigación o estudio, o alegue que la evidencia que se le requiere podría exponerle a un proceso de naturaleza administrativa o a que se le destituya o se le suspenda de su empleo, profesión u ocupación, el Comisionado podrá garantizar que la

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información a suministrarse no será utilizada en su contra en proceso alguno de naturaleza administrativa que pueda conllevar la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación. Cuando el reclamo sea que la información a suministrarse expone a la persona a un proceso de naturaleza criminal o civil, el Comisionado podrá gestionar con el Secretario de Justicia la concesión de inmunidad criminal o civil cuando su investigación requiera de la persona que conteste las preguntas o que entregue la evidencia requerida por el Comisionado. Una vez concedida la inmunidad administrativa por el Comisionado o la inmunidad civil o criminal por el Secretario de Justicia, la persona no podrá negarse a cumplir con la citación del Comisionado ni rehusar a contestar cualquier pregunta en relación con cualquier controversia, investigación o estudio del Comisionado ni negarse a entregar la evidencia que se le requiera.

(v) No podrá dictarse una orden bajo ninguna parte del presente artículo excepto la segunda oración del Artículo inciso 10(i) sin que: (1) se dé notificación previa apropiada a las personas que correspondan en su sitio de negocios, o donde se localicen personalmente o por correo certificado a su última dirección conocida; (2) se dé a los interesados la oportunidad de ser oidos y; (3) se formulen determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por escrito. 13. Nombrar todo el personal que considere necesario para llevar a cabo las funciones en él designadas. Artículo 11.- Suspensión y Remoción de Directores y Oficiales

(a) Cuando el Comisionado tenga motivos fundados para creer que cualquier miembro de la junta de directores u oficiales de una institución financiera supervisada por la Oficina del Comisionado ha cometido una violación o está violando cualquier ley en relación con dicha entidad, o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo del negocio, el Comisionado formulará cargos a dicho miembro de la junta de directores u oficial para que comparezca ante él o ante su representante autorizado, dentro de un plazo de tiempo y en un procedimiento que por reglamento establezca el Comisionado a mostrar causa por la cual no debe ser destituido.

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(b) Copia de la notificación de cargos será enviada por correo certificado con acuse de recibo, a cada miembro de la junta directiva de la institución financiera afectada.

(c) Si el Comisionado determinare, después de concederle al miembro de la junta directiva u oficial una oportunidad razonable para ser oído, que éste ha violado cualquier ley relacionada con dicha institución financiera o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo de los negocios de dicha institución, podrá ordenar que dicho miembro de la junta directiva u oficial, sea destituido de su cargo.

(d) El Comisionado enviará copia de la orden de destitución a la persona afectada y otra copia a la entidad de la cual él es miembro de la junta directiva u oficial para ser sometida inmediatamente al Comité Ejecutivo o junta directiva de dicha entidad. En ese caso, dicho miembro de la junta directiva u oficial, cesará de ser miembro de la junta directiva u oficial de dicha institución financiera inmediatamente al recibo de la notificación de la orden del Comisionado.

(e) La orden y las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en que se fundamente la misma no se harán públicas, ni se divulgarán a nadie, con excepción del miembro de la junta directiva u oficial envuelto y los directores de la institución financiera concernida, salvo en relación con procedimientos motivados por una violación de este artículo, o de una revisión judicial promovida según dispuesto en el Artículo 15 de esta Ley.

(f) Ningún miembro de la junta directiva u oficial que hubiere sido destituido de su cargo, según lo dispuesto en este artículo, podrá participar posteriormente en modo alguno en la administración de cualquier institución financiera sin la previa autorización del Comisionado. Artículo 12.- Poderes Adicionales del Comisionado Además de los otros poderes conferidos por esta Ley, el Comisionado tendrá facultad para exigirle a las entidades que éste supervisa de acuerdo con esta Ley a:

(a) Llevar sus cuentas, records y registros de acuerdo con aquellos reglamentos que de tiempo en tiempo él pueda prescribir.

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(b) Observar métodos y normas que él prescriba mediante reglamento para determinar el valor de activos y pasivos.

(c) Eliminar de los libros todo o parte de un activo que al momento de la acción del Comisionado no podía adquirirse legalmente.

(d) Fijar el valor en el mercado de un activo.

(e) Obtener y entregarle un estado financiero de los deudores directos o indirectos, de las instituciones supervisadas dentro de los límites que la entidad pueda hacerlo.

(f) Obtener los seguros contra daños u otros riesgos sobre propiedad o propiedades tomadas en garantía.

(g) Mantener un seguro adecuado contra todos aquellos riesgos que el Comisionado crea necesario y apropiado para la protección de los depositantes y el público.

(h) Cargar contra sus beneficios no distribuidos, fondos de reserva o cuentas de capital, cualquier préstamo o parte de éste, cualquier activo o parte de éste, que a su juicio constituya una posible pérdida para la entidad bajo examen.

(i) Segregar cualquier porción de los beneficios futuros que creyere conveniente hasta que queden restituidos en su totalidad dichas cuentas de capital y fondo de reserva.

(j) Crear las reservas de valoraciones de activos que creyere conveniente.

Artículo 13.- Querellas Cualquier ciudadano podrá radicar una querella en la Oficina del Comisionado para vindicar los derechos que le conceden las leyes administradas por la misma.

Artículo 14.- Reconsideración por Decisión del Comisionado. Cuando alguna Ley especial que administre el Comisionado no disponga lo contrario, cualquier parte afectada por una decisión del Comisionado podrá solicitar la reconsideración dentro del término de quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

Artículo 15.- Revisión Judicial de Resoluciones y Ordenes dictadas por el Comisionado

(a) Cuando alguna Ley especial que administre el Comisionado no disponga lo contrario, cualquier parte adversamente

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afectada por una resolución u orden del Comisionado, podrá solicitar la revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal Superior del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sala de San Juan, después de la notificación de la reconsideración y decisión final del Comisionado. La solicitud deberá ser presentada ante el Tribunal Superior dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la reconsideración de la resolución u orden del Comisionado.

