Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 238)

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El Sr. Alma Thomas Hartwell apela una Sentencia y Resolución del Tribunal de Primera Instancia de Aibonito. La Sra. Taisha Aida Navarro Carrasquillo, madre de dos menores, presentó un hábeas corpus alegando que el padre no regresó a las hijas a Puerto Rico tras una visita vacacional en Estados Unidos. El foro primario expidió el auto de hábeas corpus, ordenando al padre regresar a las menores, y posteriormente emitió una resolución otorgando la custodia a la madre. El Sr. Hartwell alega que el Tribunal de Primera Instancia careció de jurisdicción sobre su persona. Argumenta que no fue debidamente emplazado ni notificado de la solicitud de hábeas corpus, la vista o las sentencias. Sostiene que, al no existir un decreto de custodia previo, su retención de las menores no era ilegal. La apelación busca revocar las determinaciones del foro primario por alegados errores de derecho y falta de jurisdicción.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó una apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. La apelante, Iris Delia Torres Cintrón, representada por su tutora, demandó a sus hijos, Juan A. Vázquez Torres e Iris Eugenia Vázquez Torres, y la sociedad legal de gananciales de Juan A., por daños y perjuicios e impugnación de poder y testamento. La demanda alegaba que Juan A. Vázquez Torres se aprovechó de un poder otorgado en 2005 mientras la madre estaba incapacitada, apropiándose de su dinero y actuando ultra vires. Se solicitaba la nulidad del poder y testamento, reembolso y compensación. Una causa de acción similar presentada por otro hijo fue previamente desestimada por prescripción. Los apelados solicitaron sentencia sumaria, argumentando que la prueba demostraba que la madre estaba capacitada durante el periodo relevante. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria a favor de los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó la decisión y modificó la sentencia apelada únicamente para reducir las costas del pleito e imponer honorarios de abogado a la parte apelante, confirmándola así modificada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. La Sentencia Parcial declaró parcialmente con lugar una demanda contra Del Valle Rodríguez Law Offices (DVRLO) por violaciones a la Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA). El foro primario encontró a DVRLO responsable de violar la ley en el caso de la demandante individual, Cynthia González De Jesús. Sin embargo, dejó pendiente la determinación de los daños y la certificación del pleito como uno de clase. La apelación de DVRLO no cuestiona la determinación de fondo sobre la violación a la FDCPA. La única controversia planteada es si el Tribunal de Primera Instancia podía resolver parcialmente los méritos mediante sentencia sumaria antes de decidir sobre la certificación del pleito como uno de clase. El documento detalla el trasfondo procesal que llevó a la emisión de la Sentencia Parcial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de certiorari presentado por Israel Martínez Hernández y otros. El recurso busca revisar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón en un caso de reclamaciones laborales incoadas por Gilberto Peña Lacern. Peña Lacern demandó por despido injustificado, horas, salarios, período de alimento, vacaciones y otros beneficios. El TPI declaró Ha Lugar la reclamación de despido y otros beneficios, condenando a los peticionarios a pagar \$42,739.92 más honorarios de abogado. Sin embargo, desestimó las reclamaciones por daños, represalias y salarios prospectivos. Los peticionarios impugnaron la decisión, argumentando, entre otros puntos, que no eran los patronos responsables. El Tribunal de Apelaciones acogió el recurso como certiorari. Tras revisar el dictamen, el Tribunal de Apelaciones expidió el auto, modificó la Sentencia recurrida y, así modificada, la confirmó.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900874. La apelación fue presentada por Dennis F. Maza Bodee, et. als. contra el Consejo de Titulares del Condominio Coral Beach, et. als., sobre incumplimiento de contrato y daños. El Tribunal ordenó repetidamente a la parte apelante anunciar nueva representación legal. A pesar de múltiples oportunidades y advertencias, la parte apelante incumplió consistentemente con las órdenes. La parte apelada solicitó la desestimación del recurso en varias ocasiones debido a la falta de cumplimiento. El Tribunal consideró la negligencia de la parte apelante como patente y su actitud perjudicial para la dignidad judicial. Basándose en la Regla 83(B)(3) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que permite desestimar por falta de diligencia, el Tribunal decretó la desestimación del recurso. Una jueza concurrió con el resultado, mientras otra disintió, favoreciendo sanciones menos drásticas antes de la desestimación.