Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 93)

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso criminal. El peticionario, Obe E. Johnson, presentó un recurso de certiorari solicitando que el Tribunal de Apelaciones fijara una fecha para la celebración de un nuevo juicio. Alegó que los términos concedidos por el foro primario habían expirado sin respuesta y que su sentencia original fue ilegal. El Tribunal de Apelaciones examinó la naturaleza del recurso de certiorari y los criterios para su expedición. Se consideró la autoridad jurisdiccional del tribunal para atender la solicitud. El tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conceder el remedio solicitado por el peticionario a través de este recurso. Por consiguiente, el recurso de certiorari fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari en un caso de impericia médica. La peticionaria, Dra. Carmen Colón Zayas, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria. La demanda original fue presentada por la familia de Raúl González Reyes contra varios proveedores médicos, incluyendo a la Dra. Colón Zayas, alegando negligencia en su tratamiento tras una intoxicación. Los demandantes sostienen que las actuaciones y omisiones de la Dra. Colón Zayas contribuyeron al fallecimiento del paciente. La Dra. Colón Zayas negó las alegaciones y presentó defensas afirmativas en el foro primario. Tras la denegación de su moción de sentencia sumaria, acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, luego de evaluar el recurso, denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por la Dra. Colón Zayas. La resolución detalla el trasfondo procesal y las alegaciones principales del caso subyacente.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un recurso de Certiorari. El peticionario, Carlos Camacho Sánchez, impugna una Orden de Protección final expedida en su contra por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha orden fue emitida a favor de su vecino, José L. Casiano Del Toro, al amparo de la Ley Contra el Acecho en Puerto Rico. La orden tuvo una vigencia de tres años y se basó en incidentes de amenazas y daños a la propiedad derivados de una disputa vecinal. El peticionario argumentó que el término de tres años constituía un castigo cruel e inusitado. El recurrido presentó oposición a la expedición del auto. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso y la oposición, procede a denegar la expedición del auto de Certiorari solicitado. La decisión se toma conforme a los fundamentos que se exponen en la resolución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en recursos consolidados de certiorari presentados por los doctores Even Cedeño y Yussef Galib. Estos recursos se originan en una demanda por daños y perjuicios por alegada impericia médico-hospitalaria presentada por la familia Román García. La demanda original acusaba al Hospital Metropolitano Dr. Tito Mattei, a los doctores y otros codemandados de negligencia en el tratamiento de Gabriel Román García, quien falleció tras ser hospitalizado por un cuadro respiratorio. La familia alegó que hubo un retraso negligente en la administración de antibióticos adecuados para tratar una neumonía asociada a cuidados de salud. El asunto específico apelado fue una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró sin lugar la solicitud de pago de costas y gastos de los demandados prevalecientes. Los doctores Cedeño y Galib solicitaron la revocación de dicha resolución. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos y, tras revisarlos, expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la determinación recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó dos recursos de certiorari (KLCE202301433 y KLCE202301438) presentados por el doctor Even Cedeño y el doctor Yussef Galib Frangie Fiol. Los recursos impugnaban una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que denegó la solicitud de pago de costas y gastos a las partes demandadas que prevalecieron en un pleito por daños y perjuicios. La demanda original, incoada por la familia Román García, alegaba muerte negligente por impericia médico-hospitalaria en el tratamiento de Gabriel Román García en 2014. Los demandantes argumentaron que hubo retraso y manejo inadecuado de antibióticos para una neumonía asociada a cuidados de salud, lo que llevó a sepsis y fallo respiratorio. Tras prevalecer en el pleito principal, los doctores y otras partes solicitaron el recobro de costas, lo cual fue rechazado por el TPI. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la determinación, expidió el auto de certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones consideró una petición de certiorari presentada por Enrique Reyes González, Rubén Toledo Colón y Edgar Cuevas Galarza. La petición buscaba revocar una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 8 de noviembre de 2023. Dicho dictamen del foro primario adjudicó una controversia relacionada con el descubrimiento de prueba en un caso sobre despido injustificado y discrimen por edad. Los peticionarios demandaron a S/M El Flamboyán, Inc., alegando haber sido despedidos sin justa causa y discriminados por su edad. La disputa sobre el descubrimiento de prueba surgió tras la presentación de interrogatorios y requerimientos de admisiones por parte de los demandantes. El Tribunal de Primera Instancia había emitido órdenes previas sobre quién debía contestar la prueba. Ante la resolución del TPI sobre la controversia de descubrimiento, los peticionarios acudieron en certiorari. La parte recurrida no se opuso a la expedición del auto. Tras examinar la solicitud y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel IX, emitió una Sentencia en el caso de Judith J. Jimenez Rivera contra José A. Colón Aponte, relacionado con un asunto de Alimentos. La peticionaria solicitó la revisión mediante certiorari de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, dictada el 4 de diciembre de 2023. El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional para revisar determinaciones de tribunales inferiores, regulado por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso presentado. La desestimación se fundamentó en la Regla 83(C) de su Reglamento. La razón específica fue la falta de jurisdicción por haber sido presentado el recurso de forma tardía.

