Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 274)

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación de Popular Auto, LLC contra Ángel R. Rivera Guzmán. Popular Auto demandó al Sr. Rivera por cobro de dinero, buscando recuperar una deficiencia de un contrato de arrendamiento de vehículo tras su devolución voluntaria. El contrato estipulaba que Popular Auto debía notificar al arrendatario sobre ofertas de compra de terceros y darle un plazo para mejorar la oferta o pagar la deuda antes de vender el vehículo. El Sr. Rivera negó haber recibido dichas notificaciones. El Tribunal de Primera Instancia celebró un juicio para dirimir, entre otras cosas, si se cumplió con el requisito de notificación. El foro primario declaró No Ha Lugar la demanda de Popular Auto. Popular Auto apeló dicha sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presenta una apelación sobre la división de bienes en comunidad entre hermanos. El apelante, Hipólito Rodríguez Colón, impugna una Sentencia por Estipulación emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Coamo el 21 de abril de 2016. Dicha estipulación, aprobada por el foro primario, detallaba la adjudicación de solares de una finca hereditaria basada en un sorteo previo. Los acuerdos incluían la asignación de solares específicos a cada hermano, la permanencia de un solar en comunidad con opción de compra para el apelante, y la donación de otro solar a un tercero. El apelante manifestó inconformidad con la división, alegando una distribución injusta y la supuesta falta de participación de una hermana en el sorteo. Presentó su recurso de apelación el 11 de abril de 2019, solicitando la revisión de la sentencia de 2016. El Tribunal de Apelaciones, al evaluar el recurso, determinó la falta de jurisdicción para atender la apelación. Por consiguiente, el Tribunal desestimó el recurso.

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Un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca llegó al Tribunal de Apelaciones mediante una petición de certiorari. El Sr. Vicente Pérez Acevedo, un licitador, impugnó la venta judicial celebrada el 26 de febrero de 2019. Su objeción se basó en supuestos errores relacionados con la publicación de los edictos de subasta, específicamente la ausencia o presentación tardía del afidávit del periódico. El Sr. Pérez argumentó que estos defectos invalidaban el proceso y solicitó la suspensión o anulación de la subasta. El Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud, permitiendo que la tercera subasta se llevara a cabo y Fannie Mae resultara adjudicataria. Inconforme, el Sr. Pérez recurrió al Tribunal de Apelaciones para revisar la decisión del TPI. La Resolución del Tribunal de Apelaciones, ejerciendo su discreción, deniega la expedición del recurso de certiorari. Esta decisión valida implícitamente la determinación del foro primario de no suspender o anular la venta judicial impugnada.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico presentado por Juan Antonio Corretjer Russi contra la Universidad de Puerto Rico. La apelación busca revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por daños y perjuicios e incumplimiento de contrato. Corretjer Russi demandó a la UPR alegando perjuicios por su suspensión sumaria de la Escuela de Derecho entre 2011 y 2013, supuestamente motivada por una orden de protección. Esta acción le impidió tomar sus exámenes finales y graduarse con su clase. Alegó que el trámite administrativo de la UPR fue excesivamente dilatado y negligente, causándole daños significativos, incluyendo pérdida de capacidad para generar ingresos, sufrimientos mentales y daños a la reputación. Una causa de acción clave fue el alegado incumplimiento contractual de la UPR por negarse a administrarle los exámenes finales por más de un año a pesar de haber pagado. Aunque una estipulación posterior le permitió tomar los exámenes, su reclamación por los daños sufridos continuó en los tribunales. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la desestimación de dicha demanda.