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VI, en los casos consolidados KLAN201900812 y KLAN201900837. Las partes involucradas son DTC Engineers & Constructors, LLC (apelada en un caso, apelante en el otro) y United Surety & Indemnity Company (apelante en un caso, apelada en el otro). Ambos recursos de apelación provenían de una Sentencia Sumaria Enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en un caso sobre incumplimiento de contrato (ISCI201300798). Las apelaciones fueron consolidadas por el Tribunal de Apelaciones debido a hechos y planteamientos de derecho comunes. Posteriormente, las partes informaron al tribunal que habían alcanzado un acuerdo transaccional. Presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento de ambas apelaciones. En dicha moción, confirmaron que USIC había realizado un pago a DTC como parte del acuerdo. Solicitaron el desistimiento con perjuicio y se relevaron mutuamente de honorarios e intereses. El Tribunal de Apelaciones declaró Ha Lugar la solicitud conjunta. Ordenó el desistimiento de ambas partes con perjuicio. Finalmente, dispuso el archivo de los casos.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, DTC Engineers & Constructors, LLC y United Surety & Indemnity Company presentaron apelaciones separadas. Ambos recursos buscaban la revisión de una sentencia sumaria enmendada emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez, en un caso sobre incumplimiento de contrato. Las apelaciones, identificadas con los números KLAN201900812 y KLAN201900837, fueron consolidadas por el tribunal. Durante el proceso apelativo, las partes informaron haber alcanzado un acuerdo transaccional. Como resultado de dicho acuerdo, United Surety & Indemnity Company realizó un pago a DTC Engineers & Constructors, LLC. Las partes presentaron una moción conjunta solicitando el desistimiento de sus respectivas apelaciones. Pidieron que el desistimiento fuera con perjuicio, relevándose mutuamente del pago de costas, gastos y honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la solicitud conjunta de desistimiento. Se ordenó el archivo de los casos con perjuicio.

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Sentencia de un panel de jueces en Puerto Rico resolviendo una apelación. José M. Padilla Ledee apeló la desestimación de su demanda contra MAPFRE Panamerican Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato y mala fe de MAPFRE tras el Huracán María. Padilla reclamaba que la aseguradora no pagó adecuadamente por los daños a su propiedad. MAPFRE defendió que Padilla aceptó un cheque de $472.50$ como pago total y definitivo (pago en finiquito). La aseguradora argumentó que al firmar y depositar el cheque, Padilla relevó a MAPFRE de ulterior responsabilidad. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) acogió la defensa de pago en finiquito y desestimó la demanda con perjuicio. El apelante se opuso a esta determinación, cuestionando la validez de dicha figura legal en su caso. Tras revisar los argumentos y el expediente, el panel de jueces concluye. Se confirma la Sentencia dictada por el TPI que desestimó la demanda.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Milagros Arrieta de Santos apeló una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra la Cooperativa de Seguros Múltiples. La apelante reclamaba una compensación justa por daños de Huracán María, alegando que la aseguradora incumplió la póliza. La Cooperativa solicitó sentencia sumaria, argumentando que la apelante aceptó el pago al endosar y cambiar el cheque emitido, extinguiendo la obligación por "pago en finiquito". El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la solicitud, determinando que no existían controversias de hecho materiales sobre la aceptación del pago. Desestimó las alegaciones de dolo de la apelante por falta de prueba suficiente en oposición a la sentencia sumaria. La apelante recurrió, señalando errores en la aplicación de la doctrina de pago en finiquito y la existencia de controversias fácticas. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos y hechos no controvertidos establecidos por el foro primario. Por los fundamentos expuestos en su Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Surgió una controversia a raíz de una reclamación de seguro por daños a una propiedad tras el paso del Huracán María. Los demandantes, apelantes en este caso, alegaron que la cooperativa aseguradora subestimó los daños y no cumplió sus obligaciones contractuales, solicitando una indemnización significativamente mayor al pago recibido. La cooperativa presentó una Moción de Sentencia Sumaria, argumentando que la reclamación había sido liquidada total y definitivamente y que aplicaba la doctrina de pago en finiquito. El Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró Ha Lugar la moción, desestimando la demanda al concluir que no existían hechos esenciales en controversia y que procedía la aplicación de dicha doctrina. La revisión de novo del expediente confirmó hechos no controvertidos, incluyendo la existencia de la póliza, la reclamación, la estimación de daños por la aseguradora y, fundamentalmente, la aceptación y endoso por parte del demandante de un cheque que expresamente indicaba ser la liquidación total y definitiva de la reclamación. Con base en estos hechos, el tribunal revisor coincidió con el TPI en que la doctrina de pago en finiquito era aplicable.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en un recurso de apelación presentado por la Cooperativa de Seguros Múltiples contra el Estado Libre Asociado. La Cooperativa impugnó la confiscación de un vehículo Mazda 3 Sport, solicitando la revocación de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que validó dicha confiscación. La parte apelante argumentó que la confiscación era nula porque el vehículo no fue utilizado ilegalmente o, subsidiariamente, por incumplimiento del Estado con el requisito de notificación fehaciente dentro del término de 30 días dispuesto por la Ley Uniforme de Confiscaciones de 2011. La ocupación del vehículo ocurrió el 11 de octubre de 2015, mientras que la notificación se efectuó el 12 de noviembre de 2015. El Estado, por su parte, sostuvo que la confiscación y la notificación cumplieron con la ley. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones revoca la Sentencia apelada. Declara nula la confiscación del vehículo. La decisión se fundamenta en las razones que se detallarán en la sentencia, pero el texto inicial destaca la alegación de notificación tardía como un punto central.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Hotel Ciqala contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. El foro primario desestimó una solicitud de revisión judicial del Hotel contra una multa municipal por estacionamiento indebido. La desestimación se basó en que el Hotel no solicitó la reconsideración de la resolución administrativa antes de acudir a la vía judicial. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que la determinación administrativa no era final y, por tanto, carecía de jurisdicción. El Hotel apeló, argumentando que la reconsideración no era un requisito jurisdiccional bajo la LPAU. El Tribunal de Apelaciones examinó el Código Administrativo del Municipio de San Juan. Dicho código establece cuándo una resolución municipal adviene final, incluyendo la solicitud de reconsideración. Al no haber solicitado reconsideración, la resolución administrativa no era final al momento de la revisión judicial. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación, concluyendo que el Hotel no agotó los remedios administrativos requeridos por la normativa municipal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en una apelación presentada por José Mejías Lorenzo. El recurso impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, en un caso sobre daños y perjuicios y cobro de dinero. El foro primario desestimó las alegaciones del apelante contra el codemandado Hospicio Divina Misericordia, Corp. La desestimación se basó en la Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil debido al incumplimiento del apelante con órdenes judiciales. El apelante no presentó una exposición más definida de ciertas alegaciones de su demanda, a pesar de solicitudes del Hospicio y múltiples órdenes del tribunal. El tribunal primario incluso impuso una sanción y advirtió que el incumplimiento conllevaría la eliminación de las alegaciones. Tras revisar el historial procesal y el incumplimiento persistente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el pronunciamiento impugnado. Se valida así la desestimación de las reclamaciones contra Hospicio Divina Misericordia, Corp.