Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 216)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico evaluó una petición de certiorari presentada por José O. Reyes del Valle. El recurso buscaba revocar una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su solicitud de desestimación de acusaciones criminales bajo la Regla 64(p). Las acusaciones involucran cargos de asesinato en primer grado y otro delito. El Tribunal de Apelaciones revisó la petición, sus anejos y el escrito del Procurador General, que incluyó una grabación de la vista preliminar. Aplicando el principio de no intervención con la discreción del foro primario salvo error manifiesto, el panel concluyó que el peticionario no demostró que el tribunal inferior hubiera cometido un error que justificara su intervención. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari.

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Comparecen ante este panel los señores Jaime Luis Mayol Bianchi y María de los Ángeles Zayas Burgos, apelantes, solicitando la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia concedió la solicitud de sentencia sumaria de Oriental Bank, declarando Ha Lugar la demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra los apelantes. La demanda de Oriental Bank se basó en un pagaré hipotecario suscrito en 2007. El caso fue referido a mediación compulsoria bajo la Ley 184-2012, proceso que enfrentó dificultades. Posteriormente, Oriental Bank presentó una moción de sentencia sumaria. Las partes informaron al tribunal que se encontraban en negociaciones de "loss mitigation". A pesar de esto, y sin que Oriental Bank cumpliera una orden para expresarse sobre el estado de la mitigación, el TPI dictó la sentencia sumaria. Por las razones que se expondrán, este panel revoca el dictamen apelado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso bajo la Ley Contra el Acecho. Se revisa una orden de protección emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI) contra Hugo Regalado Matos y Elsa Melecio Freytes a favor de Jovanie Santiago Collazo. El recurso de apelación fue acogido como certiorari. El TPI emitió la orden de protección por un año tras determinar que la conducta de los peticionarios constituía acecho, según alegó el Sr. Santiago Collazo. Las alegaciones incluyeron amenazas, vandalismo, persecución, hostigamiento y comunicaciones para atemorizar. Los peticionarios impugnaron la orden, argumentando que el TPI la concedió contra ellos basándose en declaraciones falsas, cuando ellos buscaban protección. El documento cita la Ley Núm. 284-1999, definiendo el acecho como un patrón de conducta que causa temor, incluyendo vigilancia, comunicaciones no deseadas, amenazas y hostigamiento repetido. La ley busca proteger a las víctimas de conductas intimidatorias persistentes. El Tribunal de Apelaciones procedió a resolver el recurso sin requerir trámites adicionales, notando que los peticionarios no formularon señalamientos de error específicos.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una reclamación de daños y perjuicios. El recurso proviene de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que desestimó con perjuicio la demanda contra BMW Financial Services. Los apelantes demandaron a BMWFS alegando negligencia por no haber impugnado la confiscación de su vehículo, el cual fue vendido por la Junta de Confiscaciones a pesar de una sentencia previa que ordenaba su devolución. La demanda original por daños fue contra la Junta, y BMWFS fue incluida posteriormente mediante demanda enmendada. BMWFS solicitó la desestimación argumentando que la reclamación estaba prescrita, ya que los hechos alegados ocurrieron en 2015-2016 y la demanda enmendada se presentó en 2018, fuera del término legal. BMWFS también sostuvo que los propios apelantes fueron negligentes al no cumplir con los requisitos legales tras la notificación de confiscación. El Tribunal de Apelaciones evalúa si procedió la desestimación por prescripción.

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Este es un juicio del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que atiende dos recursos consolidados. Los recursos provienen de una demanda por daños y perjuicios presentada por Ivette Avilés Rivera y su familia. La demanda surgió a raíz de un accidente en Barranquitas donde un muro colapsó sobre el pie de la señora Avilés Rivera, causándole lesiones severas que requirieron amputaciones. La acción legal se dirigió contra el Municipio de Barranquitas, la Autoridad de Energía Eléctrica y sus aseguradoras. El Municipio solicitó la desestimación, alegando que el muro no era de su propiedad. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud del Municipio y, tras el proceso, dictó sentencia declarando con lugar la demanda contra este. Tanto el Municipio (junto a su aseguradora Universal Insurance Company) como la parte demandante apelaron la sentencia. El Municipio apeló la determinación de responsabilidad y la cuantía de los daños. La señora Avilés Rivera apeló parcialmente la sentencia en cuanto a los intereses y honorarios de abogado concedidos. El Tribunal de Apelaciones consolidó ambos recursos y está listo para resolver las controversias planteadas.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari. El caso se origina en una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentada por la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFVPR). La AFVPR demandó a Paseos de la Mancha, Inc. y otros por incumplimiento de un préstamo de construcción garantizado con hipoteca. Un Tribunal de Primera Instancia (TPI) dictó sentencia sumaria a favor de la AFVPR, ordenando el pago de la deuda, la nulidad de transacciones posteriores y la ejecución de la hipoteca. Al intentar inscribir la hipoteca para la ejecución, el Registro de la Propiedad requirió un permiso de segregación como condición sine qua non. La AFVPR solicitó revisión administrativa y el TPI emitió una orden para que el Registro entendiera la condición como no puesta para fines de la ejecución. Los peticionarios impugnaron esta orden del TPI mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen recurrido. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari y confirmó la orden del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones revisó una apelación presentada por Danny Romero González contra una determinación de custodia compartida del Tribunal de Primera Instancia. Al examinar el caso, el Tribunal de Apelaciones determinó que el recurso fue presentado tardíamente, lo que le impedía ejercer jurisdicción. La sentencia apelada fue notificada el 9 de julio de 2019, estableciendo el 8 de agosto de 2019 como fecha límite para apelar. El apelante presentó una moción para clarificar la resolución, la cual el Tribunal de Apelaciones no consideró una solicitud de reconsideración sustantiva bajo la Regla 47. Dicha moción no interrumpió el término de 30 días para apelar. Una posterior resolución enmendada tampoco tuvo el efecto de crear nuevos términos apelativos. Dado que la apelación se presentó fuera del término fatal, el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el fondo del recurso.

