Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 97)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de educación especial. La recurrente, madre de una menor, solicitó la revisión de una resolución del Departamento de Educación que declaró No Ha Lugar una querella. La menor es elegible para servicios de educación especial bajo la categoría de Problemas Específicos de Aprendizaje, según evaluaciones del Departamento de 2017 y 2018. Estas evaluaciones identificaron diversas dificultades académicas y socio-emocionales. La madre obtuvo una evaluación privada que, según su testimonio, no fue aceptada por la escuela ni incluida en el proceso administrativo. El COMPU de 2018 elaboró el PEI de la menor, incluyendo acomodos y recomendando ubicación en Salón Regular con Servicios de Salón Recurso, basándose en las evaluaciones del Departamento. La madre había solicitado la aceptación total de las recomendaciones de las evaluaciones de 2017 durante el COMPU. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la resolución recurrida del Departamento de Educación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso KLCE202100609. Se trata de un recurso de certiorari presentado por Harry Meléndez Pacheco. El peticionario solicita la revisión de tres Órdenes del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Carolina. Dichas órdenes declararon No Ha Lugar una solicitud de desestimación instada por Meléndez Pacheco y le impusieron una anotación de rebeldía. El caso subyacente es una demanda por daños y perjuicios presentada por José R. Díaz Monge y otros, originada por un accidente de tránsito ocurrido en septiembre de 2020. Los demandantes alegan que un camión conducido por Noel Calderón Mojica, y del cual Meléndez Pacheco fue identificado como dueño, causó el choque y resultaron en lesiones y daños significativos. La demanda original incluyó al conductor y partes desconocidas, siendo enmendada posteriormente para incluir al señor Meléndez Pacheco como dueño del vehículo. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones determina denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por el señor Meléndez Pacheco.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en un caso entre Leslie M. Carrillo Robles y Julio Pichardo Monción. Inicialmente, el DACO emitió una resolución sumaria a favor de la Sra. Carrillo, ordenando al Sr. Pichardo reembolsar \$4,000.00. Tras una moción de reconsideración del Sr. Pichardo, el DACO emitió un "Relevo de Resolución". Este relevo dejó sin efecto la resolución sumaria original y dispuso la celebración de una vista administrativa. La Sra. Carrillo apeló esta determinación, alegando que la reconsideración fue extemporánea y no notificada. El Tribunal analizó la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) y la distinción entre órdenes finales e interlocutorias. Concluyó que el "Relevo de Resolución" del DACO es una orden interlocutoria. Según la LPAU, las órdenes interlocutorias no son revisables directamente por el Tribunal de Apelaciones. La revisión judicial solo procede una vez agotados los remedios administrativos y emitida una orden final. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso por falta de jurisdicción, ya que el proceso administrativo en el DACO aún no ha concluido.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El caso surge de una apelación presentada por Eugenio Cotto Suriel contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió una acción de cobro de dinero instada por PR Recovery and Development JV, LLC. El foro primario declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria de PR Recovery, ordenando al Sr. Cotto Suriel el pago de una deuda derivada de un contrato de préstamo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la acción de cobro no estaba prescrita, aplicando un término prescriptivo de quince años. El apelante impugna esta decisión, alegando que el término aplicable es de tres años y que existía una controversia de hechos que impedía la sentencia sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisa la determinación del foro primario bajo los criterios de la Regla 36 de Procedimiento Civil para determinar si procedía la sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó mediante certiorari una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción de Desestimación. La demanda original fue presentada por ELI, SE, Attenure Holdings Trust 8 y HRH Property Holdings, LLC contra Multinational Insurance Company por daños e incumplimiento de una póliza de seguro tras el Huracán María. Multinational solicitó la desestimación alegando la falta de agotamiento de remedios administrativos bajo la Ley 247-2018 y la falta de legitimación activa de Attenure y HRH debido a la prohibición de cesión de derechos en la póliza. La parte demandante se opuso, argumentando que sus reclamaciones (incumplimiento contractual, sentencia declaratoria, dolo) no requerían dicho agotamiento y que la cesión de reclamaciones después de la pérdida es válida. El foro primario denegó la desestimación, entendiendo que la reclamación era contractual y existía controversia sobre la cesión. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari para revisar esta determinación. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones modificó la Orden recurrida y, así modificada, la confirmó.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre la impugnación de una confiscación de vehículo. El demandante, Roberto Beltrán Rodríguez, solicitó la anulación de la confiscación de su vehículo. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar la demanda, anulando la confiscación. El TPI determinó que el Estado Libre Asociado (ELA) no notificó la confiscación al demandante dentro del término jurisdiccional de 30 días. Además, el TPI concluyó que el ELA fue emplazado correctamente dentro del término legal. El ELA apeló, argumentando que la demanda debió ser desestimada por no haber sido emplazado dentro de los 15 días siguientes a la presentación de la demanda. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del TPI. Concluye que el emplazamiento al ELA se realizó dentro del término legal, contado desde la expedición del emplazamiento. Asimismo, señala que no hay controversia sobre el hecho de que la notificación de la confiscación fue extemporánea. Por tanto, la anulación de la confiscación por el TPI fue correcta.

