Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 264)

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Se resuelve una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que declaró gananciales bienes adquiridos durante un matrimonio. La apelante, viuda del causante, impugnaba la determinación de que inmuebles y vehículos eran bienes gananciales, alegando que eran privativos suyos. El foro primario había concluido que los bienes eran gananciales, reconociendo derechos hereditarios a la hija del matrimonio, quien es la apelada. Dicha sentencia también declaró nula una escritura de compraventa entre los cónyuges otorgada un día antes del fallecimiento del causante. El Tribunal de Primera Instancia basó su decisión en la prueba presentada, encontrando creíble el testimonio de la hija y poco convincente el de la apelante, quien no probó el carácter privativo de los bienes. La Sentencia Parcial apelada ordenó continuar con el proceso de inventario y avalúo para liquidar el caudal hereditario. Este panel revisó los argumentos de la apelante. Tras el estudio, se decide confirmar el dictamen apelado.

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Comparecen unos titulares de un condominio apelando una Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró sin legitimación activa a los apelantes para impugnar la Asamblea de Titulares celebrada el 22 de febrero de 2016. Los apelantes habían demandado al Consejo, Asociación y Junta de Directores del Condominio Quantum Metrocenter por diversas actuaciones, incluyendo la impugnación de varias asambleas. El Consejo de Titulares solicitó la desestimación parcial de la reclamación relativa a la asamblea de 2016. Alegaron que los apelantes no eran titulares del inmueble en la fecha de dicha asamblea. El Tribunal de Primera Instancia acogió este argumento y desestimó esa parte de la demanda. Este panel revisa la Sentencia Parcial apelada. Por los fundamentos expuestos, se confirma la decisión del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirma una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una Moción de Sentencia Sumaria a favor de Wilson Marrero Mercado. El caso versa sobre una demanda de despido injustificado, represalias y daños presentada por el señor Marrero Mercado contra el Municipio de Arecibo. El apelado alegó que fue despedido tras reportar un accidente de trabajo y acogerse a los beneficios del Fondo del Seguro del Estado, constituyendo un acto de represalia. El municipio apelante negó las imputaciones, argumentando que el puesto era de confianza sin expectativa de derecho propietario y que el empleado actuó con dolo. Las partes intentaron transigir el caso por $70,000, supeditado a la aprobación de una ordenanza municipal. Surgieron desacuerdos sobre los términos del pago, lo que llevó al foro primario a dejar sin efecto el acuerdo preliminar y señalar juicio. Posteriormente, el municipio solicitó desestimación y sentencia sumaria, insistiendo en la validez del acuerdo transaccional. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación y concluyó que procedía confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones emite sentencia en la apelación presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra el Estado Libre Asociado y el Departamento de Hacienda. El Colegio apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su solicitud de sentencia declaratoria. Dicha solicitud buscaba declarar la inconstitucionalidad de la Ley Núm. 72-2015, la Ley Núm. 159-2015 y la Determinación Administrativa Núm. DA 15-21. El Colegio argumentaba que estas disposiciones, al gravar ciertos servicios prestados por abogados, usurpaban el poder del Tribunal Supremo para reglamentar la profesión legal y violaban la separación de poderes. La Ley 72 incluyó servicios legales en el IVU/IVA, mientras que la Ley 159 los eximió con excepciones, gravando servicios que abogados realizan pero que podrían ser hechos por otros ("servicios no-legales"). La DA 15-21 clarificó y listó ejemplos de estos servicios sujetos a impuestos. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del Colegio al encontrar que el argumento de usurpación de poder carecía de fundamento. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se basa en que el recurso se ha tornado académico.

