Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 284)

Resumen:

Este recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico surge de un caso de modificación de pensión alimentaria. Damaris Bruno Morales solicitó la revisión de la pensión que Ismael Vega Beltrán pagaba para su hijo menor. Las partes alcanzaron un acuerdo transaccional que aumentó la pensión y cubrió otros gastos del menor. Dicho acuerdo estipuló expresamente que los honorarios de abogado serían fijados por el tribunal conforme a la doctrina de *quantum meruit*. El abogado de la peticionaria presentó una solicitud de honorarios detallando sus gestiones. El padre se opuso a la cuantía solicitada, aunque reconoció el acuerdo sobre el criterio de *quantum meruit*. El Tribunal de Primera Instancia ordenó el pago de $300 en honorarios. La controversia en apelación gira en torno a esta cuantía y la falta de fundamentación jurídica o análisis del criterio de *quantum meruit* por parte del foro primario. El recurso busca revisar si la determinación de honorarios se ajustó al acuerdo y a la doctrina aplicable.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Los apelantes, demandantes en un caso de daños y perjuicios, buscan revertir la desestimación parcial de su demanda. La acción original alegaba represalias políticas, hostigamiento y violación de derechos civiles por parte de funcionarios municipales, demandados en carácter oficial y personal. El foro primario desestimó las reclamaciones contra los demandados en su carácter personal. Argumentó que las alegaciones eran generales y que las acciones imputadas correspondían a funciones oficiales. Los apelantes señalan como error la desestimación prematura de las reclamaciones personales en un caso de derechos civiles. También impugnan la denegatoria de su moción de reconsideración. Este documento establece el trasfondo procesal y los puntos de apelación que el Tribunal de Apelaciones considerará.

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El señor Oscar Olivo Polanco apeló una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla. El pleito original fue instado por Olivo Polanco contra su anterior patrono, National Mechanical Contractor, Corp., por alegado discrimen, represalias y hostigamiento laboral. El Apelante alegó que, tras sufrir un accidente de trabajo y ser referido a la CFSE, su patrono se negó a darle trabajo al presentar documentación relacionada. En el Tribunal de Primera Instancia, se anotó la rebeldía a National por contestar tardíamente. Olivo Polanco solicitó sentencia sumaria, mientras National se opuso y pidió la desestimación de la causa de acción por acoso laboral y ciertos daños. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial denegando la sentencia sumaria, declarando Ha Lugar la desestimación de la causa de acción de acoso laboral y No Ha Lugar la desestimación de los daños. El Apelante recurrió ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de dicho dictamen. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar el recurso, confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Elsa Awilda Meléndez Collazo y otras. Las apelantes recurrieron la desestimación de su demanda de injunction por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. La demanda original buscaba ordenar a Cooperativa Los Hermanos la entrega de cuantías relacionadas a la Sucesión de Wilfredo Ramos Lozada. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al considerar que el injunction no era el remedio adecuado, existiendo otro procedimiento legal para la partición de herencia. Las apelantes alegaron error al desestimar, argumentando que el TPI ignoró que la reclamación de una apelante no se relacionaba con la partición. El Tribunal de Apelaciones analizó la naturaleza del injunction como un remedio extraordinario. Este recurso solo procede cuando no existe otro remedio legal adecuado. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900126. La apelante, Oneyda Rodríguez Suárez, recurre de una Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Dicha sentencia, notificada el 3 de enero de 2019, desestimó mediante sentencia sumaria la causa de acción de la apelante bajo la Ley de Represalias (Ley 115). Sin embargo, el foro primario declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la reclamación al amparo de la Ley sobre Despidos Injustificados (Ley 80). La apelante presentó originalmente una querella en diciembre de 2017 contra JOM Security Services, Inc., su antiguo empleador. En la querella, alegó represalias por haber testificado en casos criminales, recibir un periodo de descanso del FSE y solicitar beneficios de desempleo, entre otras causas de acción. La parte apelada presentó su oposición al recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar la apelación centrada en la desestimación de la causa de acción por represalias. El documento detalla el historial procesal y los fundamentos de la querella original.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó sin perjuicio una reconvención presentada por Centro Médico del Turabo, Inc. (CMT) contra la Lcda. Zedided Ortiz Martínez. La Lcda. Ortiz Martínez había demandado a CMT para el cobro de honorarios de abogado. CMT, a su vez, presentó una reconvención reclamando daños por alegada impericia legal de la Lcda. Ortiz Martínez en el manejo de un caso anterior (K DP 2016-0001). CMT sostuvo que la negligencia de la abogada resultó en una sentencia en su contra y otros gastos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la reconvención por falta de madurez, al considerar que la causa de acción por impericia dependía de que la sentencia en el caso anterior adviniera final y firme, lo cual no había ocurrido. CMT apeló esta determinación, argumentando que la reconvención no era prematura y que ya había sufrido daños. También alegó que la demanda original de cobro era prematura. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y documentos y confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia de desestimar la reconvención.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de alimentos entre José Ramiro Hernández Santana (apelante) y Carmen M. Cortés Ruiz (apelada). El apelante recurre de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de noviembre de 2018. Dicha Resolución, entre otras cosas, relevó al padre del pago de pensión para su hija adulta pero reinstaló el pago para un hijo menor. El caso se remonta a una sentencia de divorcio de 2003 que fijó pensión para sus tres hijos. En 2017, el padre solicitó revisión y relevo para la hija mayor, quien a su vez pidió alimentos para estudios universitarios. La madre también solicitó revisión de la pensión para los hijos menores. El foro primario consolidó las solicitudes y adoptó las recomendaciones de la Examinadora de Pensiones Alimentarias. Resoluciones posteriores abordaron pagos provisionales y relevaron a un hijo que ingresó al ejército. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. El tribunal procederá a modificar la Resolución recurrida.

