Casos del Tribunal de Apelaciones (Página 114)

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de Laura M. Delgado Sellas contra el Centro de Estudios Multidisciplinarios (CEM). La apelante recurre de una sentencia sumaria del Tribunal de Primera Instancia que desestimó su demanda por despido injustificado, cobro de salarios y daños. Delgado Sellas alegó que su despido fue injustificado bajo la Ley Núm. 80, violó procedimientos internos y constituyó represalia por una reclamación extrajudicial. Reclamaba salarios dejados de devengar, indemnización por despido y daños y perjuicios. CEM sostuvo que el despido fue justificado por la conducta inapropiada de la empleada hacia sus subalternos y represalias contra quienes la reportaron. El foro primario concedió la sentencia sumaria a favor de CEM, concluyendo que hubo justa causa para el despido y no hubo represalias. La apelante argumenta en apelación que el TPI erró al determinar la justa causa, la ausencia de represalias y al adjudicar cuestiones de credibilidad sumariamente. El Tribunal Supremo de Puerto Rico remitió el caso al Tribunal de Apelaciones para resolver en los méritos tras revocar una desestimación previa por falta de jurisdicción. Tras considerar los argumentos, el Tribunal de Apelaciones confirma la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el caso de apelación presentado por Eglis A. Segura Ledesma contra El Pueblo de Puerto Rico. El apelante solicitó la revocación de una sentencia del Tribunal de Primera Instancia que lo encontró culpable de violaciones a la Ley 54 (Violencia Doméstica) y la Ley de Armas. Específicamente, fue hallado culpable de portación y uso de arma blanca y maltrato agravado. Los hechos imputados incluyeron amenazas telefónicas a su esposa y cuñada, y agresión física con un cuchillo a su esposa, causándole heridas en las manos. Se celebró un juicio en el Tribunal de Primera Instancia donde se presentó prueba, incluyendo testimonios. Tras considerar los escritos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones resolvió confirmar la Sentencia apelada.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de certiorari presentado por Héctor Manuel García Villegas. El peticionario impugna una resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que denegó su Moción bajo la Regla 185(a) de Procedimiento Criminal. Dicha moción buscaba corregir una sentencia impuesta por violación a la Ley 54 (violencia doméstica). El peticionario alegaba que su condena de siete años de prisión era ilegal. Argumentaba que la sentencia excedía el límite legal y no aplicaba correctamente la reducción por atenuantes concedida por el propio TPI. El TPI había declarado No Ha Lugar su solicitud de corrección de sentencia. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso. Consideró que el TPI incurrió en error al denegar la moción. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones expide el auto de certiorari y revoca la resolución recurrida.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre una solicitud de revisión. Los peticionarios buscan revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción para levantar una anotación de rebeldía. La rebeldía se anotó en un pleito de cobro de dinero iniciado por Bridge Security Services contra ESJ Towers. ESJ Towers presentó una demanda a terceros contra los peticionarios, alegando intervención torticera. Tras no lograr emplazarlos personalmente, ESJ Towers obtuvo autorización para emplazarlos por edicto. Los peticionarios fueron emplazados por edicto pero no comparecieron, resultando en la anotación de rebeldía. El foro primario denegó la moción de los peticionarios para dejar sin efecto dicha anotación. Los peticionarios recurrieron esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones acoge el recurso como certiorari. Sin embargo, deniega la expedición del auto solicitado, confirmando implícitamente la decisión del foro primario.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico que consolida dos recursos procedentes de un caso de daños y perjuicios. El caso original en el Tribunal de Primera Instancia surge de un accidente de auto que involucró a empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica en horas laborables. Los demandantes, incluyendo trabajadores lesionados y sus familiares, demandaron al conductor y dueño del otro vehículo. La controversia principal gira en torno a si la demanda civil fue presentada prematuramente, pendiente la resolución de los casos ante la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). Un recurso apela la desestimación de la demanda de la familia de un trabajador por considerarse prematura. El otro recurso impugna la continuación del pleito por los otros trabajadores, alegando prematuridad para uno y fraccionamiento del caso. El Tribunal consolidó ambos recursos al versar sobre los mismos hechos y partes.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de cobro de dinero. La apelante, Intex Clothing Co., LLC., solicitó la revocación de una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia condenó a Intex Clothing a pagar a Target Construction Group, LLC. la suma de \$91,501.36 por incumplimiento de contrato. Target había demandado a Intex por falta de pago de obras de remodelación, presentando certificaciones de trabajo. Intex se opuso, alegando que las certificaciones no cumplían los requisitos contractuales, específicamente la firma del arquitecto. Target presentó una Moción de Sentencia Sumaria Parcial. El Tribunal de Primera Instancia, tras reconsiderar una denegatoria inicial, dictó sentencia sumaria parcial. Determinó que no había controversia sobre la primera certificación, la cual estaba firmada por el arquitecto. Intex apeló esta determinación. El Tribunal de Apelaciones revisó los fundamentos del caso. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen apelado.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico consideró un recurso de Certiorari presentado por la Autoridad de los Puertos (APPR). La APPR solicitaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que le ordenaba producir un plan de clasificación de la firma Meléndez, Bravo & Asociados como parte del descubrimiento de prueba. El caso subyacente fue iniciado por empleados de la APPR, quienes alegan discrimen y violación al derecho de igual paga por igual trabajo. Los empleados impugnan su clasificación de puesto y escala salarial, argumentando que reciben menor compensación que otros compañeros. La APPR se opuso a la entrega del plan de Meléndez, Bravo, aduciendo que no fue implementado ni adoptado en el convenio colectivo y carecía de relevancia. Los empleados argumentaron que el estudio fue utilizado como referencia para el convenio colectivo vigente. Tras analizar la controversia, el Tribunal de Apelaciones resolvió denegar la expedición del auto de Certiorari. Esta decisión mantiene la orden del foro primario que obliga a la APPR a entregar el plan de clasificación solicitado para el descubrimiento de prueba.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resolviendo una apelación presentada por Gustavo Ochoa Córdova contra Universal Insurance Co. El apelante buscaba revocar la desestimación de su demanda por daños y perjuicios, instada tras un accidente de tránsito. Ochoa Córdova demandó a Universal como aseguradora del vehículo que lo impactó, conducido por Marilyn Ortiz. Universal negó responsabilidad, alegando que el titular de la póliza había cedido la posesión del vehículo a Ortiz sin notificar a la aseguradora, incumpliendo el contrato. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda, concluyendo que el acuerdo entre el titular y Ortiz implicaba una transferencia de posesión. El apelante recurrió esta decisión. El Tribunal de Apelaciones revisó el caso y, por los fundamentos expuestos, confirmó la Sentencia apelada que desestimó la demanda.

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Este caso ante el Tribunal de Apelaciones surge de una apelación contra una Sentencia Parcial del Tribunal de Primera Instancia. El Consejo de Titulares de Bosque del Rio Condominium demandó a Multinational Insurance Company por daños sufridos tras los huracanes Irma y María en 2017. La demanda incluía reclamaciones por incumplimiento contractual y otras basadas en la Ley 247-2018, que modificó el Código de Seguros. Multinational solicitó la desestimación de las causas de acción bajo la Ley 247-2018. Alegó que la ley no era retroactiva para estos hechos, no permitía acumular reclamos de mala fe con los de incumplimiento contractual, y que no se agotó el proceso administrativo. El Tribunal de Primera Instancia acogió la moción, desestimando las causas de acción basadas en la Ley 247-2018. Resolvió que la ley no tenía carácter retroactivo para estas reclamaciones y que no podían acumularse con la acción de incumplimiento. El Consejo de Titulares apeló, argumentando la retroactividad de la ley. El Tribunal de Apelaciones emite Sentencia y CONFIRMA la Sentencia Parcial apelada.

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El Tribunal de Apelaciones atiende dos recursos consolidados provenientes de un caso de daños y perjuicios en el Tribunal de Primera Instancia. El pleito surge de un accidente de auto que lesionó a obreros de la Autoridad de Energía Eléctrica mientras trabajaban, quienes solicitaron beneficios del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). El primer recurso, presentado por la familia de uno de los obreros, busca revocar una sentencia parcial que desestimó su demanda por considerarla prematura, pendiente la resolución del CFSE. El segundo recurso, incoado por los demandados, impugna una resolución que permitió la continuación de las acciones de los otros dos obreros lesionados. Los demandados argumentaron que la demanda de uno de estos obreros también era prematura y que continuar el caso para el otro fragmentaba el pleito. Ambos recursos fueron consolidados por el Tribunal de Apelaciones al versar sobre los mismos hechos y partes. La sentencia revisa las decisiones del foro primario respecto a la procedencia y continuación de las demandas mientras los casos de los obreros están bajo la consideración del CFSE.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en revisión judicial de una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El recurrente, Frank Latorre Varela, impugna la decisión del DACO que desestimó su querella por alegada venta engañosa de un vehículo contra Cabrera Auto Group LLC y First Leasing & Rental Corporation. El DACO había resuelto que la prueba no demostró incumplimiento alguno. La Sentencia detalla el marco legal y reglamentario que rige la revisión judicial de decisiones de agencias administrativas en Puerto Rico. Se explican los términos jurisdiccionales para presentar el recurso de revisión y el impacto de las solicitudes de reconsideración ante la agencia. El Tribunal autoriza al señor Latorre Varela a litigar en forma pauperis. Además, se decide prescindir de la comparecencia de las partes recurridas para el despacho del caso.