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Este es un caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la revisión de laudos de arbitraje. La controversia surge de un contrato entre un médico y planes de salud que contiene una cláusula de arbitraje. Previamente, un árbitro determinó que el arbitraje de clase era permisible bajo el contrato, decisión que este Tribunal confirmó en 2014, enfatizando la deferencia a la interpretación del árbitro. Posteriormente, el árbitro emitió laudos certificando una clase y estableciendo que la notificación a los miembros sería tipo opt-in. Ambas partes solicitaron al Tribunal de Primera Instancia (TPI) la revisión de estos laudos. El TPI denegó ambas solicitudes, manteniendo las decisiones del árbitro. Este Tribunal concluye que el TPI actuó correctamente. Se reafirma que la decisión previa sobre la disponibilidad del arbitraje de clase es final y no requiere alteración. Además, no hay base para apartarse de la norma de deferencia a los laudos en cuanto a la definición de la clase y el mecanismo de notificación opt-in.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación contra una Sentencia Enmendada dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. El caso original versó sobre Sentencia Declaratoria, Acción Rescisoria e Incumplimiento de Contrato. La parte apelada (DITO, Inc. y otros) demandó a la parte apelante (William J. Cruz Medina y Destilería Nacional, Inc.) alegando el incumplimiento de un contrato de compraventa. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda contra los apelantes y No Ha Lugar contra el Banco Desarrollo Económico para Puerto Rico. Ordenó el cumplimiento específico del contrato, incluyendo la entrega de pagarés y el pago de \$252,130.00 más intereses. El proceso incluyó la intervención inicial de un síndico de quiebras para DITO, Inc., quien luego abandonó la causa de acción, permitiendo a los demandantes originales continuar. Los apelantes solicitaron la revocación de la sentencia de instancia. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos, confirma el dictamen apelado.

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El Municipio de Comerío apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su acción de expropiación forzosa. Dicha Sentencia fue emitida el 10 de mayo de 2019. El apelado, Vidal Rivera Fontañez, presentó una moción de reconsideración ante el Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2019. Sin esperar la resolución de esta moción, el Municipio presentó su recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. El apelado solicitó la desestimación de la apelación por prematura. El Tribunal de Apelaciones enfatizó su deber de velar por la jurisdicción. Conforme a la normativa procesal, un recurso de apelación es prematuro si se presenta mientras pende una moción de reconsideración oportuna en el foro primario. La presentación prematura priva al tribunal apelativo de jurisdicción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones declaró con lugar la moción del apelado y desestimó el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación. La parte apelante solicita la revocación parcial de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia resolvió una demanda por incumplimiento de un contrato de opción de compra. El demandante original (apelado) alegó que los apelantes incumplieron al no pagar las mensualidades de la hipoteca del inmueble objeto del acuerdo. Este incumplimiento supuestamente afectó su crédito y le causó daños. El tribunal primario encontró incumplimiento y ordenó a los apelantes pagar al apelado \$10,000 por daños y \$5,534 por pagos de hipoteca realizados por este último. También dispuso que, tras estos pagos, las partes debían perfeccionar la compraventa. La sentencia apelada también asignó la responsabilidad por una deuda del CRIM. Los apelantes recurren ahora ante el Tribunal de Apelaciones contra este dictamen.