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Este juicio se refiere a una petición de certiorari presentada por Rolando Reyes Sierra contra una decisión del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El señor Reyes Sierra solicitó ser admitido al Programa para la Pre-Reinserción a la Libre Comunidad. El DCR denegó su solicitud basándose en un criterio de exclusión de la Orden Administrativa DCR-2018-07 relacionado con delitos bajo la Ley de Armas. La agencia determinó que no cualificaba porque no había cumplido las penas impuestas por los delitos de Ley de Armas, las cuales eran concurrentes con una sentencia de 99 años por asesinato en primer grado. El recurrente argumentó que el DCR erró al aplicar la exclusión de Ley de Armas cuando su sentencia principal era por asesinato. Sostuvo que estaba cumpliendo la pena mayor por el delito de asesinato. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación administrativa. El tribunal encontró que la denegación del DCR fue improcedente. Por consiguiente, el Tribunal expidió el auto de certiorari y revocó el dictamen recurrido.

Resumen:

María de los Ángeles Collazo Carrasquillo comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para revisar una determinación sobre su elegibilidad a los beneficios del Pandemic Unemployment Assistance (PUA). El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) le concedió beneficios por el periodo del 21 de marzo de 2020 al 27 de junio de 2020. La recurrente alega que su elegibilidad debe extenderse hasta el 27 de julio de 2020, fecha en la que afirma haber regresado a trabajar. Tras una determinación inicial de inelegibilidad, la División de Apelaciones del Departamento modificó la decisión, otorgando beneficios hasta el 27 de junio de 2020. Collazo Carrasquillo apeló esta resolución ante la División de Apelaciones ante el Secretario, argumentando su derecho a los beneficios hasta el 27 de julio de 2020. La División de Apelaciones ante el Secretario confirmó la resolución apelada y declaró "No Ha Lugar" una solicitud de reconsideración posterior. Inconforme, la recurrente solicita al Tribunal de Apelaciones que modifique la determinación administrativa para reflejar la fecha de regreso al trabajo que ella indica y extender el periodo de beneficios del PUA. El Tribunal ha solicitado al NSE que presente su posición sobre el recurso.

Resumen:

Emmanuel Fuentes Enríquez presentó un recurso de revisión judicial contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Impugnaba la determinación del Departamento de no tener acceso a información sobre su solicitud de un incentivo económico federal por el COVID-19. El recurrente alegó haber solicitado el incentivo mientras estaba recluido y que era inconstitucional no recibirlo bajo custodia estatal. El Departamento solicitó la desestimación del recurso, argumentando que el recurrente no cumplió con los requisitos reglamentarios para perfeccionarlo. Señaló que el apéndice estaba incompleto y no incluía la solicitud administrativa original. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de revisión judicial. Fundamentó su decisión en la obligación del recurrente de perfeccionar el recurso conforme a las normas legales y reglamentarias. Determinó que la falta de cumplimiento, como la presentación de un expediente incompleto, impide al tribunal ejercer su función de revisión. La desestimación se basó en fallas procesales del recurrente, no en el fondo de su reclamo sobre el incentivo.

Resumen:

José Santiago Avilés presentó un recurso de revisión administrativa ante el Tribunal de Apelaciones contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente impugnó la denegatoria del DCR a su solicitud de reconsideración sobre un pedido de traslado a otra institución correccional. Inicialmente, el DCR había indicado que el traslado se gestionaría "próximamente". Tras la solicitud de reconsideración, el DCR la denegó, señalando que el recurrente había aceptado custodia protectiva y no mostró interés en el traslado, además de negarse a trabajos. Ante esta denegatoria, el recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal evaluó el recurso y la oposición del DCR. Mediante sentencia, el Tribunal desestimó el recurso de revisión administrativa. La desestimación se basó en la determinación de falta de jurisdicción para conocer del asunto.

Resumen:

La Sentencia revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una querella contra NeoMed Center, Inc. La apelante, Sra. María del Carmen Russe Santos, había demandado a NeoMed por alegado discrimen por edad y sexo, represalias y despido injustificado. Según la apelante, sufrió hostigamiento laboral, se le exigió un traslado que rechazó y fue despedida. NeoMed, por su parte, sostuvo que la apelante abandonó su empleo tras negarse a cumplir con un plan de mejoramiento que incluía un traslado temporal. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria de NeoMed y desestimó la querella con perjuicio. El panel apelativo, compuesto por los Jueces Figueroa Cabán, Bonilla Ortiz y Mateu Meléndez, confirmó la Sentencia apelada. La decisión valida la determinación del foro primario de desestimar el caso de la apelante. El Juez Bonilla Ortiz fue el ponente de la Sentencia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de divorcio. La demanda fue presentada por Lawrence Bruce Caplin contra Kelli Ann Caplin. El foro primario desestimó el caso sin perjuicio aplicando la doctrina de *forum non conveniens*. Esta decisión se basó en la existencia de un caso de divorcio previo presentado por la señora Caplin en un tribunal de Pennsylvania. El señor Caplin apeló la desestimación, argumentando que el foro primario erró al aplicar dicha doctrina. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Tras considerar los fundamentos, el panel confirmó la sentencia apelada, rehusando el tribunal de Puerto Rico ejercer jurisdicción sobre el caso de divorcio.