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El Consejo de Titulares Costa Caribe Resort Villas apela la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la reconvención de los propietarios Mario García Rosaly y Denisse González. El caso se originó con una demanda del Consejo para cobrar primas de seguro comunal adeudadas por los propietarios. Estos negaron la deuda y presentaron una reconvención, alegando que el Consejo les suspendió el servicio eléctrico sin previo aviso. La suspensión ocurrió tras problemas con el pago del seguro comunal, que los propietarios creían incluido en su hipoteca. Reclamaron daños por alimentos dañados y angustias mentales a causa de la interrupción eléctrica. Aunque los propietarios se allanaron a la reclamación de deuda original, el foro primario procedió a evaluar la reconvención. La sentencia apelada se refiere a la decisión del tribunal sobre esta reconvención. El documento detalla los antecedentes del litigio y la prueba presentada en el juicio sobre la reconvención. La apelación busca la revocación de la determinación del Tribunal de Primera Instancia respecto a la reconvención.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios y cobro de dinero. El apelado, Axel Laracuente González, demandó a JRC Tax & Accounting, alegando que fue inducido a contratar sus servicios bajo la falsa representación de que cualificaba para un crédito contributivo federal. Laracuente pagó a JRC para radicar una planilla federal y recibió $899 del IRS. Posteriormente, el IRS le notificó que no cualificaba para el crédito a nivel federal y debía devolver el dinero. Laracuente alegó que JRC admitió haber radicado a nivel federal a pesar de que el crédito era estatal, debido a dificultades con el Departamento de Hacienda. Tras recibir una carta de cobro del IRS, Laracuente sostuvo que JRC se negó a pagar la deuda. Técnicos del IRS y Hacienda supuestamente confirmaron que no cualificaba para el crédito a ningún nivel. Laracuente reclamó el reembolso del crédito, los honorarios pagados a JRC y los costos incurridos. El documento detalla la presentación de la demanda y una moción inicial de JRC sobre el formato de la alegación.

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El Tribunal de Apelaciones atendió un recurso de apelación presentado por José J. Meléndez Cruz contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio con Brenda Nieves Vázquez. La controversia principal giraba en torno a la pensión alimentaria de sus hijos, inicialmente fijada en 2010. El apelante solicitó una rebaja de pensión por reducción de ingresos y la emancipación de una hija. También pidió un crédito por el tiempo que sus hijos convivieron con él tras el huracán María. El Tribunal de Primera Instancia redujo la pensión en varias etapas y modificó la custodia de los menores. Meléndez Cruz solicitó reconsideración, argumentando que se incluyó un pago de hipoteca en el cálculo de pensión a pesar de que la propiedad estaba salda y reiterando su solicitud de crédito. El TPI denegó la reconsideración, validando el cálculo de pensión y rechazando el crédito por considerarlo un evento extraordinario y una reclamación personal. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones resolviendo una Moción en Solicitud de Reconsideración presentada por el Sr. Juan Emmanuelli Poudevida. El Sr. Emmanuelli solicitó revocar una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar una demanda de Scotiabank para cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El Tribunal de Apelaciones había confirmado previamente dicha Sentencia Sumaria. En su moción de reconsideración, el apelante alegó que Scotiabank incumplió con las disposiciones del Reglamento X y la Ley Núm. 184-2014 relativas a la mitigación de pérdidas. Arguyó que el banco no manejó adecuadamente su solicitud de mitigación, sin especificar documentos faltantes ni notificar el derecho a apelar. El Tribunal de Apelaciones acogió la Moción en Solicitud de Reconsideración. Como resultado, se dejó sin efecto la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. También se dejó sin efecto la Sentencia previa del propio Tribunal de Apelaciones que la confirmaba. El caso se devuelve al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos, permitiendo que se resuelva la controversia sobre el cumplimiento del Reglamento X.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Coquí Labs LLC contra Joyce A. González. Coquí Labs apeló una Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato y daños. Coquí Labs alegaba que la Sra. González violó una cláusula de no competencia al trabajar para un competidor dentro del año posterior a su empleo. La Sra. González negó el incumplimiento y argumentó que la cláusula de no competencia era nula. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción de desestimación de la Sra. González. Determinó que la cláusula de no competencia era inválida por no incluir límites geográficos o clientes específicos, requisitos jurisprudenciales esenciales. El foro primario rechazó el argumento de Coquí Labs sobre explicaciones verbales que validaran la cláusula escrita. Coquí Labs apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la Sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia parcial apelada, manteniendo la desestimación de la demanda de Coquí Labs.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos presentados por Alfredo Rosa Sánchez. El primer recurso apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra Pedro J. Cardona y otros. El segundo recurso solicita la revisión de una Resolución que concedió un memorando de costas a favor del señor Cardona, quien resultó vencedor en el litigio. El caso original se inició cuando Rosa Sánchez demandó a Cardona alegando haber sufrido una caída y lesiones mientras realizaba trabajos de "handyman" en una propiedad de Cardona, reclamando una indemnización de \$300,000. Cardona contestó la demanda negando las alegaciones y esgrimiendo defensas afirmativas, incluyendo la negligencia del demandante. Tras la celebración de un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando No Ha Lugar la demanda de Rosa Sánchez. El Tribunal de Apelaciones procede a resolver los recursos consolidados.