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Carmen Lydia Silva Romero recurrió ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una resolución de la Oficina de Apelaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE). La señora Silva había presentado una querella ante la CEE solicitando compensación por labores realizadas desde 2010 en una posición de mayor jerarquía. La Oficina de Apelaciones de la CEE desestimó la querella por falta de jurisdicción, argumentando que la señora Silva había renunciado a su puesto en 2019. La señora Silva solicitó reconsideración, alegando que su reclamo no dependía de su empleo actual y que estaba empleada al presentar la querella. La CEE declaró no ha lugar la reconsideración, indicando que el remedio debía solicitarse por vía judicial. Inconforme, la señora Silva apeló ante el Tribunal de Apelaciones, señalando que la CEE erró al declararse sin jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisa esta decisión administrativa. El documento detalla el tracto procesal y el marco legal sobre la jurisdicción y la revisión judicial de decisiones administrativas.

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El Tribunal de Apelaciones revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce. El peticionario, Jorge Luis Padilla Colón, impugna la denegatoria de su Moción de Desestimación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. Argumentó que la prueba presentada en la vista preliminar no demostró su conexión con los delitos imputados. Los cargos incluyen infracciones a la Ley de Armas y a la Ley de Sustancias Controladas. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción tras revisar el testimonio del agente que diligenció una orden de allanamiento en la residencia del peticionario. El agente testificó sobre el hallazgo de múltiples armas de fuego, municiones, piezas de armas y cocaína durante el allanamiento. Indicó que el peticionario estaba presente, fue informado de la orden y manifestó no tener licencia de armas. El TPI concluyó que dicho testimonio establecía los elementos de los delitos y la conexión con el peticionario. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar si el TPI erró al denegar la desestimación basándose en esta evidencia.

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Se presenta una sentencia judicial que revisa una resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La recurrente, una titular de condominio, solicitó la revocación de la decisión del DACo que desestimó su querella contra la Junta de Directores del condominio. La querella original alegaba que la Junta tomó decisiones sobre fondos de indemnización de seguros por daños de huracán sin la previa discusión y aprobación del Consejo de Titulares. Estas decisiones incluían la retención y la intención de devolver dinero a la aseguradora, supuestamente en violación de la Ley de Condominios. La Junta de Directores se opuso a la revisión judicial y solicitó la desestimación, argumentando que la aseguradora era una parte indispensable. La recurrente sostuvo que la aseguradora no era indispensable, ya que su querella se centraba en las acciones de la Junta contrarias a la Ley de Condominios. El DACo solicitó que se confirmara su resolución original. El tribunal detalla el historial procesal y las posiciones de las partes en el recurso de revisión judicial.

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Se apela una sentencia que desestimó una demanda de cobro de dinero sin perjuicio por falta de emplazamiento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al transcurrir 120 días sin diligenciar el emplazamiento. La apelante argumentó que el término no corrió porque la Secretaría no expidió el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones explica que las Reglas de Procedimiento Civil requieren que el demandante presente el formulario de emplazamiento con la demanda para su expedición. Es deber del demandante someter dicho formulario. El término de 120 días para diligenciar comienza con la presentación de la demanda. El expediente no mostró que la apelante presentara el formulario con la demanda, lo cual admitió. Al no ser la demora atribuible a la Secretaría, el término de 120 días expiró sin diligenciar el emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones concluye que el foro primario actuó correctamente. Se confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari criminal. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. Dicha resolución, emitida el 9 de agosto de 2021, desestimó el caso contra Agustín Galves Santana por el delito grave de Portación y uso de armas blancas. La desestimación ocurrió tras múltiples señalamientos de juicio. Un factor recurrente fue la ausencia de una testigo clave de cargo. El Ministerio Público argumentó contra la desestimación. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Alexis Candelaria Monserrate contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, una persona confinada, solicitó la revisión de la Hoja de Liquidación de Sentencia preparada por Corrección. Alegó errores en el cómputo del tiempo cumplido, incluyendo periodos en probatoria y bajo custodia federal. Estos errores, según él, afectaron su elegibilidad para un programa de pase extendido. El Tribunal examinó el marco legal para la revisión judicial de decisiones administrativas. Concluyó que solo las órdenes o resoluciones administrativas finales son revisables por el Tribunal de Apelaciones. Al aplicar este principio, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. Por consiguiente, el recurso de revisión fue desestimado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emitió una sentencia en un caso de revisión administrativa. El recurso fue presentado por Delta Construction and Repair Services, LLC contra la Junta de Subastas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI). La controversia se originó por la adjudicación de la Subasta Núm. AFI-BP-21-204, relacionada con el Programa Diseño y Construcción para la Reparación de Columnas Cortas en cuatro escuelas de AEP. El tribunal consideró una moción de desestimación presentada por la AFI y una moción del recurrente solicitando el archivo del caso. Tras examinar las presentaciones, el panel ordenó el archivo y cierre del expediente. La decisión se fundamentó en la Regla 83(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El tribunal determinó que el caso se había convertido en académico. La sentencia fue emitida el 16 de diciembre de 2021.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en un caso sobre violaciones a la Ley de Corporaciones. El peticionario, Harold Fernández Lugo, presentó un recurso de Certiorari para revisar una Sentencia Parcial y una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dichas decisiones ordenaron el archivo de acciones contra un abogado y declararon No Ha Lugar una solicitud del peticionario. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del tribunal revisor. Esta falta de jurisdicción se debió al incumplimiento por parte del peticionario con las disposiciones reglamentarias necesarias para perfeccionar el recurso. La sentencia subraya la primacía de la jurisdicción y el cumplimiento procesal en el sistema judicial.