(b) La orden, resolución, o reglamento del Comisionado permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal Superior de Puerto Rico final y firme, revocando la decisión del Comisionado.

(c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Presentando el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Comisionado dentro de un término de cinco (5) días a partir de su presentación.

(d) Será deber del Comisionado elevar al Tribunal copia certificada dentro de los quince (15) días a contar de la fecha que fuere notificado de expedición del auto de revisión.

(e) El Tribunal revisará las resoluciones u órdenes del Comisionado, tomando como base el expediente administrativo sometido, sólo en cuanto a las conclusiones de derecho. Las determinaciones de hecho del Comisionado serán concluyentes para el Tribunal, si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial.

Artículo 16.- Limitación de Responsabilidad del Personal Ningún miembro, oficial, funcionario o empleado de la Junta, o el Comisionado, oficial, funcionario o empleado de la Oficina del Comisionado será responsable en una acción civil por daños y perjuicios por cualquier acción u omisión de buena fe al desempeñar las funciones de su cargo.

Artículo 17.- Facultad del Gobernador El Gobernador podrá delegar en el funcionario o funcionarios que estime, y podrá adoptar las medidas que sean necesarias para que la transferencia de las funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones, oficinas, programas, fondos, propiedad, archivo o cualesquiera otros que sean necesario de acuerdo a las disposi-

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ciones de esta Ley, se lleve a cabo en forma ordenada y sin que se afecten o interrumpan las tareas, investigaciones, procedimientos, transacciones o convenios iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, o en proceso de adjudicación, resolución o determinación.

Artículo 18.- Asignación de Fondos

(a) Se asigna a la Oficina del Comisionado los dineros del "Fondo para la Investigación y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juego", creado por la Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, para llevar a cabo los fines de esta Ley. Además, se transfieren las asignaciones presupuestadas para el año fiscal 1985-86 a los Negociados de Bancos e Instituciones Financieras y Valores.

(b) En años subsiguentes los fondos necesarios para la administración de esta Ley se consignarán en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 19.- Continuidad de las Leyes Transferidas Las disposiciones de las leyes a que hace referencia el Artículo 7 de esta medida que otorgan poderes, funciones y deberes al Secretario de Hacienda y las reglas, reglamentos y órdenes adoptadas o emitidas por dicho Secretario al amparo de dichas leyes, continuarán en vigor y serán administradas por el Comisionado, quien será el sucesor legal del Secretario de Hacienda al respecto. De igual forma será respecto a la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento administrada por el Secretario de Asuntos del Consumidor.

Artículo 20.- Penalidades

(a) Cualquier institución financiera o persona que viole las disposiciones de esta ley o de los reglamentos promulgados a su amparo, estará sujeta a una multa administrativa a ser determinada por el Comisionado, que en ningún caso excederá de cinco mil dólares ( $5,000.00 ). Cualquier institución financiera o persona que viole las disposiciones de las otras leyes y reglamentos bajo la administración y jurisdicción del Comisionado, estará sujeta a la penalidad dispuesta para tal violación en la ley o reglamento que sea aplicable.

(b) Todo director u oficial de una institución financiera que viole cualesquiera de las disposiciones de esta ley o sus

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reglamentos, estará sujeto a una multa administrativa que no excederá de quinientos dólares ( $500.00 ) en el caso de una primera infracción. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones, incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será castigado con una multa no mayor de cinco mil (5,000) dólares por cada infracción o con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) meses; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de nueve (9) meses. El Tribunal, a su discreción, podrá imponer ambas penas.

(c) El Comisionado podrá imponer una multa administrativa que no excederá de cinco mil dólares ( $5,000 ) por cada día que una institución financiera deje de cumplir con las órdenes dictadas bajo las disposiciones de esta Ley, disponiéndose que en ningún caso la acumulación de las multas excederá cincuenta mil dólares ( $50,000.00 ). El Comisionado podrá iniciar una acción civil para el cobro de dicha multa administrativa en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el cual tendrá jurisdicción exclusiva para entender en ese procedimiento.

(d) Todo funcionario, oficial, empleado o examinador de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y de la Junta Financiera prestará un juramento de que no divulgará la información obtenida en sus investigaciones y toda aquella información que se derive del descargo de su gestión oficial. El funcionario, oficial, empleado o examinador que faltare a su juramento incurrirá en un delito menos grave y se le castigará con una multa no mayor de quinientos dólares ( $500.00 ) o con cárcel por término no mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del Tribunal.

(e) Ningún funcionario, empleado, oficial o examinador de la Oficina del Comisionado podrá trabajar o prestar servicios profesionales, de consultoría o ejecutivos en una institución financiera cubierta por las disposiciones de esta ley, hasta tanto haya transcurrido un (1) año desde la fecha en que cese en sus funciones o cargo en la Oficina del Comisionado. Toda persona o institución financiera que viole las disposiciones de este inciso, estará sujeta a la penalidad dispuesta en el Inciso

(d) de este Artículo.

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Artículo 21.- Plazo para nombrar el Comisionado, los miembros que representan el sector privado y para la organización de la Oficina.

El Secretario de Hacienda nombrará al Comisionado dentro de los noventa días (90) siguientes a la aprobación de esta Ley. El Gobernador nombrará a los miembros de la Junta que representan el sector privado dentro de un plazo de ciento veinte (120) días después de la aprobación de esta ley. Dentro de este último plazo deberá quedar organizada la Oficina del Comisionado. Mientras no se haya organizado la Oficina, se complete la Junta y el Comisionado esté ocupando su cargo, las funciones que a estos se le delegan serán administradas por el Secretario de Hacienda.