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Sentencia de un panel de jueces sobre un recurso de apelación presentado por Luna Residential II, LLC (LUNA). LUNA solicitó la revisión de una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la Demanda sin perjuicio contra varios codemandados específicos. La desestimación se fundamentó en la expiración del término de 120 días para diligenciar sus respectivos emplazamientos. El caso original fue una acción de ejecución de hipoteca iniciada por Banco Santander, quien fue sustituido por LUNA. Durante el proceso, falleció uno de los demandados originales, Manuel García Carrillo. LUNA enmendó la demanda para incluir a la sucesión y posibles herederos, lo cual fue autorizado por el foro primario. La apelación de LUNA cuestiona la desestimación de los codemandados. El panel de apelación, por los fundamentos expuestos, REVOCA la Sentencia Parcial apelada.

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El Consejo de Titulares del Condominio First Federal Savings demandó a Edgar Francisco Morales Ramírez y Lion Crest Investments, LLC por el cobro de \$93,819.21 en cuotas de mantenimiento adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia inicial declarando con lugar la demanda contra el Sr. Morales Ramírez pero desestimando la reclamación contra Lion Crest por aparente falta de emplazamiento. Tras una moción de reconsideración del Consejo de Titulares, que demostró el emplazamiento diligenciado, el foro primario enmendó su sentencia. La sentencia enmendada incluyó a Lion Crest, anotó su rebeldía y condenó a ambos codemandados solidariamente al pago de la deuda. Inconforme con esta determinación, Lion Crest presentó un recurso de apelación, acogido como certiorari, ante el Tribunal de Apelaciones. Mediante esta Resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por Lion Crest.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de división de herencia. La Sucesión de Manuel A. Mendoza Báez apela una orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó una moción de reconsideración presentada por los apelantes. La moción de reconsideración buscaba revisar una orden previa que concedió remedios solicitados por Cruz Mendoza Báez. Estos remedios incluían el pago de honorarios de abogado con cargo a la sucesión de Carlos Mendoza Báez. También se impuso una sanción económica a la Sucesión de Manuel A. Mendoza Báez. El apelado argumentó que los apelantes mostraron inacción y retraso en la liquidación del caudal de Carlos Mendoza Báez. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la solicitud de honorarios y sanción. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la decisión del foro inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en un caso de apelación por impericia médica y daños y perjuicios. La apelación proviene del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Los apelantes impugnan una Sentencia Parcial que desestimó la demanda contra el codemandado Dr. Edwin López Robles. La demanda original alegó negligencia en el tratamiento médico brindado a la Sra. Brunilda Mercado Santana en el Hospital Menonita de Caguas. Se alegó que un tratamiento inicial inadecuado para un pie hinchado y descolorido llevó a una posterior necrosis y la necesidad de amputaciones. El Dr. López Robles fue incluido inicialmente como una parte desconocida ("Dr. Fulano De Tal") y luego identificado. El Tribunal de Primera Instancia acogió su moción de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó esta determinación. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia Parcial apelada. Esto implica que la desestimación de la demanda en cuanto al Dr. López Robles queda sin efecto.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El peticionario, Abimael Rodríguez Martínez, solicita la revisión de la denegatoria de su solicitud de desestimación en una demanda civil por daños y perjuicios. La demanda fue presentada por Jaime Moya Díaz, viudo de una mujer fallecida en un accidente de tránsito causado por el peticionario. El peticionario había sido procesado criminalmente por el accidente y se declaró culpable. En la acción civil, el peticionario argumentó que la demanda estaba prescrita al haber transcurrido más de un año desde el accidente. El demandante se opuso, alegando que el término prescriptivo fue interrumpido por una reclamación extrajudicial enviada a la representación legal del peticionario. El TPI denegó la solicitud de desestimación, resolviendo que la comunicación extrajudicial interrumpió el término prescriptivo. Adicionalmente, el TPI impuso una sanción al peticionario por presentar una solicitud improcedente. El peticionario recurre ante el Tribunal de Apelaciones, alegando error en la determinación de jurisdicción y en la validez de la reclamación extrajudicial.