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Comparecen Data Access Communications, Inc. y Rosa I. Cruz Sánchez ante un panel judicial en Puerto Rico para impugnar decisiones del Tribunal de Primera Instancia. Los recursos surgen de una demanda presentada por WorldNet Telecommunications Inc. contra Data Access y la señora Cruz Sánchez, exempleada de WorldNet. WorldNet alegó que la señora Cruz Sánchez utilizó secretos comerciales e información confidencial para Data Access, violando acuerdos de no competencia y confidencialidad. Una de las sentencias recurridas concedió a WorldNet un interdicto preliminar, ordenando a las Peticionarias cesar el uso y divulgación de dicha información. La otra sentencia recurrida fue una desestimación parcial sin perjuicio. Data Access y la señora Cruz Sánchez presentaron recursos de certiorari y apelación contra estas determinaciones. Tras revisar los fundamentos, el panel judicial resuelve denegar la expedición del auto de certiorari solicitado en el caso relacionado con el interdicto preliminar. Asimismo, se confirma la determinación recurrida en el caso de apelación sobre la desestimación parcial.

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Este documento resuelve un recurso de certiorari presentado por San Sebastián Properties, LLC. y otros contra una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia de San Sebastián. Dicha resolución desestimó la demanda contra tercero que los peticionarios habían presentado contra el Banco Santander de Puerto Rico, hoy First Bank. La demanda contra tercero surgió en el contexto de un pleito original de Oriental Bank por incumplimiento de contrato y ejecución de hipoteca. Los peticionarios, demandados originales, alegaron defensas y presentaron la demanda contra tercero reclamando a Santander por incumplimiento contractual y saneamiento por evicción. Santander solicitó la desestimación argumentando que la Regla 12 no permitía tal reclamo y que había vendido un crédito litigioso, no la finca. El foro primario acogió la solicitud de desestimación. El panel revisó la decisión del foro primario mediante certiorari. Tras evaluar los fundamentos, el panel denegó el recurso de certiorari. Con esta decisión, se confirma la desestimación de la demanda contra tercero contra First Bank.