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La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve un recurso de apelación criminal. La apelante, Tatiana Torres Irizarry, impugnó una sentencia de 3 años y 9 meses de cárcel impuesta por el Tribunal de Primera Instancia por un caso bajo el Artículo 3.1 de la Ley 54. El recurso de apelación fue presentado el 12 de abril de 2019. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la presentación de un alegato en un término de treinta días, que en este caso vencía el 13 de mayo de 2019. A pesar de la advertencia del tribunal, la apelante no presentó el alegato ni justificó su incumplimiento. El tribunal reitera que las reglas procesales deben cumplirse rigurosamente, incluso por quienes comparecen por derecho propio. Al no haberse perfeccionado el recurso con la presentación del alegato, el tribunal se ve impedido de evaluar los planteamientos de la apelante. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación sobre filiación. El apelante, Javier Requena Díaz, impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Ponce. El TPI de Ponce desestimó el caso alegando falta de jurisdicción debido a una sentencia previa final y firme. La demanda original, presentada por Requena Díaz en 2014 en el TPI de Aibonito, buscaba impugnar la paternidad de dos menores que había reconocido. El historial procesal detalla la inclusión de los menores como partes indispensables, el nombramiento de un defensor judicial y múltiples vistas judiciales a lo largo de varios años. Requena Díaz posteriormente desistió de su reclamación respecto a uno de los menores. El caso continuó en cuanto al menor restante hasta la desestimación por el TPI de Ponce. El Tribunal de Apelaciones indica que procederá a revocar la resolución apelada. El documento expone el trasfondo procesal que condujo a la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una Petición de Certiorari presentada por María Magdalena Lange Ayala contra Banco Popular de Puerto Rico. El recurso impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que permitió a BPPR embargar fondos en la cuenta de la señora Lange Ayala. Dichos fondos provenían de un seguro de vida de su esposo fallecido, donde ella era la beneficiaria. BPPR solicitó el embargo basándose en una sentencia previa donde la señora Lange Ayala figuraba como deudora solidaria. La peticionaria argumentó que los fondos estaban exentos de embargo bajo el Código de Seguros por ser beneficios de una póliza de vida. El foro primario validó el embargo, entendiendo que su condición de deudora solidaria prevalecía sobre la protección legal. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso y revocó la resolución recurrida. Concluyó que los fondos provenientes del seguro de vida, donde la señora Lange Ayala era beneficiaria, no podían ser embargados por BPPR.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. El Municipio de San Juan demandó a Golden Triangle Realty, SE por patentes municipales adeudadas. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor del Municipio, condenando a Golden Triangle al pago de $121,308.34. Golden Triangle apeló, argumentando que el Municipio no procesó adecuadamente su solicitud de exención contributiva, violando el debido proceso de ley y derrotando la reclamación de cobro. Ambas partes presentaron mociones de sentencia sumaria en la instancia inferior. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, revoca la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por María M. Piñero Montes y Teodoro Vargas Feliciano contra MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY. Los apelantes demandaron a MAPFRE por incumplimiento de contrato, mala fe y dolo, relacionado con una reclamación de daños por el Huracán María. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, lo cual fue apelado. La controversia central se refiere a si los asegurados cumplieron con la obligación de presentar prueba de pérdida y si MAPFRE actuó correctamente al cerrar el caso. Los demandantes argumentaron que MAPFRE no solicitó una prueba de pérdida juramentada, mientras que MAPFRE afirmó que el contrato exige la presentación sin solicitud escrita. El Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia desestimatoria del foro primario. El caso fue devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe los procedimientos de acuerdo con la decisión apelativa.