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Sentencia de un panel judicial revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) en un caso de cobro de dinero. Grupo Empresarial Espinosa SA de CV apeló la sentencia del TPI que le ordenó pagar a Adworks Corp. \$8,693.70 por servicios de publicidad y relaciones públicas. Adworks demandó alegando deuda por servicios rendidos, presentando prueba testimonial y documental. El TPI determinó que la prueba demostró la contratación y falta de pago, fallando a favor de Adworks. Grupo Empresarial apeló, cuestionando la suficiencia de la prueba de servicios, la validez del contrato, la admisibilidad de un registro de facturas ("Aging"), y la falta de resolución de una moción de desestimación. Adworks defendió la suficiencia de su prueba y la corrección del procedimiento y la admisión de evidencia. Tras revisar los argumentos, el panel judicial confirmó la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre peticiones de certiorari consolidadas (KLAN201900482 y KLCE201900571). Las peticiones fueron presentadas por John H. Harland Company y Fernando L. Martínez Ortiz. Buscaban la revisión de una resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. Dicha resolución denegó mociones de desestimación contra una querella laboral por despido injustificado y daños. La querella fue radicada por Yelitza Alfaro Rivera al amparo de leyes laborales como la Ley Núm. 2, Ley Núm. 80 y Ley Núm. 100. El Tribunal había ordenado a la recurrida mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto. Tras evaluar los escritos, el Tribunal decidió denegar la expedición del auto de certiorari. Consideró que ejercer la revisión en esta etapa sería contrario a la política pública de la Ley Núm. 2, que promueve la resolución rápida y económica de reclamaciones laborales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por el Hospital Pavía Santurce. El hospital recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que declaró injustificado el despido del farmacéutico David Vargas Morales. El Sr. Vargas Morales demandó tras ser despedido en agosto de 2016, alegando que la terminación fue injusta y relacionada con un error de un técnico de farmacia en el manejo de vacunas. Pavía sostuvo que el despido estuvo justificado por la conducta del farmacéutico al supervisar y despachar una vacuna incorrecta y encubrir el incidente. El foro primario falló a favor del empleado, ordenando el pago de mesada y honorarios de abogado. El Hospital Pavía apeló, señalando errores en las determinaciones de hechos, la falta de deferencia a su investigación interna y el cálculo de las indemnizaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, incluyendo los hechos probados por el tribunal de instancia sobre el empleo y las funciones del farmacéutico. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma en parte y revoca en parte la decisión recurrida.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, el señor Eddie Manuel Sepúlveda Medina solicitó un auto de certiorari para revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha Resolución declaró No Ha Lugar una Moción de Reconsideración presentada por el peticionario. En su moción, el señor Sepúlveda argumentó que el caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca debía ser desestimado por falta de jurisdicción, alegando que no se cumplió con el requisito de mediación compulsoria establecido en la Ley Núm. 184-2012. Sostuvo que esta ley impone la mediación como requisito jurisdiccional en casos de ejecución de hipoteca de vivienda principal. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración, resolviendo que la Ley 184-2012 no aplica a este caso. Tras revisar el expediente y los argumentos del peticionario, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado. La Ley 184-2012, vigente desde el 1 de julio de 2013, busca facilitar acuerdos para evitar la pérdida de la vivienda principal en procesos hipotecarios.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. José Vega apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó al pago de \$52,362.00 por daños y \$3,000.00 en honorarios de abogado a favor de Ada Rosa Torres. La condena provino de un juicio en rebeldía tras la incomparecencia de Vega en una demanda por una caída en un supermercado. Vega solicitó dejar sin efecto la sentencia y la anotación de rebeldía en su contra. Tras varias gestiones en el foro primario, incluyendo mociones para levantar la rebeldía y anular la notificación de sentencia, Vega presentó su apelación. El recurso de apelación se presentó mientras una moción de reconsideración sobre la denegatoria a levantar la rebeldía aún estaba pendiente en el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones ordenó al foro primario resolver dicha moción pendiente. La sentencia del Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación presentado por Vega por haberse tornado académico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una