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Luis Rivera Quiñones presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones contra una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El DCR había encontrado a Rivera Quiñones incurso en violaciones disciplinarias por contrabando peligroso y posesión de teléfono celular. Los cargos surgieron tras el hallazgo de un celular en la celda que compartía en la Institución Correccional Bayamón 501 durante un registro rutinario. Rivera Quiñones negó los hechos, argumentando que su celda tenía aberturas por donde alguien más pudo haber introducido el teléfono. Tras un informe disciplinario, reporte de cargos y vista administrativa, el DCR lo encontró culpable de las infracciones a los Códigos 106 y 108 del Reglamento 9221. El recurrente solicitó la reconsideración de esta determinación al DCR, la cual fue denegada. Ante ello, acudió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de la resolución administrativa. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado. Finalmente, el Tribunal dictó sentencia desestimando el recurso de revisión. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia resolviendo la apelación KLAN202100456. RJA Engineers, PSC apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia desestimó la Reconvención presentada por RJA Engineers, PSC en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por ACM CCSC VI-A Asset Comp. La deuda original provenía de Westernbank. En su Reconvención, RJA Engineers, PSC alegó que Westernbank la coaccionó y engañó al suscribir el acuerdo. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la Reconvención por impedimento colateral, al encontrar identidad de partes y causas con un caso previo que involucró a los accionistas de la corporación. Además, señaló que las alegaciones contra Westernbank requerían agotar remedios administrativos bajo FIRREA, lo cual no se hizo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia Parcial dictada por el foro primario.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El peticionario, Carlos E. Rodríguez Fantauzzi, solicitó la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden declaró no ha lugar su moción contra la imposición de honorarios de abogado a favor de la recurrida, Katiria Tolentino Serrano. Los honorarios fueron impuestos por el TPI tras denegar una moción de reconsideración de la recurrida sobre la pensión alimentaria. El peticionario argumentó que la imposición de honorarios era improcedente y la notificación defectuosa. El Tribunal de Apelaciones revisó los antecedentes procesales del caso de divorcio y pensión alimentaria. Constató que el recurso de certiorari fue presentado tardíamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios, Osvaldo Roberto Laboy Figueroa y Nadja Zapata Hernández, solicitaron la revocación de un dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Dicho dictamen, emitido en un caso de ejecución de hipoteca, declaró No Ha Lugar una moción de los peticionarios. La moción solicitaba que la parte demandante (los recurridos, Miguel Bertrán Pasarell y Maribel García Talavera) certificara el balance de cancelación al 30 de junio de 2021. El caso de ejecución de hipoteca se originó por el incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario de $240,000 suscrito en 2010 y garantizado con un apartamento en Río Grande. En 2019, el TPI dictó sentencia ordenando a los peticionarios a pagar el principal adeudado, intereses, cargos por demora y honorarios de abogado. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve un recurso de certiorari presentado por Indalegcia Hernández Díaz. La peticionaria solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación y reconsideración. El caso subyacente es una demanda de cobro de dinero presentada por Pablo J. Rivera Miranda y Damaris Orraca contra Hernández Díaz y Reinaldo Pérez Ramírez por un préstamo. Previamente, el caso fue archivado por el TPI debido a la quiebra de Pérez Ramírez, pero un panel anterior del Tribunal de Apelaciones ordenó la continuación del pleito contra Hernández Díaz, dada su obligación solidaria. Hernández Díaz contestó la demanda, argumentando que el préstamo se convirtió en una inversión. Los demandantes luego solicitaron reactivar el caso contra Pérez Ramírez tras el desistimiento de su quiebra. Tras examinar el recurso de certiorari de Hernández Díaz, el Tribunal de Apelaciones ha decidido denegarlo.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre dos recursos de certiorari consolidados. Los recursos fueron presentados por Haydeé M. Colón Burgos y Ovidio Ortiz Soto (y H.O.C.O. Development SE). Buscan la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha resolución declaró no ha lugar una Solicitud de Desestimación por Prescripción. La solicitud de desestimación se presentó en un caso de daños y perjuicios incoado por Inocencia Miranda Suárez. La demandante reclama daños por una caída sufrida el 25 de julio de 2016 en una facilidad postal. Alega que la caída fue causada por una filtración de agua debido a la negligencia de los peticionarios como propietarios/administradores del edificio. Los peticionarios argumentaron que la acción estaba prescrita. El Tribunal de Primera Instancia denegó la desestimación y las mociones de reconsideración, y el Tribunal de Apelaciones consolida los recursos y adelanta que los denegará.