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Se trata de una revisión administrativa instada por Facsimile Paper Connection (FPC) contra la Administración de Servicios Generales (ASG) sobre la adjudicación de la Solicitud de Propuesta RFP19-067-C. FPC impugnó la adjudicación ante la Junta Revisora de Subastas de la ASG, la cual inicialmente se declaró sin jurisdicción. FPC apeló esa determinación ante el Tribunal de Apelaciones (caso KLRA201900385), que revocó la decisión administrativa y confirmó la jurisdicción de la Junta Revisora. Tras la revocación, la Junta Revisora retomó el caso pero no emitió una decisión dentro del término reglamentario. Entendiendo que su solicitud había sido rechazada, FPC presentó el presente recurso de revisión administrativa (KLRA201900797). Sin embargo, este recurso fue presentado antes de que la Secretaría del Tribunal de Apelaciones notificara el mandato de la sentencia dictada en el caso anterior (KLRA201900385). El Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción para atender el presente recurso por haber sido presentado prematuramente. La jurisdicción del foro administrativo no se restablece hasta que se notifica el mandato de la sentencia apelativa previa.

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El confinado Edgar Meléndez Ortega presentó una moción de mandamus ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó que se ordenara al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) remitir información específica (planilla LSIR y carta de programa) a la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP). La JLBP había pospuesto la evaluación de su caso en marzo de 2019 por 60 días, a la espera de dicha información del DCR, indicando que reconsideraría el caso al recibirla o en julio de 2019. El recurrente alegó que, a diciembre de 2019, la JLBP no había reconsiderado su caso porque el DCR no había suplido los documentos. El tribunal explicó que el mandamus es un recurso extraordinario para exigir deberes ministeriales, sujeto a requisitos procesales como la ausencia de otro remedio adecuado y, generalmente, un requerimiento previo. Sin solicitar la comparecencia del DCR, el tribunal procedió a desestimar el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones emite una Resolución sobre un recurso de certiorari presentado por el Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. (CSILO). El CSILO solicitó la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que autorizó cierto descubrimiento de prueba a favor de Zaida M. Costa Peña. La señora Costa demandó al CSILO por despido injustificado, hostigamiento sexual y represalias. Como parte del proceso, la señora Costa solicitó la entrega de minutas y grabaciones de reuniones de la Junta de Directores y Recursos Humanos del CSILO. El TPI declaró Con Lugar dicha solicitud de descubrimiento. El CSILO argumentó que parte de la prueba solicitada estaba fuera del ámbito del descubrimiento. El Tribunal de Apelaciones consideró los fundamentos presentados por el peticionario. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones DENIEGA la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución sobre un recurso de Certiorari presentado por Alejandro Ovalle Mejías. El peticionario, confinado, acudió al tribunal buscando un nuevo juicio bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, luego de que el Tribunal de Primera Instancia declarara No Ha Lugar una moción con el mismo fin. El Tribunal de Apelaciones decide desestimar el recurso incoado. La desestimación se basa en que el escrito del peticionario incumple con los requisitos reglamentarios para su perfeccionamiento. Adolece de defectos como la falta de índice, una relación fiel de hechos procesales y la identificación o discusión de los errores del foro recurrido. Además, el peticionario no acompañó copia de la moción presentada en Primera Instancia ni de la resolución recurrida. Estos incumplimientos impiden al Tribunal de Apelaciones asumir jurisdicción y ejercer su función revisora.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato contra una aseguradora. El apelante demandó a Mapfre Pan American Insurance Company tras alegar una denegación impropia de cubierta por daños causados por el huracán María. La aseguradora solicitó sentencia sumaria, argumentando que la demanda era prematura. Sostuvo que el apelante no había cumplido con los requisitos de la póliza ni había provisto la información necesaria para tramitar la reclamación antes de acudir a los tribunales. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria. Determinó que el apelante no proveyó la documentación requerida, haciendo que la acción judicial fuera prematura. El apelante recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones examinó los argumentos y el tracto procesal. Concluyó que el foro primario actuó correctamente. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia apelada, validando la desestimación de la demanda por no haberse agotado los trámites extrajudiciales.