Artículo 22.- Administradores Individuales Se adiciona el párrafo (9) a la Sección 5.3 del Artículo 5 de la Ley Núm. 5, aprobada en 14 de octubre de 1975, según enmendada, Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, para que lea como sigue: "Artículo 5.-El Sistema de Administración de Personai; Estructura.

Sección 5.1 Sección 5.3 Administradores Individuales Las siguientes Agencias serán Administradores Individuales:

Todas aquellas agencias que al presente estén en los Servicios Exentos o Sin Oposición. Asimismo serán Administradores Individuales las siguientes: (1) (9) La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras."

Artículo 23.- Transferencia de funciones de la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento

Se suprime la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento creada por el Artículo 2 de la Ley Número 1, aprobada el 15 de octubre de 1973 y se transfieren a la Junta Financiera creada en el Artículo 8 de esta ley, las facultades que dicha Ley y cualesquiera otras leyes le confieren a la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento.

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Artículo 24.- Junta Reguladora del Centro Bancario Internacional

Se suprime la Junta Reguladora del Centro Bancario Internacional, creada al amparo de la Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada y se transfieren al Comisionado de Instituciones Financieras las facultades que dicha Ley, o cualesquiera otras leyes, le confieren a dicha Junta.

Artículo 25.- Cláusula Derogatoria Cualquier ley o parte de ley que se oponga a la presente queda derogada.

Artículo 26.- Vigencia Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

Presidente del Senado

Presidente de la Cámara

DEPAKTAMENTO DE ESTALU

CERTIFICO: Que es copia fiel y exacta del original aprobado y firmado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el dia 10 de ectuhe de 1985

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COMMONWEALTH OF PUERTO RICO

OFFICE OF LEGISLATIVE SERVICES

CAPITOL BUILDING P.O. BOX 3986

SAN JUAN, PUERTO RICO 00904

May 8, 1986

Juan R. Melecio, Director of the Office of Legislative Services of the Legislature of Puerto Rico, hereby certifies to the Secretary of State that he has duly compared the English and Spanish texts of Act No. 4 (S. B. 631) (Conference) of the 4th Spc. Session of the 10th Legislature of the Commonwealth of Puerto Rico, entitled:

AN ACT to create the Office of the Financial Institutions Commissioner, establish his functions, powers and faculties; to create a Financial Board, establish its functions, powers and faculties; etc., and finds the same are complete, true and correct versions of each other.

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(S.B. 631) (Conference)

(No. 4) (Approved October 11, 1985)

AN ACT

To create the Office of the Financial Institutions Commissioner, establish his functions, powers and faculties; to create a Financial Board, establish its functions, powers and faculties; to transfer the functions, powers and duties of the Department of the Treasury related to Act No. 221, approved May 15, 1945, as amended, the Games of Chance Act; Section 2(j) of Act No. 6 of December 15, 1953 as amended, the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1954; Section 2(j)(3) of Act No. 57 of June 13, 1963 as amended, the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1963; Section (2)(j) (4), (5) and (6) of Act No. 26 of June 1, 1978, as amended, the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1978, as amended; Act No. 8 approved October 8, 1954, as amended, the Accounts Receivable Conveyance Act; Act No. 3 approved October 13, 1954, as amended, the Uniform Trust Receipt Transactions Act; Act No. 20 approved April 9, 1976, as amended, an Act to create a Fund for the Investigation and Inspection of Financial Institutions and Gambling Casinos; to transfer the functions, powers and duties of the Department of the Treasury related to the supervision and inspection of banks and financial institutions with respect to Act No. 55, approved May 12, 1933, as amended, the Puerto Rico Banking Law; Act No. 106, approved June 28, 1965, as amended, the Small Personal Loans Act; Act No. 97, approved June 5, 1973, as amended, the Mortgage Institutions Act; Act No. 20, approved May 8, 1973, as amended, the Personal Property

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Leasing Act; Act No. 93 approved June 26, 1964, as amended, the Savings Bank Act; Act No. 17, approved May 3, 1967, as amended, an Act to Regulate the Sale of Drafts; Act No. 40, approved April 23, 1928, as amended, the Trust Companies Act; Act No. 131, approved July 23, 1974, as amended, Act on Transfers of Funds Abroad; Act No. 130, approved June 30, 1975, as amended, the Loan Pledge Act; Act No. 60, approved June 18, 1963, as amended, the Uniform Securities Act of Puerto Rico, Act No. 6, approved October 19, 1954, as amended, the Investment Companies Act of Puerto Rico; Act No. 16, approved July 2, 1980, the International Banking Center Regulatory Act; Act No. 17, approved April 18, 1933, as amended; Act No. 10, approved March 7, 1951; to transfer the faculty to supervise the Puerto Rico Credit and Loan Bank, the Puerto Rico Housing Financing Agency and Bank, the Puerto Rico Savings and Loan Labor Bank, the Government Development Bank for Puerto Rico, and the Puerto Rico Development Bank; to transfer all the functions, powers and duties related to Act No. 16, approved July 2, 1980, as amended, the Insternational Banking Center Regulatory Act; Act No. 1, approved October 15, 1973, as amended, the Interest Rate and Financing Fees Regulatory Board; Act No. 86 approved June 24, 1954, as amended, the Industrial and Commercial Financing Contracts Act; Act No. 68, approved June 19, 1964, as amended, the Retail Sales and Finance Companies Act; to appropriate funds to the Office of the Financial Institutions Commissioner, created hereby; to amend clause 5.3 of Section 5 of Act No. 5, approved October 14, 1975, as amended, the Puerto Rico Public Service Personnel Act; Section 2 of Act No. 1, approved October 15, 1973, as amended, and to fix penalties.

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STATEMENT OF MOTIVES

The banking, securities and financial institutions in Puerto Rico are dynamic industries in a continous state of evolution and growth. These industries exert an immense influence on the economy of any country. The rapid development of these industries in Puerto Rico has strengthened and enabled them to give broader and better services to the economy. Puerto Rican banking for example, has rapidly increased its resources which on June 30, 1985, exceeded $21 billion. Our people are zealously watchful over the course of these industries and the Government's supervision thereof.

