Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 255)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. El caso original fue presentado por Scotiabank contra Frankie Antonio Habibe Vargas. Posteriormente, el crédito hipotecario fue transferido a Franklin Credit Management. El señor Habibe Vargas solicitó ejercer el derecho de retracto de crédito litigioso conforme al Artículo 1425 del Código Civil, argumentando que la transferencia constituía una cesión de crédito litigioso. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción del recurrido, reconociendo su derecho al retracto y ordenando a Franklin Management proveer información. Franklin Management recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el trasfondo fáctico y procesal del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió expedir el auto de Certiorari. La sentencia revoca la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia que había concedido el retracto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso sobre incumplimiento de contrato, división de comunidad de bienes y daños y perjuicios. La apelante, Frances Vázquez Trillo, demandó a José M. Fullana Olivencia, su esposa y la sociedad legal de gananciales, alegando que el señor Fullana Olivencia incumplió una promesa de matrimonio tras una relación extramarital y que se formó una comunidad de bienes. El foro primario desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, lo que fue objeto de una apelación previa. Un panel anterior del Tribunal de Apelaciones revocó esa sentencia y devolvió el caso para que se realizara descubrimiento de prueba sobre la alegada comunidad de bienes. Tras culminar el descubrimiento, los apelados solicitaron nuevamente sentencia sumaria, argumentando la falta de prueba que sostuviera las reclamaciones. El Tribunal de Primera Instancia concedió la segunda solicitud de sentencia sumaria, desestimando el caso e imponiendo honorarios. La apelante recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel II del Tribunal de Apelaciones, luego de analizar los alegatos y el expediente, resolvió confirmar la Sentencia Sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso de Certiorari presentado en un caso de daños y perjuicios por alegada impericia médica. Los peticionarios impugnaban la denegatoria del Tribunal de Primera Instancia a su solicitud para enmendar la demanda. Dicha enmienda pretendía incluir a uno de los hijos del fallecido reclamando daños heredados de su padre. El foro primario había determinado que no procedía la enmienda, al entender que no existía una reclamación de causa heredada y que los peticionarios ya comparecían reclamando daños propios. Los peticionarios alegaron errores del TPI al no permitir la enmienda y al no incluir fundamentos en su resolución. Los recurridos se opusieron al recurso, argumentando su improcedencia procesal. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de Certiorari en cuanto a algunos recurridos. Asimismo, ordenó el archivo del caso respecto a otros recurridos debido a la existencia de un acuerdo transaccional que resolvió las controversias entre ellos.

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Las Casas de Río Mar Homeowners Association inició un pleito de cobro de dinero contra Manuel A. Guzmán Rodríguez. El caso, originalmente bajo procedimiento sumario, fue convertido a ordinario a petición del demandado. Las Casas solicitó sentencia sumaria, enfrentando oposición y disputas sobre notificación por parte del demandado. Tras periodos de inactividad y una orden judicial para actualizar alegaciones, el demandado no cumplió con la orden ni compareció a una vista señalada. Ante el incumplimiento y la incomparecencia del demandado, el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Las Casas. El demandado presentó una solicitud de reconsideración de esta determinación. El documento resume este historial procesal que sirve de base para la apelación ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación de Carlos Luis González Rivera, un confinado. El apelante recurre la desestimación de su caso por el Tribunal de Primera Instancia. Su acción inicial, identificada como Petición de Habeas Corpus, reclamaba bonificaciones por trabajos de mantenimiento realizados para el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). Alegó que no recibió las bonificaciones debido a la falta de cumplimiento de formularios por parte del personal supervisor. Previo a la acción judicial, el apelante solicitó un remedio administrativo al DCR en febrero de 2019 por trabajos de 2017. Esta solicitud fue denegada por el DCR en marzo de 2019 por haber sido presentada fuera del término reglamentario. Una solicitud de reconsideración posterior también fue denegada en abril de 2019 por la misma razón. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda del apelante sin perjuicio, lo que dio lugar a esta apelación.

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En un caso de cobro de dinero iniciado por una cooperativa contra deudores y garantizadores, las partes llegaron a un acuerdo transaccional tras la celebración de un juicio. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó una sentencia por estipulación acogiendo dicho acuerdo. Posteriormente, a solicitud de los garantizadores, esa sentencia fue dejada sin efecto al alegarse que no reflejaba la verdadera intención de las partes. Al no lograrse un nuevo acuerdo transaccional aceptable para todos, el TPI procedió a dictar una sentencia basada en la prueba presentada durante el juicio. Adicionalmente, el TPI denegó una moción para descalificar a uno de los abogados. La apelación ante este Tribunal cuestiona la sentencia dictada por el TPI fundamentada en la prueba. El Tribunal de Apelaciones concluye que procede la confirmación de la sentencia apelada.