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Recurso de revisión judicial presentado por José Vázquez Marín ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra la Junta de Libertad Bajo Palabra. El recurrente impugna la Resolución de la Junta que denegó su solicitud de concesión del privilegio de libertad bajo palabra. La Junta fundamentó su determinación en que el peticionario carece de un lugar adecuado para su rehabilitación y de una oferta de empleo viable, lo que representa la falta de un plan de salida viable. También consideró que la comunidad no recomienda la concesión del privilegio y que el peticionario presenta factores de riesgo psicológicos como reincidencia y pobre manejo de emociones, además de su historial de fuga. A pesar de haber completado programas de rehabilitación y estar en custodia mínima, la Junta concluyó que no era un buen candidato para el privilegio. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión de la Junta y, por los fundamentos expuestos, confirmó la Resolución recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia sobre la apelación presentada por AMOPRICO, INC. La apelación provenía de una decisión del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. AMOPRICO había solicitado una sentencia declaratoria para que se reconociera a los moteles como una modalidad de hotel. El objetivo era extenderles los incentivos económicos concedidos a los hoteles bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, Ley 60-2019. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. Fundamentó su decisión en la doctrina de cuestión política, entendiendo que la solicitud buscaba una enmienda judicial a la ley. AMOPRICO apeló esta determinación, señalando varios errores, incluyendo la aplicación de la doctrina de cuestión política y la desestimación sumaria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Tras considerar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada. Esto significa que se sostuvo la desestimación de la demanda por parte del Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La recurrente, Argelia García Merced, solicita la revisión de una Resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución de la OGPe declaró ha lugar una Solicitud de Revisión Administrativa presentada por Gloria D. Lozada y Omar A. Rodríguez. Con ello, la OGPe autorizó una Consulta de Construcción para legalizar estructuras en una propiedad en Bayamón, la cual había sido denegada inicialmente por el municipio. García Merced recurrió al Tribunal de Apelaciones alegando errores procesales de la OGPe relacionados con la notificación y el debido proceso. El Tribunal, como deber ineludible, procedió a verificar su propia jurisdicción para atender el recurso. Se reitera que la falta de jurisdicción impide al tribunal entrar en los méritos del caso y conlleva su desestimación. La Sentencia concluye desestimando el recurso de revisión administrativa instado por Argelia García Merced. La desestimación se fundamenta en la determinación del Tribunal de carecer de jurisdicción para atender la solicitud.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari presentada por Costco Wholesale Corporation. Costco solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó las solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes. El caso subyacente involucra reclamaciones de represalia y discrimen por impedimento presentadas por un exempleado contra Costco. El foro primario denegó las sentencias sumarias al determinar que existían controversias de hechos materiales sobre el acomodo razonable, el discrimen, la represalia y los daños. Costco impugnó esta decisión, alegando errores en la identificación de hechos controvertidos y en la aplicación del derecho. Tras evaluar la petición, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Costco.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso entre Colonial Caribbean, Inc. y el Municipio de Peñuelas. La controversia principal giraba en torno a una notificación de deficiencia de patentes municipales emitida por el Municipio. Colonial impugnó la notificación, alegando que contravenía un Acuerdo Final de 2009 que establecía su obligación contributiva bajo la Ley de Patentes Municipales. El Municipio defendió su acción, argumentando que el acuerdo se basó en información falsa y que Colonial no era una institución financiera. El Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Colonial, declarando nula la notificación de deficiencia mediante sentencia sumaria. El Municipio apeló esta determinación. Tras evaluar los argumentos presentados, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada. Esta decisión ratifica la nulidad de la determinación de deficiencia de patentes municipales emitida por el Municipio de Peñuelas.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en respuesta a una petición de certiorari presentada por El Pueblo de Puerto Rico. La petición busca revisar una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas. Dicha determinación, plasmada en una "Minuta Resolución" del 2 de diciembre de 2021, declaró inadmisibles las declaraciones incriminatorias de Alexander Merced De Jesús. El tribunal de instancia concluyó que estas declaraciones no fueron realizadas de manera voluntaria e inteligente. Merced De Jesús enfrenta cargos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, junto a otros coacusados, por hechos ocurridos en Aguas Buenas en abril de 2019 que resultaron en la muerte de Jorge O. Delgado Hernández. El Ministerio Público, a través de la Oficina del Procurador General, impugna la decisión de inadmisibilidad. El Tribunal de Apelaciones procederá a disponer del recurso tras examinar las comparecencias y el derecho aplicable.

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Sentencia de un panel judicial que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario, Sr. Antonio A. Rivera Matos, impugnó su baja como socio de la Cooperativa de Viviendas Rolling Hills, dictada tras una vista administrativa por alegado incumplimiento de pago de multas. Tras la Resolución de Baja, el peticionario solicitó reconsideración ante la Junta de Directores de la Cooperativa. En lugar de una resolución final sobre la reconsideración, se emitió una notificación con recomendaciones. El peticionario acudió entonces al Tribunal de Primera Instancia mediante un recurso de revisión judicial. La Cooperativa solicitó la desestimación del recurso por prematuro, argumentando la falta de una decisión final sobre la reconsideración. El foro primario desestimó la petición de revisión judicial. Mediante el presente recurso de certiorari, el peticionario solicitó la revisión de dicha desestimación. El panel judicial expide el certiorari para confirmar la Sentencia recurrida, validando la desestimación del recurso de revisión judicial por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una revisión administrativa. González Trading, LLC impugna la decisión de la Junta de Subastas del Municipio de Añasco. La Junta adjudicó la Subasta Núm. 2022-25 para un generador eléctrico a Puerto Rico Wire, Inc. González Trading alega que la adjudicación fue arbitraria e irrazonable. El recurso de revisión fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones. El documento detalla la historia procesal, incluyendo la fecha de la determinación recurrida y la presentación del recurso. Se discuten los principios legales que rigen las subastas gubernamentales en Puerto Rico, destacando el interés público. El Tribunal procede a disponer del recurso sin requerir trámites adicionales.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico el señor Luis Raúl Vélez Bezares. Solicita la revocación parcial de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió una demanda por despido injustificado (Ley 80) y represalias (Ley 115) contra Medtronic de Puerto Rico. El foro primario declaró con lugar la acción por despido injustificado pero desestimó la de represalias. El apelante argumenta que el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la causa de acción por represalias. Aduce que el error se debió a una valoración inadecuada de la prueba sobre este punto. La demanda original alegaba despido sin justa causa tras el empleado expresar preocupaciones sobre condiciones laborales. Medtronic justificó el despido por la supuesta apropiación de refrescos sin pagar. El apelante enmendó la demanda para incluir la reclamación de represalias, vinculando el despido a sugerencias hechas en una reunión gerencial. También refutó la alegación de robo de refrescos, señalando que la cafetería era externa y las normas de pago eran ambiguas.

