Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 266)

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Una Sentencia judicial evalúa la solicitud de pensión ex-cónyuge presentada por la Sra. Felicita Ortiz Rivera contra su ex-esposo, el Sr. Alberto Miranda Arroyo. Las partes se divorciaron por mutuo consentimiento en 2003, tras siete años de matrimonio y con dos hijos en común, estableciéndose custodia para la madre y pensión alimentaria. Años después, en 2015, la Sra. Ortiz Rivera solicitó apoyo económico alegando severos problemas de salud física y mental que la incapacitan para trabajar y sostenerse. Manifestó depender de ayudas gubernamentales y que su salud empeoró tras un pleito de liquidación de vivienda instado por el Sr. Miranda Arroyo. El Sr. Miranda Arroyo se opuso a la solicitud, negando maltrato y señalando que el divorcio fue de mutuo acuerdo. Argumentó haber cumplido con sus obligaciones económicas hacia los hijos y que ella era hábil para trabajar al momento del divorcio. Se celebraron vistas evidenciarias donde la Sra. Ortiz Rivera testificó sobre múltiples y graves condiciones de salud que limitan su movilidad y capacidad de autocuidado. La disputa se centra en la procedencia de una pensión ex-cónyuge basada en la alegada incapacidad de la solicitante para generar ingresos.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación sobre un caso de deslinde. El apelante, Reyes Epifanio Rodríguez Rivera, impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia de Comerío. La acción original buscaba delimitar propiedades colindantes pertenecientes a la sucesión demandante y a los apelados, Bentor Investment, Inc. y Aida Torres Torres. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por entender que faltaba una parte indispensable. Específicamente, consideró que todos los miembros de la sucesión demandante debían comparecer en el litigio. Esta decisión de desestimación, emitida el 25 de marzo de 2019, es el objeto de la presente apelación. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora si procedía la desestimación por ausencia de parte indispensable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Sunrise Elderly Limited Partnership. La apelación impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sin perjuicio una demanda de sentencia declaratoria. En el caso original, Sunrise Elderly solicitó que se declararan inoperantes las servidumbres restrictivas que gravan la Urbanización Hyde Park. También pidió que se ordenara al Registrador de la Propiedad inscribir escrituras afectadas por dichas restricciones. La demanda inicial, presentada en 2016, incluyó múltiples demandados y fue enmendada varias veces para añadir partes y remedios. La desestimación del foro primario ocurrió tras una orden relacionada con la solicitud de emplazamiento por edicto de varios codemandados no localizados. La parte apelada no presentó su alegato en el término concedido, a pesar de prórrogas y apercibimientos, por lo que el Tribunal de Apelaciones procede a resolver el recurso sin su postura.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La resolución recurrida dio por admitidas ciertas alegaciones de la reconvención presentada por los deudores. Esta admisión ocurrió tras declararse la rebeldía de First Bank, el banco demandante, en la reconvención, siguiendo una orden previa del propio Tribunal de Apelaciones. La reconvención alegaba negligencia, mala fe e intervención del banco en un negocio de alquiler a corto plazo de la propiedad de los deudores. El TPI admitió alegaciones fácticas específicas, excluyendo conclusiones de derecho. First Bank solicitó reconsideración, objetando particularmente la alegación sobre la intervención en el negocio de alquiler por considerarla especulativa y carente de hechos. Los deudores se opusieron a la reconsideración, argumentando que la orden previa del Tribunal de Apelaciones era final y firme. La sentencia detalla el historial procesal y los argumentos de las partes respecto a la validez y alcance de las alegaciones admitidas tras la rebeldía.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Sumaria emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián. La apelación fue interpuesta por Concretos del Pepino, Corp. contra una decisión que desestimó la demanda contra tercero presentada por esta contra el Arq. Jorge Oliver Piñero y el Ing. Alejandro Marrero Avilés. El pleito original fue incoado por CAPCON, Corp. contra Concretos del Pepino por incumplimiento de contrato y daños relacionados con la calidad del hormigón en un proyecto municipal. Concretos del Pepino presentó una demanda contra tercero alegando que el Municipio, el arquitecto y el ingeniero eran responsables de los daños. El foro primario declaró Con Lugar una solicitud de desestimación por prescripción y/o sentencia sumaria a favor del arquitecto y el ingeniero. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, revoca la Sentencia Sumaria apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por el Director Administrativo de los Tribunales. El recurso impugna una resolución de la Junta de Personal de la Rama Judicial en un caso de destitución de un empleado. El empleado destituido apeló su despido ante la Junta de Personal. El Director Administrativo argumentó que la quiebra del Gobierno de PR bajo PROMESA imponía una paralización automática a todo el procedimiento administrativo, incluyendo la apelación de la destitución. La Junta de Personal determinó que la paralización solo afectaba las reclamaciones monetarias, no la apelación de la destitución en sí. El Director Administrativo recurrió, alegando que la Junta erró y actuó sin jurisdicción al no aplicar la paralización automática a la totalidad del caso. El Tribunal analiza la supremacía de la ley federal (PROMESA y Código de Quiebras) y el amplio alcance de la paralización automática. Esta paralización impide la continuación de procesos judiciales o administrativos contra el deudor, incluso si no son monetarios, si el derecho nació antes de la quiebra. El Tribunal considera que la Junta de Personal pudo haber cometido un error de derecho al no aplicar la paralización automática a la apelación de la destitución.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa de Ahorro y Crédito de Caguas, demandante en el caso original, impugna una Orden del TPI que denegó su solicitud de declarar en desacato a la señora Juana Roldán. La Cooperativa había solicitado una orden de mostrar causa contra la señora Roldán, abuela del demandado, alegando conducta desacatante en el proceso de ejecución. El caso de origen es una demanda de cobro de dinero presentada por la Cooperativa contra Javier López de Jesús por incumplimiento de pago de un préstamo. El demandado fue emplazado por edicto, declarado en rebeldía y se dictó sentencia en su contra. Tras obtener la sentencia, la Cooperativa solicitó y obtuvo una orden de ejecución, embargo y venta en pública subasta de los bienes del demandado. La moción de desacato contra la señora Roldán surgió en el contexto de este proceso de ejecución. El TPI denegó la moción de desacato al concluir que no se había incumplido una orden judicial. La Cooperativa solicitó reconsideración, la cual también fue declarada No Ha Lugar por el TPI. El Tribunal de Apelaciones considera ahora si el TPI actuó correctamente al denegar la solicitud de desacato.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800349. Triple-S Vida, Inc. apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Orocovis. Dicha sentencia declaró con lugar una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios presentada por Miguel Figueroa López y su compañera. El TPI determinó que Triple-S incumplió una póliza de seguro de cáncer, ordenando el pago de indemnización y honorarios de abogado. Triple-S argumentó que el asegurado omitió información médica relevante previa a la firma de la póliza, viciando el consentimiento. Los demandantes alegaron desconocer un diagnóstico de cáncer o estudios para detectarlo a la fecha de la póliza y no ocultar información. El TPI había denegado previamente una solicitud de sentencia sumaria de Triple-S por existir controversias de hechos. Tras examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Mayagüez. El Municipio impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró "No Ha Lugar" su moción de desestimación. Dicha moción buscaba desestimar una demanda presentada por José E. Vega Martell. En su demanda, el señor Vega Martell solicita una sentencia declaratoria para reconocer sus derechos de propiedad intelectual sobre una obra (esculturas/mural) que creó para el Municipio en 2010. Alega que el Municipio realizó cambios sustanciales a la obra sin su autorización, mutilándola, y reclama daños y perjuicios. El Municipio argumentó en su moción de desestimación que la obra fue un "trabajo hecho por encargo" que no genera derechos morales y que el demandante no registró la obra antes de demandar. Sostuvo que la demanda no exponía una reclamación válida. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI de denegar la desestimación, habiendo recibido la comparecencia de ambas partes.

