Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 226)

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó una apelación presentada por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y su aseguradora MAPFRE PRAICO. Los apelantes buscaban revocar una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una demanda en daños y perjuicios. La demanda original fue instada por Ricardo Zambrana Negrón y Julia Medina Quiñones por una caída alegadamente causada por negligencia de los codemandados. El foro primario había anotado la rebeldía a la AAA y dictado sentencia a favor de los demandantes. Al considerar el recurso de apelación, el Tribunal de Apelaciones identificó un problema procesal relacionado con la notificación del recurso a la parte apelada. La parte apelada argumentó no haber recibido copia de la apelación, señalando que fue enviada a una dirección incorrecta. Tras evaluar el expediente y la alegación de falta de notificación, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para entender en la apelación. Por consiguiente, el recurso de apelación presentado por la AAA y MAPFRE PRAICO fue desestimado.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones un recurso de certiorari presentado por Thyssenkrupp Elevators, Inc. en un caso de daños y perjuicios. El recurso busca revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. El Comisionado de Seguros de Puerto Rico presentó una moción informando que Integrand Assurance Company, aseguradora que provee defensa a varios codemandados, se encuentra en proceso de liquidación. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó la liquidación de Integrand Assurance Company, lo que, según el Código de Seguros, paraliza los procedimientos pendientes contra la aseguradora o sus asegurados por hasta seis meses. El Comisionado solicitó la paralización del presente caso en apelación. El Tribunal de Apelaciones examinó la moción y la ley aplicable, incluyendo el Artículo 38.180 del Código de Seguros. En vista de la orden de liquidación y la solicitud, el Tribunal ordena la paralización y archivo administrativo del caso por un término de seis meses. La paralización se mantendrá hasta que una parte certifique que se ha dejado sin efecto la paralización general de casos civiles relacionados con Integrand Assurance Company.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de derecho laboral sobre despido injustificado y discrimen por edad. La apelante, Nivia Saraiva Ocasio, impugnó una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su moción para enmendar la querella e incluir a un patrono sucesor. La querella original fue presentada contra Real Legacy Assurance Company y Cooperativa de Seguros Múltiples. El caso, iniciado bajo procedimiento sumario, fue convertido a la vía ordinaria. La parte querellante desistió de la acción contra Seguros Múltiples. Posteriormente, se enmendó la querella para incluir a Liberty Mutual Insurance Company como asegurador. El Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del TPI y desestimó la querella contra Real Legacy Assurance Company, Inc.

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Una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por Beatriz Rodríguez Sánchez. El recurso se dirige contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado y discrimen por edad. El TPI había ordenado el archivo del caso sin perjuicio. Esto ocurrió porque la demandante no diligenció los emplazamientos dentro del término de 120 días. La apelante argumentó que el TPI erró al desestimar el caso y al aplicar el término de emplazamiento. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación. La desestimación se basó en la falta de jurisdicción por haber sido presentada de forma tardía. El documento subraya la naturaleza sumaria de los procedimientos laborales bajo la Ley Núm. 2.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sobre alimentos apelada por el señor Damián Rodríguez Matías. El apelante impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia que reitera una deuda de pensión alimentaria a favor de la señora Carmen I. Matías Santiago. La deuda, certificada por ASUME en \$3,179.43, corresponde al periodo en que la apelada tuvo la custodia de los dos hijos menores procreados por las partes. Posteriormente, la custodia de los menores cambió al apelante, y se fijó una pensión a cargo de la apelada. El Tribunal de Primera Instancia ordenó al apelante pagar la mitad de la deuda acumulada durante la custodia de la madre para acceder a un plan de pago. El apelante argumentó, entre otras cosas, que no debía pagar pensión al ser ahora el custodio. El Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución y Orden apelada, validando la deuda de pensión alimentaria del apelante correspondiente al tiempo en que la custodia la ostentaba la apelada.

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Una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve la apelación de Antonio Díaz Pagán contra Universal Insurance. La disputa surge de una reclamación de daños a la propiedad tras el Huracán María. El apelante demandó a la aseguradora por un balance supuestamente adeudado, luego de haber recibido un pago. La aseguradora estimó los daños, aplicó el deducible y ofreció $1,607.00 como liquidación total. El apelante firmó un acuerdo aceptando esta suma y cobró el cheque emitido. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al determinar que el pago constituyó un finiquito. El apelante apeló esta desestimación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia en un caso de reclamación de salarios contra el Municipio de Vega Baja. El Municipio apela la decisión que favoreció a José V. Rodríguez Rodríguez. La controversia se origina en un caso previo presentado por Carmen V. Lugo Ríos, anterior Directora del Programa Head Start. La señora Lugo Ríos fue despedida tras ser sometida a un proceso de confirmación legislativa, al clasificar su puesto erróneamente como de confianza. En su demanda, el tribunal declaró nulo su despido y todo lo acontecido posteriormente, ordenando su reinstalación y el pago de salarios. El tribunal determinó que el puesto de la señora Lugo Ríos era transitorio, no de confianza. El señor Rodríguez Rodríguez fue contratado como Director del Programa Head Start después del despido de la señora Lugo Ríos, mediante un contrato a término fijo que no fue renovado. La reclamación de salarios del señor Rodríguez Rodríguez se relaciona con la posible nulidad de su contratación a raíz de la sentencia en el caso de la señora Lugo Ríos. El Tribunal de Apelaciones evalúa la Sentencia Parcial del foro primario en este contexto.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de divorcio. José Ángel Castro Pérez (apelante) recurre la decisión del foro primario en su pleito contra Zorinés Torres Aguirre (apelada). La sentencia apelada declaró disuelto el matrimonio por ruptura irreparable. Además, otorgó la custodia monoparental del hijo menor a la madre. También fijó relaciones paternofiliales, patria potestad compartida y pensión alimentaria provisional. El apelante impugna principalmente la concesión de la custodia a la madre. Solicita que se le reconozca una custodia compartida. Presentó su contestación a la demanda y reconvención reclamando custodia compartida durante la vista de divorcio. El Tribunal de Apelaciones examinó el recurso, la postura de la apelada y la regrabación de los procedimientos para adjudicar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de cobro de dinero. Las partes son Amalio Santos Rivera (apelado) y Andrés A. Álvarez, María del C. Ruiz y Pescadores del Plata (apelantes). El caso se originó por una demanda de Santos Rivera reclamando una deuda relacionada con un préstamo personal que obtuvo para la operación del equipo de béisbol Pescadores del Plata. Se acordó que el equipo y posteriormente el Sr. Álvarez asumirían el pago de dicho préstamo. El Sr. Álvarez se comprometió a pagar un balance de \$19,736.14 en plazos, pero incumplió con el acuerdo. Tras un pago parcial de \$5,000 por la corporación, quedó un balance de \$14,736.14 que los apelantes no pagaron. El Tribunal de Primera Instancia declaró con lugar la demanda, condenando a los apelantes a pagar \$14,736.14, intereses y \$3,000 en honorarios de abogado. Los apelantes solicitaron la revocación de esta sentencia ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada. En consecuencia, se mantiene la obligación de los apelantes de satisfacer la deuda y los costos impuestos por el foro primario.