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Comparece el Hospital Menonita Caguas solicitando la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su petición para extender el término de descubrimiento de prueba. El caso subyacente involucra una querella por despido injustificado y represalias presentada por la señora María Isabel Silva López, quien alega haber sido forzada a renunciar. El Hospital Menonita sostiene que la renuncia fue voluntaria. Las partes presentaron un informe de manejo de caso con una fecha límite para el descubrimiento, pero el tribunal estableció una fecha anterior en su orden de calendarización. El Hospital Menonita solicitó una extensión del término para completar el descubrimiento, alegando inconvenientes. La señora Silva se opuso a dicha solicitud, argumentando que el término había vencido. El foro primario declaró No Ha Lugar a la solicitud de extensión. Este panel, tras revisar los fundamentos, DENEGÓ el recurso de certiorari solicitado por el Hospital Menonita.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una petición de certiorari presentada por SMG Medical Services & Supply, Inc. SMG solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Desestimación. El pleito subyacente fue iniciado por el Municipio de San Juan contra SMG, buscando la nulidad de contratos y el recobro de dinero. SMG argumentó que la controversia estaba previamente adjudicada en otro caso, invocando cosa juzgada y otros impedimentos. El Municipio se opuso, destacando que los casos y contratos no eran idénticos y que la causa de acción era distinta. El TPI denegó la moción de desestimación y la reconsideración solicitada por SMG. SMG alegó ante el Apelativo que el TPI erró al denegar la desestimación sin considerar sus argumentos. Habiendo examinado el recurso y la oposición del Municipio, el Tribunal de Apelaciones decide denegar la expedición del auto de certiorari.

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Este caso se presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, donde Bernardino Torres López apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia lo declaró culpable de violar el Artículo 3.3 de la Ley 54 sobre Violencia Doméstica. Durante el trámite apelativo, el señor Torres López presentó una moción solicitando el desistimiento de su recurso. Alegó que ya había cumplido la sentencia impuesta por el foro primario y que, al encontrarse en la libre comunidad y planificar su traslado a Estados Unidos, no tenía interés en continuar con la apelación. El Tribunal de Apelaciones evaluó la solicitud de desistimiento. Tras considerarla, el Tribunal declaró "Ha Lugar" la petición del apelante. En consecuencia, se ordenó el cierre y archivo definitivo del caso. La decisión se tomó sin especial imposición de costas, gastos u honorarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación relacionado con un caso de divorcio. La apelante, Carmen A. Báez Medina, impugnó una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de crédito por la mitad de los pagos hipotecarios realizados por su exesposo, Santos A. Nieves Cáez. El divorcio, bajo sociedad legal de gananciales, ocurrió en 2013. Las estipulaciones del divorcio establecieron que Nieves Cáez pagaría la hipoteca como "Hogar Seguro" hasta que el hijo menor alcanzara la mayoría de edad en enero de 2014, considerando este pago como pensión alimentaria. Posteriormente, ambos debían compartir los pagos hipotecarios por igual hasta la venta o adquisición de la propiedad. Una cláusula específica permitía al copropietario que pagara la parte del otro obtener un crédito al momento de la venta. La apelante no realizó pagos hipotecarios desde 2014 hasta 2019, mientras el apelado continuó pagando. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito solicitado por la apelante. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirmó la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció mediante certiorari un caso sobre alimentos procedente del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El peticionario, Rubén Antonio Soto Ginés, solicitó la reducción de la pensión alimentaria de su hijo menor. El Tribunal de Primera Instancia denegó dicha solicitud. La controversia se originó tras una demanda de la madre, Zayda Luz Abadía Arroyo, quien alegó que el padre había reducido unilateralmente la pensión acordada en su divorcio notarial de 2018. Dicho acuerdo establecía una pensión de $1,200 mensuales, además de estipulaciones sobre gastos educativos y universitarios compartidos. La madre reclamó atrasos en los pagos. El Tribunal de Apelaciones emitió el auto de certiorari para revisar la determinación del Tribunal de Primera Instancia. Tras la revisión, el panel especial del Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Este es un dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El tribunal enfatiza la importancia fundamental de la jurisdicción para considerar y decidir casos. Se establece que un tribunal que carece de jurisdicción debe desestimar el caso, ya que una sentencia dictada sin ella es nula. La presentación de una moción de reconsideración interrumpe el término para apelar. Sin embargo, cualquier trámite posterior a la solicitud de reconsideración en el Tribunal de Primera Instancia no interrumpe dicho término. En este caso particular, aunque la moción de reconsideración interrumpió el plazo, una moción posterior para enmendar la sentencia no lo hizo. La apelación fue presentada un día después de la fecha límite establecida tras la resolución de la reconsideración. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carece de jurisdicción para evaluar el recurso en sus méritos. El recurso es desestimado por falta de jurisdicción debido a su presentación tardía.

Resumen:

Una peticionaria presentó una demanda de divorcio y solicitó al tribunal primario autorización para emplazar al demandado mediante edicto, alegando que este reside fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, exigiendo la contratación de un emplazador privado y rechazando la declaración jurada de la peticionaria por ser parte interesada. La peticionaria presentó una moción de reconsideración, la cual también fue declarada no ha lugar. Inconforme, la peticionaria acudió al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari. Argumentó que el foro primario erró al no permitir el emplazamiento por edicto dado que el demandado se encuentra fuera de la jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso para revisar la determinación. Tras considerar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones concluyó que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la Orden recurrida.