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Resolución de un panel judicial sobre un recurso de certiorari presentado por el Consejo de Titulares del Condominio Astralis y otros contra MAPFRE. La Peticionaria demandó a MAPFRE por daños sufridos tras el Huracán María bajo una póliza de seguro. En el curso del litigio, la Peticionaria presentó una moción para eliminar ciertas defensas afirmativas de MAPFRE, alegando que estas habían sido renunciadas al no ser levantadas en el plazo de 90 días tras la reclamación. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) denegó dicha moción, entendiendo que las defensas planteaban cuestiones de derecho sustanciales. Inconforme con esa determinación, la Peticionaria acudió ante esta Curia mediante el presente recurso de certiorari. El recurso solicitaba la revocación de la orden del TPI. Tras considerar los fundamentos, este panel judicial deniega el recurso de certiorari presentado.

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Resolución de un panel de jueces de apelación que considera dos peticiones de certiorari consolidadas. Las peticiones fueron presentadas por Rainbow of Puerto Rico, Inc., Víctor Peralta, Jackie Peralta y Rexair, Inc. Buscaban la revocación de decisiones del Tribunal de Primera Instancia en un litigio iniciado por Héctor Maldonado Rosado, Ana N. González González y Rainbow H&A, Inc. Las decisiones impugnadas se relacionaban con disputas sobre el descubrimiento de prueba. El foro primario había limitado la producción de documentos del perito de la parte demandante a solo su curriculum vitae. También denegó una moción de reconsideración y una solicitud de sanciones de Rexair sobre el descubrimiento. El tribunal de apelaciones consolidó ambos recursos. Tras evaluarlos, el panel resolvió denegar la expedición de los recursos de certiorari consolidados.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso de certiorari presentado por Banco Popular. El Banco Popular impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia que impuso sanciones por expoliación de prueba. El caso subyacente trata sobre alegaciones de explotación financiera y daños relacionados con la cancelación de certificados de depósito. Los demandantes sostienen que fondos pertenecientes a Haydée Soto Soto fueron retirados indebidamente de certificados en una sucursal del Banco Popular. También demandaron al Banco Popular por negligencia y por no prevenir la explotación financiera. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el Banco Popular tenía el deber de preservar un video relevante y que lo destruyó intencionalmente. Como sanción, el tribunal eliminó las alegaciones del Banco Popular y le anotó la rebeldía. El Banco Popular solicitó la revisión de esta decisión mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución del Tribunal de Primera Instancia que impuso las sanciones por expoliación de prueba.

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Próspero Tire Export, Inc. y otros presentaron un recurso discrecional de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitió la salida del pleito de Rostam Pirasteh y otros, quienes habían intervenido voluntariamente. Los peticionarios se opusieron a la salida, invocando la doctrina de actos propios. El TPI, ejerciendo su discreción, autorizó a los interventores a dejar de participar en el caso. Tras deliberar, el Tribunal de Apelaciones concluyó no expedir el auto solicitado. Determinaron que el foro recurrido no actuó de forma arbitraria, caprichosa, ni abusó de su discreción al permitir la retirada voluntaria. Tampoco identificaron errores de derecho o fundamentos jurídicos que justificaran ejercer su facultad revisora mediante Certiorari. Por tanto, se denegó la expedición del auto.