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Este documento es una sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo un recurso de apelación. Los apelantes, Saulo Alicea Figueroa y Luz Marie Fonseca Mojica, impugnaron una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia sumaria fue dictada a favor del Gobierno Municipal Autónomo de Bayamón y un tercero interventor. El Municipio había presentado una demanda de injunction solicitando que se ordenara a los apelantes cumplir con la normativa de uso de terrenos. Alegó que los apelantes construyeron y operaban apartamentos sin los permisos requeridos, solicitando detener su uso y demoler lo edificado ilegalmente. La moción de sentencia sumaria se basó en hechos no controvertidos, incluyendo que los apelantes adquirieron la propiedad con conocimiento de obras ilegales preexistentes, se comprometieron a legalizarlas, y añadieron más unidades sin permisos, recibiendo órdenes de paralización. Tras examinar los escritos y el derecho aplicable, el panel judicial acordó confirmar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un litigio sobre propiedad inmueble. La Sucesión de Julio Enrique Vélez Vega demandó buscando una declaración de que habían adquirido un solar por prescripción adquisitiva (usucapión). Alegaron que el Causante y sus herederos poseyeron la propiedad, que era parte de una finca mayor, desde 1957. La demanda también cuestionaba la nulidad de una venta de participación en la finca y reclamaba daños. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que la prueba no demostró que la posesión fuera en concepto de dueño. Un hecho relevante fue una autorización de 1983 de las hijas de la titular registral permitiendo a una hija del Causante construir en una porción del solar con intención de donación. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Determinó que la evidencia no probó la posesión en concepto de dueño. Por consiguiente, confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por José L. Lugo Espinosa. El apelante recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Humacao que lo encontró culpable de violar una orden de protección y de entrada a heredad ajena. Los cargos se basan en hechos ocurridos el 18 de enero de 2018. La prueba presentada incluyó el testimonio de la querellante, quien relató que el apelante apareció en su residencia temprano en la mañana. A pesar de una orden de protección que le prohibía acercarse, el apelante accedió a la propiedad cruzando una verja y el terreno de un vecino. La orden de protección vigente permitía la recogida del hijo en un lugar alterno. Tras revisar los escritos, la prueba y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones acordó revocar la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de certiorari presentado por Zahyra Crespo Santiago. La peticionaria impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud para declarar incapacitado a su hijo adulto, Erick Joel Quiñones Crespo, y nombrarla tutora. Erick Joel, de 22 años, presenta diagnósticos de Trastorno de Espectro de Autismo, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y Desorden de Ansiedad Generalizada. La solicitud original se fundamentó en informes psicológicos que justificaban la necesidad de la tutela. Tras la denegación en primera instancia, la madre recurrió al Tribunal de Apelaciones. El Tribunal solicitó la comparecencia de la Procuraduría de Asuntos de Familia y del padre del joven, Víctor M. Quiñones Ortiz. La Procuraduría compareció, pero el padre no lo hizo ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones revisó los documentos y la transcripción estipulada de la vista en el Tribunal de Primera Instancia. La sentencia detalla los hechos y trámites procesales que permiten al Tribunal resolver el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) relativa a la solicitud de Gamalier Maldonado Hernández para ser eliminado del Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales. Maldonado Hernández había solicitado su eliminación argumentando que habían transcurrido diez años desde su sentencia de 2005 por tentativa de violación. El Ministerio Público se opuso, interpretando que la ley aplicable requería un término más extenso o de por vida. El TPI denegó la petición, concluyendo que la Ley 243-2011 aplicaba y requería inscripción de por vida para su clasificación, al ser una ley civil no sujeta a la prohibición ex post facto. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso presentado como un certiorari. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones modificó la decisión del TPI. Determinó que el peticionario deberá permanecer anotado en el Registro por un periodo de diez (10) años. Este periodo, según la sentencia, culmina en octubre de 2020.