Resumen:

La Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende una petición de certiorari presentada por Deborah Rivera Velázquez. La peticionaria impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, que denegó su solicitud de trasladar su caso civil (sobre incumplimiento de contrato y daños) a otra región judicial. La peticionaria fundamentó su pedido en la necesidad de mantener la pulcritud e imparcialidad del proceso, dado que ejerce como perito y mediadora en otros casos ante ese mismo foro. La parte recurrida se opuso al traslado, argumentando que la peticionaria inició el pleito en Carolina, la solicitud era tardía y el caso estaba avanzado. Además, la recurrida señaló que la petición de traslado parecía un intento de evadir una previa denegatoria de inhibición judicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de traslado. La peticionaria alegó en apelación que esta denegatoria atentaba contra la imparcialidad judicial. El Tribunal de Apelaciones, aplicando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil sobre la revisión de órdenes interlocutorias, deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.

Resumen:

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) comparece ante este panel judicial solicitando la revocación de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Sentencia del TPI declaró No Ha Lugar el recurso de revisión judicial presentado por el DRNA, sosteniendo la validez de un Laudo de Arbitraje de la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). El Laudo de Arbitraje fue emitido a favor de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) en representación del Sr. Kenneth Morales Valle. El arbitraje se originó por una queja y agravio relacionada con una Reprimenda Escrita impuesta al Sr. Morales Valle por el DRNA. La CASP determinó que la reprimenda no estuvo justificada, al encontrar que el DRNA incumplió con un término dispuesto en el Convenio Colectivo. La CASP ordenó al DRNA dejar sin efecto la Reprimenda Escrita. El TPI confirmó la decisión de la CASP. Ante la petición del DRNA, este panel expide el auto de Certiorari solicitado. No obstante, se confirma el dictamen recurrido del TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por el Municipio Autónomo de Cataño y su Alcalde. Los peticionarios buscaban revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Solicitud de Desestimación. La acción original fue presentada por dos matrimonios contra el Municipio, reclamando una sentencia declaratoria y orden de cese y desista. Los demandantes alegan que la prolongación de la Calle San Alberto es una calle sin salida y servidumbre de paso a su favor. Solicitaron que se les permita el uso de la calle, se impida la construcción de una acera y se restituya un cierre existente. El Municipio presentó una moción de desestimación argumentando, entre otras cosas, que los demandantes no tenían una causa de acción válida. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar la moción de desestimación y posteriormente denegó una solicitud de reconsideración. Ante esta negativa, los peticionarios acudieron al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, decide no expedir el auto solicitado.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación en un caso de cobro de dinero. El apelante, Gilberto Suárez, impugna una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar una deuda al Municipio Autónomo de San Sebastián. La sentencia original fue dictada en rebeldía contra Suárez por no presentar alegación responsiva a la demanda. Dicha sentencia le requirió el pago de arbitrios de construcción adeudados, más intereses y honorarios de abogado. Suárez solicitó reconsideración, objetando la cuantía de los honorarios de abogado. El Municipio se opuso, indicando que los honorarios fueron solicitados en la demanda y que la conducta del apelante fue temeraria. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia Enmendada apelada.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones sobre una Petición de certiorari instada por John Diez Muro. El recurso busca revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución denegó las solicitudes de sentencia sumaria presentadas por ambas partes en un pleito sobre incumplimiento de contrato y daños. El caso se originó tras una demanda de Diez Muro contra Francisco Pagán Rodríguez por daños relacionados a un contrato de arrendamiento comercial y una posterior sentencia de desahucio. Diez Muro alegó que Pagán incumplió con reparaciones post-huracanes y se apropió indebidamente de bienes tras el desalojo. Pagán solicitó sentencia sumaria argumentando que las reclamaciones de daños estaban precluidas por la sentencia de desahucio previa. El foro primario denegó ambas mociones de sentencia sumaria, determinando que el caso de desahucio previo solo trató la posesión y no las reclamaciones de daños y perjuicios. El TPI ordenó la continuación del proceso hasta juicio en su fondo. Diez Muro recurrió en certiorari esta decisión. La parte recurrida no compareció en el plazo concedido, por lo que el asunto se considera sometido para resolución.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en un caso de impericia médica. Los peticionarios ER Sunrise LLC y Puerto Rico Medical Defense Insurance Company solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución del TPI declaró No Ha Lugar una Moción de Desestimación presentada por los peticionarios. El pleito original fue presentado por daños y perjuicios relacionados con tratamiento médico en marzo de 2019. La parte demandante enmendó la demanda para incluir a ER Sunrise tras conocer su rol como subcontratista del personal médico a través de la contestación de otro codemandado. La Moción de Desestimación probablemente argumentaba la prescripción de la acción contra ER Sunrise. El Tribunal de Apelaciones evaluó la Petición de Certiorari Civil. Por los fundamentos expuestos en la Resolución, el tribunal deniega la expedición del recurso de certiorari. Asimismo, declara No Ha Lugar la Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción. La decisión confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia de no desestimar la demanda contra los peticionarios en esta etapa.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico desestimando un recurso de Certiorari. El señor Reynaldo Molina Borrero presentó el recurso solicitando la revocación de una pena impuesta por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre Actos Lascivos. Alegaba falta de prueba suficiente para su convicción. El Tribunal de Apelaciones examinó la solicitud y el expediente. Determinó que los argumentos y la determinación recurrida eran idénticos a los presentados previamente por el mismo peticionario en el recurso KLCE202301293. Concluyó que existía una duplicidad de recursos. En aplicación del principio de economía procesal y manejo eficiente de los procedimientos, el Tribunal desestimó el recurso KLCE202301463.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una revisión administrativa solicitada por la Puerto Rico International Insurers Association (PRIIA). PRIIA impugnó la Carta Circular Núm. CC-2022-2007-ARI, emitida por el Comisionado de Seguros. La asociación alegó que la carta circular contravenía disposiciones del Código de Seguros y su reglamento, y que constituía una regla adoptada sin seguir el procedimiento de ley. El Comisionado de Seguros presentó una solicitud de desestimación, argumentando que su oficina carecía de jurisdicción para atender la controversia. La Oficina del Comisionado de Seguros declaró Ha Lugar la desestimación, concluyendo que la impugnación de la carta circular, ya fuera como documento guía o reglamento, no procedía ante su foro en la forma presentada. Inconforme, PRIIA recurrió ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal examinó el expediente y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen del Comisionado de Seguros que desestimó la petición por falta de jurisdicción.