The control and supervision of these industries is vested with extreme complexities for which it is essential to have personnel with highly-specialized knowledge. Recent experiences have shown us that the government's supervisory structure and the manpower available at present are insufficient to ensure that unsullied standards of conduct prevail in these industries. The State cannot set aside its responsibility to ensure that the interests of those who are tied to these industries, be they despositors, creditors, shareholders or other types of associates, are protected.

The supervision given to these industries is dispersed among different government agencies at present. This dispersion of this supervisory responsibility has caused the duplication of resources and work, the increase of the government's operating costs, and has generated confusion in the public, which frequently finds it does not know where to go to solve a problem.

The Secretary of the Treasury supervises at present, among other institutions, commercial banks, mutual savings banks, trust companies, small personal loan companies, mortgage loan financing companies, personal property leasing

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companies, government banks, money order sales companies, pawnshops, and stock brokerage firms. These institutions have around 900 units which serve Puerto Rico, and their resources exceed $25 billion.

Puerto Rico's economic development has increased the complexity of financial businesses, and the government must necessarily upgrade its capacity to control it. The Financial Institutions Commissioner's Office shall have the function of regulating the laws whose supervision has been turned over to it, to equip it with the needed agility and flexibility to honor its commitments to everyone's satisfaction.

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF PUERTO RICO:

Section 1.- Title of the Act This Act shall be known as the "Financial Institutions Commissioner's Office Act".

Section 2.- Creation of the Financial Institutions Commissioner's Office. An Office of the Commissioner of Financial Institutions is hereby created, which shall be attached to the Department of the Treasury.

Section 3.- Purpose of the Commissioner's Office. The Financial Institutions Commissioner's Office shall be charged with the main responsibility of controlling and supervising the financial institutions that operate or do business in the Commonwealth of Puerto Rico, among its other functions provided in this Act.

Section 4.- Definitions To the effects of this Act, the following terms shall have the meanings stated hereinbelow:

(a) "Bank" shall mean any person engaged in the banking business in Puerto Rico.

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(b) "Banking Business", shall mean the business of buying, selling, paying or collecting bills of exchange or bank drafts, issuing letters of credit or receiving money for their transmittal and transmitting them by bank draft, check, or other means; or grant loans, or receive deposits, or engage, in general, through a combination of any of the above functions, in any of the above functions, in any banking transaction that a bank is authorized to perform under Act No. 55, approved May 12, 1933, as amended, known as the "Puerto Rico Banking Law."

(c) "Person" shall mean any individual, society, corporation, association, or any other juridical or natural entity.

(d) "Commissioner's Office" shall mean the Financial Institutions Commissioner's Office.

(e) "Board" shall mean the Financial Board created in Section 8 of this Act.

(f) "Commissioner" shall mean the Financial Institutions Commissioner.

(g) "Financial Institutions" shall mean and include:

1. every banking institution doing business in Puerto Rico, pursuant to the provisions of Act No. 55 of May 12, 1933 as amended, known as the "Puerto Rico Banking Law";
2. every small personal loan company organized under Act No. 106, approved June 28, 1965, as amended, known as the "Small Personal Loan Act";
3. every domestic savings bank doing business in Puerto Rico;
4. any trust company doing trust business and functions in Puerto Rico under the provisions of Act No. 40 of April 23, 1928 as amended, known as the "Trust Companies Act".

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5. any corporation or person which does business in Puerto Rico who is subject to the licensing requirements under the provisions of Act No. 97, approved June 5, 1973, as amended, known as the "Mortgage Institutions Act."
6. every real estate investment trust which does business in Puerto Rico, except when it distributes 90% or more of its annual net income to its stockholders;
7. any other institution or person who actively and regularly devotes more than 50% of its current assets to the financing business;
8. any person or personal property leasing company which does business in Puerto Rico under Act No. 20 approved May 8, 1973, as amended, known as the "Personal Property Leasing Act";
9. any company engaged in the sale of drafts that operates under Act No. 17, approved May 3, 1967, as amended, known as the "Act to Regulate the Sale of Drafts";
10. any company engaged in the financing of retail sales under Act No. 68, approved June 19, 1964, as amended, known as the "Retail Sales and Finance Companies Act";
11. any company engaged in the business of financing industrial and commercial contracts under Act No. 86, approved June 24, 1954, as amended, the "Industrial and Commercial Financing Contracts Act";
12. any International Banking Entity organized under the International Banking Center Regulating Act, Act No. 16 approved July 2, 1980;
13. any investment company which does business in Puerto Rico under the provisions of the Puerto Rico Investment Companies Act, Act No. 6, approved October 19, 1954, as amended;

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14. any stockbroker which does business in Puerto Rico under Act No. 60, approved June 18, 1963, as amended;
15. any person or entity engaged in the business of conveyance of accounts receivable, under Act No. 8 of October 8, 1954 as amended, and,
16. any person or entity that does business under the Uniform Trust Receipt Transactions Act, Act No. 3 approved October 13, 1954, as a mended.

(h) "Unsuitable practices in the operation of the financial institution", shall be those which occur pursuant to the laws which the Commissioner shall enforce under this Act.

Section 5.- Direction of the Commissioner's Office

(a) Financial Institutions Commissioner

The Office of the Commissioner shall be under the direction of a Commissioner, who shall be appointed by the Governor by recommendation of the Secretary of the Treasury, which requirement does not imply that the Governor's constitutional power to appoint is impaired. This appointment shall also require the advice and consent of the Senate of Puerto Rico.

In the performance of his functions, the Commissioner shall answer directly to the Secretary of the Treasury.

