Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 228)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato y daños. La apelante, Norma I. Carrillo Robles, demandó a su aseguradora, Cooperativa de Seguros Múltiples, por daños a su propiedad tras el huracán María. La aseguradora solicitó la desestimación basándose en la doctrina de pago en finiquito. Alegó que la demandante cobró dos cheques por un total de \$5,551.00 como pago total de la reclamación. La demandante se opuso, argumentando que la compensación no fue justa y su consentimiento fue viciado. El Tribunal de Primera Instancia determinó que al cobrar los cheques, la demandante aceptó la liquidación total de la reclamación y aplicó el pago en finiquito. La apelante recurre, cuestionando la aplicación de dicha doctrina ante controversias sobre la finalidad del pago y la buena fe de la aseguradora. El Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelante, Ali Soami Vargas Nieves, recurre contra la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda original reclamaba compensación por lesiones sufridas al tropezar con equipo supuestamente colocado negligentemente por la parte apelada, Visual Premier Production. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso al entender que la apelante no completó el diligenciamiento del emplazamiento por edicto ni presentó la prueba requerida dentro del término de 120 días. La apelante argumentó que el tribunal inferior interpretó erróneamente las reglas de procedimiento sobre emplazamiento por edicto y el término de 120 días, y que abusó de su discreción al desestimar la demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, revoca la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre liquidación de comunidad de bienes. El apelante, Michael Figueroa Ferreira, impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que le denegó un crédito. Dicho crédito se reclamaba por aportaciones mensuales al pago de la hipoteca del hogar familiar, realizadas como parte de la pensión alimentaria. Tras el divorcio, se ordenó al apelante pagar \$758 mensuales para la hipoteca, suma que pagó mediante retención de ingresos. La apelada, Nitza del Carmen Mercado Ferreira, responsable de efectuar el pago hipotecario, incumplió, lo que llevó a una sentencia de ejecución de hipoteca en 2011. Al demandar la liquidación de bienes, el apelante solicitó crédito por las sumas pagadas para la hipoteca entre octubre de 2010 y febrero de 2013. El Tribunal de Primera Instancia denegó el crédito por falta de prueba sobre el estado de los pagos durante ese período. El apelante argumentó haber cumplido con el pago de la porción de la pensión destinada a la vivienda. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que evalúa una apelación presentada por Jessica Vázquez Aponte. El recurso impugna una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda de daños y perjuicios. El Tribunal de Apelaciones aborda como prioridad el aspecto jurisdiccional de la apelación. Se detallan los términos jurisdiccionales para la presentación de recursos apelativos (30 días) y mociones de reconsideración (15 días), según las Reglas de Procedimiento Civil y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Se enfatiza que el incumplimiento de estos términos jurisdiccionales priva al tribunal de competencia para revisar el caso. La sentencia destaca la importancia de cumplir estrictamente con las normas que rigen el perfeccionamiento de las apelaciones. La observancia rigurosa de estas reglas es esencial para la procedencia del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El TPI había desestimado una demanda por daños causados por el huracán María contra una aseguradora. La desestimación se basó en la doctrina de "pago en finiquito", argumentando que los demandantes cobraron cheques que indicaban ser liquidación total. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al aplicar esta doctrina de forma sumaria. El récord no demostró, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa y razonable. Tampoco se probó que la aseguradora brindara la debida orientación a los asegurados. No quedó claro que los demandantes aceptaran el pago entendiendo que era una transacción final. Además, no se descartó la posibilidad de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora. Los demandantes alegaron que los daños excedían los estimados y que no fueron informados de la implicación de cobrar los cheques. Por tanto, la aplicación sumaria del "pago en finiquito" fue incorrecta bajo estas circunstancias.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora. La demanda reclamaba daños a una propiedad causados por el huracán María, alegando que la aseguradora subvaloró los daños y actuó de mala fe. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, argumentando que la demandante aceptó un pago total y definitivo ("pago en finiquito") al cambiar un cheque que contenía un relevo en su reverso. La demandante se opuso, indicando que no fue orientada sobre el carácter final del pago, la cantidad era insuficiente y no se percató del lenguaje del relevo. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia erró al aplicar la doctrina de pago en finiquito. El récord no estableció, como hechos incontrovertidos, que la aseguradora hiciera una oferta justa, brindara orientación adecuada, o que la asegurada entendiera que el pago era una transacción final. Tampoco se descartó la posibilidad de opresión o ventaja indebida por parte de la aseguradora. Por tanto, la sentencia sumaria fue incorrectamente dictada al existir controversias de hechos esenciales.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN201900921. Resuelve la apelación presentada por Andrés Jiménez González contra Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. El apelante impugnó una Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato. La demanda se originó por una reclamación de seguro tras el Huracán María, donde el apelante consideró insuficiente el pago recibido. La aseguradora argumentó que el endoso y cobro del cheque, que contenía lenguaje de liquidación total, constituía un pago en finiquito. El apelante sostuvo que no fue orientado adecuadamente y no aceptó el cheque como pago final. El Tribunal de Primera Instancia concedió la sentencia sumaria al encontrar que no había controversia sobre los hechos que sustentaban el pago en finiquito. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el recurso, confirma la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. La apelación fue presentada por Olga Margarita Rivera Pérez contra múltiples partes, incluyendo la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), tras un accidente fatal en una carretera colapsada. El recurso busca revisar la Sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó la reclamación contra la ACT por prescripción. El foro primario determinó que la reclamación extrajudicial de la demandante no interrumpió el plazo prescriptivo al ser enviada a una dirección incorrecta. La apelante argumentó que sí realizó la reclamación extrajudicial conforme a derecho. Tras examinar los alegatos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones revoca la sentencia apelada. Se ordena la reinstalación de la demanda contra la Autoridad de Carreteras y Transportación. El caso deberá continuar los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación presentada por Samuel Pérez Díaz y Elizabeth Agrón Santiago. Impugnan una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia de Aguadilla que desestimó su demanda por incumplimiento de contrato contra Cooperativa de Seguros Múltiples. El TPI aplicó la defensa de pago en finiquito, al entender que los demandantes aceptaron la liquidación total al endosar un cheque por daños tras el Huracán María. Los apelantes alegaron que su consentimiento fue viciado por dolo y que la defensa de pago en finiquito no procede en contratos de seguro de adhesión bajo la normativa de DACO y la política pública. El Tribunal de Apelaciones revisó los hechos incontrovertidos y los fundamentos de la apelación. Concluyó que la sentencia apelada debía ser revocada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y reconvención por materiales defectuosos. Iber Lumber, Inc. apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro contra Ossam Construction, Inc. y dio paso a la reconvención de Ossam. Iber reclamaba el pago por materiales de construcción suministrados a Ossam para un proyecto municipal. Ossam, por su parte, alegó que los materiales, particularmente paneles laminados o fenólicos, eran defectuosos y le causaron daños. El Tribunal de Primera Instancia había fallado a favor de Ossam. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la transcripción del juicio y los alegatos. El tribunal apelativo determinó modificar la sentencia de instancia. La modificación se realizó para corregir la cuantía concedida por daños y compensar las partidas entre Ossam e Iber. Así modificada, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación de Cooperativa de Viviendas Los Robles contra Alex Raphael Rivera Portela. La apelación surge de una sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. La Cooperativa demandó al señor Rivera por aproximadamente $5,200 en multas, instando el procedimiento sumario de la Regla 60. El demandado informó al tribunal primario sobre un pleito anterior y pendiente entre las partes, relacionado con su derecho a ocupar el apartamento. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de cobro al considerar que la controversia estaba ligada al caso previo. La Cooperativa apeló, argumentando que el tribunal primario debió adjudicar el caso sumariamente bajo la Regla 60. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión desestimatoria, notando la inacción del apelado al no presentar alegato. El documento explica la finalidad de la Regla 60, diseñada para agilizar reclamaciones pecuniarias de hasta $15,000.