Resumen:

Un grupo de confinados solicitó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que ordenara a los Departamentos de Hacienda y Corrección y Rehabilitación el pago de los cheques de estímulo económico federales de la Ley CARES. Los peticionarios habían presentado previamente solicitudes administrativas ante el Departamento de Corrección. Este departamento les indicó que debían gestionar el pago a través del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) del Departamento de Hacienda, sugiriendo la ayuda de un familiar. Los confinados solicitaron reconsideración, alegando dificultades para cumplir con el requisito de SURI. El Departamento de Corrección denegó la reconsideración, manteniendo la necesidad de usar SURI. Ante la denegatoria administrativa, los confinados acudieron al Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión administrativa. El Tribunal de Apelaciones, sin necesidad de trámites adicionales, desestimó el recurso. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción del tribunal para atender el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una determinación administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). El recurrente, un confinado, fue encontrado incurso en el acto prohibido de contrabando. Los hechos se relacionan con el hallazgo de un galón de detergente dentro de una funda que intentaba transportar. Tras una vista disciplinaria, se le impuso una sanción de suspensión del privilegio de comisaría por veinte días. El recurrente solicitó reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el DCR. Ante el Tribunal de Apelaciones, el recurrente alegó error en la determinación de culpabilidad por contrabando. El Tribunal, aplicando la Regla 7 (B) (5) de su Reglamento, procedió a confirmar el dictamen administrativo recurrido sin trámite ulterior.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en respuesta a un recurso de certiorari presentado por San Ros Field Services et als. La parte peticionaria buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró su rebeldía por incumplimiento de órdenes. El certiorari es un recurso extraordinario para corregir errores de derecho, cuya presentación está sujeta a términos estrictos. La Regla 32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones establece un plazo de treinta días para formalizar este tipo de recurso. El Tribunal de Apelaciones desestimó la petición de certiorari. La razón principal de la desestimación fue la falta de jurisdicción. Esta falta de jurisdicción se debió a que el recurso fue presentado de forma tardía. La presentación tardía de un recurso apelativo constituye un defecto insubsanable que priva al tribunal de jurisdicción para considerarlo.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de Certiorari. Se revisa una Minuta-Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de daños por huracán. La controversia central es la denegación de una solicitud de descubrimiento de prueba por parte de los peticionarios. Estos buscaban acceso a los expedientes de suscripción y las reservas asignadas por la aseguradora Triple-S para la reclamación. El caso original fue instado por daños causados por el huracán María, alegando incumplimiento de contrato y dolo por parte de Triple-S. La aseguradora negó las alegaciones, considerando los daños excesivos y no cubiertos. Previamente, el Tribunal de Apelaciones había revocado una sentencia que desestimaba el caso por una cesión de derechos. Ahora, el Tribunal de Primera Instancia había declarado no pertinente la prueba solicitada sobre suscripción y reservas. El Tribunal de Apelaciones revoca esta determinación, ordenando la expedición del auto solicitado.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo. La sentencia apelada declaró con lugar una acción de cobro de dinero instada por Javier Ramírez González contra Master Link Corporation y Carlos A. Morales Vázquez. El TPI ordenó a Master Link y al Sr. Morales pagar solidariamente al Sr. Ramírez la suma de \$118,648.50, más intereses. La deuda reclamada se originó por servicios profesionales de supervisión como ingeniero civil y otros servicios adicionales prestados por el Sr. Ramírez en un proyecto de construcción. El Sr. Ramírez alegó incumplimiento en el pago de los servicios pactados desde diciembre de 2014. Existieron negociaciones posteriores donde se ajustó la deuda a \$123,394.44, pero no se llegó a un acuerdo de pago. Los apelantes, Master Link y Morales, solicitaron modificar parcialmente la sentencia para eliminar partidas de "nómina pendiente de pago" y "renta de equipos de agrimensura". Tras revisar los fundamentos y la comparecencia de la parte apelada, el Tribunal de Apelaciones emite su decisión. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada en su totalidad.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por First Processing, LLC contra Dynamics Payments LLC. First Processing demandó a Dynamics Payments reclamando comisiones impagadas por una relación de negocios con Oriental Bank, alegando derecho bajo un contrato Independent Sales Agency Agreement (ISA). Dynamics Payments solicitó la desestimación, argumentando que el contrato ISA solo aplicaba a referidos que resultaran en acuerdos con "comerciantes", y que Oriental Bank no cumplía esa definición. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación y desestimó la demanda de First Processing. Tras denegar una moción de reconsideración, First Processing apeló la sentencia final. El Tribunal de Apelaciones evaluó los autos y el derecho aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Final dictada por el tribunal de instancia inferior.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de apelación presentado por Aixa Pastor Canales contra la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La apelación impugna la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de la apelante mediante sentencia sumaria. La demanda original trataba sobre derecho laboral, discrimen, represalia e injunction permanente. El caso se originó por una acción disciplinaria de ASEM contra la señora Pastor Canales por un resultado positivo en prueba de sustancias controladas y su negativa a participar en un programa de rehabilitación. Tras una vista disciplinaria, las partes firmaron una Estipulación de Transacción por Renuncia de Empleada. En este acuerdo, la señora Pastor Canales renunció a su puesto y, junto a su unión, renunció expresamente a todas las reclamaciones contra ASEM relacionadas con los hechos del caso. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria basándose en esta renuncia de reclamaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de MOB Enterprises, LLC contra la Secretaria de Educación y el Secretario de Justicia. MOB apeló la desestimación de su recurso de Mandamus por el Tribunal de Primera Instancia. La empresa alegó que el Departamento de Educación incumplió un deber ministerial al no asignarle escuelas para trabajos de pintura y mantenimiento en las zonas 6 y 7. MOB basó su reclamo en la adjudicación de la Subasta número 22-2841, argumentando que le correspondía la asignación de escuelas en dichas zonas. El Departamento de Educación solicitó la desestimación, aduciendo que la subasta solo designó a MOB como uno de trece licitadores elegibles para contratar. Sostuvo que el Departamento posee discreción para suscribir contratos específicos con cualquiera de los licitadores elegibles según la necesidad. Argumentó que no existía un deber ministerial incumplido hasta la firma de un contrato particular, y que MOB no tenía derecho exclusivo a los trabajos en las zonas. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la Moción de Desestimación, concluyendo que no se demostró un deber ministerial incumplido. El Tribunal de Apelaciones revisó la Sentencia apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del foro primario.