The Commissioner may avail himself of the benefits of Act No. 447 of May 15, 1951 as amended, which establishes the Puerto Rico Government Employees Retirement System.

(b) Competence of the Commissioner

The Commissioner shall be a person of unblemished character and reputation, and recognized competence in financial matters.

(c) Commissioner's Successor

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In the event the office of the Commissioner should become vacant, the successor shall be appointed as provided in subsection

(a) of this Section.

Section 6.- Commissioner's Office Personnel

(a) Deputy Comissioner

The Commissioner, after due consultation with the Secretary of the Treasury, shall appoint a Deputy Commissioner and one or more Assistants and Auxiliary Commissioners of established moral repute, with the experience and knowledge of financial matters deemed necessary to best comply with the purposes of the Office of the Commissioner. In case of illness, disability, temporary absence, or when for any other cause, the Office of the Commissioner should become vacant, the Deputy Commissioner shall assume all his functions, duties and faculties until his successor is designated and takes office.

(b) Commissioner and Deputy Commissioner's Salary

The Commissioner and the Deputy Commissioner shall earn the annual salary fixed by the Secretary of the Treasury according to the standards that govern positions of the same or similar level in the Government of Puerto Rico.

(c) Every official and employee of the Office of the Commissioner, except the Commissioner, Deputy Commissioner, Assistants and Auxiliary Commissioners, who shall function as confidential employees, shall be career employees. Any person who, prior to his service as Commissioner, Deputy Commissioner, Assistant or Auxiliary Commissioner, was a regular career employee, shall have the right to be reinstated in an equal or similar position to that which he held in the career service when he was appointed to the confidential position.

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The Commissioner may, with the Secretary of the Treasury's approval, assign to any personnel which must have special competence and knowledge for the investigation of financial institutions, a higher salary than that earned by personnel on an equal or similar level in the other government agencies.

(d) The Commissioner may delegate any of his faculties, duties and prerrogatives, except the power to regulate, on any official or employee of the Office of the Commissioner.

(e) All officials and employees who, in the performance of their functions, intervene in any way, or have custody of money, securities, or any public property, shall be covered by a bond as determined by the Commissioner, which bond shall be governed by the Puerto Rico Government Accounting Act, Act No. 230 of July 23, 1974, as amended.

Section 7.- Transfer to the Office of the Commissioner of Financial Institutions The following are hereby transferred to the Office of the Commissioner of Financial Institutions:

(a) All the functions, powers and duties of the Secretary and/or the Department of the Treasury related to Act No. 221, approved May 15, 1948, as amended, known as the Games of Chance Act; Section 2(j) of Act No. 6 of December 15, 1953 as amended, known as the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1954; Section 2(j)(3) of Act No. 57 of June 13, 1963 as amended, the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1963; Section 2(j)(4), (5) and (6) of Act No. 26 of June 2, 1978 as amended, the Puerto Rico Industrial Incentives Act of 1978, as amended; Act No. 8 approved October 8, 1954, as amended, known as the Accounts Receivable Conveyance Act; Act No. 3, approved October 13, 1954, as amended, the Uniform Trust Receipt Transactions Act; Act No. 20,

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approved April 9, 1976, as amended, and Act to Create a Fund for the Investigation and Inspection of Financial Institutions and Gambling Casinos; all the functions, powers and duties of the Secretary and/or the Department of the Treasury related to the supervision and control of banking and financial institutions, with regard to Act No. 55, approved May 12, 1933, as amended, the Puerto Rico Banking Law; Act No. 106, approved June 28, 1965, as amended, the Small Personal Loans Act; Act No. 97, approved June 5, 1973, as amended, the Mortgage Institutions Act; Act No. 20, approved May 8, 1973, as amended, the Personal Property Leasing Act; Act No. 93 approved June 26, 1964, as amended, the Savings Banks Act; Act No. 17, approved May 3, 1967, as amended, the Law to Regulate the Sale of Drafts; Act No. 40, approved April 23, 1928, as amended, the Trust Companies Act; Act No. 131, approved June 23, 1974, as amended, an Act on Transfers of Funds Abroad; Act No. 130, approved June 30, 1975, as amended, the Loan Pledge Act; Act No. 60, approved June 18, 1963, as amended, the Uniform Securities Act of Puerto Rico; Act No. 6, approved October 19, 1954, as amended, the Investment Companies Act of Puerto Rico; Act No. 16, approved July 2, 1980, as amended, known as the International Banking Center Regulatory Act; Act No. 17, approved April 18, 1933, as amended; Act No. 10, approved March 7, 1951; and the power to supervise the Puerto Rico Credit and Loan Bank, the Puerto Rico Housing Financing Agency and Bank, the Puerto Rico Savings and Loan Labor Bank, the Government Development Bank for Puerto Rico, and the Puerto Rico Development Bank; all the functions, powers and duties related to Act No. 86, approved June 24, 1954, as amended, the Industrial and Commercial Financing Contracts Act; Act No. 68, approved June 19, 1964, as amended, known as the Retail Sales and Finance Companies Act.

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(b) All property, documents, unspent amounts from appropriations, items and other funds in possession and in custody of the agencies devoted to the administration of the laws referred to in subsection

(a) of this Section.

(c) All personnel that the Secretaries of the Treasury and of the Department of Consumer Affairs determine that they have been devoted to the implementation and administration of the laws referred to in subsection

(a) of this Section. Said personnel shall retain their vested rights and privileges acquired under the Puerto Rico Public Service Personnel Act, Act No. 5, approved of October 14, 1975, as amended.

Section 8.- Financing Board

(a) The Financing Board is hereby created in the Office of the Commissioner, which shall be composed of nine (9) members, including the Commissioner.

(b) The other members shall be: the Secretary of the Treasury, who shall act as Chairman of the Board; the Secretary of Commerce, the Secretary of Consumer Affairs, the Chairman of the Planning Board, the President of the Government Development Bank, and three (3) persons representing the private sector.