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La Resolución del Tribunal de Apelaciones atiende un recurso de certiorari presentado por DJ Universal Contractor Group Corp. La corporación impugna una determinación del Tribunal de Primera Instancia que pospuso la adjudicación de su moción de relevo de sentencia y la ejecución de esta. La sentencia original, dictada en 2014, condenó al Municipio de Lajas a pagar a DJ Universal por trabajos de construcción. El Municipio solicitó el relevo de dicha sentencia, alegando fraude al tribunal y nulidad de los contratos subyacentes. Argumentó que un exfuncionario municipal con interés en DJ Universal ejerció influencia indebida para la obtención de los contratos. El foro primario decidió no resolver la solicitud de relevo ni autorizar la ejecución hasta que se dilucidara un pleito independiente incoado por el Municipio. En ese pleito separado, el Municipio busca la nulidad de los mismos contratos. Se señala que el presidente de DJ Universal se declaró culpable en un caso criminal relacionado con la contratación municipal. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del recurso de certiorari, confirmando la decisión del foro primario de diferir la adjudicación.

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Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Advanced Home Care Services West, Inc. y Vision Infusion Services, Inc. recurren de una decisión del Departamento de Salud. La decisión apelada concedió a Northern Infusion, LLC un Certificado de Necesidad y Conveniencia (CNC) para servicios de infusión en el hogar en la Región Este. El Departamento de Salud expidió el CNC sin celebrar una vista administrativa, basándose en la Orden Administrativa 401. Esta orden permitía la ampliación de servicios a otras regiones sin vista para proveedores con un CNC vigente en una región. Las partes recurrentes se opusieron, argumentando que se trataba de un servicio nuevo en una región distinta que requería demostrar necesidad y conveniencia mediante vista. El Tribunal destaca que la Orden Administrativa 401, fundamento de la decisión del Departamento, fue declarada nula y sin efecto por un panel anterior del mismo Tribunal. Dicha determinación de nulidad advino final y firme, constituyendo ley del caso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones revoca la Resolución del Departamento de Salud y devuelve el caso para que continúe los procedimientos conforme a lo resuelto en los recursos que declararon nula la Orden Administrativa 401.

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Este documento es una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, que consolida y resuelve dos recursos de revisión instados por Caguas Auto Mall, Inc. y FirstBank de Puerto Rico. Las recurrentes impugnan una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) que declaró con lugar una querella presentada por Raúl Torres Fuentes y Tania Noemí Torres Rodríguez. La querella se originó por la compra de un vehículo usado que resultó tener daños y reparaciones previas no divulgadas. El DACo determinó que el vehículo presentaba piezas cambiadas sin chapa de serie y pintura descascarada, confirmando que había sido impactado y reparado. En su Resolución, el DACo decretó la nulidad o resolución del contrato de compraventa y ordenó a Caguas Auto Mall y FirstBank restituir solidariamente a los querellantes todo lo pagado, a cambio de la devolución del vehículo. También ordenó a FirstBank retirar las anotaciones crediticias relacionadas con el contrato. Tras la desestimación de sus mociones de reconsideración por el DACo, Caguas Auto Mall y FirstBank apelaron ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal consolidó ambos recursos de revisión. Mediante esta Sentencia, el Tribunal de Apelaciones confirma la determinación emitida por el DACo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consolidó recursos de revisión de Caguas Auto Mall y FirstBank. Estos impugnaban una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La resolución del DACo declaró con lugar una querella presentada por Raúl Torres Fuentes y Tania Noemí Torres Rodríguez. Los querellantes habían comprado un vehículo usado que, posteriormente, descubrieron que había sido impactado y reparado con piezas sin identificación. Ante esto, el DACo decretó la nulidad o resolución del contrato de compraventa. Ordenó a Caguas Auto Mall y FirstBank, solidariamente, restituir a los querellantes todo lo pagado, a cambio de la devolución del vehículo. También dispuso que FirstBank eliminara las anotaciones crediticias relacionadas. Caguas Auto Mall y FirstBank apelaron la decisión del DACo ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, mediante esta sentencia, confirmó la determinación impugnada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una Sentencia en casos consolidados. Los recursos incluyen apelaciones presentadas por ambas partes y una petición de certiorari. Las partes principales son Juana Negrón Rodríguez y su esposo contra el doctor José M. García García y su aseguradora. El litigio se centra en una reclamación por impericia médica y daños y perjuicios. Se solicitó la revisión de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró con lugar la demanda. También se revisó una Orden post-sentencia del TPI relativa a las costas del proceso. El Tribunal de Apelaciones procedió a adjudicar los recursos tras la consolidación y presentación de escritos. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal determinó confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo del caso. No obstante, modificó el dictamen emitido sobre las costas procesales.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró una Petición de Certiorari presentada por Carreras Trucking Co, Inc. La empresa solicitó la revisión de dos dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado incoado por Alex Lugo Hernández. Los dictámenes recurridos declararon No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y la Moción para Eliminar Declaración Jurada presentadas por Carreras Trucking. El caso original trata sobre la alegación de Lugo Hernández de haber sido objeto de despido constructivo tras ser removido de su puesto de supervisor y ofrecérsele una posición de menor categoría y sueldo. Carreras Trucking niega el despido, afirmando que Lugo Hernández renunció y que incumplió con sus deberes. El señor Lugo Hernández, parte recurrida en apelación, no compareció ante el Tribunal de Apelaciones tras ser requerido para mostrar causa. Habiendo examinado los escritos y dado por perfeccionado el recurso, el Tribunal procedió a adjudicar. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la petición de certiorari interpuesta por Carreras Trucking.

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Finance of America Reverse, LLC apela una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La demanda original buscaba el cobro de dinero y la ejecución de una hipoteca revertida contra Gilberto Pérez Feliciano. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción. Determinó que la parte demandante no acreditó haber obtenido la autorización requerida del Secretario de la Vivienda Federal (HUD) antes de iniciar el proceso de ejecución. La demandante presentó una autorización de Novad Management Consulting, argumentando que es un contratista autorizado por HUD para estos fines. El foro primario rechazó esta evidencia, indicando que no provenía directamente del Secretario de la Vivienda Federal. Tras una moción de reconsideración, el Tribunal de Primera Instancia reafirmó su decisión de desestimación. Sostuvo que no se demostró la notificación adecuada a HUD o su representante sobre la exigibilidad de la deuda hipotecaria. La parte apelante acude al Tribunal de Apelaciones imputando error al desestimar el caso por falta de jurisdicción a pesar de la autorización provista.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre recursos consolidados relacionados a un caso de impericia médica. La acción original fue presentada por Juana Negrón Rodríguez y su esposo contra el doctor José M. García García y su aseguradora. El Tribunal de Primera Instancia había dictado sentencia declarando con lugar la demanda por daños y perjuicios a favor de los demandantes. Tanto los demandados como los demandantes apelaron dicha sentencia, presentando argumentos distintos. Los demandantes también presentaron una petición de certiorari impugnando una orden post-sentencia sobre la aprobación de costas. El Tribunal de Apelaciones consolidó estos recursos para su adjudicación. Tras revisar los expedientes y la prueba, el Tribunal emitió su determinación. Se decidió confirmar la sentencia apelada en cuanto al fondo del caso de impericia médica. No obstante, el Tribunal modificó el dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas recurridas. El documento inicia detallando los antecedentes fácticos del tratamiento médico recibido por la señora Negrón Rodríguez.

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Luis A. Cabán Morales comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. Cabán Morales fue sentenciado en 2017 tras declararse culpable por infracciones a la Ley de Armas. Desde entonces, ha presentado múltiples mociones de reconsideración y solicitudes bajo la Regla 192.1 ante el foro primario. Estas solicitudes han sido consistentemente denegadas por el Tribunal de Primera Instancia. Cabán Morales ha acudido previamente al Tribunal de Apelaciones en varias ocasiones. Recursos anteriores confirmaron las decisiones del foro primario o fueron desestimados. El presente recurso impugna la tercera denegatoria de una moción al amparo de la Regla 192.1. Tras revisar el historial del caso y los planteamientos, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en recursos consolidados de apelación y una petición de certiorari. El caso principal trata sobre una demanda de impericia médica y daños y perjuicios presentada por Juana Negrón Rodríguez y su esposo contra el doctor José M. García García y su aseguradora. Los recursos de apelación impugnan una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que falló a favor de los demandantes. La petición de certiorari cuestiona una orden post-sentencia relativa a las costas del litigio. El Tribunal de Apelaciones revisó la prueba y los argumentos de las partes en los tres recursos. Tras su análisis, el Tribunal determinó confirmar la sentencia apelada que encontró responsabilidad por daños. Sin embargo, decidió modificar el dictamen del Tribunal de Primera Instancia sobre las costas procesales. El documento procede a exponer los fundamentos de esta decisión, comenzando con el trasfondo fáctico del caso médico.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de revisión instado por Dorado Shopping Center Development Corp. contra una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La recurrente impugnó la determinación favorable de la OGPe a una consulta de ubicación presentada por Comunidad de Bienes José F. Hernández. La consulta proponía la segregación de una finca en Dorado con clasificación mixta de suelos, incluyendo Suelo Rústico Especialmente Protegido y Ruta Escénica. Se informó la intención de desarrollar un restaurante de comida rápida en uno de los lotes segregados. Dorado Shopping Center alegó que la aprobación se basó en una certificación ambiental nula, que el uso propuesto era incompatible con la clasificación del terreno y que hubo errores procesales. La OGPe, en revisión administrativa, confirmó su determinación inicial. El Tribunal de Apelaciones, tras revisar el caso, decidió revocar la resolución administrativa recurrida.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de apelación sobre alimentos. El apelante, José M. Serrano Bonano, impugnó la decisión del Tribunal de Primera Instancia que fijó una pensión alimentaria permanente de \$1,302.42 mensuales para su hija menor. La sentencia apelada también ordenó el pago de \$13,855.89 por deuda retroactiva y \$900 por honorarios de abogado. El apelante alegó errores en la imputación de ingresos y en el tratamiento de una escritura de capitulaciones matrimoniales posterior a la solicitud de aumento. El Tribunal de Primera Instancia había imputado ingresos basándose en las Guías Mandatarias y la falta de prueba sobre la distribución de bienes tras las capitulaciones. Tras revisar el expediente y los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada.

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Cheiro I. Vargas Justiniano, acusado de escalamiento agravado, comparece ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari. Solicita la revisión de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su petición de relevo de abogado de oficio. Vargas Justiniano expresó insatisfacción con su representación legal, alegando irresponsabilidad, representación pobre y desconfianza. Manifestó ser inocente de los cargos y deseaba un nuevo abogado para demostrarlo. El TPI declaró No Ha Lugar su moción y ordenó continuar con el abogado asignado. Inconforme, el peticionario acude al Tribunal de Apelaciones reiterando su solicitud de cambio de abogado. El Tribunal de Apelaciones procede a considerar el recurso sin requerir trámites adicionales, evaluando la decisión del TPI sobre la solicitud de relevo de representación legal en un caso criminal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una controversia de custodia y relaciones paterno-filiales. El caso surge de una solicitud de la madre en el Tribunal de Primera Instancia (TPI) para modificar una orden de custodia previamente emitida por un tribunal de Virginia. La orden de Virginia de 2016 concedió custodia física primaria a la madre, permitiéndole mudarse a Puerto Rico, y estableció un régimen de visitas para el padre en Virginia. La madre solicitó la modificación en Puerto Rico alegando amenazas del padre y pidió una orden para evitar que el menor saliera de la isla. El TPI emitió una orden provisional prohibiendo la salida del menor de Puerto Rico sin autorización judicial. El padre recurrió esta orden, argumentando que el TPI carecía de jurisdicción, ya que el tribunal de Virginia mantenía jurisdicción continua y exclusiva. Alegó que la orden del TPI violaba la orden de Virginia y el principio de entera fe y crédito. El Tribunal de Apelaciones concluyó que el TPI erró al emitir la orden restrictiva. Determinó que no se había acreditado una situación de emergencia que justificara el ejercicio de jurisdicción por el TPI sobre asuntos bajo la jurisdicción continua de los tribunales de Virginia.

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Este caso se origina con la solicitud de revisión administrativa presentada por el confinado Geovanny Ortiz Pérez contra una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR). La determinación recurrida ratificó el nivel de custodia a mediana del confinado. Inconforme, el recurrente apeló la decisión ante la Oficina de Clasificación de Confinados de Nivel Central, la cual denegó su apelación. Posteriormente, el confinado acudió ante el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión. El DCR compareció solicitando la desestimación del recurso por considerarlo prematuro. El Tribunal examinó los escritos presentados por las partes. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones resolvió desestimar el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso. La falta de jurisdicción se debió al incumplimiento de los términos jurisdiccionales establecidos por la ley para la presentación de recursos de revisión judicial contra órdenes o resoluciones finales de agencias administrativas.

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La Sentencia revisa la decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre la Ordenanza Municipal 16-OT del Municipio de San Lorenzo. Dicha Ordenanza impuso un arbitrio de embellecimiento, ornato y reciclaje a negocios con fines de lucro. MMR Supermarket impugnó el arbitrio, alegando que constituía una doble tributación ilegal al aumentar la tasa sobre el volumen de negocio. El Municipio argumentó falta de jurisdicción del TPI por presentación tardía de la demanda. Tras varios procedimientos, incluyendo una vista evidenciaria, el TPI determinó que el arbitrio excedía el máximo legal permitido sobre el volumen de negocio y declaró la Ordenanza nula ab initio. El Municipio apeló, cuestionando la jurisdicción del TPI y su conclusión sobre la naturaleza ilegal del arbitrio. Este Tribunal confirma la Sentencia del TPI.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en una apelación presentada por Iván Rodríguez Rentas. El apelante recurre la desestimación de una demanda de daños y perjuicios por parte del Tribunal de Primera Instancia. En su demanda, Rodríguez Rentas alegó que los apelados fabricaron casos criminales en su contra y testificaron falsamente, lo que resultó en su convicción y le causó daños psicológicos. Solicitó una compensación de sesenta mil dólares. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda al concluir que la acción estaba prescrita, ya que fue presentada más de dos años después de la sentencia en el caso criminal. Los apelados también habían argumentado cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora la corrección de la desestimación por prescripción. El tribunal ha verificado el cumplimiento procesal del apelante y procede a considerar el recurso.

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El Hospital General Menonita, Inc. solicitó al Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha resolución del TPI denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el Hospital. La reclamación original es una demanda por daños y perjuicios presentada por la familia Rodríguez Ramos, quienes alegan que la negligencia del personal de enfermería del Hospital, incluyendo la violación de protocolos de transfusión de sangre, causó la muerte de un familiar. El Hospital argumentó en su moción de sentencia sumaria que los demandantes carecían de prueba pericial para sustentar la alegación de violación de protocolos. La familia Rodríguez Ramos se opuso, señalando que su perito original desconocía los protocolos y que se autorizó la contratación de un nuevo perito. El TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria del Hospital. Inconforme, el Hospital presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar el recurso, resolvió denegar la expedición del auto de certiorari.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Resolución y Orden de la Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA). La OMA ordenó a Limber de Mami, Corp. pagar a su exempleada, Arleen Ayala Jorge, la suma de $60,137.32 por reclamaciones laborales. Estas reclamaciones incluían vacaciones, licencia por enfermedad, salarios, horas extras, periodo de alimentos y bono de navidad. La decisión de la OMA se basó en la rebeldía del empleador por no presentar una contestación a la querella en el término de diez días. El empleador había solicitado posponer una vista, pero no presentó la alegación responsiva formal. La empleada solicitó que se dictara resolución en rebeldía conforme a la Regla 5.6 del Reglamento de la OMA. La OMA declaró ha lugar la solicitud y emitió su resolución a favor de la empleada basándose en la prueba en expediente. El empleador recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, el cual enmienda la Resolución y Orden recurrida.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLAN201800422. El apelante, Joesian Correa Calderas, recurre de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Carolina. Dicha sentencia le impuso una pena de 37 años de reclusión tras ser encontrado culpable. La condena se basó en delitos de robo agravado bajo el Artículo 190(B) del Código Penal y violaciones a la Ley de Armas. Los cargos se relacionan con incidentes de robo de vehículos ocurridos en enero de 2015, uno de ellos involucrando armas de fuego y otro un arma blanca. El proceso judicial incluyó la determinación de causa, vista preliminar, acusaciones formales y un extenso juicio tras la renuncia al jurado. El apelante había presentado recursos previos ante este tribunal, los cuales fueron denegados. Tras revisar los fundamentos presentados, el Tribunal de Apelaciones procede a confirmar la sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en respuesta a un Recurso de Revisión Administrativa presentado por Andrew Louis Gasparro y Jaime Torres Rodríguez. Los recurrentes impugnaban una resolución de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Dicha resolución administrativa admitió a la Asociación Vecinal Barrio Puntas como parte interventora en el procedimiento de evaluación de una solicitud de permiso de construcción para un proyecto de apartamentos en Rincón. La Asociación Vecinal se opone a la concesión de dicho permiso. El Tribunal examinó la resolución de la OGPe y determinó que se trataba de una decisión interlocutoria. Esta decisión no adjudicaba de manera final la solicitud de permiso de construcción, sino que solo permitía la intervención de los vecinos en el proceso administrativo. El Tribunal concluyó que, conforme a la Ley de la Judicatura y su propio Reglamento, solo tiene jurisdicción para revisar decisiones finales de las agencias administrativas. Al ser la resolución recurrida de carácter interlocutorio, el Tribunal carecía de jurisdicción para revisarla en esta etapa. Por consiguiente, el Recurso de Revisión Administrativa fue desestimado por falta de jurisdicción.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Rafael Terrero Sánchez. El señor Terrero apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo halló culpable de infracciones al Código Penal y a la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular. Los cargos se relacionaban con la apropiación de un vehículo y cheques, y fraude en la venta de un vehículo. El Tribunal de Primera Instancia le impuso penas concurrentes, las cuales fueron suspendidas, y ordenó restitución. El apelante argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al apreciar la prueba y que el Estado no probó su culpabilidad más allá de duda razonable. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso, incluyendo la prueba presentada en el juicio. Se discutió el marco legal sobre la presunción de inocencia y la carga probatoria del Estado. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel VII, emitida el 18 de febrero de 2020. El caso enfrenta a Puerto Rico Coffee Roaster, LLC como recurrente contra el Departamento de Estado como recurrido. El recurrente sometió una Solicitud de Desistimiento Voluntario ante el Tribunal. Tras examinar la petición, el Tribunal de Apelaciones la declaró con lugar. La decisión se fundamentó en la Regla 83(A) de su Reglamento. Consecuentemente, se ordenó la desestimación del recurso por desistimiento. Finalmente, se dispuso el archivo del caso.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación. Four Lions Corporations y Mercybelle Redondo Rafuls apelaron contra Banco Santander Puerto Rico. Buscaban la nulidad de una sentencia previa en rebeldía sobre cobro de dinero y ejecución hipotecaria. Alegaban que el Banco carecía de legitimación activa en el caso original debido a la titulización del pagaré, sosteniendo que la deuda se había extinguido. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda de nulidad. Fundamentó la desestimación en la doctrina de cosa juzgada, al considerar que la controversia ya había sido resuelta en la sentencia firme anterior. Los apelantes recurrieron, argumentando que su demanda exponía una reclamación válida y que no procedía la desestimación ni la aplicación de cosa juzgada. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Finalmente, confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, validando la desestimación de la demanda de nulidad.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLCE202000049. Las partes son Olga E. Valle Ramírez como peticionaria y Juan A. Lameiro Aguayo como recurrido. El recurso de certiorari proviene de un caso sobre daños y perjuicios del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez. La parte peticionaria presentó una moción solicitando el desistimiento del recurso. El Tribunal examinó la moción y la declaró Con Lugar. Por consiguiente, se tiene por desistido el presente recurso de apelación. La decisión se fundamenta en la Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, se ordena el archivo y cierre del caso.

Resumen:

Herman Ferré Morris, albacea testamentario, comparece ante el Tribunal de Apelaciones solicitando la revocación de una Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha Orden le exigía entregar informes de albaceazgo a Diana Martajeva, viuda del causante. El procedimiento judicial se originó como un caso ex parte para la expedición de cartas testamentarias. Aunque el foro primario denegó la intervención formal de la viuda, posteriormente ordenó al albacea proveerle los informes, reconociéndola como heredera forzosa. El albacea argumentó que el Tribunal de Primera Instancia erró al atender solicitudes de una no parte en un caso no contencioso tras la expedición de las cartas. El Tribunal de Apelaciones evaluó los planteamientos presentados por el peticionario y la oposición de la viuda. Tras considerar la controversia, el Tribunal de Apelaciones ha acordado no expedir el auto de certiorari solicitado.

Resumen:

Esta es una resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso sobre custodia y relaciones filiales entre Eduardo Galán Mercado y Maybelline Deida Soler. Maybelline Deida Soler solicitó la revisión de una resolución emitida por el Tribunal Superior de Arecibo el 20 de diciembre de 2019 y notificada el 23 de diciembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones consideró la presentación como un certiorari, el cual requiere el cumplimiento estricto de un término de 30 días para su presentación a partir de la fecha de notificación. Este término venció el 22 de enero de 2020. La apelante presentó el recurso el 27 de enero de 2020, cinco días después del vencimiento. El tribunal señala que una presentación tardía le priva de jurisdicción y que la apelante no ofreció una justificación válida para la demora. En consecuencia, el Tribunal de Apelaciones debe desestimar el recurso por falta de jurisdicción debido a su presentación extemporánea.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones resuelve una Moción de Auxilio de Jurisdicción y considera un recurso de Certiorari presentado por la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción (ASSMCA). ASSMCA impugna una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que le ordena ubicar a Francisco Suárez Rudecindo en un Hogar de Sintomatología Persistente en 30 días. La orden del TPI también dejó sin efecto una vista evidenciaria previamente señalada. ASSMCA alega que el TPI erró al resolver sumariamente una controversia compleja sin permitirle presentar prueba pericial, privándola del debido proceso. Argumenta que el diagnóstico primario del señor Suárez Rudecindo es Discapacidad Intelectual, condición para la cual ASSMCA no tiene servicios especializados, a diferencia de la Esquizofrenia que alega otra división del Departamento de Salud. Esta discrepancia diagnóstica es el centro de la controversia sobre la ubicación permanente del paciente. La Moción de Auxilio de Jurisdicción fue declarada No Ha Lugar por incumplir con el requisito de notificación simultánea. El tribunal procede a evaluar el recurso de Certiorari.