apelación en un caso de divorcio por ruptura irreparable. La apelante, Michelle Beatriz Lugo Díaz, impugna la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal de Primera Instancia. El caso se inició con la demanda de la esposa, solicitando también co-administración y rendición de cuentas de los bienes gananciales. Las partes alcanzaron acuerdos provisionales sobre pensión alimentaria para el hijo menor y medidas pendente lite, los cuales fueron aprobados por el tribunal. Posteriormente, informaron un acuerdo sobre pensión alimentaria permanente. Cerca de la fecha de la vista de divorcio, la apelante cambió de representación legal. Su nueva abogada solicitó descubrimiento de prueba sobre las finanzas del esposo para evaluar el acuerdo de pensión permanente. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de descubrimiento, argumentando que las partes ya habían establecido acuerdos. Acto seguido, el tribunal dictó la sentencia de divorcio que ahora se apela. La apelante busca la revocación de dicha sentencia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo contra Julio J. Maldonado González. El apelante recurre de un veredicto de culpabilidad por jurado y una sentencia de cincuenta y seis años de prisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Los cargos incluyen Asesinato en Primer Grado y violación a la Ley de Armas, relacionados con la muerte de Melvin Oliveras Caraballo en marzo de 2015. El apelante solicitó la revocación del veredicto y la sentencia. El texto detalla la argumentación de la defensa durante la selección del jurado, solicitando la recusación general de los paneles. La defensa alegó conflictos de interés y prejuicios en varios candidatos, incluyendo aquellos con vínculos a agencias de ley y orden, experiencia en casos similares, o que presenciaron al acusado en custodia. También se mencionaron comentarios supuestamente sesgados hechos por candidatos. El Tribunal de Primera Instancia celebró una vista, evaluó las objeciones y denegó la solicitud de recusación general. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirma el dictamen apelado.

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La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT) comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución, emitida en un pleito de clase, declaró No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la JRT. El pleito de clase fue incoado por usuarios de teléfonos celulares contra Puerto Rico Telephone Company (PRTC) h/n/c Claro y la JRT. Los demandantes alegan prácticas engañosas y cobros no autorizados ("cramming") por parte de PRTC, y que la JRT incumplió su deber de protección al consumidor. La JRT argumentó en su moción que la Ley Núm. 118-2013 le retiró la jurisdicción primaria sobre estos pleitos, por lo que no debía ser parte demandada. El TPI denegó la desestimación y ordenó a la JRT contestar la demanda enmendada. La JRT recurrió esta decisión interlocutoria mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto implica que la decisión del TPI se mantiene y la JRT deberá continuar como parte demandada en el pleito de clase.

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MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La aseguradora impugna una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de sentencia sumaria. La demanda original fue presentada por Zuleyka Cosme Rivera y otros reclamando $450,000 por daños y perjuicios relacionados con problemas estructurales en su residencia. MAPFRE solicitó la desestimación del caso argumentando falta de cubierta bajo la póliza. El TPI declaró No Ha Lugar la moción al encontrar hechos esenciales en controversia. En su recurso, MAPFRE alega que el TPI erró al identificar controversias fácticas, especialmente sobre la causa de los daños y la aplicabilidad de la póliza, sosteniendo que los demandantes no refutaron adecuadamente sus argumentos. La parte recurrida solicitó la desestimación del certiorari por falta de notificación a un codemandado. El Tribunal de Apelaciones evalúa ahora el recurso y la solicitud de desestimación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo un recurso presentado por los hijos de Carlos Manuel Quiñones Aulí contra su segunda esposa. El recurso apela una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en casos civiles consolidados. Los casos originales involucraban reclamaciones de los hijos sobre nivelación, reembolso, enriquecimiento injusto y nulidad de donaciones, y reclamaciones de la esposa sobre cuota viudal, legado y daños. El Tribunal de Apelaciones evaluó los recursos presentados por las partes y la prueba oral. Tras el análisis del derecho aplicable, el panel decidió revocar y confirmar en parte la sentencia apelada. La decisión aborda la disputa sobre la herencia y los bienes del causante. Se detallan los antecedentes familiares y procesales que llevaron a la apelación. El fallo modifica la determinación del foro primario respecto a las reclamaciones de las partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Los apelantes, Ángel Rafael Meléndez Sastre y Wanda Ivette Ayala Cabrera, solicitaron revocar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró con lugar la demanda presentada por Roosevelt Cayman Asset Company, el apelado. La demanda buscaba el cobro de una deuda hipotecaria originada en 2005 con Doral Bank, cuyo crédito fue cedido a Roosevelt Cayman. El Tribunal de Primera Instancia condenó a los apelantes al pago de \$54,041.20 de principal, intereses y costas, tras determinar que habían incumplido con los pagos desde marzo de 2012. El apelado presentó evidencia del incumplimiento, el pagaré original sin cancelar y la escritura de hipoteca. Los intentos de mediación compulsoria no tuvieron éxito. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso y la prueba presentada. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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El Pueblo de Puerto Rico presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones impugnando una decisión del Tribunal de Primera Instancia en Guayama. El foro primario había declarado con lugar una moción de nuevo juicio presentada por Kendric A. Morell Torres, dejando sin efecto su fallo de culpabilidad y sentencia. Morell Torres fue hallado culpable previamente de asesinato en primer grado, conspiración y varios delitos de armas, recibiendo una extensa pena de prisión. Su moción de nuevo juicio argumentó que la jueza de instancia debió haberse inhibido del caso. La jueza se había inhibido previamente en otros casos que involucraban al mismo agente investigador que testificó contra Morell Torres. Morell Torres sostuvo que la falta de divulgación de este conflicto potencial comprometió su derecho a un juicio justo y a una renuncia informada al juicio por jurado. El Tribunal de Primera Instancia estuvo de acuerdo, anulando el veredicto y la sentencia y ordenando un nuevo proceso. Esta resolución detalla el historial procesal y los fundamentos del recurso de certiorari presentado por la fiscalía.

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El Tribunal de Apelaciones desestimó una petición de certiorari presentada por Carlos A. Rivera Gómez. El peticionario, confinado, buscaba revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para dejar sin efecto una pena especial. Esta pena fue impuesta como parte de su sentencia por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y el Código Penal, al amparo de la Ley Núm. 183-1998. Rivera Gómez argumentó ser indigente y que la pena especial afectaba su rehabilitación al impedirle cualificar para privilegios. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones encontró que el peticionario no acompañó documentos, no proveyó fechas clave de los trámites en el foro primario, y admitió no haber solicitado la eliminación de la pena especial durante el proceso criminal original. Por estas deficiencias procesales y la falta de un dictamen recurrible presentado adecuadamente, el Tribunal de Apelaciones determinó que carecía de jurisdicción para atender el recurso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Global Turn Key Services, Inc. contra Benjamín Soto & Asociados. El litigio se originó en un contrato de arrendamiento con opción a compra y un acuerdo transaccional previo entre las partes. Global demandó alegando que BSA incumplió el acuerdo y le impidió el uso de la propiedad, reclamando daños. BSA, por su parte, presentó una reconvención alegando que Global incumplió el pago de renta y causó daños. Tras un juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó tanto la demanda principal como la reconvención. Global apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso presentado y confirmó la sentencia emitida por el foro primario.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico una apelación contra una sentencia en rebeldía emitida por el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia recurrida declaró con lugar una querella laboral presentada por una exempleada contra su empleador y otra parte. La exempleada reclamó el pago de vacaciones, enfermedad, horas extras, bono de navidad y otros conceptos adeudados. Al no contestar la querella, se anotó la rebeldía a los demandados y se celebró una vista en su ausencia. Los apelantes argumentan que la sentencia en rebeldía es nula porque los emplazamientos no fueron diligenciados correctamente. Sostienen que los emplazamientos se dejaron en una dirección incorrecta y no se entregaron a personas autorizadas. La parte apelada se opuso, alegando que se intentó diligenciar los emplazamientos adecuadamente, incluso en la residencia de una de las apelantes. El foro primario validó el diligenciamiento y dictó sentencia a favor de la exempleada por más de $18,000, incluyendo doble penalidad. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso mediante certiorari, enfocándose en la validez del proceso de emplazamiento que llevó a la sentencia en rebeldía.