Provided, besides, that the members that represent the private sector shall not be considered as members of the Board when it exercises its functions under Act No. 1 of October 15, 1973, known as the Interest Rates and Financing Fees Regulator. In such cases the Board's quorum shall be of four (4) members.

(c) The members that represent the private sector shall be appointed by the Governor of Puerto Rico and shall hold office for two (2) years and until

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their successors are appointed and take office. The Governor may dismiss them for just cause after due notice and hearing.

(d) The travel expenses of any Board member may be paid according to the Regulations issued to such effect.

(e) The Board shall meet at least once every quarter. The Chairman may call other meetings of the Board after not less than twenty four (hours) notice. Five of its members shall constitute quorum. Every decision of the Board shall require a quorum and it shall be approved by the affirmative vote of the majority of the members of the Board present. In case an affirmative vote of the majority of the members present cannot be obtained because of a tied vote, the proposal under discussion shall be defeated.

(f) No member of the Board shall take part in the deliberations and decisions on any matter related to any corporation, partnership, unincorporated association, or person, who is an interested party, or who was, or had been an officer, director, partner, employee, member of shareholder thereof at any time during the previous three years. A member may inhibit himself from participating in the deliberations and decisions for any other reason that he or the Board deem justified.

(g) Any technical, legal, or clerical assistance needed by the Board shall be furnished by the Commissioner.

Section 9.- Functions of the Financing Board The Board shall be the legal successor of the Interest Rates and Financing Fees Regulating Board, created by Act No. 1 of October 15, 1973. As such, it shall be responsible for fixing, regulating, raising or lowering, by Regulations, and for the necessary term, the interest rates and/or maximum fees applicable to certain financial transactions within the framework of any sector, line or economic activity

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in the country not covered by special statutes. The Financing Board shall also serve as advisory body to the Office of the Commissioner, for the purpose of contributing to the orderly development of the financial institutions, and to propitiate and recommend measures for the creating and maintenance of favorable credit and financing conditions for the economic estabitity and growth of the country.

The Financing Board shall also advise the Commissioner on the compliance of the public policy established by this Act.

Section 10.- Faculties of the Commissioner

(a) In addition to the powers and faculties transferred hereby, the Commissioner shall have the power and faculties to:

1. Regulate his own procedures and working standards.
2. Implement any provision through Regulations, define with the Board's approval, any term which is not defined by this or other laws which he is responsible for administering; adopt, approve, amend or revoke such rules and regulations, Orders, Resolutions and determinations needed to comply with this Act.

Before approving any of the Regulations provided in this, or any other laws under his administration and jurisdiction, which are not those for the internal operation of his Office, the Commissioner shall submit them to the Financing Board for their recommendation. 3. Handle, investigate and resolve the complaints presented to the Board or to the Commissioner's Office. 4. To file any legal remedies needed to implement the purposes of this Act. 5. Enter into contracts or agreements with persons or public or private institutions, to perform investigations, studies, or any other analysis to implement the purposes of this Act.

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6. Require any person covered by the provisions of this Act, to keep and conserve such records and documents that are needed to implement this Act.
7. Inspect all kinds of records and documents of any person who habitually or sporadically grants loans, when he deems it is in the best public interest.
8. Perform such acts as are needed for the effective achievement of the purposes of this Act.
9. Impose administrative fines for violations of the laws he administers, or the rules, regulations and orders approved or prescribed by him, as indicated in Section 20 of this Act.

(i) When any of the laws and regulations he administers do not provide otherwise, to issue after due notice and hearing, cease and desist orders, and prescribe the terms he determines are for the benefit of the public. When in the Commissioner's opinion, said violation causes or could cause immediate grave damage to industry, the citizenry or specific persons, he may issue said order of a summary nature, passing over the requirement of due notice and hearing, until the final disposition of any procedure instituted under this Section. In issuing said order, the Commissioner shall promptly serve notice, as specified below, that it has been issued, and the reasons for it, and that within fifteen (15) days, counting from the receipt of a written petition, the matter shall be docketed for a hearing. If no petition for a hearing is received and the Commissioner does not order it, the order shall continue in effect until it is modified or rendered ineffective by the Commissioner. If the holding of a hearing is requested or ordered, the Commissioner, after due notice thereof, and allowing each person, as specified below,to be heard

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he may serve notice or render the order ineffective, or postpone it, until the matter is finally disposed of. (ii) The Commissioner may render ineffective or modify an order if he finds that the conditions that induced him to issue it have changed, or that it is in the public interest to do so for any other reason. 11. Resort to the Superior Court of Puerto Rico to request that any cease or desist order issued by him is put into effect. 12.

(i) Perform all kinds of studies and investigations on matters that affect any branch of the banking, financial and securities industry for which he may require the necessary, pertinent and essential information, to achieve said purposes; may require or allow any person to present a written statement, under oath, or in any other manner, as the Commissioner may determine, with regard to the facts and circumstances concerning the matter that is to be studied or investigated. (ii) Take oaths and statements, call witnesses, compel their attendance, hear evidence and require the submission of books, papers, correspondence, notes, agreements, or other documents or registers that the Commissioner may consider as relevant and substantial to the investigation. (iii) In case of contempt of Court or refusal to obey a summons issued to any person, the Superior Court, by petition of the Commissioner, may issue an order requiring the person to appear before the Commissioner or the official designated by him, to produce documentary evidence, or to furnish evidence in connection with the matter in dispute, or under investigation or study. Noncompliance of the Court's order may

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be sanctioned by it as contempt of Court. The Superior Court shall give preference to the course and dispatch of the Commissioner's petition. (iv) When a person alleges that complying with a summons, or answering any dispute, investigation or study, or alleges that the evidence required could expose him to an administrative proceeding or could lead to his removal or suspension from his employment, profession or occupation, the Commissioner shall guarantee that the information to be furnished shall not be used against him in any administrative procedure of any nature that could bring about the dismissal or suspension from his employment, profession or occupation. When the claim is that the information to be furnished exposes a person to a criminal or civil procedure, the Commissioner may arrange with the Secretary of Justice to grant civil or criminal immunity when his investigation requires the person to answer the questions or turn over the evidence required by the Commissioner. Once administrative immunity has been granted by the Commissioner, or civil or criminal immunity has been granted by the Secretary of Justice, the person cannot refuse to comply with the Commissioner's summons, nor refuse to answer any question in connection with any controversy, investigation or study by the Commissioner, nor refuse to turn over the evidence required.