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en la apelación presentada por Julio Barba Aguilar contra Antilles Cleaning Services, Inc. El apelante impugna la Sentencia Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. La acción original incluía reclamos por despido injustificado (despido constructivo) bajo la Ley Núm. 80 y daños y perjuicios bajo el Código Civil. El señor Barba alegó que fue forzado a renunciar tras un accidente laboral debido a cambios en sus funciones, a pesar de haber firmado una carta de renuncia que atribuyó a ignorancia. Antilles sostuvo que el señor Barba renunció voluntariamente por una mejor oferta de empleo y negó responsabilidad por los daños reclamados. El Tribunal de Primera Instancia concedió la solicitud de sentencia sumaria de Antilles al considerar que no existían hechos esenciales en controversia. Tras revisar los argumentos y la prueba presentada por ambas partes, el Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirma el dictamen apelado del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora apeló una decisión del Tribunal de Primera Instancia que le ordenó pagar daños a Frances de los A. Rodríguez Fontánez y Sonia Fontánez Torres. Las demandantes reclamaron daños por un accidente automovilístico causado por la asegurada de Universal. El foro primario concedió indemnizaciones por daños físicos, sufrimientos mentales, impedimento permanente y daños emocionales. Universal argumentó que la indemnización era punitiva, que los daños emocionales sin daño físico no estaban cubiertos o excedían la póliza, y que se debió aplicar una exención legal. También señaló error en la apreciación de la prueba pericial. Tras examinar el expediente, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia apelada. La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, una vez modificada, fue confirmada.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Resuelve una apelación presentada por Elizabeth Rivera Rivera y Rafael Ortiz Morales contra Sonia Ivette del Río González en un caso de daños y perjuicios. Los apelantes impugnaban una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda y les impuso honorarios de abogado. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso. Sin embargo, encontró que los apelantes incumplieron con la Regla 14(B) de su Reglamento. Dicha regla exige notificar la cubierta del escrito de apelación al Tribunal de Primera Instancia dentro de las 72 horas de su presentación. El Tribunal de Primera Instancia ya había advertido esta falta de cumplimiento. Citando jurisprudencia del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelaciones reitera la estricta observancia de los reglamentos apelativos. El incumplimiento de la Regla 14(B) impide perfeccionar el recurso, por lo que el Tribunal desestima la apelación por falta de jurisdicción.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un caso de filiación y custodia. Ricardo Luis Ruiz Pratts apeló la decisión del Tribunal de Primera Instancia que concedió la custodia de sus tres hijos menores a la abuela materna, Nancy Rosario Torres. Tras el fallecimiento de la madre, los menores quedaron bajo el cuidado de la abuela en Puerto Rico, mientras el padre reside en Ohio. El padre demandó la custodia, argumentando su derecho inherente por la patria potestad. La abuela se opuso, alegando el mejor bienestar de los menores y un historial de violencia doméstica. El Tribunal de Primera Instancia ordenó un informe social forense y, ante la falta de objeción del padre a sus recomendaciones (aceptadas por la abuela), otorgó la custodia a la abuela. El padre apeló, cuestionando la legitimación de la abuela y la primacía de su patria potestad. El Tribunal de Apelaciones revisó el proceso y el marco legal aplicable. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

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Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de impericia médica. Hilda Lupiañez y su familia apelaron una decisión del Tribunal de Primera Instancia en su demanda contra el Hospital General Menonita de Aibonito, Dr. Vidal Rosario y Dr. Carlos Avellanet Quiñones. La demanda original alegó negligencia en una cirugía de mastectomía y reconstrucción de seno realizada a la Sra. Lupiañez en diciembre de 2005. Se argumentó que el Dr. Avellanet participó a pesar de tener su licencia médica suspendida y practicar fuera de su especialidad. También se imputó negligencia al Dr. Rosario por permitir su intervención y al Hospital por negligencia institucional. El tribunal de primera instancia había desestimado la demanda contra el Hospital, hallado responsable al Dr. Rosario y pospuesto la decisión sobre el Dr. Avellanet. Hechos relevantes incluyeron la suspensión de la licencia del Dr. Avellanet y su falta de privilegios en el hospital. El Tribunal de Apelaciones revisó la Resolución y Sentencia Parcial apelada. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones modificó la decisión recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre la apelación presentada por Joel E. López Villarrubia. El apelante impugna una sentencia de noventa y nueve años de reclusión dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, el 11 de enero de 2018. Dicha sentencia se basó en un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado por los delitos de asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2017 en un negocio en Adjuntas. Según la transcripción del juicio, el apelante disparó contra la víctima, Natalio Irizarry Pagán, tras una discusión. La víctima fue encontrada herida y falleció posteriormente en el hospital. El Ministerio Público presentó acusaciones por estos hechos, incluyendo asesinato en primer grado. El documento detalla el trasfondo fáctico del incidente y el inicio del proceso judicial en el foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El demandado-apelante, Maxwell Joel Rivera Acosta, apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia parcial desestimó la causa de acción presentada por el demandante-apelado, Ian Ramos Martínez, contra la codemandada Jocelyn Rivera. El apelante alegó que el TPI erró al no incluir determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en la sentencia parcial, según lo requiere la Regla 42.2 de Procedimiento Civil. El demandante había solicitado el desistimiento contra la codemandada bajo la Regla 39.1. El TPI concedió el desistimiento parcial y denegó la desestimación total del caso solicitada por el apelante. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y confirma la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación relacionada con un injunction y servidumbres en equidad. Los apelantes, Jaime A. Vázquez Velázquez y Yoselin Soto Guzmán, impugnaron la denegación de la Montehiedra Community Association (MCA) para realizar ciertas remodelaciones en su residencia. Específicamente, MCA les negó la autorización para instalar puertas de garaje y ventanas de color gris, por ser contrarias a las servidumbres de equidad y condiciones restrictivas de la urbanización. Los apelantes presentaron una demanda de injunction solicitando una orden de cese y desista contra MCA. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de sentencia sumaria de MCA y desestimó la demanda de los apelantes. Los apelantes apelaron esta decisión, argumentando que otra propiedad en la urbanización tenía características similares. El Tribunal de Apelaciones explicó que la otra propiedad era una construcción personalizada en un solar diferente, no comparable a la residencia de modelo uniforme de los apelantes. El Comité de Modificaciones de MCA nunca ha aprobado esos colores para las residencias de modelo uniforme. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de ejecución de hipoteca. El apelante, Luis A. Molina Velázquez, recurre una sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Firstbank Puerto Rico. Firstbank demandó al apelante por incumplimiento en el pago de un pagaré hipotecario de \$395,000. La entidad bancaria solicitó el cobro de la deuda o la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. El apelante contestó la demanda negando la deuda y alegando que Firstbank no era el tenedor legítimo del pagaré, pues supuestamente lo había vendido en el mercado secundario (Ginnie Mae). También planteó defensas relacionadas con gestiones de mitigación de pérdidas y la prohibición de "dual tracking". Firstbank solicitó sentencia sumaria, presentando prueba documental para acreditar su posición como acreedor y detallando las cantidades adeudadas. El apelante se opuso a la sentencia sumaria, insistiendo en la falta de legitimación activa de Firstbank debido a la alegada venta del pagaré. Tras revisar los argumentos y el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió el recurso. La sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia fue confirmada.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una apelación presentada por Milagros Rodríguez Sánchez contra Orlando Monclova de Jesús. La apelación se originó de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón sobre la liquidación de bienes gananciales tras su divorcio en 2016. Las partes contrajeron matrimonio en 1977 bajo el régimen de sociedad legal de gananciales y adquirieron una propiedad residencial y varios vehículos. Tras la separación y el divorcio, la señora Rodríguez Sánchez demandó la liquidación, reclamando créditos por supuestos manejos indebidos de fondos por parte del señor Monclova de Jesús. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la liquidación pero no reconoció créditos a ninguna de las partes. La apelante solicitó la revocación de esta sentencia, impugnando la decisión sobre los créditos y un retiro de fondos específico. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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