Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 229)

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Sentencia de un panel de jueces que atiende una apelación presentada por la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). La AEP recurre una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar a Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) ciertas cantidades retenidas en un caso de cobro de dinero y daños. Durante la tramitación de la apelación, Mapfre informó al tribunal sobre la presentación de una petición de quiebra bajo el Título III de PROMESA a nombre de la AEP. Mapfre solicitó la paralización de los procedimientos judiciales en virtud de dicha ley. La AEP confirmó la presentación de la petición de quiebra. El tribunal explica que la radicación de una petición bajo el Título III de PROMESA activa una paralización automática. Esta paralización aplica a todos los casos judiciales y administrativos pendientes contra la entidad cubierta a la fecha de la petición. La decisión aborda el efecto legal de esta paralización automática sobre la apelación en curso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por nueve exempleados contra MMM Holdings, LLC. Los apelantes recurren la Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral. La reclamación se fundamenta en la Ley Núm. 180, Ley de Salario Mínimo, Vacaciones y Licencia por Enfermedad. Los querellantes, quienes trabajaron como representantes de ventas, alegaron que MMM calculó incorrectamente el pago de sus vacaciones. Específicamente, sostienen que la empresa excluyó las comisiones devengadas del cómputo, basándolo únicamente en el sueldo base. Argumentan que su puesto no estaba exento y que las comisiones debieron incluirse según la ley. Reclamaron el pago de vacaciones adeudadas, estimadas en no menos de \$125,000, más la doble penalidad legal. El Tribunal de Apelaciones revisa si procedía la desestimación de la querella mediante sentencia sumaria.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación de Brunilda Lugo Trani. La apelación busca la revisión de una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia desestimó con perjuicio la demanda por daños y perjuicios presentada por la Sra. Lugo Trani. La demanda alegaba que sufrió una caída y lesiones en el cementerio Los Cipreses Memorial Park en 2013 debido a un hueco, imputando negligencia a los operadores del parque. Los demandados, incluyendo Empresas Stewart, negaron la negligencia y presentaron una moción de sentencia sumaria. El Tribunal de Primera Instancia concedió la moción. La desestimación se basó en que la demandante no presentó oposición a la solicitud de sentencia sumaria dentro del plazo otorgado. El tribunal primario dio por admitidos los hechos alegados por la parte demandada al no haber oposición. El Tribunal de Apelaciones procede a revisar esta determinación.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación presentado por Carmen N. Morales contra MAPFRE PAN AMERICAN INSURANCE COMPANY. La señora Morales había demandado a MAPFRE por incumplimiento de contrato, alegando que la aseguradora pagó de menos por los daños a su propiedad y bienes personales causados por el Huracán María y actuó de mala fe. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda. MAPFRE había solicitado la desestimación argumentando que la demanda era prematura. La aseguradora sostuvo que la demandante no había agotado el remedio contractual que requería la presentación previa de una reclamación para permitir la evaluación de la pérdida. La señora Morales apeló esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del foro primario.