Resumen:

Se presenta una petición de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones por Juan Romero Hernández contra una resolución del Tribunal de Primera Instancia. El peticionario solicitó la modificación de su sentencia de 153 años, pidiendo la aplicación del concurso de delitos. El foro primario declaró no ha lugar la solicitud. El Tribunal de Apelaciones resuelve desestimar el recurso por falta de jurisdicción. Se explica que la jurisdicción es esencial y debe ser examinada de oficio. Los recursos de apelación y certiorari deben presentarse dentro de un término jurisdiccional de 30 días desde la notificación de la decisión recurrida. La notificación oportuna a todas las partes también es un requisito jurisdiccional. La resolución del Tribunal de Primera Instancia fue notificada el 18 de diciembre de 2019, y la petición de certiorari se presentó el 5 de febrero de 2020. Al presentarse fuera del término de 30 días, el Tribunal carece de jurisdicción para revisar la determinación.

Resumen:

Ángel L. Nieves González solicitó al Tribunal de Apelaciones revisar una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). El TPI había denegado acreditar a su sentencia el tiempo que estuvo bajo la supervisión del Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ). Nieves González argumentó que este tiempo debía descontarse de su pena bajo la Regla 182 de Procedimiento Criminal, al considerarlo una privación de libertad. Sin embargo, el TPI determinó que la supervisión del PSAJ no constituye detención preventiva para fines de dicha regla. Inconforme, el peticionario acudió al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. El Tribunal de Apelaciones expidió el recurso para revisar la interpretación de la Regla 182. Tras la revisión, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación del TPI. Por tanto, el tiempo bajo supervisión del PSAJ no será acreditado a la sentencia del señor Nieves González.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial presentado por Corporación Avícola Morovis, Inc. La empresa recurre una resolución del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). Dicha resolución acogió parcialmente un informe de oficial examinador. Como resultado, se impuso a Corporación Avícola una multa administrativa de \$24,000.00. Además, se le ordenó presentar un plan para excavar áreas de su finca. El propósito de la excavación es verificar la remoción de desperdicios sólidos no peligrosos enterrados. La Junta de Calidad Ambiental (JCA) inició el procedimiento administrativo tras encontrar violaciones en el manejo de una gran mortandad de aves. Inspecciones revelaron que la empresa enterraba aves con jaulas y escombros, incumpliendo reglamentos ambientales. Tras evaluar el recurso y el expediente, el Tribunal de Apelaciones confirma la Resolución recurrida.

Resumen:

Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato. El apelante, Fausto Gómez, impugna una Sentencia Sumaria del Tribunal de Primera Instancia. La demanda original surgió de reclamaciones por daños a su propiedad tras el Huracán María, asegurada por la Cooperativa de Seguros Múltiples. La aseguradora evaluó los daños y emitió cheques por un total de \$37,163.86. Estos cheques fueron endosados y cobrados por el apelante. El reverso de los cheques indicaba que constituían una liquidación total y definitiva de las reclamaciones. El apelante demandó posteriormente a la aseguradora, alegando incumplimiento de contrato. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda sumariamente, aplicando la doctrina de pago en finiquito. El apelante argumenta que existían hechos controvertidos y prácticas desleales por parte de la aseguradora que impedían la desestimación sumaria. El Tribunal de Apelaciones adelanta que confirmará la Sentencia apelada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una petición de certiorari presentada por Garaje Isla Verde. El patrono buscaba revocar una resolución del tribunal de primera instancia que denegó su solicitud de costas y honorarios de abogado. Dicha solicitud se basó en la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, alegando haber presentado una oferta de sentencia más favorable que la finalmente dictada. El caso subyacente involucró reclamaciones de un empleado por despido injustificado y discrimen por raza. El foro primario determinó que hubo justa causa para el despido, pero encontró discrimen racial, concediendo daños y honorarios al empleado. Posteriormente, el patrono solicitó la imposición de costas y honorarios al empleado bajo la Regla 35.1. El tribunal de primera instancia denegó esta moción, fundamentando su decisión en la extemporaneidad, defectos formales y la prohibición legal de imponer honorarios al empleado en estos casos. Inconforme, el patrono recurrió en certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los planteamientos, deniega la expedición del recurso de certiorari solicitado por el patrono.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia sobre el recurso presentado por Juan Meléndez Mulero contra CODEVI en un caso de interdicto posesorio. El Tribunal de Primera Instancia había desestimado la demanda del apelante mediante sentencia notificada el 21 de noviembre de 2019. El apelante presentó su recurso de apelación el 27 de diciembre de 2019. El Tribunal de Apelaciones analizó si tenía jurisdicción para atender el recurso. Se explica que el término para apelar sentencias civiles es de treinta días jurisdiccionales a partir de la notificación. Este término venció el 23 de diciembre de 2019, por lo que la apelación fue presentada tardíamente. Aunque el apelante alegó confusión por un cierre parcial de la Rama Judicial, el Tribunal señaló que sus servicios estuvieron disponibles. Al concluir que el recurso se presentó fuera del término jurisdiccional, el Tribunal determinó que carecía de autoridad para considerarlo. Por tanto, se desestima la apelación por falta de jurisdicción.