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Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico (AFI) apela la Sentencia Sumaria Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda de Desarrolladora J.A. Inc. por incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra AFI. El caso se origina de un contrato para la construcción de un Parque de Patinetas en Mayagüez, adjudicado a Desarrolladora J.A. Inc. por AFI. Desarrolladora J.A. Inc. demandó a AFI alegando un balance no pagado tras completar el proyecto. AFI negó la deuda y demandó al Municipio de Mayagüez, sosteniendo que este último era el responsable del pago. El Tribunal de Primera Instancia halló probados hechos relevantes, como que las instrucciones de subasta y un addendum excluían las patentes y arbitrios municipales del precio del contratista, indicando que eran responsabilidad de AFI y el Municipio. El contrato entre AFI y Desarrolladora J.A. Inc. incorporó estas instrucciones. La sentencia sumaria parcial se fundamentó en estos hechos probados a favor de Desarrolladora J.A. Inc. AFI solicita al Tribunal de Apelaciones que revoque esta determinación.

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Comparece Eva Pérez Padró apelando una Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia desestimó su demanda de daños y perjuicios contra el Municipio de San Juan y otros. La apelante, expulsada de la Policía Municipal, había iniciado un proceso administrativo ante la CIPA para revisar su expulsión. Simultáneamente, incoó la acción judicial de daños para proteger su derecho a reclamar indemnización dentro del término prescriptivo. El TPI desestimó el caso judicial al considerar que la CIPA tenía jurisdicción primaria exclusiva sobre el asunto subyacente. La apelante argumentó que, en estos casos, el procedimiento judicial debe paralizarse, no desestimarse, hasta la conclusión del proceso administrativo. El Tribunal de Apelaciones examinó la decisión del TPI. Considerando la necesidad de presentar la acción de daños dentro del término prescriptivo y la incapacidad del foro administrativo para conceder dicha indemnización, el Tribunal concluyó que el TPI erró al desestimar la demanda. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Enmendada apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de accidente de vehículo de motor. Los apelantes, Víctor Martínez Díaz y otros, recurrieron una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios. La demanda se originó por un accidente ocurrido en 2013, donde un vehículo conducido por el Sr. Rivera, arrendado por Cabrera Rental, impactó el vehículo de los apelantes mientras manejaba en sentido contrario. Los demandantes alegaron que la negligencia del Sr. Rivera les causó daños físicos y angustias mentales. Los demandados aceptaron la negligencia pero controvirtieron la existencia y extensión de los daños y la relación causal. Tras un juicio, el Tribunal de Primera Instancia emitió determinaciones de hechos pero desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado por los apelantes. Por los fundamentos expuestos en la sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida. Esto resultó en la desestimación final de la reclamación de los apelantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada denegó una solicitud de injunction preliminar presentada por Huertas Trading, Corp. y Miguel Ángel Huertas Torres. Los apelantes alegaron que los socios minoritarios (apelados) actuaron de mala fe, incluyendo la creación de una empresa competidora, y solicitaron un cese y desista. También buscaron impugnar una sentencia final de desahucio a través del injunction. El foro primario denegó el injunction, señalando que no era el remedio adecuado para cuestionar una sentencia firme. Argumentó además que los accionistas minoritarios no tenían deber de fiducia ni contrato de no competencia, y no existían secretos de negocio protegibles. Los apelantes recurren, planteando que el foro erró al desestimar el deber de lealtad en una corporación familiar y lo relacionado con el desahucio. Los apelados defienden la decisión del foro primario. El documento contextualiza el recurso de injunction bajo la ley de Puerto Rico.

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El Tribunal de Apelaciones consideró un recurso de certiorari instado por el señor Eurípides Del Villar Rosario en un caso de desahucio. Se le relevó del pago de aranceles por acreditar indigencia económica. El recurso procuraba la revisión de una orden interlocutoria post sentencia. El caso se originó con una demanda de desahucio presentada por el señor Víctor Roberto Fernández Ramos. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia conforme a un acuerdo entre las partes, ordenando el desahucio con ejecución diferida hasta el 1 de marzo de 2019. El señor Del Villar había apelado previamente esa sentencia, pero el recurso fue desestimado por incumplimiento procesal. El presente recurso carecía de copia del dictamen impugnado y de un señalamiento de error claro. Dado que la sentencia original había advenido final y firme y la fecha de ejecución estipulada había llegado, el Tribunal desestimó el recurso por académico.

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Sentencia de un panel de jueces que resuelve una apelación presentada por el Municipio de Toa Baja. El Municipio recurre una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que acogió una Moción de Sentencia Sumaria a favor del Sr. Nick Figueroa Carattini y la Sra. Haydee Rivera Alcazar. Los apelados habían demandado al Municipio por incumplimiento de contrato y cobro de dinero, reclamando el pago por servicios de consultoría en ingeniería. El TPI les dio la razón y condenó al Municipio a pagar \$13,810.00. El Municipio apeló argumentando que el TPI erró al no considerar que el contrato exigía que las facturas fueran certificadas por un representante municipal autorizado y que las facturas presentadas carecían de esta certificación. La Sentencia del panel de jueces revoca la Sentencia apelada del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación sobre custodia. Víctor I. Sánchez Ávila apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia de los dos hijos menores a Zaira I. Rodríguez Almódovar. El caso se inició con una solicitud de custodia del padre, quien obtuvo custodia provisional mientras se realizaba un estudio social. La trabajadora social recomendó la custodia para la madre, informe que fue impugnado por el padre con un perito. Tras una vista de impugnación donde testificaron la trabajadora social y el perito, el foro primario otorgó la custodia a la madre. El padre recurrió al Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los fundamentos del foro primario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. La decisión mantiene la custodia de los dos hijos menores con la madre.

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Recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, tratado como certiorari, presentado por Manuel Cosme García (sustituido por sus herederos). Se solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Fajardo, emitida el 3 de diciembre de 2018. Dicha Resolución declaró ha lugar el memorando de costas presentado por los apelados, Maynard Daniel Smith y Linda Smith. El caso original versó sobre una demanda de daños y perjuicios y cobro de dinero instada por Cosme, y una reconvención por daños de los Smith. La sentencia inicial del foro primario desestimó tanto la demanda como la reconvención. Aunque la sentencia original impuso honorarios de abogado a Cosme, un recurso de apelación previo ante este Tribunal eliminó dicha imposición. Posteriormente, el foro de instancia evaluó el memorando de costas de los Smith y la oposición de Cosme. La Resolución impugnada aprobó el pago de costas por parte de Cosme, fijando la cuantía en $808.00 tras modificar las partidas reclamadas. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar este dictamen sobre costas.

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Los padres de EGF demandaron a Caribbean School solicitando interdictos preliminar y permanente. Alegaron que la escuela aplicó erróneamente su reglamento al suspender a su hijo por cinco días por llevar un arma de perdigones (airsoft), argumentando que la norma solo sancionaba armas de fuego reales. Buscaron paralizar la suspensión y ordenar a la escuela cumplir su obligación contractual de educar al estudiante. Inicialmente, el TPI dictó un entredicho provisional ordenando la reintegración de EGF. Tras una vista donde se estipularon los hechos, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de interdicto preliminar y permanente. El tribunal consideró que la actuación de la escuela fue razonable al tratarse de un objeto que ponía en peligro la seguridad escolar. Resolvió atender las peticiones de sentencia declaratoria y daños por la vía ordinaria. Hechos no controvertidos incluyeron la matrícula de EGF, la fecha y duración de la suspensión, la razón alegada (juguete que simulaba un arma), el argumento sobre la aplicación errónea del reglamento y las posibles consecuencias académicas de la suspensión.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de injuction y daños y perjuicios. El apelante, Ramiro Rodríguez Ramos, impugnó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Raúl Irizarry, propietario de un taller mecánico. La disputa se originó por la reparación de un vehículo BMW, donde el señor Rodríguez alegó daños y se negó a pagar la factura, mientras el señor Irizarry retuvo el auto. La controversia había sido objeto de procedimientos previos bajo la Ley 140 y ante el DACo, donde se resolvió que el señor Rodríguez debía pagar para recuperar el vehículo y la querella fue desestimada por cosa juzgada. En la demanda actual, el señor Rodríguez solicitó la devolución del vehículo y una indemnización, a lo que el señor Irizarry respondió con una reconvención. El Tribunal de Primera Instancia concedió sentencia sumaria al señor Irizarry, desestimando la demanda principal y ordenando continuar con la reconvención. El señor Rodríguez apeló esta determinación. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia Parcial apelada.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia sobre alimentos emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Las partes, Nélida Santiago Rivera y Jorge Luis Rivera Martínez, son los padres de un menor y una joven universitaria. El señor Rivera Martínez apeló la decisión del foro primario que acogió el informe de la Examinadora de Pensiones Alimenticias. Dicho informe se basó en las estipulaciones de las partes sobre ingresos y gastos, y recomendó mantener o ajustar ligeramente la pensión provisional. El Tribunal de Primera Instancia fijó la pensión alimentaria mensual en cantidades variables retroactivas y prospectivas según los ingresos de los padres. El Tribunal de Apelaciones declaró jurisdicción sobre el recurso. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió modificar parcialmente la Sentencia apelada.

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Comparecen ante el Tribunal de Apelaciones los miembros de la Sucesión Rodríguez Gilibertys apelando una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. Dicha sentencia acogió la solicitud de FirstBank Puerto Rico y desestimó la demanda de daños y perjuicios presentada por los apelantes. La demanda original alegaba que FirstBank fue negligente al no detectar ni prevenir la explotación financiera de su madre, una persona de edad avanzada, por parte de una codemandada. Los demandantes sostenían que el banco incumplió con el Reglamento Núm. 7900 sobre explotación financiera a personas de edad avanzada y el Código Civil. Reclamaban la devolución de $\$152,587.45$ y compensación por daños morales. FirstBank negó las imputaciones, alegando tener protocolos adecuados y que los demandantes no probaron la explotación ni los daños. El banco solicitó sentencia sumaria a su favor, la cual fue concedida por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones procede a evaluar los méritos de este recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso de Aleicha Cruz Flores et al. contra Hospital Ryder Memorial, Inc. et al. El Hospital Ryder apela una decisión previa del Tribunal de Primera Instancia que le adjudicó responsabilidad por la muerte de la recién nacida Abril Leir Torres Cruz. El tribunal de instancia determinó que la causa de los daños fue la ausencia de un protocolo hospitalario para la administración de Misoprostol. El hospital apelante argumenta que el único responsable fue el médico que administró una dosis excesiva del medicamento. La demanda original fue presentada por los padres por daños y perjuicios e impericia médica. Los hechos se relacionan con la inducción del parto en junio de 2014, donde el médico administró 100 mcg de Misoprostol, lo que precedió a una disminución de los latidos fetales y una cesárea de emergencia. Tras revisar el expediente y la prueba, el Tribunal de Apelaciones resuelve revocar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reivindicación y daños. Los apelantes, Ángel Cádiz Osorio y Aida Ligia Meléndez, recurren una Sentencia Sumaria Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original alegaba que los apelados, Ramón Javier Piña y Michelle Anita Navarro Collazo, invadieron una propiedad de los apelantes. Los apelados contestaron negando las alegaciones y reconvinieron, reclamando la nulidad del título de los apelantes y la existencia de cosa juzgada. Argumentaron que la co-demandada Michelle Navarro Collazo es la única titular por derecho hereditario. Los apelados solicitaron sentencia sumaria parcial, alegando que el título de los apelantes era nulo y que la causa de acción ya había sido desestimada con perjuicio en pleitos anteriores. El Tribunal de Primera Instancia emitió la sentencia sumaria parcial recurrida. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, el expediente y el derecho aplicable. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones acordó confirmar la Sentencia Sumaria Parcial Enmendada Nunc Pro Tunc apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por el Municipio de San Juan. El Municipio recurre una sentencia sumaria parcial del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar \$42,034.89 a Constructores Gilmar, Inc. El caso original es un cobro de dinero relacionado con un contrato de construcción para el proyecto "Mejoras al Paseo Tablado Las Curias". Constructores Gilmar demandó al Municipio por el balance pendiente tras completar y ser aceptada la obra. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al encontrar hechos incontrovertidos, incluyendo la aceptación de la obra y el reconocimiento de un balance adeudado por el Municipio. Determinó que la obligación de pago recaía directamente sobre el Municipio, independientemente de la fuente de financiamiento o las dificultades con el Banco Gubernamental de Fomento bajo la Ley de Moratoria. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirma la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una apelación presentada por Elizabeth Cuevas Medina contra una sentencia en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de partición de herencia. El proceso apelativo incluyó la presentación de transcripciones de prueba oral y alegatos. La parte apelada no compareció ni presentó alegato en la apelación. Al revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones advirtió una posible deficiencia procesal. Específicamente, notó la aparente falta de prueba de que la notificación de la sentencia en rebeldía por edicto, requerida por la Regla 65.3(c) para las partes emplazadas por edicto, se hubiera publicado y acreditado debidamente. El Tribunal había ordenado a la apelante que presentara evidencia de haber cumplido con estos requisitos de notificación. La apelante sometió documentos relacionados con el trámite de notificación enmendada, incluyendo la notificación por edicto y una declaración jurada. El Tribunal procede a analizar la importancia de la jurisdicción y el cumplimiento de los requisitos de notificación para la validez de la sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes demandaron a Supermercados Econo, Inc. y otros, alegando que actuaron negligentemente al solicitar y obtener una orden de protección en su contra bajo la Ley Núm. 54. Sostuvieron que dicha orden carecía de fundamento jurídico y les causó daños económicos y emocionales, incluyendo la pérdida de contratos de seguridad. El Tribunal de Primera Instancia, tras una vista en su fondo, desestimó la demanda de los apelantes al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil. Los apelantes recurrieron en apelación ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen apelado, la transcripción de la prueba oral y los escritos de las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario. La decisión valida la desestimación de la reclamación por daños y perjuicios presentada por los apelantes.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201800966. C.O.L. Industries, Inc. (COL) apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró Ha Lugar una Querella instada por Narcisa B. Helly. La señora Helly reclamó despido injustificado, represalias bajo la Ley Núm. 115 y salarios. El TPI determinó que COL tomó acciones en represalia por la señora Helly acudir al Fondo del Seguro del Estado, rechazó la defensa económica de COL y encontró desproporcional una suspensión de 60 días. COL apeló, alegando que el TPI dictó sentencia prematuramente, descartó prueba documental y testimonial, erró al concluir despido constructivo e injustificado, y se equivocó al determinar represalias. COL argumentó que su molestia se debió a la falta de notificación de las citas médicas y que su situación económica justificaba las medidas. El Tribunal de Apelaciones revisó la apelación. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma la determinación del TPI.

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Sentencia en reconsideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un litigio sobre un contrato de opción de compra de una propiedad. El apelante, Thomas Nathan Spontelli, demandó a la hermana y la sucesión del vendedor fallecido, y luego a su heredero, buscando hacer cumplir la opción. El contrato establecía un precio y un plazo de tres meses para ejercer la opción y pagar el remanente. El vendedor falleció a pocos días de la firma del contrato. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que la reclamación procedía contra el heredero y que el apelante no ofreció ni consignó el pago restante dentro del término. El Tribunal de Apelaciones había revocado inicialmente esa decisión, pero la parte apelada solicitó reconsideración. Tras evaluar la solicitud, el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto su sentencia anterior. Este documento constituye la nueva Sentencia en Reconsideración emitida por el panel.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Scotiabank of Puerto Rico demandó a Roberto Miguel Quiñones Ramírez y a la sucesión de José Tomás Quiñones Ramírez por una deuda hipotecaria sobre una propiedad heredada. El Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia Sumaria a favor de Scotiabank. Dicha sentencia condenó a los demandados al pago de \$272,285.34 más intereses y costas. Se especificó que los herederos menores no responderían por deficiencias post-venta al aceptar la herencia a beneficio de inventario. Roberto Miguel Quiñones Ramírez apeló la Sentencia Sumaria. El apelante solicitó la revocación de la decisión del foro primario. Tras evaluar los méritos del recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN201800581, una apelación presentada por Espada Miñana & Pedrosa Law Office PSC contra Carlos Valverde Román. La apelación busca la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda de cobro de dinero presentada por la apelante. La demanda original reclamaba el pago de honorarios de abogado adeudados por el apelado. La controversia surgió durante la etapa de descubrimiento de prueba, específicamente en relación con un Primer Pliego de Interrogatorio, Requerimiento de Admisiones y Producción de Documentos enviado por el apelado. A pesar de haber obtenido una prórroga, la apelante contestó el requerimiento de admisiones fuera del término concedido. El apelado solicitó al Tribunal de Primera Instancia que se dieran por admitidas las cuestiones contenidas en el requerimiento debido a la tardanza. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la solicitud de desestimación presentada por el apelado, lo que motivó la presente apelación. La Sentencia del Tribunal de Apelaciones detalla el trasfondo fáctico y procesal que llevó a la desestimación recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Nitza Rodríguez Rappa contra el Municipio de Arecibo. La apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado. Rodríguez Rappa, empleada transitoria desde 1986, alegó que la no renovación de su contrato en 2015 fue un despido injustificado. Sostuvo que se le creó una expectativa de permanencia y que fue víctima de discrimen político y por edad. Argumentó que la Ley Núm. 172-2004 debió convertirla en empleada de carrera y que se violentó su derecho al debido proceso. El Municipio, por su parte, afirmó que las leyes laborales invocadas no aplicaban a empleados municipales. Alegó que no hubo despido, sino el vencimiento de un nombramiento transitorio notificado con antelación. El Municipio sostuvo que la apelante no tenía expectativa de permanencia y sus alegaciones de discrimen carecían de fundamento fáctico. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación del Municipio. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, confirma la sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Brenda Sepulvado Ramos, Traslado, Inc. y Hatimed Ambulance Service. La apelación busca revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Hatillo. El caso original versó sobre sentencia declaratoria, incumplimiento de contrato, cobro de dinero, ejecución de prenda y daños. El foro primario había fallado a favor de los demandantes, Joaquín López Avilés, Nilsa Enid Guzmán Bidot y su sociedad de gananciales. La sentencia apelada ordenó a los apelantes pagar solidariamente \$1,099,129.85 más intereses y \$109,912.29 por honorarios de abogado por incumplimiento de contrato. Además, el TPI desestimó la reconvención presentada por los apelantes. El litigio se originó por el incumplimiento de un contrato de compraventa de activos de 2010 y un pagaré asociado por \$1,119,130.00. Los demandantes alegaron falta de pago y solicitaron la aceleración de la deuda y la ejecución de la prenda sobre acciones de Traslado Inc. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Melvin Marín Jaume. El apelante fue acusado y hallado culpable de Asesinato en primer grado y uso ilegal de arma blanca por hechos ocurridos en febrero de 2015, donde se utilizó un cuchillo para dar muerte a Víctor Vázquez Rodríguez. Tras una moción de reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia lo declaró culpable de Asesinato atenuado y de la infracción a la Ley de Armas. Durante la fase de sentencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de agravantes, mientras la defensa se opuso y pidió atenuantes, incluyendo súbita pendencia, falta de récord violento previo y condiciones mentales. El tribunal sentenciador rechazó la súbita pendencia como atenuante para el asesinato atenuado por ser inherente al delito y desestimó la falta de récord violento por no cumplir el requisito legal. Este documento constituye la sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo la apelación presentada.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El litigio se origina en un grave accidente automovilístico ocurrido el 24 de febrero de 2014 en Caguas. La demandante, Vilmary Ribot Cordero, fue impactada por el vehículo del demandado, Ramón Maldonado Morales, quien conducía en contra del tránsito y a exceso de velocidad. El impacto fue severo, destruyendo el vehículo de la demandante y dejándola atrapada. La Sra. Ribot Cordero sufrió múltiples fracturas graves, una perforación intestinal y numerosas cicatrices, requiriendo extensas cirugías y hospitalización. Su recuperación implicó un largo y difícil proceso de rehabilitación, necesitando asistencia total y cambiando drásticamente su vida. Su esposo, José Rivera Ortiz, presenció la escena y sufrió intensa angustia mental, además de proveer cuidado continuo. La demanda fue presentada por la pareja y su sociedad de bienes gananciales alegando la culpa y negligencia exclusiva del Sr. Maldonado Morales. Los demandados, a través de su aseguradora, aceptaron la ocurrencia del accidente pero argumentaron una aceleración inesperada del vehículo como defensa. Los demandantes sostuvieron que los demandados habían aceptado su responsabilidad por el accidente.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Luan Investment, Inc. y Capitol Security Police, Inc., recurren una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que los encontró responsables. La demanda fue presentada por Lydia Báez Cardona y su esposo tras sufrir ella una caída en el Aguadilla Mall en septiembre de 2012. La caída ocurrió al ser impactada por niños que corrían sin supervisión en un pasillo del centro comercial, resultando en lesiones como una fractura pélvica. El foro primario determinó que la conducta de los niños creaba una condición peligrosa previsible y que los apelantes fueron negligentes al no tomar medidas de seguridad. La sentencia apelada declaró con lugar la demanda de daños y perjuicios a favor de los demandantes. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve modificar la sentencia apelada.

Resumen:

Se trata de una Sentencia emitida por un panel de jueces en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El apelante, Sr. José Alejandro Ramos Castillo, solicitó revocar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia fue dictada en un pleito iniciado por Doral Bank, luego sustituido por Roosevelt Cayman Asset Company, contra el Sr. Ramos Castillo. El foro primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria del acreedor hipotecario. Condenó al apelante a pagar la suma de \$210,936.63, más intereses y recargos. Ordenó la venta en pública subasta del inmueble hipotecado si la deuda no era satisfecha. Además, desestimó la reconvención presentada por el Sr. Ramos Castillo. El apelante había incumplido los términos del préstamo hipotecario otorgado en 2002 al dejar de pagar las mensualidades. Tras revisar los fundamentos, el panel de jueces CONFIRMÓ la Sentencia apelada en su totalidad.

Resumen:

Esta es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en respuesta a una apelación presentada por Fernando Vázquez Álvarez. El apelante impugnó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo declaró culpable de infringir el Artículo 58 de la Ley 246-2011, imponiéndole una pena de tres años y nueve meses de reclusión por maltrato a un menor. Sus señalamientos de error se centraron en la alegada incorrecta evaluación y la insuficiencia de la prueba presentada en el juicio para rebatir la presunción de inocencia y probar su culpabilidad más allá de duda razonable. La prueba de cargo consistió principalmente en el testimonio de la víctima, un menor identificado como Lucianito, quien relató que su padrastro lo agredió en un vehículo. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos de las partes y la transcripción de la prueba oral. Tras analizar el expediente, el panel concluyó que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al valorar la evidencia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia apelada.

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El señor Ángel A. Pérez Rodríguez acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró No Ha Lugar su solicitud de revisión de sentencia. El peticionario buscaba una reducción del 25% de su sentencia alegando circunstancias atenuantes. Se constató que el señor Pérez Rodríguez había presentado múltiples solicitudes idénticas ante el Tribunal de Primera Instancia, las cuales fueron denegadas en varias ocasiones. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y el expediente del caso. Tras dicho examen, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso presentado. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones acordó desestimar el certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre una petición de certiorari presentada por Francisco González Ramírez. El peticionario solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha determinación denegó su moción para eliminar una pena especial impuesta en su sentencia por violación al Art. 195 A del Código Penal. González Ramírez alegó ser indigente y no poder pagar la pena especial. El Tribunal de Apelaciones, haciendo uso de su discreción, procedió a evaluar la petición sin requerir la comparecencia de la parte recurrida. Tras examinar el escrito, el Tribunal DENEGÓ la expedición del recurso de certiorari. La Resolución también incluye una explicación general sobre el recurso de certiorari y los criterios para su expedición discrecional.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una Petición de Certiorari presentada por Ramiro Sánchez Ramírez. La petición buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una Moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Tras revisar el expediente y su base de datos, el Tribunal encontró que el peticionario había planteado el mismo asunto en múltiples ocasiones anteriores ante este foro. Concluyó que, al tratarse de un asunto previamente adjudicado, aplicaba la doctrina de cosa juzgada. Por lo tanto, el Tribunal denegó expedir el auto de certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un caso de apelación sobre una Petición de Orden de Tratamiento Compulsorio. El Sr. José D. Santiago Torres apeló la Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que cerró y archivó la petición presentada por su hijo bajo la Ley de Salud Mental. El tribunal de instancia basó su decisión en que el Sr. Santiago Torres reside en Estados Unidos y el procedimiento es para emergencias. El apelante argumentó violación a su debido proceso, falta de audiencia y que se ignoraron sus mociones. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

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