(v) No order may be issued under any part of this Section, except for the second sentence of Section 10(i) unless: (1) proper prior notice is served on the corresponding persons in their place of business, or where they are located personally, or by certified mail at their last known address; (2) the interested parties are given the opportunity to be heard, and (3) the findings of fact and conclusions of law are stated in writing.

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13. Appoint all personnel needed to carry out his designated functions.

Section 11.- Suspension and Removal of Directors and Officials

(a) When the Commissioner has sufficient grounds to believe that any member of the Board of Directors or officials of a financial institution supervised by the Office of the Commissioner, has committed a violation or is violating any law related to said entity, or has managed the affairs of said business inadequately, the Commissioner shall bring charges against said member of the Board of Directors or official, to appear before him or his authorized representative within a stated term, in a procedure established by the Commissioner by Regulations, to show cause as to why he should not be removed.

(b) A copy of the charges proferred shall be sent by certified mail with return receipt requested, to each member of the board of directors of the financial institution involved.

(c) If the Commissioner should determine, after granting the member of the board of directors or official a reasonable opportunity to be heard, that he has violated any law related to said financial institution, or has managed the affairs of said institution inadequately, he may direct that said member of the board of directors, or official, be removed from office.

(d) The Commissioner shall send a copy of the order for removal to the person involved, and the other copy to the entity of which he is a member of the board or an official, to be submitted immediately to said entity's Executive Committee or Board of Directors. In that case, said member of the board

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of directors, or official, shall cease to be a member of the board of directors, or an official of said financial institution immediately after notice of the Commissioner's order is received.

(e) The order, and the findings of fact and conclusions of law on which it is grounded, shall not be made public nor shall they be revealed to anyone, except the member of the board of directors or official involved, and the directors of the banking institution concerned, except in regard to proceedings motivated by a violation of this Section, or a judicial review brought as provided in Section 15 of this Act.

(f) No member of the board of directors, or an official who has been removed from office as provided in this Section, may subsequently participate in any way in the administration of any financial institution, unless he has the Commissioner's prior authorization.

Section 12.- Additional Powers of the Commissioner In addition to the other powers conferred by this Act, the Commissioner is empowered to require the entities that he supervises pursuant to this Act, to:

(a) Keep their accounts, records and registers according to those Regulations he may prescribe from time to time.

(b) Comply with standards and methods he prescribes by Regulations to determine the value of assets and liabilities.

(c) Eliminate from the books all part of any asset that at the moment of the Commissioner's action, could not be legally acquired.

(d) Fix the market value of an asset.

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(e) Obtain and deliver a financial statement of the direct or indirect debtors of the supervised institutions, within the limits that the entity may do so.

(f) Obtain insurance against damages and other contingencies on property or other assets taken as collateral.

(g) Maintain adequate insurance against all damages that the Commissioner deems necessary and convenient for the protection of the depositors and the public.

(h) Charge against undistributed profits, reserve funds or capital accounts, any loan or part thereof, any asset or part thereof, which in his judgment constitutes a possible loss for the entity being examined.

(i) Segregate any part of the future profits he deems convenient, until said capital accounts and reserve fund are totally restored.

(j) Create such reserves of appraisals of assets deemed convenient.

Section 13.- Complaints Any citizen may file a complaint in the Commissioner's Office to vindicate the rights granted to the citizens by the laws asministered thereby.

Section 14.- Reconsideration of the Commissioner's Decision When not otherwise provided by any special law administered by the Commissioner, any party affected by the Commissioner's decision may request a reconsideration thereof within a term of fifteen (15) days after the date the decision is served.

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Section 15.- Judicial Review of Resolutions and Orders Issued by the Commissioner

(a) When not otherwise provided by any special law administered by the Commissioner, any party affected adversely by a resolution or order of the Commissioner may appeal for a Judicial Review of said resolution or order by the Superior Court of the Commonwealth of Puerto Rico, San Juan Part, after service of the Commissioner's reconsideration and final decision. The appeal shall be filed before the Superior Court within fifteen (15) days after the date the reconsideration of the Commissioner's resolution or order is served.

(b) The Commissioner's Order, Resolution or Regulation shall remain in full force and vigor until there has been a final and binding decision of the Superior Court or Puerto Rico revoking the Commissioner's decision.

(c) The appeal for review shall be executed by presenting a petition before the Clerk of the Court, in which the grounds for the appeal for review are stated. After the appeal has been filed, the petitioner shall advise the Commissioner thereof within a term of five (5) days from the date of filing.

(d) It shall be the Commissioner's duty to present a certified copy to the Court within fifteen (15) days from the date he was served notice of the issuing of the appeal for review.

(e) The Court shall review the Commissioner's resolution or orders, using the administrative file submitted as a basis only with regard to the conclusions of law. The Commissioner's findings of fact shall be conclusive for the Court, if they are supported by substantial evidence.

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Section 16.- Limitation of Personnel's Liability No member, official, functionary or employee of the Board or the Commissioner, or official, functionary or employee in the Office of the Commissioner, shall be liable in a civil suit for damages, for any act or omission in good faith, in the performance of the duties of his office.