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Una abuela materna, quien ostenta la custodia legal de sus nietos desde 2013, solicitó la privación de la patria potestad de los padres biológicos. Los menores fueron removidos del hogar paterno en 2011 por alegado maltrato, quedando bajo el cuidado de la abuela como hogar sustituto. La abuela buscaba la privación de patria potestad para poder adoptar a los menores y gestionar sus necesidades médicas sin intervención de los padres. La madre alegó mantener relaciones filiales supervisadas y aportar económicamente, mientras el padre, confinado, negó el maltrato y expresó deseo de cuidar a los hijos al salir. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de privación total, aunque restringió la patria potestad de la madre. La abuela apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia de primera instancia. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada y así modificada la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación en un caso de daños y perjuicios. La demanda original fue presentada por una madre en representación de su hijo menor, quien resultó herido en un accidente de tránsito mientras conducía una bicicleta. El Tribunal de Primera Instancia, tras celebrar juicio, declaró sin lugar la demanda al concluir que el menor fue el único responsable del accidente. Determinó que el menor descendía una cuesta en una bicicleta sin frenos e impactó el vehículo del demandado por el lado, después de que este había pasado la intersección. La madre apeló, alegando error en la evaluación de la prueba y la falta de aplicación de negligencia comparada. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y concluyó que las determinaciones fácticas del Tribunal de Primera Instancia no fueron claramente erróneas. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de Banco Popular de Puerto Rico contra Carlos Iván Nieves Ortega. El caso se originó en el Tribunal de Primera Instancia por cobro de dinero y sentencia declaratoria. El señor Nieves demandó a BPPR para recuperar un depósito de \$29,000.00 de un contrato de compraventa de propiedad inmueble que no se materializó. Alegó que la compraventa fracasó por causas imputables a BPPR, relacionadas con la gestión del financiamiento. BPPR sostuvo que el señor Nieves incumplió el contrato al no pagar el balance y que tenía derecho a retener el depósito. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la demanda del señor Nieves y ordenó a BPPR devolver la cantidad de \$29,000.00. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones CONFIRMA la decisión apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900756. El apelante, Eglis A. Segura Ledesma, recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de daños y perjuicios. La desestimación inicial se basó en la falta de emplazamiento a las partes demandadas dentro del término de 120 días. El Tribunal de Apelaciones revisó la fecha de presentación del recurso de apelación. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 22 de mayo de 2019. El término jurisdiccional de 30 días para apelar vencía el 21 de junio de 2019. El recurso de apelación fue presentado el 1 de julio de 2019, fuera del término establecido. La presentación tardía de un recurso de apelación es un defecto jurisdiccional insubsanable. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el recurso y desestima la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando una reclamación de cobro de dinero. Interspace Industries Corp. demandó a Zurich American Insurance y Fidelity and Deposit Company of Maryland por fondos retenidos bajo una fianza de pago. La reclamación se relacionaba con trabajos subcontratados en el proyecto Buena Vista Village. Zurich denegó el pago, argumentando que la reclamación estaba prescrita según la cláusula de un año de la fianza, contando desde la culminación del proyecto en diciembre de 2007. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) desestimó la demanda por prescripción. Un panel anterior de apelaciones revocó esa decisión, requiriendo una vista evidenciaria sobre la fecha de culminación. Tras la vista, el TPI nuevamente desestimó el caso, concluyendo que Interspace no probó que los trabajos se extendieran más allá de 2007. El TPI dio mayor credibilidad a la prueba presentada por Zurich. Interspace apeló esta segunda desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirma la Sentencia del TPI, manteniendo la desestimación por prescripción.

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Este es un pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación relacionada con la fijación de pensión alimentaria. La apelante, María Villafañe Vivó, impugnó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que estableció la pensión final para su hijo menor en $1,076.22$ mensuales. El caso se originó de un divorcio en 2003 y órdenes de custodia y alimentos previas. La apelante solicitó inicialmente el relevo de pensión para su hija mayor, mientras el apelado pidió la revisión de la pensión que pagaba para el hijo menor. El asunto fue referido a una Examinadora de Pensiones Alimenticias, quien celebró vistas. Se presentó prueba, incluyendo testimonio pericial sobre el valor de alquiler de la propiedad del padre, que la madre solicitó se le imputara como ingreso. El foro primario adoptó la recomendación final de la Examinadora. Tras evaluar los fundamentos de la apelación, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida.

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Luis Santos Aponte apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que denegó su acción reivindicatoria de dominio y daños y perjuicios y declaró con lugar la reconvención de Carlos Torres Figueroa y Elizabeth Pérez Sierra. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso y determinó que carecía de jurisdicción para intervenir. La apelación fue presentada prematuramente. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, emitida el 11 de marzo de 2019, no ha sido debidamente notificada a la parte demandada. El derecho procesal civil exige la notificación adecuada de las sentencias para que surtan efecto y comiencen a transcurrir los términos para recursos postsentencia. Intentos de notificación a los demandados a través de alguaciles resultaron negativos, encontrando la residencia abandonada y con información de que uno de los demandados había fallecido y el paradero del otro era desconocido. Al no haberse notificado correctamente el dictamen a todas las partes, la sentencia no ha surtido efecto ni es ejecutable. Por consiguiente, los términos para apelar no han comenzado a transcurrir. Esto convierte el recurso de apelación presentado por el señor Santos en uno prematuro.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que autorizó el desistimiento sin perjuicio de las reclamaciones presentadas por los demandantes (apelados) contra los demandados (apelantes). Los demandantes solicitaron este desistimiento para permitir que uno de los apelantes, recientemente acumulado al pleito, testificara en una vista de desacato sin causar su suspensión. Los apelantes se opusieron a la solicitud, argumentando que el desistimiento debía ser con perjuicio, citando las Reglas de Procedimiento Civil y el grave perjuicio que les causaba la decisión. Impugnaron la determinación del TPI mediante moción de reconsideración, la cual fue declarada no ha lugar. En su recurso de apelación, los apelantes esgrimen errores relacionados con la procedencia del desistimiento sin perjuicio y la celebración de la vista de desacato antes de una vista de descalificación ordenada previamente. La presentación de la apelación suspendió los procedimientos ante el TPI. El Tribunal de Apelaciones, con los alegatos de las partes, procede a resolver el recurso.

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