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La apelante, residente de Texas, presentó una demanda de filiación en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón contra la sucesión de Ricardo Cosme Rivera. Reclamó ser hija biológica del causante, nacida en Texas y no reconocida al nacer, pero con quien estableció una relación posterior confirmada por prueba genética. Solicitó se declarara su estado filial y se ordenara su inscripción en el Registro Demográfico. El tribunal primario desestimó la demanda por falta de jurisdicción, entendiendo que las cortes de Texas eran las competentes para dilucidar la filiación y ordenar la alteración del certificado de nacimiento. La apelante recurrió esta decisión, señalando errores en la determinación de jurisdicción y la autoridad para ordenar la inscripción. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos que expondrá, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en apelaciones consolidadas presentadas por Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes. Los peticionarios impugnaron una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia emitida en el marco de una investigación criminal relacionada con un chat grupal. Dicha orden, fundamentada en una citación de testigos, pretendía permitir al Ministerio Público apoderarse de los teléfonos móviles de los peticionarios. El Tribunal de Apelaciones enfatiza que la incautación y registro de un teléfono móvil requiere una orden de registro y allanamiento expedida por un juez, sujeta a requisitos legales y jurisprudenciales. Determina que la orden recurrida desbordó el alcance de una simple citación de testigos al ordenar la entrega de los dispositivos. Dado que el Tribunal de Primera Instancia no consideró ni expidió una orden de registro y allanamiento, el Tribunal de Apelaciones revoca su Resolución y Orden. Consecuentemente, los peticionarios quedan eximidos de los efectos de dicha determinación judicial.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó las apelaciones de Elías Sánchez Sifonte y Edwin Miranda Reyes. Ambos impugnaron una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia emitida en el marco de una investigación sobre un chat de Telegram. La orden recurrida, fundamentada en una citación de testigos, pretendía que los peticionarios entregaran sus teléfonos móviles. El Tribunal de Apelaciones enfatizó que la incautación de teléfonos requiere una orden de registro y allanamiento expedida por un juez imparcial. Una citación de testigos no posee el alcance ni las restricciones constitucionales de una orden de registro. La Resolución y Orden del foro primario desbordó la regla de citación al atribuirle efectos propios de una orden de registro. El Ministerio Público no solicitó ni el Tribunal de Primera Instancia expidió una orden de registro y allanamiento. Por tanto, la actuación del Tribunal de Primera Instancia constituyó un error jurídico. El Tribunal de Apelaciones revocó la Resolución y Orden impugnada. Los peticionarios quedaron eximidos de sus efectos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Carmen Vázquez Colón contra MAPFRE Insurance Company. La apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó sumariamente su demanda por incumplimiento de contrato. El foro primario aplicó la figura del pago por finiquito para justificar la desestimación. La demanda original alegaba que Mapfre no proveyó una compensación justa por los daños causados por el huracán María a la propiedad asegurada, a pesar de un estimado de daños significativamente mayor por parte de la apelante. Mapfre se defendió argumentando haber cumplido, que los daños no estaban cubiertos o no eran del huracán, y que el endoso de un cheque con una cláusula de finiquito extinguió la obligación. La apelante se opuso a la desestimación, señalando que la defensa no fue levantada a tiempo y que existía una controversia genuina sobre los hechos y la compensación debida. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los escritos, determinó revocar la sentencia de desestimación y ordenar la continuación de los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa, vía certiorari, una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que confirmó un laudo arbitral. El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) apeló la decisión del TPI. El caso se originó cuando el DTRH suspendió a un empleado por alegada conducta impropia. La Unión General de Trabajadores (UGT), en representación del empleado, impugnó la suspensión mediante arbitraje ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP). La árbitro revocó la suspensión al determinar que el DTRH no presentó prueba testifical para sustentar la medida disciplinaria, impidiendo al empleado su derecho a contrainterrogar. El Tribunal de Primera Instancia confirmó este laudo arbitral. El Tribunal de Apelaciones, al revisar la Sentencia del TPI, confirma su dictamen. Con esta decisión, se valida la revocación de la suspensión del empleado, al concluir que el DTRH no cumplió con su peso probatorio en el proceso arbitral.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201900654, una apelación presentada por Bautista Reo PR Corp. y Capital Crossing Puerto Rico, LLC. Apelan la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia en una demanda de nulidad de contrato instada por Ivonne Orlando Ortiz. La señora Orlando Ortiz demandó por problemas con la compra de su apartamento en el proyecto Pórticos del Sol, incluyendo vicios de construcción y la falta de segregación de la propiedad. Alegó que estos problemas persistieron después de que los Apelantes adquirieran los activos del proyecto de la FDIC. El Tribunal de Primera Instancia desestimó las reclamaciones contra los Apelantes basadas en actos de Doral Bank, pero permitió las causas de acción relacionadas con su rol como dueños subsiguientes del proyecto. Los Apelantes buscaron la desestimación completa de la demanda en su contra. Tras revisar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en respuesta a un recurso de apelación presentado por la Sra. Shiomara Colón Montalvo. La apelante solicitó la revisión de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su querella laboral bajo la Ley Núm. 2 de 1961. El Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción para atender el recurso. Se reitera que la jurisdicción es un requisito fundamental e indelegable que debe ser verificado por los tribunales. Los términos jurisdiccionales son fatales, improrrogables e insubsanables. La presentación de un recurso fuera del término establecido priva al tribunal de jurisdicción para conocer del caso. Tras el análisis, el Tribunal determinó que el recurso de apelación fue presentado de forma tardía. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso por falta de jurisdicción. La Sentencia no aborda los méritos de la reclamación laboral original debido a la ausencia de jurisdicción.