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una reconvención presentada por Universal Insurance Company. El caso principal fue iniciado por Trinidad Robles García contra Universal por incumplimiento de contrato relacionado con daños causados por el Huracán María. Universal argumentó que la reclamación se había extinguido mediante un "pago en finiquito" tras la aceptación de un pago por parte del demandante. Universal intentó primero desestimar la demanda mediante una moción de sentencia sumaria basada en esta defensa. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al encontrar controversias fácticas sobre la naturaleza final del pago, la firma de un relevo y la explicación de derechos. Posteriormente, Universal presentó una reconvención reiterando los argumentos de pago en finiquito y alegando temeridad. El foro primario desestimó la reconvención, considerándola un intento de revivir los argumentos ya rechazados y carente de una causa de acción independiente. El Tribunal de Apelaciones validó esta desestimación.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró "No Ha Lugar" una demanda sobre colindancia, basándose en el impedimento colateral por sentencia. El TPI también ordenó el archivo del caso con perjuicio y condenó a la parte demandante al pago de costas, gastos y honorarios de abogado. Los apelantes solicitaron reconsideración de la sentencia, la cual fue denegada por el foro primario. Paralelamente, se presentó un recurso de certiorari relacionado con la aprobación de un memorando de costas por el TPI. El Tribunal de Apelaciones consolidó inicialmente ambos recursos, pero luego ordenó su desconsolidación y resolvió el certiorari por separado. El tribunal apelativo también requirió al TPI que fijara la cuantía de los honorarios de abogado, lo cual se hizo en una sentencia enmendada. Un tercero, previamente desestimado en primera instancia, presentó una moción de desestimación en esta apelación. El documento detalla el historial procesal de la apelación y los recursos relacionados ante el Tribunal de Apelaciones.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Alfred Joerick Hernández Ruiz. El apelante impugna veredictos de culpabilidad emitidos por el Tribunal de Primera Instancia en Mayagüez. Estas condenas se derivaron de violaciones a la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Armas. Específicamente, el apelante fue declarado culpable de dos cargos bajo el Artículo 401 de la Ley de Sustancias Controladas y cuatro cargos bajo los Artículos 5.04, 5.06, 5.10 y 6.01 de la Ley de Armas. El Ministerio Público había presentado inicialmente siete acusaciones contra el imputado. El caso procedió a juicio ante un juez luego de que el apelante renunciara a su derecho a un jurado. El documento detalla el trasfondo procesal, incluyendo los cargos específicos y las estipulaciones realizadas sobre testimonios de testigos y evidencia durante el juicio. Esta sentencia representa la decisión del tribunal apelativo sobre los méritos de la apelación.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia sumaria dictada en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Banco Popular de Puerto Rico demandó a Gabriel Rivera Colón y otros por incumplimiento de obligaciones hipotecarias. El Tribunal de Primera Instancia emitió una sentencia sumaria a favor del banco, ordenando el pago o la subasta de la propiedad. El Sr. Rivera apeló esta decisión. Alegó, entre otros puntos, que no fue debidamente emplazado, que se le negó la oportunidad de contestar la demanda y presentar defensas, y que el banco no probó ser titular del pagaré. También se señaló que el banco estaba evaluando una solicitud de "loss mitigation" del apelante durante el proceso judicial. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia sumaria apelada.

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Este documento es una Sentencia de Archivo Administrativo emitida por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Se refiere a un recurso de apelación presentado por Carlos J. Camacho Acevedo, Ivelisse González García y su sociedad de gananciales contra Banco Popular de Puerto Rico. Los apelantes buscaban la revisión de una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. Durante la tramitación del recurso, se informó que la co-apelante Ivelisse González García se acogió a la protección de la ley de quiebras. El Código Federal de Quiebras establece una paralización automática de procedimientos contra el deudor. Aunque esta paralización generalmente no se extiende a codeudores, aplica si el deudor es una parte indispensable en el litigio. Habiéndose informado la quiebra de la co-apelante y siendo esta una parte indispensable, el proceso legal debe detenerse por completo. Por tanto, el Tribunal ordena el archivo administrativo del recurso de apelación.

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