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Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa la condena de Francisco Javier Vera González por el Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Vera González fue declarado culpable en un juicio por jurado por infracciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal (influencia indebida). Los hechos se relacionan con una reclamación laboral presentada en 2015 contra el propietario de una panadería, Andrés E. Ortiz Álvarez. Ortiz Álvarez testificó que Vera, identificándose como empleado del Departamento del Trabajo, lo contactó sobre la reclamación. Según el testimonio, Vera le informó sobre posibles multas elevadas. Vera supuestamente sugirió que existía una forma de resolver el caso a través de una persona en las oficinas centrales en San Juan. El documento detalla el inicio de la prueba presentada por el Ministerio Público, centrada en la interacción entre Vera y Ortiz Álvarez. El recurso de apelación busca revocar la sentencia condenatoria.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda contra Lionel Galleti Parrilla. Fernando López Llanos intervino en el pleito, alegando derechos sobre la propiedad. El caso original enfrentó obstáculos por la falta de inscripción registral, procediendo inicialmente solo como cobro de dinero. Un caso separado presentado por López Llanos fue consolidado con el pleito inicial. Galleti Parrilla cedió la propiedad a López Llanos, y la hipoteca de la AFVPR fue finalmente inscrita. La AFVPR solicitó sentencia sumaria para el cobro y la ejecución, deuda que Galleti Parrilla aceptó. Los peticionarios, Galleti Parrilla y López Llanos, recurren ante el Tribunal de Apelaciones solicitando revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que declaró "Como se pide" la ejecución de sentencia. El Tribunal de Apelaciones consideró la solicitud de auto de Certiorari. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal denegó expedir el auto solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones revisó mediante *Certiorari* una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia sobre custodia y relaciones paternofiliales. Héctor Delgado Zayas apeló la decisión que concedió la custodia de su hija menor a Natalia Vizcarrondo Andino. La Sentencia apelada decretó la custodia a la madre, patria potestad compartida y relaciones paternofiliales para el padre en junio y julio anuales, además de Navidades alternas. El TPI fundamentó su decisión en que el padre autorizó la salida de la menor de Puerto Rico, la madre reside en California, y la niña siempre ha vivido con ella sin riesgo. El apelante alegó errores en la apreciación de la prueba, la aprobación tácita de la relocalización de la menor y la falta de orden de retorno a Puerto Rico. La apelada no compareció ante el foro apelativo. El Tribunal de Apelaciones aplicó la norma de deferencia a las determinaciones de hechos del TPI y su discreción en asuntos de familia. Tras examinar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de José del Carmen Hernández Quijano contra Lcda. Melitza De Jesús De Jesús, et als. El apelante presentó una Apelación Civil utilizando un formulario modelo, haciendo referencia a casos previos y alegando discrimen, además de solicitar litigar como indigente. El tribunal inicia su análisis enfatizando la obligación de todo ciudadano que apela, incluso por derecho propio, de perfeccionar su recurso conforme a los preceptos legales y reglamentarios. Se destaca la necesidad de observar rigurosamente las disposiciones sobre forma, contenido, presentación y notificación de los escritos. Se cita específicamente la Regla 16 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, que detalla los requisitos para el escrito de apelación civil, incluyendo el índice, el cuerpo con información específica del caso y los errores señalados. También se mencionan los documentos obligatorios que deben incluirse en el apéndice del recurso, como las alegaciones y la sentencia apelada. El tribunal subraya que el alegato y sus documentos acompañantes son los instrumentos esenciales para que pueda evaluar y resolver la controversia planteada.

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Se trata de una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una apelación. El apelante, Orlando Estien Cintrón, solicita la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha sentencia desestimó sumariamente la demanda del apelante contra una corporación y varios notarios. La demanda original reclamaba daños, nulidad de escrituras y restitución por no haber podido inscribir un inmueble a su nombre. El apelante alegó incumplimiento de contrato, dolo y daños, imputando negligencia a los notarios por no hacer advertencias ni corregir deficiencias. Las partes apeladas presentaron mociones solicitando la desestimación sumaria de la demanda. El TPI declaró Ha Lugar las solicitudes de desestimación sumaria de los notarios y la corporación, y rechazó la solicitud de sentencia sumaria del apelante. El TPI estimó probado que el notario en la escritura de compraventa advirtió expresamente al apelante sobre la necesidad de acreditar el estado de cargas con el Registro de la Propiedad. También consignó que la escritura de adquisición del vendedor estaba pendiente de calificación e inscripción. El Tribunal de Apelaciones, al tenor del marco fáctico-jurídico, confirma la Sentencia Parcial del TPI.