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Evertec Group, LLC y Evertec, Inc. apelaron la sentencia que desestimó su reclamación contra Aon Risk Solutions of Puerto Rico, Inc. La demanda original buscaba cubierta de Mapfre Praico Insurance Company por pérdidas tras el Huracán María y, subsidiariamente, responsabilidad de AON como corredor de seguros. Un proceso judicial previo, confirmado en apelación y por el Tribunal Supremo, determinó que MAPFRE es responsable por la pérdida de interrupción de negocios de Evertec bajo la póliza. AON solicitó sentencia sumaria argumentando que la reclamación en su contra era subsidiaria a la de MAPFRE y debía desestimarse al confirmarse la responsabilidad de esta última. Evertec se opuso, alegando que AON podría ser responsable por daños no cubiertos por la póliza. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de AON y desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso de Evertec. Tras considerar el expediente y el derecho aplicable, el panel confirmó la sentencia del foro primario. La desestimación de la reclamación contra AON se mantiene firme.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una apelación presentada por Judith Pérez Velázquez y Ramón Abin. La apelación provenía de un caso civil en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce, sobre persecución maliciosa, daños y perjuicios, y solicitud de devolver elementos comunes a su estado original. Los apelantes demandaron a la Asociación de Titulares Patio Señorial, Inc., y otros co-demandados. Alegaron que co-demandados alteraron ilegalmente un área común, causando daños a su apartamento y un patrón de persecución maliciosa y difamación, responsabilizando solidariamente a la Asociación. La apelación impugnaba una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia había concedido una moción de sentencia sumaria parcial, desestimando las alegaciones contra la Asociación. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla en un caso sobre incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a los apelados alegando un acuerdo de opción de compra de una propiedad por $1,600,000, la entrega de un pronto de $100,000, y el posterior incumplimiento por parte de los vendedores. El foro primario desestimó parcialmente la demanda en cuanto a la co-demandada Drucila Esther Cordero Hernández y su sociedad legal de gananciales respecto a la causa de acción por incumplimiento de contrato. También desestimó la acción sin perjuicio contra otros co-demandados por falta de diligenciamiento. El Tribunal de Apelaciones confirma la desestimación de la causa de acción por incumplimiento de contrato contra la señora Cordero Hernández y la SLG. Sin embargo, revoca la desestimación de la causa de acción por daños y perjuicios contra la señora Cordero Hernández y la SLG. Asimismo, revoca la determinación del TPI sobre la deposición de la señora Cordero Hernández.