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Este es un recurso de apelación presentado ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico por Héctor L. Acevedo Jiménez y otros contra MVP Auto Group Corp. y otros, en un caso sobre daños y perjuicios. La apelación busca revocar una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la demanda. El Tribunal de Apelaciones, actuando como celoso guardián de su jurisdicción, examinó si tenía autoridad para atender el recurso. Se determinó que el recurso fue presentado de forma prematura, lo cual constituye un defecto insubsanable que impide la adjudicación. Se citan principios legales sobre la jurisdicción de los tribunales y la ineficacia de los recursos prematuros. Se hace referencia a la Regla 43 de Procedimiento Civil, que regula las mociones post-sentencia y la interrupción del término para apelar. La presentación de ciertas mociones interrumpe el término apelativo hasta la notificación de la resolución que las resuelve. Dado que el recurso fue presentado antes de que el asunto estuviera listo para adjudicación, el Tribunal carece de jurisdicción. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Daniel Rosario González. El apelante impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado (ELA). La demanda original buscaba compensación por la alegada denegación de beneficios de "Tu Tarjeta $A B C D$". El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso porque el apelante no notificó al Secretario de Justicia su intención de demandar al ELA en el término legal ni evidenció justa causa. Tras la desestimación, el apelante presentó una moción de reconsideración que el foro primario declaró no ha lugar por falta de jurisdicción, al considerarla extemporánea. El apelante recurre, alegando que su moción de reconsideración fue oportuna. El Tribunal de Apelaciones discute el término jurisdiccional de quince días para presentar mociones de reconsideración bajo la Regla 47 de Procedimiento Civil. Se enfatiza que este término es fatal, improrrogable e insubsanable. El recurso de apelación también incumple con requisitos formales del reglamento del Tribunal de Apelaciones.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y desahucio. El peticionario, Ángel Alberto Colón Rosario, presentó un recurso contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia que ordenaba pagos de cánones de arrendamiento y servicios. El Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso presentado era una petición de certiorari, no una apelación. Concedió a la recurrida, Lilith Enid Serrano Sánchez, un término para oponerse a la expedición del auto. La recurrida presentó su oposición, perfeccionando el caso para resolución. El documento explica la naturaleza discrecional del recurso de certiorari. Detalla los criterios que el Tribunal considera para decidir si expide el auto, conforme a su reglamento y la jurisprudencia aplicable. La resolución sienta las bases para la decisión del Tribunal sobre si ejercerá su discreción para revisar la determinación del foro inferior.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Revisa una apelación presentada por los titulares de un apartamento contra el Consejo de Titulares de su condominio y otros. Los apelantes demandaron en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) por interdicto posesorio, injunction y daños, alegando que se les impidió ilegalmente ingresar bienes muebles a su propiedad. Argumentaron violación de sus derechos constitucionales y solicitaron compensación económica y remedios interdictales. El TPI desestimó la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia. Determinó que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) poseía jurisdicción primaria y exclusiva para atender este tipo de reclamos de titulares contra la administración de condominios. Los apelantes recurrieron esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del TPI.

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Este documento presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Un padre, Kevin Rivera Cuadrado, impugna una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le impuso una pensión alimentaria de $600 mensuales y el pago del plan médico a favor de su hijo mayor de edad, Manuel Rivera Vargas. El hijo solicitó la continuidad de los alimentos tras alcanzar la mayoría de edad mientras proseguía estudios universitarios. El padre apelante argumenta que el foro primario erró al no incluir a la madre del alimentista como parte indispensable ni considerar su capacidad económica y aportación. También señala como error la ausencia de una vista evidenciaria para determinar necesidad y capacidad, así como la falta de consideración de sus otras obligaciones alimentarias. La apelación busca la revocación del dictamen que fijó la pensión. El caso gira en torno a la obligación de alimentos para hijos mayores de edad que estudian y los requisitos para su determinación.

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Recurso de apelación contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños contractuales. Los apelantes demandaron a MAPFRE alegando que la aseguradora pagó de menos por los daños causados por el Huracán María a su propiedad asegurada. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando que el cobro de un cheque marcado como pago total y final constituía un "pago en finiquito". El foro primario acogió la moción de desestimación y desestimó la demanda con perjuicio contra MAPFRE PRAICO Insurance Co. Los demandantes apelaron esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones revoca la decisión del foro primario. El caso es devuelto al Tribunal de Primera Instancia para que continúe con los trámites procesales.