Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 225)

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende la apelación de Randy Coutín Rodríguez. El apelante solicita la revocación de una Sentencia Parcial y Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia declaró No Ha Lugar la demanda presentada por Coutín Rodríguez. La demanda original, amparada en la Ley General de Corporaciones, impugnaba su destitución como oficial y reclamaba su estatus de accionista en Pirette Uniforms, Inc. y Drapery Creations of Pirette, Inc. La controversia central en primera instancia giró en torno a determinar si el señor Coutín Rodríguez era efectivamente accionista de las corporaciones. Tras una vista evidenciaria, el Tribunal de Primera Instancia resolvió en su contra respecto a sus reclamaciones principales. La presente sentencia del Tribunal de Apelaciones resuelve el recurso presentado por el señor Coutín Rodríguez contra esa determinación.

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Este caso es una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Involucra al Municipio Autónomo de Moca, Aireko Construction, LLC y la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO). La controversia principal gira en torno a la exención del arbitrio de construcción para un proyecto de PRIDCO ejecutado por Aireko en Moca. El Municipio inicialmente eximió a Aireko, pero luego le reclamó el pago del arbitrio. Aireko presentó una demanda de sentencia declaratoria argumentando que la obra estaba exenta o que PRIDCO debía sufragar el costo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la exención contributiva concedida a PRIDCO se extendía a Aireko para este proyecto. El Municipio apeló esta decisión, alegando errores en la aplicación de la ley y la creación de una exención inexistente. El Tribunal de Apelaciones revisó los argumentos y el expediente. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada. Esto valida la determinación de que la exención de PRIDCO aplicaba al contratista Aireko en este caso.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio por ruptura irreparable. Gilberto Sepúlveda Figueroa demandó el divorcio de María de Lourdes Borrés Otero. El Tribunal de Primera Instancia declaró en rebeldía a la Sra. Borrés Otero y dictó sentencia de divorcio tras no contestar la demanda. La Sra. Borrés Otero apeló, cuestionando la validez del emplazamiento y la denegatoria de su solicitud de prórroga para obtener representación legal. Alegó que el emplazamiento no fue personal y proveyó una dirección postal distinta a la del diligenciamiento. El Tribunal de Primera Instancia celebró la vista de divorcio sin la comparecencia de la apelante, basándose en el emplazamiento diligenciado para declarar la rebeldía y adquirir jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente, incluyendo las notificaciones devueltas y las direcciones conflictivas. Por los fundamentos que se exponen, el Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. La apelante Mirta Del Río López recurre de decisiones del Tribunal de Primera Instancia que declararon nula una compraventa de inmueble. Los apelados solicitaron la desestimación del recurso. Argumentan que la apelación carece de requisitos formales esenciales, como índices y señalamientos de error. También señalan que la apelante incluyó documentos no presentados en la instancia inferior. Un punto clave de la solicitud de desestimación es la alegada falta de notificación del recurso a todas las partes dentro del término jurisdiccional de 30 días. La apelante presentó una moción informativa sobre las notificaciones. El tribunal revisa el trasfondo procesal y fáctico. Se discuten los requisitos reglamentarios para la presentación y notificación de apelaciones, destacando su carácter jurisdiccional. El documento sienta las bases para evaluar la validez procesal del recurso y la procedencia de la desestimación solicitada.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari. La peticionaria, Lissette Delgado Ayala, solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de sentencia sumaria presentada por la peticionaria en un pleito civil. El caso subyacente trata sobre una demanda de nulidad de escritura y otros remedios. Los demandantes (recurridos) adquirieron una propiedad y alegaron que una mensura posterior reveló una discrepancia en cabida y una posible invasión por parte de la propiedad colindante de la peticionaria. Los demandantes reclaman la nulidad de las escrituras, rescisión del contrato, y compensación por gastos y daños. La peticionaria fue incluida como parte demandada en el pleito original. El Tribunal de Apelaciones consideró el recurso de Certiorari presentado por la peticionaria. Por los motivos expuestos, el Tribunal denegó expedir el auto solicitado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende las apelaciones de Lilliam Henríquez Velázquez y Johanna Dávila Pagán. Las apelantes solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce que desestimó sus querellas. Ambas reclamaron haber sido despedidas injustificadamente por CBC Office Products, Inc. al amparo de la Ley Núm. 80. Alegaron que los despidos ocurrieron tras el fallecimiento del presidente de la empresa, supuestamente por falta de fondos. Buscaron las indemnizaciones y remedios provistos por la Ley de Despido Injustificado y otras leyes laborales. La empresa apelada argumentó que los despidos fueron necesarios debido a razones económicas, pérdidas sustanciales y un estado de insolvencia. El Tribunal de Apelaciones evalúa si la decisión de instancia al desestimar las reclamaciones fue correcta.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de deslinde. Luis Arana Rodríguez, et als. (apelantes) recurren una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Ciales. La sentencia apelada ordenó precisar la colindancia entre las propiedades de los apelantes y Luis A. Rosado González, et als. (apelados). Dicha colindancia debía ser marcada permanentemente según el Plano de Mensura e Inscripción Sustituto de 1978 del Agrim. Pastor Vázquez Montes. Los apelados iniciaron la acción civil buscando establecer linderos y recuperar terreno presuntamente ocupado. Los apelantes negaron ocupar terreno ajeno o haber movido puntos de colindancia. El Tribunal de Primera Instancia evaluó prueba pericial, testifical y documental, incluyendo el plano de 1978. Las determinaciones de hecho del foro primario apoyaron la validez del plano de 1978 para definir la colindancia. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende una apelación presentada por Gilda Pérez Moreno. La apelación busca revocar una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia que favoreció a Miledys E. Díaz Vázquez. Díaz Vázquez había presentado una querella reclamando indemnizaciones por despido injustificado, horas extras, periodos de alimentos no disfrutados y vacaciones no liquidadas. Alegó haber sido despedida sin justificación de un hogar de envejecientes tras una acusación de maltrato que considera falsa. Pérez Moreno argumentó no tener relación con el negocio o la herencia del dueño fallecido. La Sucesión, por su parte, negó las reclamaciones y justificó el despido por una queja de maltrato. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico relativa a una apelación en un caso de partición de herencia. La apelante, Elizabeth Cuevas Medina, solicitó modificar una sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia en Utuado. La demanda original trataba sobre la partición de la sucesión de Josefa Medina González entre sus herederos. El caudal relicto incluía una propiedad rústica y una cuenta de ahorros, que el tribunal de instancia reconoció como propiedad en común proindiviso de las partes. Cuevas Medina alegó que la sucesión le adeudaba dinero por préstamos a su madre y reclamó créditos por gastos incurridos a favor de la sucesión. También alegó que una codemandada adeudaba renta por el uso del inmueble de la herencia. El tribunal de instancia denegó la reclamación de deuda por préstamos por falta de prueba y concedió parcialmente los créditos por gastos, reconociendo solo $6,875.59. El tribunal de instancia también desestimó la reclamación de renta, al no encontrar evidencia de un acuerdo de arrendamiento o requerimiento. El Tribunal de Apelaciones revisa estas determinaciones específicas emitidas por el tribunal de primera instancia.

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Esta sentencia revisa la apelación de Gil Alberto Carrero Rivera contra las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal de Primera Instancia. El apelante fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo robo agravado, agresión, uso de disfraz y violaciones a la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con un asalto a mano armada ocurrido el 9 de abril de 2016 en un negocio en Aguada. El documento presenta el testimonio del dueño del negocio, quien describió cómo cinco personas armadas entraron a su establecimiento. Relató que los asaltantes lo agredieron a él y a su esposa con armas de fuego y robaron dinero. El testigo detalló la violencia utilizada y el uso de pañuelos para cubrir los rostros de los asaltantes. Mencionó que había cámaras de seguridad funcionando durante el incidente. El apelante fue posteriormente vinculado a los hechos tras una intervención de tránsito. El tribunal de apelaciones considera los autos, la transcripción de la prueba y los alegatos para resolver la apelación.

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Sentencia de un panel de jueces de apelación de Puerto Rico revisando una decisión del Tribunal de Primera Instancia. El caso surge de una acción de desahucio sumario presentada por CONA Investments, Inc. contra MC Wellness Therapies, LLC por incumplimiento de pago de cánones de arrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la demanda y dictó sentencia en rebeldía al no comparecer MC Wellness a la vista señalada. MC Wellness apeló la sentencia, alegando que el tribunal erró al declarar procedente el desahucio y al dictar sentencia en rebeldía. El tribunal de apelación examina el recurso, considerando el procedimiento de desahucio sumario y las reglas sobre la anotación de rebeldía. Se discuten los requisitos de citación y las consecuencias de la incomparecencia del demandado. También se mencionan los términos jurisdiccionales y la fianza requerida para apelar sentencias de desahucio. El tribunal está en posición de resolver la controversia planteada en la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca y cobro de dinero. La apelante, Nancy Matta Ortiz, recurre una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda de Banco Santander Puerto Rico. Dicha sentencia sumaria concedió la solicitud del banco para el cobro de dinero y la ejecución de la hipoteca. La apelante alega que el foro primario erró al no obligar al banco a proveer beneficios para dueños de hogares. El documento describe el historial procesal, incluyendo una mediación infructuosa y la presentación de la moción de sentencia sumaria. Se detalla el estándar legal para dictar sentencia sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Este estándar exige que la parte opositora presente evidencia admisible para controvertir hechos materiales, no bastando meras alegaciones. También se explica el estándar de revisión que aplica el Tribunal de Apelaciones al evaluar una sentencia sumaria. El caso gira en torno a la correcta aplicación de estas reglas procesales en el contexto de la acción hipotecaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el caso KLAN201800947. Los apelantes, Jorge Ortiz Sánchez y su asociación, recurren contra dos Sentencias Parciales del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original alegaba discrimen por ideas políticas contra el Estado Libre Asociado y Raquel Cumba Sánchez. El Sr. Ortiz Sánchez, empleado de la Comisión Industrial, sostuvo que fue despojado de funciones y reubicado tras un cambio de administración gubernamental. Los demandados solicitaron la desestimación del caso, argumentando falta de notificación oportuna al ELA y la inaplicabilidad de la Ley 100 contra la Comisión. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la notificación al ELA fue oportuna, pero que la Ley 100 no era oponible a la Comisión. Los apelantes se opusieron a estas determinaciones. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de las Sentencias Parciales. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó las Sentencias Parciales recurridas.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve un recurso presentado por Rafael Carrasquillo Martínez. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó un pleito sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero, así como la reconvención y demanda contra tercero presentadas por el apelante. El foro primario fundamentó la desestimación de la reconvención y demanda contra tercero en la falta de parte indispensable y la doctrina de cosa juzgada. La reconvención reclamaba derechos sobre un terreno y gastos relacionados con un potrero, mientras que la demanda contra tercero buscaba liquidar la participación en acciones de una corporación. La parte apelada argumentó que el asunto del potrero ya había sido resuelto previamente y constituía cosa juzgada. El demandante original desistió de su demanda inicial contra el apelante durante el proceso. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos de la decisión del foro primario. Tras evaluar el caso, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación contra la desestimación de una demanda de cobro de dinero. La apelante, Maritza Lebrón García, demandó a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) por incumplimiento de un acuerdo de pago. Dicho acuerdo establecía el pago de salarios y beneficios adeudados a la Sra. Lebrón García tras su reinstalación en el CFSE. Las partes pactaron un pago de \$211,457.26 en seis plazos, incluyendo una cláusula que permitía aplazar pagos por falta de fondos. La Sra. Lebrón García presentó la demanda alegando la falta de pago de los últimos plazos más intereses. El CFSE realizó el pago principal adeudado después de presentada la demanda y solicitó la desestimación, argumentando que la cláusula de aplazamiento justificaba la demora. La controversia persistió respecto al pago de intereses y honorarios de abogado. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda con perjuicio. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación presentada por Miguel Ángel Burgos Fragoso y Goyita Fittipaldi Pérez. La apelación impugna una Sentencia sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia a favor de Banco Popular de Puerto Rico. El caso original es un pleito de cobro de dinero y ejecución de hipoteca iniciado por Westernbank, luego continuado por BPPR tras adquirir sus activos. La demanda se basó en el alegado incumplimiento de los apelantes con dos facilidades de crédito. Aunque los apelantes incurrieron en rebeldía inicial, esta fue levantada posteriormente. Tras la presentación de los pagarés hipotecarios endosados y varios trámites procesales, el TPI concedió la sentencia sumaria a favor del banco. Los apelantes recurrieron, presentando defensas y una reconvención que invocaba leyes de mediación compulsoria y ayuda al deudor hipotecario. Las partes participaron en un proceso de mediación sin alcanzar un acuerdo. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el dictamen, confirma la Sentencia sumaria apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró la apelación de Manuel Deliz Concepción contra una sentencia condenatoria por violación a la Ley 22-2000. El apelante alegó que el Tribunal de Primera Instancia erró al declararlo culpable sin prueba suficiente y al admitir un informe forense sin el testimonio del técnico. La controversia principal de la apelación giraba en torno a la apreciación de la prueba oral presentada en el juicio. Sin embargo, el apelante incumplió con los requisitos procesales para perfeccionar su recurso ante el foro apelativo. No informó el método que utilizaría para reproducir la prueba oral ni presentó una transcripción, exposición estipulada o narrativa de la misma. El Reglamento del Tribunal de Apelaciones exige la reproducción de la prueba oral cuando se impugna su apreciación. La jurisprudencia establece que la falta de esta reproducción impide al tribunal revisor cumplir con su función. Al carecer de las herramientas necesarias para evaluar la evidencia, el tribunal no pudo entrar en los méritos de las controversias planteadas. Este incumplimiento procesal impidió la revisión de la sentencia. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia condenatoria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve una apelación presentada por Leaf Petroleum Corp. contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia. La sentencia apelada declaró resuelto un contrato de arrendamiento y ordenó a Leaf Petroleum pagar \$160,000 por cánones adeudados, además de intereses, honorarios y costas. El caso original fue incoado por los apelados, Juan Carlos Simons et als, solicitando el desahucio por incumplimiento en el pago del canon mensual de \$4,000 desde octubre de 2014. Tras la sentencia del TPI, Leaf Petroleum intentó cambiar de representación legal y presentó una moción de reconsideración a través de un nuevo abogado. El TPI denegó la moción asumiendo representación y declaró no ha lugar la reconsideración, señalando que el abogado de récord no había renunciado formalmente. Los apelados se opusieron a la reconsideración por haber sido presentada por una persona ajena al caso según los registros. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de apelación. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción, derivada de los defectos procesales relacionados con la representación legal y la presentación de escritos en la etapa post-sentencia en el TPI.