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Nelsie López Girald. La apelante recurre una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que la encontró culpable de infracción al Artículo 108 del Código Penal de 2012 (agresión menos grave). Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2019 en Aguadilla, involucrando una disputa entre la apelante y una ajustadora de reclamaciones. Según la prueba presentada en el juicio, la apelante agredió físicamente a la querellante tras una discusión sobre una reclamación de seguro. La víctima testificó que la apelante la bloqueó, le habló de forma alterada y la empujó en el área del pecho. Un guardia de seguridad corroboró haber presenciado cuando la apelante empujó a la víctima. La apelante solicitó la revocación de la sentencia condenatoria. Tras considerar los escritos, documentos y transcripción de la prueba, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar el dictamen apelado. La sentencia de culpabilidad por agresión menos grave emitida por el Tribunal de Primera Instancia se mantiene.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un recurso de apelación sobre un caso de daños y perjuicios. El apelante cuestionó la determinación del Tribunal de Primera Instancia que le impuso responsabilidad por la caída del apelado. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones observó que las partes habían estipulado previamente una responsabilidad civil igualitaria, con un 50% de negligencia comparada. Esta estipulación fue un fundamento clave de la sentencia impugnada. El apelante no controvirtió dicha estipulación en su recurso ni aportó la transcripción de la prueba para demostrar un error en los fundamentos fácticos de la sentencia. Al no disputar los elementos básicos del caso ni impugnar las bases fácticas con referencia a la evidencia, la apelación carecía de sustento. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones procedió a confirmar la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante, Walgreens of Puerto Rico, solicita la revocación de una sentencia de desahucio y cobro de dinero dictada en rebeldía por el Tribunal de Primera Instancia. La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) demandó a Walgreens por falta de pago de cánones de arrendamiento de un terreno. Ante la incomparecencia de Walgreens, el TPI dictó sentencia ordenando el desalojo y el pago de la deuda reclamada. Walgreens apeló, alegando que la sentencia en rebeldía se basó en alegaciones de la demandante sin el debido sustento. El Tribunal de Apelaciones revisa el recurso, notando que la ACT no presentó alegato en oposición. La Sentencia explica el procedimiento de desahucio y los efectos de la rebeldía. Se aclara que la rebeldía da por ciertos los hechos correctamente alegados, pero no obliga al tribunal a conceder el remedio solicitado automáticamente. Los tribunales deben evaluar si la causa de acción amerita la concesión del remedio, ya que las alegaciones concluyentes o generalizadas no son suficientes para sustentar una sentencia en rebeldía.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de Certiorari. Los peticionarios, incluyendo a Franceschini Investment Corp., solicitaron la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero instado por Banco Popular de Puerto Rico. El foro primario había declarado "No Ha Lugar" dos mociones de desestimación presentadas por los peticionarios. Dichas mociones alegaban emplazamiento inadecuado a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales y la falta de inclusión del Small Business Administration como parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia determinó que el emplazamiento fue adecuado y que SBA no era parte indispensable. Los peticionarios recurrieron en Certiorari, argumentando errores en estas determinaciones y en la falta de alegaciones contra la Sociedad Legal de Bienes Gananciales. Banco Popular se opuso a la expedición del auto, afirmando el correcto emplazamiento y la existencia de alegaciones específicas. Tras analizar el expediente, el Tribunal de Apelaciones resolvió no expedir el auto solicitado.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Amilkarl Torres Díaz apela una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra MAPFRE Insurance Company. La demanda original alegaba incumplimiento de contrato por parte de MAPFRE en el manejo de una reclamación de seguro de propiedad tras el huracán María. Torres argumentó que MAPFRE no le ofreció una compensación justa por los daños a su hogar y actuó de mala fe. MAPFRE solicitó la desestimación o sentencia sumaria, alegando que Torres había aceptado un pago de \$12,501.51 tras firmar un "Proof of Loss", lo que constituía un finiquito total de la reclamación. MAPFRE también argumentó la falta de una parte indispensable. Torres se opuso, sosteniendo que existían controversias materiales sobre la evaluación de daños y la alegada mala fe de la aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a MAPFRE y desestimó el caso con perjuicio. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones examinó los escritos y el derecho aplicable. Concluyó que procedía revocar la Sentencia apelada.