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Este caso es una apelación de una sentencia de desahucio dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Los apelados, Freddie Ariel Ramos Alvelo y Roselyn Veglio Meléndez, demandaron a la apelante, Sara Marrero Reyes, por desahucio en precario. El TPI emitió sentencia el 15 de diciembre de 2023, la cual fue notificada a las partes el 18 de diciembre de 2023. La apelante presentó su recurso de apelación el 26 de diciembre de 2023, notificándolo a las partes el 27 de diciembre de 2023. Los apelados presentaron una solicitud de desestimación del recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones examinó si poseía jurisdicción para atender la apelación. La ley establece un término jurisdiccional estricto de cinco días para apelar sentencias de desahucio. La notificación del recurso apelativo también debe realizarse dentro de este término. Dado que la apelación fue notificada fuera del término de cinco días establecido por ley, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Esta sentencia judicial revisa la denegación de beneficios por desempleo a la señora María L. De León Monrouzeau. El Negociado de Seguridad de Empleo (NSE) denegó su solicitud tras ser despedida de su empleo en Atenas Community Health Center, Inc. (ACHC). La denegación se fundamentó en conducta incorrecta relacionada con el empleo, específicamente insubordinación, según la determinación del NSE. La señora De León Monrouzeau apeló la decisión, presentando su versión de los hechos, que involucraban una discrepancia con una supervisora sobre el pago de días de vacaciones. La determinación del NSE fue confirmada por la División de Apelaciones de la agencia y posteriormente por la Oficina de Apelaciones ante el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. La recurrente solicitó entonces la revisión administrativa ante este panel judicial. Tanto el NSE como el patrono, ACHC, han comparecido en el proceso judicial. El tribunal expone el trasfondo del caso y el derecho aplicable antes de resolver la controversia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre un litigio de servidumbre de paso. La apelante Nélida María Luna Colón solicitó la revisión de la decisión del foro primario que favoreció a los apelados Edwin Francisco Colón Maldonado e Iris Nereida Núñez Pérez. Los apelados demandaron, alegando que la apelante obstruyó una servidumbre de paso necesaria que provee acceso a su propiedad enclavada. La obstrucción consistió en extender una verja y sembrar plantas en el área designada para la servidumbre. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la propiedad de los apelados estaba enclavada y se beneficiaba de una servidumbre aprobada, ordenando la remoción de la obstrucción y declarando el derecho de paso. Aunque el foro primario inicialmente impuso honorarios por temeridad, esto fue reconsiderado posteriormente en cuanto a la cuantía, manteniendo el derecho de servidumbre. La apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirmó la sentencia apelada según reconsiderada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una petición de certiorari instada por SBM Management Services Puerto Rico, LLC, patrono en un caso laboral. El recurso buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que denegó la solicitud del patrono de dejar sin efecto una Sentencia Parcial. El patrono alegó que el emplazamiento inicial fue inválido bajo la ley de procedimiento sumario laboral, al haberse diligenciado a través de su agente residente. Argumentó que esta falla invalidaba la anotación de rebeldía y la Sentencia Parcial subsiguiente. Además, sostuvo que las causas de acción en la querella justificaban la conversión del procedimiento a uno ordinario. El patrono también adujo que las circunstancias del caso ameritaban la intervención del Tribunal de Apelaciones en esta etapa, como excepción a la norma general. La parte recurrida, Arlene Pérez Santana, presentó su oposición a la expedición del recurso. Tras examinar la petición y la oposición, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Resolución en el caso KLCE202301475, originado por un Certiorari instado por Herpla Engineering Corporation contra Universal Steel Trading, LLC. El caso principal en el Tribunal de Primera Instancia trata sobre Daños y Perjuicios e Interferencia Torticera. Herpla Engineering Corporation solicitó la revisión de una Resolución del tribunal inferior que denegó su solicitud de desestimación. Tras examinar el Certiorari y la oposición, el Tribunal de Apelaciones resolvió abstenerse de ejercer su función revisora. Por tanto, denegó la expedición del auto de certiorari. Esta decisión se fundamenta en las Reglas de Procedimiento Civil y del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La denegatoria es sin perjuicio de que la parte peticionaria pueda presentar sus planteamientos de derecho en una eventual apelación.