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Esta Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. La Autoridad de los Puertos solicita la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su Moción de Sentencia Sumaria. El pleito subyacente es una demanda de daños y perjuicios instada por Ivyport Logistical Services, Inc. y sus principales. Ivyport Logistical alega haber sufrido daños a raíz de un alegado desahucio y embargo ilegal ejecutado por la Autoridad de los Puertos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín. La Autoridad de los Puertos solicitó sentencia sumaria, argumentando que la reclamación al amparo del Artículo 1802 del Código Civil no justificaba un remedio y citando la Ley Núm. 230-1974 por la falta de un contrato formal de arrendamiento. El Tribunal de Primera Instancia, sin embargo, denegó la moción de la Autoridad de los Puertos, concluyendo que la acción bajo el Artículo 1802 procedía si se probaba que acciones ilegales de la Autoridad causaron daños. El foro primario dispuso que los procedimientos continuarían encaminados a la celebración de una Vista en su Fondo. La Autoridad de los Puertos presentó entonces esta petición de certiorari impugnando dicha denegatoria. La Resolución está fechada el 20 de diciembre de 2019.

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SENTENCIA Judgment from the Puerto Rico Court of Appeals resolving an appeal by Red Cannagrícola de Puerto Rico against the Department of Health and the Medical Cannabis Regulatory Board. The appeal challenged a lower court ruling that denied a request for preliminary and permanent injunction and ordered the appellant to exhaust administrative remedies. The dispute centers on the renewal of the appellant's medical cannabis cultivation license. Following post-hurricane moratoria, the Board set a deadline for license renewals. The appellant submitted renewal requests after the deadline and initially under a different corporate name. The Board invalidated the license due to the late and incorrectly named submission. The lower court determined the appellant must first pursue administrative remedies. The Court of Appeals reviewed the timeline of events, including the license expiration, regulatory determinations, and the appellant's various submissions, ultimately confirming the lower court's decision.

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Un peatón presentó una demanda por daños y perjuicios contra el conductor y la compañía de un camión de basura tras ser impactado por el vehículo mientras retrocedía. Los demandados negaron negligencia, atribuyendo la culpa al peatón. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda tras el juicio. Insatisfecho con la decisión, el demandante apeló, alegando que el tribunal erró al no responsabilizar al conductor por guiar en reversa y contra el tránsito en una zona urbana. El Tribunal de Apelaciones revisa la sentencia de instancia. Considera los principios de responsabilidad civil extracontractual y negligencia comparada. La corte también evalúa la deferencia a las determinaciones de hechos del tribunal de primera instancia basadas en la prueba testifical. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones expone el historial del caso y el marco legal para su resolución.

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Se trata de una disputa sobre linderos y una acción reivindicatoria entre la señora Cruz y la señora Prieto respecto a una verja. La señora Cruz, dueña registral de la parcela 21-E con 634.75 m.c., alegó que la señora Prieto construyó una verja que invadió su terreno, reduciendo su cabida útil. Solicitó la remoción de la verja mediante una acción reivindicatoria y pidió sentencia sumaria. La señora Prieto se opuso, argumentando que la cabida registral era errónea debido a una segregación previa y que la señora Cruz conocía la cabida real. Alegó que construyó la verja antes de la compra por Cruz y con autorización verbal del Departamento de la Vivienda. Sostuvo que la señora Cruz carecía de legitimación activa y que el Departamento de la Vivienda era parte indispensable. El Tribunal de Primera Instancia declaró ha lugar la solicitud de sentencia sumaria de la señora Cruz y ordenó la remoción de la verja. La señora Prieto solicitó reconsideración, la cual fue denegada.