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Este documento del Tribunal de Apelaciones aborda un recurso de Certiorari presentado por Elvis Crespo Díaz en un caso de alimentos. Crespo Díaz impugna una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) relacionada con la pensión alimentaria de su hijo, quien alcanzó la mayoría de edad. Inicialmente, el TPI relevó al peticionario del pago, pero luego, a solicitud del hijo (quien estudia) y la madre, reestableció la pensión de \$2,400 mensuales. El peticionario solicitó reconsideración de esta decisión, alegando falta de notificación de la moción del hijo y violación al debido proceso. El TPI emitió la Orden recurrida indicando que las partes debían cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil. El peticionario interpretó esta orden como una desestimación tácita de su solicitud de reconsideración y presentó el Certiorari, argumentando error del TPI al no atender sus planteamientos. El documento detalla este historial procesal que culmina en el recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Se adelanta que el recurso de Certiorari será desestimado.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Aníbal Medina Ríos. El recurso solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Orden eliminó enmiendas a las alegaciones, defensas y nuevas teorías incluidas por el Peticionario en un Informe de Conferencia con Antelación a Juicio Enmendado. El caso original es una demanda de cobro de dinero presentada por la Asociación de Residentes (UNDARE). Las partes habían presentado un Informe de Conferencia Preliminar que fue aprobado por el TPI el 5 de diciembre de 2018. El TPI había denegado previamente la solicitud del Peticionario para enmendar su parte del informe por haber transcurrido el término. Tras incidencias procesales, incluyendo una decisión del Tribunal Supremo, el caso regresó al TPI. El TPI emitió la Orden recurrida, reiterando que solo las alegaciones, defensas y teorías del informe aprobado en 2018 regirían los procedimientos. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta Sentencia, desestima el auto de certiorari presentado por el Peticionario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una Petición de Certiorari presentada por Universal Insurance Company. Universal solicitó revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El caso subyacente fue iniciado por Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Inc. contra Universal por incumplimiento de contrato de seguros, mala fe y daños tras el huracán María. Banco de Sangre reclamó pérdidas bajo su póliza comercial emitida por Universal. Universal presentó una oferta que Banco de Sangre consideró de ajuste, mientras Universal alegó que era de transacción. Surgió una controversia cuando Universal se negó a pagar las partidas aceptadas por el Banco y retiró la oferta. Banco de Sangre demandó a Universal, argumentando que la oferta de ajuste era vinculante. Universal contestó negando los reclamos y sosteniendo que la oferta era de transacción y no vinculante. El TPI denegó la sentencia sumaria al encontrar una controversia fáctica sobre la naturaleza de la oferta. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar la petición de Universal contra esta denegatoria, decide denegar la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolvió una petición de certiorari en un caso de ejecución de hipoteca. Los peticionarios solicitaron dejar sin efecto una orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó sus mociones de sustitución de parte y consolidación. El recurso, presentado inicialmente como apelación, fue acogido como certiorari por tratarse de una resolución interlocutoria. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto solicitado. Fundamentó su decisión en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que rigen la revisión de órdenes interlocutorias. Estas reglas limitan la intervención apelativa para evitar dilaciones innecesarias, salvo en situaciones específicas o cuando esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. El tribunal recordó que no debe intervenir con las determinaciones discrecionales del foro primario a menos que haya prejuicio, parcialidad, abuso craso de discreción o error manifiesto.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión administrativa sobre una solicitud de pensión por incapacidad. Gladys Torres Rosario impugnó la denegatoria de la Administración de los Sistemas de Retiro a concederle beneficios por incapacidad ocupacional y no ocupacional bajo la Ley 447 de 1951. Su solicitud inicial de 2011 fue denegada por la Administración. Tras apelaciones administrativas y una reevaluación, la Junta de Síndicos confirmó la denegatoria. Durante el proceso de apelación, la recurrente presentó evidencia de condiciones posteriores, como Parkinson, argumentando que no fueron consideradas inicialmente. Solicitó sentencia sumaria, alegando que la evidencia médica existente y las aprobaciones de otras agencias (CFSE, Comisión Industrial, Seguro Social) justificaban la concesión inmediata de los beneficios. El Tribunal de Apelaciones, en su sentencia del 15 de diciembre de 2021, resolvió confirmar el dictamen de la Junta. Por tanto, el tribunal sostuvo la denegatoria de la pensión por incapacidad a la peticionaria.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. Los peticionarios impugnan una resolución del Tribunal de Primera Instancia que autorizó su emplazamiento por edicto. El caso subyacente es una demanda de desahucio y cobro de dinero presentada contra los peticionarios y otra entidad. Los peticionarios argumentaron ante el tribunal de instancia que no fueron debidamente emplazados inicialmente. El demandante solicitó emplazar por edicto, pero el Tribunal de Primera Instancia denegó la primera solicitud por gestiones insuficientes. Una solicitud de reconsideración también fue denegada por incumplimiento de la declaración jurada. Posteriormente, el demandante presentó una segunda solicitud con una nueva declaración jurada. El Tribunal de Primera Instancia finalmente autorizó el emplazamiento por edicto mediante la resolución ahora recurrida. El Tribunal de Apelaciones revisa la procedencia de dicha autorización.