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Universal Insurance Company apeló una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le condenó a pagar a Grissel Martínez Silva $80,000 por daños físicos y $25,000 por sufrimientos mentales. Este es el segundo recurso de apelación presentado por Universal contra la misma sentencia. Un recurso anterior fue desestimado por este Tribunal de Apelaciones al considerarse prematuro, pues el foro primario no había resuelto una moción post-sentencia. Tras la resolución de dicha moción por el Tribunal de Primera Instancia, Universal presentó el presente recurso. El Tribunal de Apelaciones desestima nuevamente la apelación por falta de jurisdicción. La desestimación se basa en que el recurso es prematuro. Se reitera que la presentación de un recurso fuera de término, sea tardío o prematuro, priva al tribunal de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una orden del Tribunal de Primera Instancia. La peticionaria, Patricia Odasz Castrillo, solicitó la revisión de la orden que le anotó la rebeldía en un caso de división de comunidad hereditaria. El demandante, Walter Odasz Castrillo, inició el pleito contra la sucesión de su madre. La peticionaria y otro codemandado presentaron una moción de desestimación por insuficiencia de emplazamiento y falta de causa de acción. El demandante solicitó la anotación de rebeldía contra los codemandados por no contestar la demanda, a pesar de la moción de desestimación pendiente. Hubo varios trámites procesales y órdenes del tribunal de primera instancia que el demandante no cumplió. La peticionaria se opuso a la rebeldía, solicitando que se resolviera primero la moción de desestimación. El Tribunal de Primera Instancia finalmente anotó la rebeldía de la peticionaria. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso de certiorari presentado por la peticionaria. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto y revocó la orden del Tribunal de Primera Instancia que anotó la rebeldía.

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Este es un recurso de Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La peticionaria, Carmen Milagros Acevedo Maldonado, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó su solicitud para dejar sin efecto la anotación de rebeldía y la sentencia dictada en su contra por no comparecer. La peticionaria alegó que su inactividad se debió a problemas de salud que constituían justa causa. El foro primario mantuvo la rebeldía y la sentencia, y no aceptó su contestación a la demanda. La peticionaria argumentó en apelación que el tribunal erró al no levantar la rebeldía, impidiéndole defenderse en los méritos. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. Tras examinar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió expedir el auto solicitado y revocó la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Integrand Assurance Company y Key Insurance Agency, Inc. contra el Comisionado de Seguros y otras agencias gubernamentales. La apelación buscaba revisar una Sentencia previa que desestimó la demanda de las apelantes. Durante el trámite apelativo, el Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden de Rehabilitación para Integrand Assurance Company. Dicha orden, conforme al Capítulo 40 del Código de Seguros, paraliza automáticamente toda acción civil en la que la aseguradora sea parte. Tanto los apelados como las apelantes solicitaron la paralización del recurso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal, aplicando el Artículo 40.120 del Código de Seguros, confirmó que la orden de rehabilitación requiere la paralización de estos procedimientos. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones ordenó el archivo administrativo del recurso de apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Milton Portalatín Pérez. El Sr. Portalatín apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que lo halló culpable de homicidio negligente (Art. 96 del Código Penal de 2012) en su modalidad menos grave. La acusación se originó por hechos ocurridos el 1 de septiembre de 2012, donde el apelante, conduciendo un vehículo, impactó fatalmente a un ciclista. El Ministerio Público imputó que el accidente ocurrió mientras el apelante conducía negligentemente, a exceso de velocidad y bajo los efectos de bebidas embriagantes. Tras un extenso juicio por tribunal de derecho, el foro primario emitió el dictamen de culpabilidad. El apelante solicitó la revocación de dicha sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, decide CONFIRMAR el dictamen recurrido.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Tamrio Incorporado contra el Municipio de Cabo Rojo. Tamrio demandó al Municipio por incumplimiento de contrato y cobro de dinero por trabajos de construcción. El Municipio solicitó la paralización del caso amparado en la Ley 109 de 2017, alegando que el proyecto fue financiado con un empréstito del Banco Gubernamental de Fomento. El Tribunal de Primera Instancia decretó la paralización de los procedimientos, pero citando la Ley PROMESA. Tamrio apeló esta decisión, argumentando que PROMESA no aplicaba y que el Municipio no cumplió con los requisitos para la paralización bajo la Ley 109. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia del foro primario. Se ordenó la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari instado por el Estado Libre Asociado (ELA). El recurso proviene de un caso civil iniciado en 2002 por centros de salud contra el ELA por cobro de dinero y cumplimiento de pagos. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencias parciales ordenando pagos a los centros. Ante el incumplimiento del ELA, el foro primario impuso sanciones diarias por no realizar los pagos ordenados. La controversia apelada se centraba en la forma de computar estas sanciones, específicamente si debían calcularse separadamente para distintos grupos de centros. El ELA impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia de octubre de 2016 que confirmaba el cómputo separado de las sanciones. El recurso de certiorari fue presentado por el ELA el 2 de febrero de 2017. El Tribunal de Apelaciones evaluó las posturas de las partes y el derecho aplicable. Determinó que el recurso fue presentado tardíamente. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción.

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Comparece Scotiabank de Puerto Rico ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el archivo por desistimiento de una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El foro primario desestimó inicialmente el caso por la alegada falta de diligencia de Scotiabank en emplazar a los demandados dentro del término. Tras una moción de Scotiabank, el Tribunal de Primera Instancia reconsideró su decisión, levantó la desestimación, impuso una sanción y concedió un término adicional para emplazar. Scotiabank solicitó reconsideración de esta nueva orden, argumentando haber sido diligente y atribuyendo la demora a la Secretaría del Tribunal. El foro primario denegó esta última reconsideración y emitió una nueva Sentencia desestimando el pleito. Scotiabank apeló esta Sentencia final de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la desestimación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. Se ordena la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando el caso KLAN201900413. El Hospital Hermanos Meléndez, Inc. (HHMI) apela la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia ordenó a HHMI pagar a St. Jude Medical PR, LLC (St. Jude) la suma de $560,074.80. Esta cantidad fue reclamada por St. Jude por concepto de venta de equipos médicos entregados y no pagados. El TPI también impuso a HHMI el pago de honorarios de abogado por temeridad e intereses legales. St. Jude inició el pleito mediante demanda en cobro de dinero. Como parte del descubrimiento, St. Jude presentó un Requerimiento de Admisiones a HHMI sobre la existencia de facturas, órdenes de compra, recepción de bienes y falta de pago. HHMI solicitó prórrogas para contestar el requerimiento, alegando necesidad de investigación. El TPI concedió una prórroga final, pero HHMI solicitó una segunda. El Tribunal de Apelaciones examina ahora el recurso de apelación presentado por HHMI contra la determinación del TPI.

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