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Se resuelve sobre un recurso de certiorari presentado por Yasiris Adorno Rondón contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2019. Dicha Orden declaró Ha Lugar una solicitud de reconsideración presentada por Dollmarie Adorno Rondón. En consecuencia, dejó sin efecto dos órdenes interlocutorias emitidas previamente el 6 de febrero de 2019. Esas órdenes previas habían resuelto asuntos relacionados con pliegos de interrogatorio y oposición a orden protectora en un pleito de incapacidad y tutela de su padre. El caso principal, iniciado en 2016, ya había sido objeto de una apelación donde se confirmó la incapacidad pero se dejó sin efecto la designación inicial de tutora, ordenando reabrir la prueba. La disputa actual se centra en la fase de descubrimiento posterior a esa apelación. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta resolución, deniega la expedición del auto de certiorari. Esto mantiene la decisión del Tribunal de Primera Instancia de dejar sin efecto las órdenes de descubrimiento previas.

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El Tribunal de Apelaciones revisa la desestimación de una demanda por incumplimiento de contrato, salarios y daños. Los demandantes alegaron un acuerdo para formar un negocio con dos socios, aportando capital y trabajo a cambio de una tercera parte de las ganancias. Sostuvieron que el acuerdo fue incumplido al no recibir su porción de las ganancias y al alterarse la distribución pactada. También reclamaron salarios impagados como empleados de la corporación y despido constructivo. Uno de los socios demandados solicitó la desestimación, argumentando que la demanda no exponía hechos que lo hicieran responsable personalmente. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción, desestimando la acción contra dicho socio por falta de alegaciones específicas en su contra. El Tribunal de Apelaciones determinó que el TPI erró al desestimar la reclamación por incumplimiento de contrato contra el socio demandado basándose únicamente en las alegaciones. Consideró que la demanda exponía hechos suficientes para concluir que dicha reclamación podría ser viable contra él. La sentencia revoca la desestimación en cuanto a la causa de acción contractual respecto a ese demandado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero bajo la Regla 60. El Consejo de Residentes Urb. Santa Clara, Inc. apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda fue desestimada sin perjuicio porque la notificación a los demandados por correo certificado fue devuelta sin reclamar. El foro primario denegó la solicitud de una nueva citación, interpretando que la Regla 60 no permitía reiniciar el caso por falta de jurisdicción. El apelante argumentó que debió autorizarse la notificación personal dentro del plazo de tres meses que establece la regla. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900523. El peticionario, Michael Berry Figueroa, impugna una Orden Automática de Cese y Desista y una multa emitidas por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). El recurso proviene de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que declaró "No Ha Lugar" un recurso de revisión judicial presentado por el peticionario contra la decisión de la OGPe. Bajo la ley aplicable al momento de la acción inicial, el TPI tenía jurisdicción para atender la revisión judicial de la multa. Ante el Tribunal de Apelaciones, surgió la controversia procesal sobre si el presente recurso debía ser atendido como una apelación o una petición de certiorari. Las partes presentaron sus posturas sobre este punto, señalando la falta de claridad legal sobre el recurso subsiguiente a la revisión judicial en el TPI de una determinación de la OGPe. El Tribunal de Apelaciones debe resolver esta cuestión preliminar antes de considerar el fondo de la impugnación a la orden y multa de la OGPe.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. La Sentencia original resolvió una acción reivindicatoria presentada por Rafael Antonio Tirado Negrón contra Luis A. Agosto Agosto. El señor Tirado alegó ser propietario de dos fincas en Corozal que el señor Agosto invadía con sus caballos. Solicitó que se ordenara al señor Agosto cesar la invasión, reponer verjas y pagar costas y honorarios. El señor Agosto no contestó la demanda tras ser emplazado, por lo que se le anotó la rebeldía y se celebró una vista sin su comparecencia. El foro primario dictó Sentencia en rebeldía declarando con lugar la demanda y ordenando al señor Agosto cesar y desistir de entrar a las fincas, además de pagar costas y honorarios. El señor Agosto apeló, argumentando que la demanda no exponía hechos suficientes, faltaban partes indispensables y se violó su debido proceso al no notificarle la rebeldía ni la vista. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari relacionado con un caso de divorcio. La peticionaria, Vilma Cabrera Eliza, solicitó la revocación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción de reconsideración. Dicha resolución del TPI había dejado sin efecto una pensión excónyuge a favor de la Sra. Cabrera. El recurrido, Luis Ignacio Díaz Carrasco, había solicitado la terminación de la pensión alegando cambios sustanciales en su situación económica tras perder su empleo. El TPI celebró una vista evidenciaria y realizó determinaciones de hecho sobre la pérdida de empleo y la reducción de ingresos del Sr. Díaz. Con base en estos hallazgos, el TPI concluyó que existían alteraciones sustanciales que justificaban dejar sin efecto la pensión. La Sra. Cabrera impugnó esta decisión mediante el recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto y procedió a revisar la resolución del TPI. Tras el análisis, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, validando la decisión de dejar sin efecto la pensión excónyuge.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes, Orlando Marini Román y otros, recurren la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La demanda original fue presentada contra los abogados María Montalvo Vera y Salvador Antonetti Zequeira. Los apelantes alegaron que los abogados les causaron daños al representarlos en litigios previos donde se les imputó fraude sin contar con prueba. Reclamaban pérdidas económicas y de reputación debido a estas acciones. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio y les impuso \$10,000 en honorarios de abogado por temeridad. El Tribunal de Apelaciones revisó esta decisión. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal modifica la Sentencia apelada. La modificación consiste en reducir los honorarios de abogado de \$10,000 a \$1,000. Así modificada, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia es confirmada.

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Fernando Santiago Morales apeló las sentencias que lo declararon culpable por infracciones a la Ley de Armas y al Código Penal, imponiéndole una pena total de diecinueve años y tres meses. El Tribunal de Primera Instancia dictó fallo de culpabilidad el 7 de febrero de 2019 y sentencia el 25 de abril de 2019. El apelante presentó una moción de reconsideración de la sentencia el 8 de mayo de 2019. Al momento de radicar el recurso de apelación el 30 de mayo de 2019, esta moción de reconsideración de la sentencia aún no había sido resuelta por el foro de instancia. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso era prematuro. Un recurso es prematuro cuando se presenta mientras una determinación, como una moción de reconsideración, está pendiente ante el tribunal apelado. La presentación de un recurso prematuro priva de jurisdicción al tribunal apelativo. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción al haber sido presentado antes de que la moción de reconsideración de la sentencia fuera resuelta.