Resumen:

El Gobierno de Puerto Rico apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar la demanda de impugnación de confiscación presentada por el Sr. Orlando Merced García. El Sr. Merced García impugnó la confiscación de su motora, ocupada por presunta violación a la Ley de Vehículos y Tránsito. Alegó que la ocupación fue ilegal y solicitó la devolución del bien. Consignó una fianza por el valor tasado de la motora, lo que llevó a una orden judicial para su devolución. El Estado contestó la demanda, alegando que la confiscación se presumía legal y correcta. Posteriormente, el Sr. Merced García solicitó sentencia sumaria, argumentando que una determinación previa de no causa en otro foro le exoneraba y aplicaba el impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia a favor del Sr. Merced García, declarando con lugar la demanda. El Estado apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) relativa a una sanción disciplinaria impuesta a un confinado. El recurrente, Daniel O. Ortiz, impugnó la decisión del DCR que lo encontró incurso por poseer un teléfono celular en su celda. La sanción se basó en un incidente ocurrido durante un registro rutinario donde se encontró el objeto. Tras una investigación y vista administrativa, el DCR confirmó la infracción al reglamento. El Sr. Ortiz solicitó reconsideración, la cual fue denegada. Acudió entonces al Tribunal de Apelaciones alegando violación al debido proceso y un proceso injusto, sosteniendo que el objeto era un cargador de juego. El Tribunal evaluó el expediente y los argumentos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida del DCR.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Juandi Nicasio Salcedo solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar su Moción de Corrección de Sentencia, presentada al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El peticionario fue sentenciado en 2011 a 264 años de prisión por delitos de robo y violaciones a la Ley de Armas. Argumentó que la sentencia excedía los límites legales, específicamente en la aplicación de agravantes a los cargos de Ley de Armas y en el cálculo de la pena agregada por los delitos de robo. El Ministerio Público se allanó parcialmente a la solicitud en cuanto a los delitos de robo, reconociendo la necesidad de recalcular la pena agregada. El Tribunal de Primera Instancia denegó la moción sin celebrar una vista. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de certiorari, resolvió expedir el auto y revocó la decisión del foro primario. Ordenó la celebración de una vista bajo la Regla 192.1 para evaluar los argumentos sobre la corrección de la sentencia.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que deniega una Petición de Certiorari presentada por Doctor Center Hospital San Juan. El hospital solicitaba la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de un plan de pago. Dicha solicitud se refería a la cuantía de una Sentencia por daños y perjuicios en un caso de impericia médica. En el caso original, Doctor Center fue declarado responsable solidariamente en un 5% de los daños, ascendiendo su porción a $109,867.23. El hospital había consignado la cantidad adeudada, pero enfrentaba embargos y argumentó que la ley permite planes de pago para sentencias por impericia médica que excedan los $100,000. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó el auto discrecional solicitado por Doctor Center.

Resumen:

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la Asociación de Garantía. La demanda subyacente fue presentada por Charlie Car Rental, Inc. sobre sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Charlie Car Rental alegó que la Asociación de Garantía no le proveyó defensa ni cubierta en un caso de daños tras la liquidación de su aseguradora original. La Asociación de Garantía argumentó que la demanda debía ser desestimada por falta de presentación de reclamación administrativa, inmunidad y cosa juzgada. El TPI denegó la desestimación y ordenó a la Asociación contestar la demanda. La Asociación de Garantía presentó reconsideración, la cual también fue denegada. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de certiorari presentado por Wanda I. Robles Vélez. El recurso buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia de Utuado que denegó su solicitud de reconsideración. Dicha solicitud de reconsideración se refería a la denegatoria de una petición de orden de protección al amparo de la Ley Contra el Acecho contra Hailee Rodríguez Vázquez. La Peticionaria alegó errores en la decisión del foro primario y en la aplicación de los términos procesales. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar la solicitud y la normativa aplicable a los recursos de certiorari. Tras revisar los documentos, concluyó que el recurso fue presentado fuera del término de treinta días establecido por el Reglamento del Tribunal. Al ser el recurso tardío, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para intervenir en la controversia. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso presentado sin entrar a considerar los méritos de la denegatoria de la orden de protección.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución en el caso de Jorge De Jesús Reillo. El peticionario fue sentenciado en 2013 a 123 años de prisión por asesinato y otros delitos, tras un veredicto de jurado no unánime (10-2). Su sentencia condenatoria fue confirmada en apelación en 2016. En 2021, De Jesús Reillo solicitó al Tribunal de Primera Instancia la nulidad de su sentencia y un nuevo juicio. Argumentó que su sentencia era ilegal bajo las normas de unanimidad establecidas en los casos *Ramos v. Louisiana* y *Pueblo v. Torres Rivera II*. El foro primario denegó su solicitud, indicando que la sentencia era final y firme antes de que se establecieran dichas normas. Inconforme con esta determinación, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado.