Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 119)

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones Edgar Morales Ramírez apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda. El Sr. Morales Ramírez demandó a Mapfre Praico Insurance Company y al Consejo de Titulares del Condominio Cobian's Plaza por daños causados por los huracanes Irma y María. Alegó incumplimiento de contrato y otros reclamos relacionados con la póliza de seguro del condominio, objetando el acuerdo de indemnización aceptado por el Consejo de Titulares. El Consejo de Titulares solicitó la desestimación por falta de jurisdicción, argumentando que el caso correspondía al Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) bajo la Ley de Condominios. Mapfre también solicitó la desestimación, alegando que la demanda no formulaba una reclamación válida en su contra, ya que la póliza era con el Consejo de Titulares. El Tribunal de Primera Instancia acogió las solicitudes de desestimación. El Tribunal de Apelaciones revisó la sentencia apelada. El Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Comparece ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico un recurso de apelación contra una Sentencia Parcial Final del Tribunal de Primera Instancia. La apelante, Damaris de la Torre González, impugna la decisión que declaró con lugar una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca instada originalmente por Doral Bank. La acción legal se basó en el alegado incumplimiento de un préstamo comercial garantizado con hipoteca, suscrito por la apelante y un codeudor. La apelante argumentó que no fue debidamente notificada de la aceleración de la deuda y que el acreedor, posteriormente representado por Abbey Cayman Asset Company, incumplió con sus obligaciones. Entre las defensas presentadas, la apelante alegó violación al deber de buena fe y trato justo, así como el incumplimiento de los términos de un Balloon Rider sobre derechos de refinanciamiento. El codeudor no contestó la demanda y fue declarado en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones procedió a revisar la Sentencia Parcial Final apelada. Tras la revisión, el panel del Tribunal de Apelaciones decidió revocar en parte la sentencia del foro primario.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico considera una apelación presentada por Vilma Gladys Flores Santos. La apelación impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Dicha sentencia adoptó el informe de un Contador Partidor para la división de los bienes ubicados en Puerto Rico de la herencia de Ramón Sánchez Valero. El caso se originó en 2002 con una demanda de las hijas del causante (apeladas) contra su segunda esposa (apelante), quien era la albacea. Las hijas solicitaron la división de la herencia y la remoción de la albacea por falta de rendición de cuentas. El testamento del causante legó partes de la herencia a sus hijas y otras partes, incluyendo bienes gananciales y el tercio de libre disposición, a su segunda esposa. Ante la falta de acuerdo, se nombró un Contador Partidor para liquidar los bienes. El Contador Partidor presentó un cuaderno particional que detallaba los bienes en Puerto Rico y su distribución, excluyendo los bienes en España por controversia. La apelación busca revocar la aprobación judicial de esta partición parcial.

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Se trata de una apelación civil contra una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó una demanda por incumplimiento de contrato de seguro por falta de jurisdicción. La demandante (Apelante) había demandado a la aseguradora (MAPFRE) alegando incumplimiento contractual con dolo y mala fe, fundamentando su acción en el Código Civil de 1930 y reclamando daños a la propiedad y angustias mentales. MAPFRE solicitó la desestimación argumentando que la demanda se basaba en la Ley Núm. 247-2018, la cual consideraba inaplicable retroactivamente o, alternativamente, que la demandante no había cumplido con el requisito de notificación previa de dicha ley, lo que resultaba en falta de jurisdicción. La Apelante replicó que su causa de acción se fundamentaba en el Código Civil general, utilizando las referencias a prácticas desleales solo para sustentar el alegado dolo. El panel de apelación revisó la determinación de falta de jurisdicción. Tras considerar los argumentos, el tribunal de apelación revocó la sentencia recurrida.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y cobro de dinero. El apelante, Roberto Quiñones Couret, recurrió una decisión del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó a pagar \$10,000 más intereses, costas y honorarios de abogado a los apelados. El Tribunal de Apelaciones revisó el historial procesal, incluyendo múltiples solicitudes de reconsideración presentadas por el apelante ante el foro primario. Se planteó la cuestión de si una segunda moción de reconsideración sobre el mismo asunto interrumpe los términos apelativos. Tras evaluar la respuesta del apelante, el Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender la apelación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de reclamaciones laborales bajo la Ley Núm. 2. El pleito original, instado por Carlos Martínez González contra Panadería y Dulcería La Ceiba, Inc., versaba sobre despido injustificado y cobro de salarios. Tras el fallecimiento del querellante, su coheredera compareció para continuar el caso. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la querella al no realizarse la sustitución de parte dentro del término establecido. La apelante argumentó que el foro primario erró al negarse a extender dicho término, el cual no es improrrogable. El Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia desestimatoria del Tribunal de Primera Instancia. Se determinó que el caso debe continuar su trámite. El expediente es devuelto al foro de origen para que prosigan los procedimientos conforme a lo resuelto.

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Comparecen Puerto Rico Land and Fruit, S.E. y Windmar Renewable Energy, Inc. solicitando la revisión de una Sentencia Sumaria. Dicha sentencia, emitida por el Tribunal de Primera Instancia, declaró Ha Lugar una solicitud de Sentencia Sumaria presentada por Aquasur Corporation. El caso se originó con una demanda de Aquasur alegando que un proyecto de infraestructura de los apelantes obstruye una servidumbre de paso que beneficia su propiedad. Aquasur solicitó sentencia declaratoria, injunctions y la remoción de las obras obstructivas, incluyendo un portón. El foro primario denegó inicialmente un injunction preliminar y ordenó incluir a MD Culebra y la AEE como partes indispensables. Posteriormente, Aquasur presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria argumentando la inexistencia de controversias de hechos sustanciales sobre la obstrucción de la servidumbre. Los apelantes se opusieron, alegando que sí existían controversias de hechos sobre la extensión, ubicación y derecho de uso de la servidumbre. El foro primario concedió la Sentencia Sumaria a favor de Aquasur. El panel apelativo revisó el dictamen del foro primario. Por los fundamentos expuestos, el tribunal apelativo decidió modificar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación del Estado contra una orden de Mandamus. El caso involucra a Manuel G. Hernández Ocaña, quien solicitó su inclusión en el Programa de Preretiro Voluntario bajo la derogada Ley Núm. 211-2015. Hernández Ocaña, empleado del Departamento de Justicia, alegó que fue notificado de su elegibilidad y solicitó participar, pero no fue incluido en la lista final aprobada por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar el Mandamus, ordenando al Director de la OGP evaluar una enmienda solicitada por el Departamento de Justicia para incluir al apelado. El Estado apeló, argumentando que la OGP denegó la solicitud de enmienda porque Hernández Ocaña no figuraba en la lista original aprobada. El Tribunal de Apelaciones, tras considerar los fundamentos, confirmó la sentencia apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que concedió un desistimiento sin perjuicio en un caso de daños y perjuicios por alegada mala práctica médica. La demanda original fue presentada en 2015 contra un hospital y demandados ficticios. En 2018, los demandantes enmendaron la demanda para incluir al Dr. Edward Hernández Ramírez, su ginecólogo obstetra. El Dr. Hernández solicitó la desestimación de la acción en su contra por prescripción, argumentando que fue incluido tardíamente. Posteriormente, los demandantes pidieron desistir del caso estatal sin perjuicio, informando que habían presentado una demanda idéntica en el foro federal. Los demandados, incluyendo el Dr. Hernández, se opusieron al desistimiento, señalando la tardanza y el intento de selección de foro. El Tribunal de Primera Instancia declaró Con Lugar la solicitud de desistimiento sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, revoca la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero e incumplimiento de contrato. El pleito surge de un contrato de arrendamiento entre Caparra Center Associates, LLC (arrendador) y The Children's Place (Puerto Rico) (arrendatario). Tras el paso del Huracán María en 2017, el local arrendado sufrió daños, lo que llevó a Children's Place a cesar el pago de la renta. Caparra Center demandó por las rentas adeudadas y el Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a su favor. La sentencia de instancia ordenó a Children's Place pagar $49,890.00 por concepto de cuatro meses de renta. Children's Place apeló dicha determinación. El Tribunal de Apelaciones confirmó la concesión de la sentencia sumaria a favor de Caparra Center y la denegatoria de la moción de Children's Place. Asimismo, ratificó la obligación de Children's Place de pagar la cuantía de $49,890.00 por las rentas adeudadas. No obstante, el Tribunal de Apelaciones modificó la sentencia apelada. Devolvió el caso al Tribunal de Primera Instancia para que determine y fije la cuantía precisa a pagar por concepto de costas, honorarios de abogado e interés legal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La Academia de Desarrollo Integral Cristiano, Inc. y María Ivelys Romero Nieves apelaron la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Dicha sentencia declaró con lugar la moción de sentencia sumaria de First Bank Puerto Rico, dictó sentencia en rebeldía y ordenó la ejecución de la hipoteca. First Bank demandó a los apelantes por incumplimiento de un pagaré de \$246,001.00, suscrito por ADIC y la señora Romero como codeudora, y garantizado con hipoteca sobre una propiedad en Arecibo. El banco alegó que los apelantes dejaron de pagar a partir del 1 de julio de 2018. First Bank reclamó un balance principal de \$194,612.29 más intereses, cargos por demora, adelantos y honorarios de abogado. Solicitó el pago de la deuda o la venta en pública subasta de la propiedad hipotecada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia apelada del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso entre Banco Popular y Arrow Developers/Luis Morales Solano. El recurso, presentado como apelación, es acogido como certiorari para revisar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha Resolución denegó una solicitud de reconsideración sobre la negativa a conceder relevo de sentencia. El caso original se basó en un contrato de préstamo incumplido y un posterior acuerdo de postergación. Como parte de ese acuerdo, los peticionarios consintieron a que se dictara sentencia en su contra en 2018. Posteriormente, los peticionarios solicitaron relevo de esa sentencia por consentimiento, alegando nulidad, nueva evidencia y coacción. El Tribunal de Primera Instancia declaró no ha lugar dicha solicitud y su reconsideración. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la Resolución recurrida. Esto valida la decisión del foro primario de denegar el relevo de sentencia solicitado por los peticionarios.

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Antonio Luis Rivera Guzmán apeló la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda contra Sandra Viscal Rodríguez. La acción original buscaba la cancelación de un pagaré hipotecario y el pago de daños y perjuicios. Rivera Guzmán sostenía que una cláusula resolutoria en la escritura de hipoteca liberaba automáticamente la deuda tras el fallecimiento de los acreedores. Sandra Viscal Rodríguez, exesposa del apelante, se opuso a esta interpretación y presentó una reconvención reclamando el pago de la mitad de la deuda que alegó haber pagado con fondos privativos de su herencia. El Tribunal de Primera Instancia desestimó tanto la demanda principal como la reconvención. Rivera Guzmán recurrió en apelación la desestimación de su demanda. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar los fundamentos presentados, resuelve confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación de MAPFRE Pan American Insurance Company. La apelación se dirige contra una Sentencia Sumaria Parcial del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. El caso original fue instado por Carmen Delgado Delgado contra MAPFRE por incumplimiento de contrato tras los daños causados por el Huracán María a su propiedad asegurada. MAPFRE realizó un ajuste inicial de la reclamación, determinando que correspondía a la Sra. Delgado la suma de \$6,987.21. La demandante solicitó una sentencia sumaria parcial para que se le pagara esta cantidad, la cual MAPFRE admitió como ajuste inicial. El Tribunal de Primera Instancia declaró Ha Lugar la moción y ordenó a MAPFRE pagar los \$6,987.21 como adelanto parcial. MAPFRE presentó una moción de reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar por el TPI. Posteriormente, MAPFRE radicó este recurso de apelación. El Tribunal de Apelaciones revisa el caso para determinar si confirma la Sentencia Sumaria Parcial que ordenó el pago de la suma no disputada.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud de sentencia sumaria. La peticionaria, una aseguradora, fue demandada por incumplimiento de contrato y mala fe tras el paso del huracán María. El demandante alegó que la aseguradora no compensó adecuadamente los daños a su propiedad. La aseguradora envió un cheque por una suma menor, indicando que constituía el pago total y final de la reclamación. Basándose en que el demandante endosó y depositó dicho cheque, la aseguradora solicitó sentencia sumaria invocando la figura del pago en finiquito. El demandante se opuso, argumentando que existían controversias sobre la adecuada estimación de daños y la información provista por la aseguradora. Presentó evidencia de que no recibió informe de inspección y que una llamada telefónica le desincentivó a solicitar reconsideración. El Tribunal de Primera Instancia denegó la sentencia sumaria al considerar que no procedía la aplicación de dicha figura en esta etapa. El Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y confirma la determinación del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia sumaria en rebeldía dictada por el Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero. Oriental Bank demandó a Josué A. Rosado Santiago por incumplimiento de contrato y cobro de un préstamo personal. El demandado fue emplazado personalmente con la demanda. A pesar del emplazamiento, el demandado no compareció ni presentó defensa alguna. El Tribunal de Primera Instancia anotó la rebeldía y dictó sentencia condenando al demandado al pago de la deuda principal, intereses, cargos y honorarios. El demandado solicitó reconsideración alegando que las notificaciones posteriores a la demanda fueron enviadas a una dirección incorrecta. Oriental Bank se opuso, señalando que el demandado había sido emplazado personalmente y había proporcionado múltiples direcciones. El Tribunal de Primera Instancia denegó la reconsideración. El Tribunal de Apelaciones concluye que el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al adquirir jurisdicción mediante emplazamiento personal y dictar sentencia en rebeldía ante la falta de comparecencia del demandado.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de Certiorari en un caso de ejecución de hipoteca. El peticionario Roberto Guerrios Rivera solicita la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó varias mociones postsentencia. Scotiabank de Puerto Rico obtuvo sentencia sumaria en su contra en 2018. El peticionario solicitó relevo de sentencia, alegando falta de notificación, pero la solicitud fue denegada en enero de 2021. Posteriormente, presentó mociones pidiendo la inhibición del juez del caso y reconsideración. Una jueza distinta denegó la solicitud de inhibición inicial en abril de 2021. El peticionario presentó nuevas mociones solicitando la inhibición de ambos jueces y reconsideración. La Orden recurrida del 20 de mayo de 2021 denegó estas últimas mociones. El peticionario alegó error del foro primario al denegar sus mociones y obstruir el proceso de inhibición. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, deniega la expedición del auto de Certiorari solicitado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de apelación presentado por Universal Insurance Company. La aseguradora impugna una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Dicha sentencia denegó parcialmente la solicitud de sentencia sumaria de Universal en un pleito por incumplimiento de contrato. El caso fue instado por Sandy Danilo Robles Beras, quien reclamó daños a su propiedad por el huracán María. Universal argumentó que la reclamación estaba prescrita según la cláusula de la póliza que exige presentar la acción en un año. Robles Beras sostuvo que sus reclamaciones extrajudiciales y otras acciones legales interrumpieron el término prescriptivo. El Tribunal de Primera Instancia determinó que no procedía la desestimación sumaria por prescripción. El Tribunal de Apelaciones revisó la controversia sobre la aplicación del término prescriptivo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado que denegó parcialmente la sentencia sumaria de Universal.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y daños contractuales. La peticionaria, María Josefa Nieves López, demandó a Mapfre Pan American Insurance Company por daños a su propiedad tras el huracán María. La disputa se centra en la negativa del Tribunal de Primera Instancia a conceder sentencia sumaria parcial o embargo. La peticionaria argumentó que Mapfre reconoció una deuda líquida de \$14,626.92 mediante un ajuste pericial. Mapfre sostuvo que esa cantidad era una oferta de pago final y la cuantía total adeudada seguía en controversia. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud, concluyendo que existía una controversia real sobre la cantidad y que el monto no era una deuda líquida exigible. La peticionaria recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de certiorari solicitado. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones revocó la resolución del Tribunal de Primera Instancia.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de Certiorari presentado por Aida Cruz Declet. La parte peticionaria solicitó el desistimiento del recurso. La solicitud se fundamentó en que el caso advino académico. El tribunal de primera instancia, de forma *motu proprio*, reconsideró el dictamen que era objeto del recurso de apelación. Se explica que la doctrina de academicidad priva al foro revisor de jurisdicción cuando la controversia deja de existir. La Regla 83(A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones permite el desistimiento. Examinada la solicitud y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones declaró ha lugar la moción de desistimiento. Por tanto, se ordenó el archivo del presente caso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un caso de divorcio. El recurso, acogido como Certiorari, fue presentado por el señor Carlos G. Colón González. Impugnaba una Orden del Tribunal de Primera Instancia que refirió la revisión de la pensión alimentaria a la Examinadora de Pensiones Alimentarias (EPA). La remisión a la EPA se ordenó porque la pensión provisional vigente, acordada por las partes, no se estableció conforme a las Guías Mandatorias. La señora Verónica del Río Villafañe, parte recurrida, había solicitado esta revisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el expediente y los argumentos de ambas partes. Se confirmó la Orden recurrida del Tribunal de Primera Instancia. Esto valida la decisión de que la pensión alimentaria debe ser revisada por la EPA para ajustarla a las Guías Mandatorias, a pesar de existir un acuerdo provisional previo.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de incumplimiento de contrato y mala fe contra una aseguradora. La apelante, Cecilia Torres Ramos, demandó a Cooperativa de Seguros Múltiples tras el huracán María, alegando que la aseguradora subvaloró los daños a su propiedad y actuó de mala fe al manejar su reclamación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria, aplicando la doctrina de pago en finiquito. La señora Torres Ramos apeló esta decisión, argumentando que los daños excedían sustancialmente las estimaciones y pagos de la aseguradora. Tras revisar el expediente, el Tribunal de Apelaciones determinó revocar la sentencia del foro primario.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico conoció de un recurso presentado por Aneudy Cabán Cabán. El apelante solicitó la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo halló culpable por violación al Artículo 3.1 de la Ley de Violencia Doméstica (Ley Núm. 54). Dicha sentencia, dictada tras un juicio, le impuso una pena de tres años y tres meses. Antes de evaluar los méritos de la apelación, el Tribunal de Apelaciones procedió a examinar su propia jurisdicción. Se reiteró que la jurisdicción es un requisito fundamental y que la falta de la misma impide a un tribunal atender un caso. Conforme a las reglas de procedimiento aplicables, el Tribunal determinó que carecía de jurisdicción para conocer del recurso. Por consiguiente, el Tribunal de Apelaciones desestimó la apelación presentada por el Sr. Cabán.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de apelación presentado por Arcov Corporation. Arcov solicita la revisión de una determinación del Tribunal de Primera Instancia de 26 de marzo de 2021. Dicha determinación, entre otras cosas, dejó sin efecto Órdenes de Ejecución de Sentencia emitidas previamente. El caso original, iniciado en 2009, versó sobre incumplimiento de contrato y cobro de dinero. Las partes alcanzaron un acuerdo transaccional en 2010, resultando en una sentencia por $835,356.36 a favor del demandante original, luego sustituido por Arcov. Arcov solicitó la ejecución de la sentencia por incumplimiento. Órdenes de ejecución anteriores llevaron a la subasta de dos fincas, adjudicadas por $60,000 que se acreditaron a la deuda. El recurso ante el Tribunal de Apelaciones se centra en la decisión del foro primario de anular órdenes de ejecución posteriores. El Tribunal de Apelaciones procede a adjudicar el recurso con base en las comparecencias de las partes.

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Obed Morales Colón, asesor legal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), solicitó la revalorización de su puesto de la Escala 7 a la Escala 8, alegando mayor complejidad y responsabilidad. Tras la negativa de la AAA, apeló ante la Oficina de Apelaciones de la corporación pública. La AAA solicitó la desestimación por falta de legitimación activa, jurisdicción y prescripción. La Oficina de Apelaciones desestimó la apelación. Determinó que el recurrente carecía de legitimación activa al no demostrar daño palpable y tener un salario superior al máximo de la Escala 8. Concluyó que no tenía jurisdicción, pues las controversias bajo la Ley 3-2017 debían ventilarse en otros foros. Además, consideró que la solicitud atentaba contra la política pública de la Ley 3-2017 que prohíbe aumentos salariales. Inconforme, el recurrente acude al Tribunal de Apelaciones, señalando errores en la determinación de falta de legitimación activa y jurisdicción.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión judicial instado por Ciudadanos del Karso, Inc. (CDK) contra la Junta de Planificación (JP). CDK impugnó la validez del Reglamento Conjunto 2020, adoptado por la JP, alegando incumplimiento sustancial con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Específicamente, CDK argumentó fallas en la notificación de la reglamentación propuesta y en la garantía de participación pública adecuada. También planteó objeciones sobre cambios en las calificaciones de terrenos, la falta de mapas y el potencial daño a las zonas del karso. La JP se opuso al recurso, defendiendo su cumplimiento procesal. El Tribunal de Apelaciones determinó desestimar el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en que el caso se ha tornado académico. Esto ocurre porque el tribunal tomó conocimiento judicial de que otros paneles hermanos ya habían declarado nulo el Reglamento Conjunto 2020.

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Se presenta una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico contra una sentencia sumaria. El apelante, Evaristo Maldonado Rodríguez, demandó por daños y perjuicios tras un accidente de tránsito al conductor del otro vehículo y a su aseguradora, Triple S. Reclamaba gastos de reparación, alquiler de auto, honorarios de abogado y costas. Triple S solicitó sentencia sumaria, alegando que la obligación se extinguió por "accord and satisfaction" al aceptar el apelante un pago. El apelante negó la aplicación de esta doctrina y la aceptación del pago. El Tribunal de Primera Instancia determinó que Triple S envió un cheque por \$253.35 y que el apelante lo recibió, endosó y cobró. Concluyó que la obligación se extinguió por "pago por finiquito" y desestimó la demanda. El apelante recurre de esta determinación.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que resuelve una apelación contra una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia. El caso versa sobre bienes hereditarios, fraude y daños y perjuicios. Los apelantes, miembros de la sucesión de Serafín Navedo Meléndez, demandaron a los apelados, herederos de Laura Esther Navedo Rivera. La controversia se origina en un usufructo sobre un terreno otorgado en 1948 y la subsiguiente disposición de la propiedad a lo largo de décadas por diferentes ramas de la familia. Tras una compleja historia sucesoria y procesal, incluyendo la venta del terreno y el repudio de herencia por parte de los apelados, los apelantes presentaron su demanda. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la acción mediante sentencia sumaria. Los apelantes recurrieron esa decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Este foro judicial, tras revisar los antecedentes del caso, resolvió confirmar la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. El pleito original fue incoado por David Arthur Wittig Glassman contra Cangrejos Yacht Club y su aseguradora por daños a su embarcación. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia sumaria por insuficiencia de prueba del demandante. Dicha desestimación fue decretada sin perjuicio. La parte demandada, Cangrejos Yacht Club, apeló la sentencia. Su único planteamiento en apelación fue que la desestimación debió ser con perjuicio en lugar de sin perjuicio. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso y los autos del caso. Tras la evaluación, el Tribunal de Apelaciones modificó la Sentencia Parcial Enmendada. La modificación se realizó a los únicos efectos de disponer que la desestimación de la demanda sea una con perjuicio.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisando un caso de daños y perjuicios. Raquel Inés Miranda Ríos demandó al Municipio de Dorado y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados por lesiones sufridas en una caída. El incidente ocurrió durante las fiestas patronales de Dorado, supuestamente causado por un contador sin tapa y losetas desniveladas en la acera. El Tribunal de Primera Instancia encontró negligentes a ambos demandados, asignando un 50% de responsabilidad a cada uno. Condenó solidariamente al Municipio y la AAA al pago de \$98,000 por daños físicos y \$20,000 por angustias mentales. El Municipio de Dorado apeló la decisión, alegando error al imputarle negligencia y al no aplicar negligencia comparada a la demandante. Tras evaluar el recurso, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la sentencia recurrida.

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Comparece ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de apelación presentado por Juan E. Martínez Fuentes contra una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de Ponce. Dicha sentencia declaró Con Lugar una Demanda Enmendada de interdicto posesorio interpuesta por Isla del Río, Inc. contra el apelante. El litigio se centra en la posesión de una finca rústica ubicada en el Barrio Encarnación de Peñuelas. Isla del Río, Inc. alegó ser dueña y poseedora de la propiedad, sosteniendo que el señor Martínez Fuentes perturbó su posesión. Específicamente, se le imputó ocupar sin consentimiento una franja del inmueble, realizar obras de construcción y cortes de vegetación. El foro primario, tras evaluar la prueba y los argumentos de las partes, concedió el interdicto posesorio a favor de Isla del Río, Inc. El señor Martínez Fuentes apeló esta determinación. Tras revisar el legajo apelativo y las contenciones, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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Una sentencia judicial atiende la apelación de Geovanny Ortiz Pérez contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de Bayamón. El TPI había desestimado la Petición de Mandamus del señor Ortiz, mediante la cual buscaba ajustes en la liquidación de su sentencia por parte del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La desestimación se fundamentó en que la petición no fue juramentada y no se habían agotado los remedios administrativos. El señor Ortiz alega que el TPI erró, argumentando que estos requisitos debieron obviarse dada su condición de indigente, el impacto de la pandemia y la supuesta inutilidad de los remedios administrativos. Solicita al tribunal apelativo que revoque la decisión del TPI y ordene al Departamento realizar los ajustes reclamados. El Departamento de Corrección y Rehabilitación, por su parte, pide que se confirme la sentencia del TPI. El documento también incluye una discusión sobre la naturaleza del Mandamus, explicando que es un mecanismo privilegiado para compeler deberes ministeriales cuando no existe otro remedio legal adecuado.

Resumen:

Se inició un pleito sobre división de comunidad hereditaria en junio de 2016. La demandada, miembro de la sucesión, solicitó la desestimación de la demanda, la cual fue declarada No Ha Lugar en octubre de 2018. Posteriormente, tras contestar la demanda y concluir el descubrimiento de prueba, ambas partes presentaron solicitudes de sentencia sumaria. En mayo de 2021, el foro primario emitió una Resolución declarando No Ha Lugar ambas mociones dispositivas. Inconforme con esta determinación, la sucesión demandada presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones. La sucesión alegó que el tribunal primario erró al denegar su solicitud de sentencia sumaria, argumentando que la reclamación ya había sido objeto de litigación previa y que aplicaba la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de impedimento colateral. La parte demandante se opuso a la expedición del certiorari. El Tribunal de Apelaciones procederá a disponer del recurso presentado por la sucesión.

Resumen:

Un panel de jueces revisó la apelación presentada por la señora Martínez Adorno contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia desestimó su causa de acción contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Departamento de Corrección. La desestimación se basó en el incumplimiento del requisito de notificación previa establecido en la Ley 104, Ley de Reclamación y Pleitos contra el Estado. La apelante argumentó que múltiples comunicaciones al Departamento de Corrección debieron satisfacer dicho requisito. El Estado sostuvo que no se cumplió con la notificación formal requerida por la ley al Secretario de Justicia. El tribunal apelativo evaluó los señalamientos de error presentados. Tras considerar los fundamentos, el panel confirmó el dictamen apelado. La sentencia ratifica la desestimación de la demanda contra el Estado por no haberse cumplido con los requisitos formales de notificación previa según la Ley 104.

Resumen:

Este documento es una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que revisa una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La apelación fue presentada por Damián P. Maldonado, Gabriella Aronson y su sociedad legal de gananciales contra Autonomy Investments Puerto Rico, Inc. y Jorge Eduardo Unanue López. El caso original versó sobre cumplimiento específico y daños por incumplimiento de un contrato de opción de compraventa de bienes inmuebles. Los apelantes alegaron que los apelados incumplieron su obligación de permitir la compraventa de tres propiedades tras ejercer su derecho de opción. Los apelados argumentaron que el contrato carecía de validez y que el pago no se realizó según lo pactado. El Tribunal de Primera Instancia declaró "Ha Lugar" la moción de sentencia sumaria de los apelados y "No Ha Lugar" la oposición y solicitud de sentencia sumaria parcial de los apelantes. Esta sentencia del Tribunal de Apelaciones detalla el trasfondo del caso y la decisión recurrida.

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Un panel de jueces revisó una petición de certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Andalucía y otros contra Triple-S Propiedad, Inc. La petición buscaba la revisión de una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó una moción para eliminar defensas afirmativas. La demanda original es por incumplimiento de contrato de seguros tras el Huracán María, reclamando daños por $3,900,000.00. Triple-S presentó 67 defensas afirmativas en su contestación a la demanda. La parte peticionaria solicitó eliminar varias de estas defensas, argumentando que Triple-S las había renunciado al presentarlas tardíamente. El foro primario rehusó eliminar las defensas solicitadas. Los peticionarios alegaron que el tribunal primario erró al denegar su moción a pesar de la clara renuncia de Triple-S a dichas defensas. Tras considerar los argumentos, el panel de jueces denegó el recurso de certiorari.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de daños y perjuicios. Se apela una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia que concedió sentencia sumaria a la aseguradora Mapfre Praico Insurance Company. La demanda original fue presentada por Liza M. Ríos Morales y otros contra Sports Events, Inc. y Reflex Xtreme Challenge, Inc. por lesiones sufridas por la señora Ríos Morales en un evento deportivo organizado por Reflex. Mapfre fue incluida como aseguradora de Reflex. Mapfre solicitó sentencia sumaria alegando que la póliza excluía lesiones corporales sufridas al participar en un evento deportivo. Reflex se opuso, argumentando que la exclusión no aplicaba porque eran organizadores, no auspiciadores, y la póliza buscaba cubrir la responsabilidad del evento. Reflex también sostuvo que existían controversias de hechos medulares sobre la aplicabilidad de la cláusula y la intención de la póliza. El foro primario determinó que la reclamación no estaba cubierta por la póliza y desestimó la demanda contra Mapfre. El Tribunal de Apelaciones analizó los argumentos de las partes y el derecho aplicable. El Tribunal de Apelaciones concluyó que procede revocar la Sentencia Parcial apelada.

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Firstbank Puerto Rico apela una Resolución y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. La acción legal fue incoada contra Melvin Sanabria del Valle, Janemar Cruz Ferrer y la sociedad legal de bienes gananciales que componen. El tribunal de instancia había dictado previamente una sentencia en rebeldía a favor de Firstbank tras un emplazamiento por edicto. Sin embargo, una jueza posterior determinó que la sociedad legal de gananciales no fue emplazada adecuadamente a través de ambos cónyuges en representación de la sociedad. Por consiguiente, el foro primario concluyó que carecía de jurisdicción sobre la sociedad y dejó sin efecto la sentencia en rebeldía, desestimando el caso. Firstbank recurre ante el Tribunal de Apelaciones, argumentando que el emplazamiento fue válido y que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción para reconsiderar la sentencia previa. El Tribunal de Apelaciones revisa ahora esta determinación.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso KLCE202100826, originado en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. Bold Holdings, LLC solicitó la revisión parcial de una sentencia que denegó su moción de sentencia sumaria. Dicha sentencia primigenia declaró con lugar la reclamación de despido injustificado de Zoreli Barreto Rodríguez contra Bold Holdings, dejando pendiente su causa de acción por represalias. La señora Barreto Rodríguez demandó a su exempleador alegando despido sin justa causa bajo la Ley 80 y represalias bajo la Ley 115. Bold Holdings defendió el despido como justificado por bajo desempeño y negó las alegaciones de represalia. Tras conceder término a la recurrida sin que esta compareciera, el Tribunal de Apelaciones procedió a adjudicar el recurso. El foro apelativo decidió expedir el auto de certiorari y revocar parcialmente el dictamen recurrido.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite Sentencia en el caso KLAN202001045. José Andrés Rodríguez Berdasco apeló la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Dicha Sentencia lo declaró culpable del delito de Restricción de Libertad, tipificado en el Artículo 155 del Código Penal. El foro primario le impuso una multa de \$1,000 y una pena especial de \$100. El Apelante alegó que la prueba fue insuficiente para establecer los elementos del delito. Argumentó que la restricción de libertad imputada no fue sustancial, citando evidencia de video que mostraba una duración de solo cuatro segundos. Consideró que esta breve duración no constituye una violación del Artículo 155. Tras evaluar los señalamientos de error, el Tribunal de Apelaciones determinó que procedía la apelación. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal de Apelaciones REVOCÓ el fallo de la Sentencia recurrida.

Resumen:

Carlos Rivera Román, un miembro de la población correccional, presentó una Moción de Revisión Judicial ante el Tribunal de Apelaciones. Solicitó la intervención del tribunal respecto a alegados problemas de manejo de alimentos, específicamente moho en jamones y un horno oxidado, en la Institución Correccional Aguadilla Guerrero. El recurrente afirmó haber agotado los remedios administrativos ante el Departamento de Corrección y Rehabilitación sin obtener una solución favorable. El Departamento había denegado su queja inicial y una solicitud de reconsideración, indicando que una inspección no encontró deterioro ni moho. Ante esta situación, Rivera Román acudió al foro apelativo pidiendo investigación o asistencia. El Tribunal de Apelaciones analizó la solicitud y los fundamentos legales pertinentes. Determinó que carecía de la jurisdicción necesaria para intervenir en el asunto presentado. Por tanto, el tribunal resolvió desestimar el recurso de revisión judicial.

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Un panel de jueces en San Juan, Puerto Rico, emitió una sentencia sobre la apelación presentada por el Sr. Roberto Hechevarría Pupo. El Sr. Hechevarría solicitó la revocación de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en Arecibo. Dichas sentencias lo declararon culpable por violación a los artículos 142(a), tentativa 142(a), 144(a) y 289 del Código Penal de 2004. Estos cargos corresponden a agresión sexual, tentativa de agresión sexual, actos lascivos contra menores y amenaza a testigos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2010 e involucraron a dos víctimas menores, A.A.M. y W.M.M. El documento detalla la prueba testifical presentada por el Ministerio Público durante el juicio. Se incluye el testimonio de agentes de la policía que investigaron los casos. Un agente relató la declaración de la víctima W.M.M. describiendo las agresiones por parte del apelante, conocido como "Cuba". Tras evaluar los alegatos y la prueba, el tribunal confirmó el dictamen apelado.

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Este recurso de apelación surge de una demanda por daños y perjuicios presentada por Ismael Meléndez Nazario tras ser impactado por una guagua escolar. La demanda original fue incoada contra la conductora, la propietaria y el dueño del vehículo y la compañía de transporte. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda contra el dueño del vehículo por falta de emplazamiento dentro del término. Posteriormente, la conductora solicitó la desestimación total del caso, alegando que el dueño era una parte indispensable. El TPI acogió esta moción y desestimó la demanda completa por falta de parte indispensable. El apelante recurre esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones, el cual revoca la Sentencia apelada.

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Comparece Moisés Cardona Pérez apelando una sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) sobre división de bienes gananciales. La sentencia apelada declaró ha lugar la demanda de Karol L. Colón Avellanet, adjudicándole el inmueble ganancial. Además, el TPI condenó al Apelante a pagar a la Apelada \$9,117.42 por su participación en la liquidación de los bienes. El matrimonio fue disuelto en 2006, y este caso de división de comunidad fue presentado en 2016 tras un pleito anterior que fue archivado. La Apelada alegó incumplimientos del Apelante con órdenes previas sobre entrega de bienes y pago de deudas. El Apelante negó las alegaciones y presentó sus propios argumentos sobre la distribución de activos. Tras evaluar la prueba documental y testifical presentada en el juicio, el TPI emitió su dictamen. El panel de jueces revisó los escritos, la transcripción de la prueba y los documentos del expediente. A la luz del derecho aplicable, el tribunal apelativo confirma el dictamen emitido por el TPI.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en un recurso de revisión judicial. El Municipio de Gurabo apeló una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia parcial concedió parcialmente una moción de sentencia sumaria a favor de Janssen Ortho, LLC y otras entidades. La controversia principal gira en torno a deficiencias en el pago de patentes municipales notificadas a Janssen para varios años fiscales. Los casos fueron consolidados y están relacionados con litigios previos sobre la validez de un decreto municipal y enmiendas sobre tasas contributivas. En los casos anteriores, se determinó la invalidez de tasas reducidas acordadas en una enmienda. La disputa actual se centra en si el Municipio debe respetar ciertos beneficios previamente acordados. Tras revisar los fundamentos, el Tribunal de Apelaciones decidió confirmar la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una sentencia del Tribunal de Primera Instancia en un caso de cobro de dinero y sentencia declaratoria. La controversia principal gira en torno al pago de honorarios notariales a un abogado empleado por un bufete que autorizó escrituras públicas. El apelante, Lcdo. Oscar Rivera Díaz, demandó a su antiguo empleador, Ferraiuoli, LLC, reclamando el pago de honorarios por escrituras que autorizó como notario del bufete. Alegó que el bufete cobró estos honorarios y los compartió indebidamente con socios no notarios, violando la Ley Notarial. Ferraiuoli sostuvo que el Lcdo. Rivera fue compensado adecuadamente mediante su salario y que la práctica no contravenía la ley. El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria a favor de Ferraiuoli, concluyendo que no adeudaba honorarios adicionales al empleado por su labor notarial. Determinó que la fijación de honorarios notariales no se afectaba porque algunos socios del bufete no fueran notarios. Como resultado, desestimó la demanda del Lcdo. Rivera. Tras examinar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso de Francisco Vélez Martínez contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente solicitó revisión judicial alegando la denegación injustificada de bonificaciones por parte del Departamento. El Tribunal procedió a examinar su jurisdicción para atender el recurso presentado. Se recordó que la revisión judicial de decisiones administrativas requiere una orden o resolución final de la agencia y el agotamiento de remedios administrativos. Tras revisar el recurso, el Tribunal determinó que el señor Vélez Martínez no presentó evidencia de una determinación final emitida por el Departamento. En ausencia de una orden o resolución final revisable, el Tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para ejercer su función revisora. Por consiguiente, el recurso fue desestimado por falta de jurisdicción.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de ejecución de hipoteca. La parte peticionaria, Fun Valley Park, Inc. y otros, solicitó la intervención del tribunal para dejar sin efecto una Resolución del Tribunal de Primera Instancia. Dicha resolución denegó una moción de la parte peticionaria que pedía la nulidad de una subasta judicial celebrada en 2015. El caso se originó en 2003 por una demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Tras una sentencia en rebeldía, las partes acordaron una estipulación de pago que permitió la ejecución en caso de incumplimiento. Ante el incumplimiento, se ordenó la ejecución y se celebró la subasta en 2015, donde el acreedor original adquirió la propiedad. La acreencia fue posteriormente adquirida por la parte recurrida. La parte peticionaria impugnó la validez de la subasta años después, siendo denegada su solicitud por el foro primario. El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto solicitado por los peticionarios.

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El Tribunal de Apelaciones resuelve una petición de certiorari presentada por Hospital Pavía Hato Rey, Inc. contra Janet Santiago Zayas. El Hospital solicitó la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de desestimación parcial. Dicha moción buscaba desestimar la causa de acción por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 por falta de jurisdicción. El Hospital argumentó que la Sra. Santiago Zayas era una contratista independiente no cubierta por la ley, o que, de ser empleada, su reclamación estaba sujeta a un convenio colectivo con procedimiento de arbitraje. La Sra. Santiago Zayas había instado una querella alegando despido injustificado, difamación y daños, sosteniendo que fue tratada como empleada a pesar de un contrato de servicios profesionales. El foro primario declaró "No Ha Lugar" la moción del Hospital. Por los fundamentos expuestos en la resolución, el Tribunal de Apelaciones deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por el Hospital.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión instado por Marimar Pérez Riera. La recurrente solicitó la revocación de una resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Dicha resolución desestimó una querella presentada por la señora Pérez Riera contra el Consejo de Titulares y la Junta de Directores del Condominio Marymar. La querella alegaba una violación a la Ley de Condominios. Específicamente, la señora Pérez Riera reclamaba que no se incluyeron sus comentarios en el acta de la asamblea anual celebrada el 6 de noviembre de 2019, a pesar de haberlo solicitado. La Junta de Directores distribuyó el acta sin incluir sus expresiones, salvo la explicación de su voto sobre la elección del presidente. El DACo desestimó la querella original. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del DACo. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la resolución recurrida, manteniendo la desestimación de la querella.