Section 17.- Faculty of the Governor The Governor may delegate on the functionary or functionaries he wishes to, and may adopt the measures needed, so that the transfer of the functions, duties, responsibilities, obligations, offices, programs, funds, property, files, or any others that Commissioner, shall be liable in a civil suit for damages, for any act or omission, in good faith, in the performance of the duties of his office.

Section 17.- Faculty of the Governor The Governor may delegate on the functionary or functionaries he wishes to, and may adopt the measures needed so that the transfer of the functions, duties, responsibilities, obligations, offices, programs, funds, property, files or any others that are needed pursuant to the provisions of this Act, be carried out in an orderly way, without affecting or interrupting the tasks, investigations, proceedings, transactions or agreements initiated prior to the effectiveness of this Act, or in the process of being adjudicated, resolved or determined.

Section 18.- Appropriation of Funds

(a) The funds of the "Fund for the Investigation and Examination of Financial Institutions and Gambling Casinos" created by Act No. 20, approved April 9, 1976 as amended, are hereby appropriated to the Office of the Commissioner to carry out the purposes of this Act. The appropriations budgeted for the 1985-86 Fiscal Year are also transferred to the Bureaus of Banks, and Financial Institutions and Securities.

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(b) In subsequent years, the funds needed for the administration of this Act shall be consigned in the General Expense Budget for the Government of the Commonwealth of Puerto Rico Joint Resolution.

Section 19.- Continuity of the Transferred Acts The provisions of the Acts referred to in Section 7 of this measure, which grant powers, functions and duties to the Secretary of the Treasury, and the rules, regulations and orders adopted or issued by said Secretary pursuant to said laws, shall remain in force and shall be administered by the Commissioner, who shall be the legal successor of the Secretary of the Treasury, to such respect. This shall also be with respect to the Retail Sales and Finance Companies Act, administered by the Secretary of Consumer Affairs.

Section 20.- Penalties

(a) Any financial institution or person who violates the provisions of this Act or the Regulations promulgated hereunder, shall be subjected to an administrative fine to be determined by the Commissioner, which in no case shall exceed five thousand (5,000) dollars. Any financial institution or person who violates the provisions of the other laws and regulations under the Commissioner's administration and jurisdiction, shall be subjected to the penalty provided for such violation in the applicable laws or Regulations.

(b) Any director or official of a financial institution who violates any of the provisions of this Act or its Regulations shall be subjected to an administrative fine which shall not exceed five hundred (500) dollars, in the case of a first infraction. In case of a second, and subsequent infractions, he shall be guilty of a felony, and upon conviction, shall be punished by a fine which shall not exceed five thousand (5,000) dollars for each infraction or by a penalty of confinement for a fixed term of fifteen (15) months.

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If there were aggravating circumstances, the fixed term established may be increased to a maximum of twenty-four (24) months; if there were extenuating circumstances, it may be reduced to a minimum of nine (9) months. The Court may impose both penalties, in its discretion.

(c) The Commissioner may impose an administrative fine that shall not exceed five thousand (5,000) dollars for each day that a financial institution fails to comply with the orders issued under the provisions of this Act; Provided, that in no case may the sum total of the fines exceed fifty thousand (50,000) dollars. The Commissioner may bring civil suit in the Superior Court of Puerto Rico, San Juan Part, for the collection of said administrative fine, which shall have exclusive jurisdiction in this proceeding.

(d) Every functionary, official, employee or examiner of the Office of the Commissioner of Financial Institutions and of the Financial Board, shall give oath that he will not divulge the information obtained in his investigations or any information derived from the performance of his official duties. The functionary, official, employee or examiner who breaks his oath shall be guilty of a misdemeanor and shall be punished by a fine which shall not exceed five hundred (500) dollars, or by imprisonment for a term that shall not exceed six (6) months, or both penalties, in the discretion of the Court.

(e) No functionary, employee, official or examiner of the Office of the Commissioner, may work or render professional, consulting or executive services in a financial institution covered by the provisions of this Act, until one (1) year has elapsed from the date he ceases in his functions or office in the Office of the Commissioner. Any person or financial institution

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that violates the provisions of this subsection, shall be subjected to the penalty provided in subsection

(d) of this Section.

Section 21.- Term for the appointment of the Commissioner, the members that represent the private sector, and for the organization of the Office

The Secretary of the Treasury shall appoint the Commissioner within ninety (90) days after the approval of this Act. The Governor shall appoint the members of the Board who represent the public sector, within a term of one hundred and twenty (120) days after the approval of this Act. The Office of the Commissioner shall be organized within this last term. Until the Office is organized, the Board completed, and the Commissioner is in office, the functions delegated on them shall be administered by the Secretary of the Treasury.

Section 22.- Individual Administrators Paragraph (9) is hereby added to Section 5.3 of Section 5 of Act No. 5 approved October 14, 1975, as amended, the Puerto Rico Public Service Personnel Act, to read as follows: "Article 5.- Personnel Administration System; Structure Section 5.1. Section 5.3. Individual Administrators The following Agencies shall be Individual Administrators: All those agencies which are at present in the exempt or noncompetitive service. The following shall likewise be individual administrators: (1) (9) The Office of the Commissioner of Financial Institutions."

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Section 23.- Transfer of Functions of the Interest Rates and Financing Fees Regulatory Board The Interest Rates and Financing Fees Regulatory Board created by Section 2 of Act No. 1, approved October 15, 1973, is hereby extinguished and the faculties which said Act and any other laws confer upon the Interest Rates and Financing Fees Regulating Board, are hereby transferred to the Financing Board created in Section 8 of this Act.

Section 24.- International Banking Center Regulating Board The International Banking Center Regulating Board created under Act No. 16, approved July 2, 1980, as amended, is hereby extinguished and the faculties conferred upon said Board by said Act or any other laws, are hereby transferred to the Commissioner of Financial Institutions.

Section 25.- Repealing Clause Any law or part thereof that is in conflict herewith is hereby repealed. Section 26.- Effectiveness This Act shall take effect immediately after its approval.