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Este es un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relacionado con casos sobre negatoria y declaración de servidumbre y usucapión. Los apelantes solicitan la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia, mientras que los apelados piden la desestimación del recurso por falta de jurisdicción. La controversia principal gira en torno a la correcta notificación de la sentencia de instancia, especialmente a partes en rebeldía emplazadas por edicto o demandados desconocidos. El Tribunal examina los requisitos de la Regla 65.3(c) y (d) de Procedimiento Civil, que exigen la publicación de un aviso de sentencia por edicto y su posterior notificación por correo certificado. Se destaca que el cumplimiento con estas normas es fundamental para el debido proceso de ley y el cómputo de los términos apelativos. Una notificación defectuosa puede paralizar el término para apelar y afectar la jurisdicción del tribunal. El Tribunal procede a resolver la solicitud de desestimación de los apelados, la cual no fue objetada por los apelantes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la impugnación de una revocación de exoneración contributiva. El caso involucra a Juan José Nolla Amado y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Ambas partes apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla. El foro primario había declarado ha lugar la impugnación para los años 2001-2011, pero ratificó la revocación para 2012-2015. La disputa se originó cuando el CRIM revocó la exoneración retroactivamente al 2001, alegando que Nolla no residía en la propiedad. Nolla impugnó la decisión, argumentando residencia principal y prescripción de la deuda. El Tribunal de Apelaciones consolidó los recursos de apelación. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión del foro primario únicamente en cuanto a los años 2001-2011. Esto significa que la revocación de la exoneración para el periodo 2001-2011 fue confirmada. La revocación para los años 2012-2015 también fue confirmada. Por tanto, el señor Nolla deberá pagar las contribuciones adeudadas con intereses y recargos por todos los años en controversia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelante, parte de la Sucesión Raúl Beltrán Rodríguez, impugna la desestimación de su reconvención por el Tribunal de Primera Instancia. Marcoll Investment Banking Group Corp. demandó a la Sucesión por una deuda. La apelante presentó una reconvención reclamando daños por un alegado embargo y venta ilegal de su residencia. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Marcoll en el cobro de dinero. Posteriormente, desestimó la reconvención de la apelante con perjuicio tras una vista. La apelante solicitó al Tribunal de Apelaciones revocar dicha desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, por los fundamentos expuestos, confirma la Sentencia apelada.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones el Sr. Sylviano López Rivera apelando una Segunda Sentencia Enmendada del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez. Dicha sentencia resolvió la demanda de liquidación de bienes gananciales presentada por la Sra. Delia Vázquez Mercado tras su divorcio. El foro primario declaró Con Lugar la demanda y adjudicó el caudal posganancial, distribuyendo aproximadamente \$1.98 millones entre las partes. La distribución incluyó propiedades inmuebles, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y maquinaria pesada, detallando los montos y bienes asignados a cada uno. El apelante impugna la sentencia alegando errores en la determinación del caudal total y la aceptación de créditos sin prueba. El Tribunal de Apelaciones revisa el dictamen apelado. La sentencia del TPI también concluyó que el apelante actuó con temeridad. Por los fundamentos que se expresarán, el Tribunal de Apelaciones considera que corresponde confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó la demanda por daños y perjuicios presentada por Mario Antonio Hernández García contra Hiram González y Armería Atenas. Hernández García depositó cuatro rifles en la armería de González y no pudo retirarlos tras ser denegado por el sistema de verificación de antecedentes NICS. La denegatoria del NICS se fundamentó en una prohibición federal, identificándolo como fugitivo de la justicia por una orden de arresto de Massachusetts de 2007. Su apelación ante el FBI-NICS para revertir la denegatoria no tuvo éxito. Hernández García demandó a González alegando negligencia por la no devolución de las armas. González argumentó que la entrega estaba condicionada a la aprobación del NICS. La sentencia sumaria apelada desestimó la reclamación de daños del apelante, dando paso a la reconvención del apelado.

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Onix Edgardo Acevedo Díaz, confinado, presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones buscando revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El peticionario impugnaba la corrección de la sentencia que cumple, dictada en 2012 tras un acuerdo de alegación de culpabilidad por asesinato y violaciones a la Ley de Armas. Argumentaba que su sentencia era incorrecta, específicamente en cuanto al cómputo del 50%. El TPI había resuelto previamente que la sentencia dictada conforme al acuerdo preacordado era correcta en derecho. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, presentado en forma pauperis. Consideró su competencia para revisar resoluciones post sentencia y los criterios para expedir un auto de certiorari. Tras evaluar la petición y la determinación del TPI, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari solicitado.