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La sentencia del Tribunal de Apelaciones revisa una decisión administrativa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente, Jesús A. González Juan, fue sancionado disciplinariamente por posesión de un teléfono celular encontrado en su celda durante un registro rutinario. González Juan negó los hechos en la vista disciplinaria, pero fue encontrado incurso en la violación del reglamento. Solicitó reconsideración, alegando violación al debido proceso y errores en la querella y el registro. La Oficial Examinadora denegó la reconsideración, reafirmando que el registro se realizó en presencia del confinado. Inconforme, González Juan apeló ante el Tribunal de Apelaciones. En su apelación, reiteró sus argumentos previos sobre inconsistencias y errores del oficial. Adicionalmente, alegó por primera vez que no estuvo presente durante el registro inicial de su celda. Solicita que se desestime la querella, argumentando que el oficial correccional mintió sobre lo ocurrido. El documento detalla el historial del caso y los fundamentos de la apelación para su revisión judicial.

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El Tribunal de Apelaciones revisa una determinación del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) sobre la clasificación de custodia de un confinado. Luis H. López de León impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento del DCR que ratificó su clasificación en custodia máxima. El Comité basó su determinación en el historial de violencia excesiva y desobediencia del confinado, la naturaleza de los delitos cometidos (asesinato, tentativa de asesinato, Ley de Armas), y múltiples querellas disciplinarias por actos ilegales dentro de la institución que alteraban la seguridad. Se mencionaron incidentes específicos que demostraban su comportamiento inestable y propenso a violar normas, incluyendo un riesgo de evasión o contrabando. El confinado argumentó que, según la escala de reclasificación, debía ser clasificado en custodia mínima. Tras la denegación de su solicitud de reconsideración por el DCR, presentó el recurso de revisión judicial. El Tribunal, aplicando el principio de deferencia a las agencias administrativas, confirma la resolución administrativa recurrida.

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National Safety Equipment Supply, Inc. (NSES), un licitador no agraciado, recurrió ante el Tribunal de Apelaciones tras la desestimación de su revisión administrativa por la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales. NSES había impugnado la adjudicación de la Subasta 20-M-006 de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para la adquisición de botas de seguridad. La Junta Revisora desestimó la solicitud de NSES por entender que incumplió con el requisito jurisdiccional de certificar la notificación a las partes en el escrito de revisión, según el Artículo 65 de la Ley Núm. 73-2019. NSES argumentó en apelación que dicho requisito no era jurisdiccional sino subsanable y que, de hecho, fue subsanado. Alegó que la Junta Revisora interpretó erróneamente la ley aplicable. El Tribunal de Apelaciones revisó el dictamen administrativo. La sentencia aborda si la certificación de notificación en un recurso de revisión administrativa bajo la Ley 73-2019 constituye un requisito jurisdiccional. Por los fundamentos expuestos, el Tribunal revocó la determinación administrativa recurrida.

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Se trata de un recurso de revisión judicial presentado por el Sr. Bienvenido Martínez Cortés. Impugna la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento del Departamento de Corrección y Rehabilitación. El Comité ratificó su clasificación de nivel de custodia mediana. Aunque la escala de clasificación arrojó una puntuación para custodia mínima, se aplicó una modificación discrecional. Esta modificación se basó en la gravedad del delito cometido: asesinato en primer grado de su pareja. También se consideró que es un segundo ofensor en delitos de naturaleza similar. La prolongada sentencia de 101 años, con 82 años restantes hasta el máximo, fue otro factor determinante. El Sr. Martínez solicitó reconsideración, la cual fue denegada. El Tribunal de Apelaciones revisó el recurso. Finalmente, el Tribunal confirmó el dictamen del Comité de Clasificación y Tratamiento.

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Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de revisión administrativa. El Municipio Autónomo de Guaynabo (OPU) apeló una resolución de la División de Revisiones Administrativas de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). La controversia se originó por un permiso de construcción otorgado por la OGPe a ME Investment Group LLC. La OPU solicitó la revisión administrativa de dicho permiso ante la División de Revisiones. La División de Revisiones desestimó la solicitud de la OPU, concluyendo que carecía de jurisdicción para conceder los remedios solicitados. Inconforme, la OPU presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones. ME Investment solicitó la desestimación del recurso ante el Tribunal de Apelaciones, alegando falta de jurisdicción y legitimación activa de la OPU. El Tribunal de Apelaciones evaluó el recurso y las mociones presentadas. Mediante esta sentencia, el Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción del Tribunal para atender el recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite sentencia en el recurso de revisión administrativa presentado por Jonathan Vélez Loarte contra el Departamento de Corrección y Rehabilitación. El recurrente impugnó la determinación del Departamento de ratificar su clasificación de custodia máxima. El Comité de Clasificación y Tratamiento había emitido una resolución al respecto en noviembre de 2020. Tras denegarse su solicitud de reconsideración, el señor Vélez Loarte acudió al Tribunal de Apelaciones. El Procurador General solicitó la desestimación del recurso. Argumentó que la apelación era prematura debido a un defecto en la resolución original del Departamento. Dicha resolución omitió los apercibimientos necesarios sobre el derecho a recurrir directamente al Tribunal de Apelaciones sin necesidad de reconsideración. El Tribunal de Apelaciones acogió el argumento del Procurador General. Por tanto, el Tribunal desestimó el recurso presentado por el señor Vélez Loarte. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción, dada la naturaleza prematura del recurso.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisó la decisión del Comité de Clasificación y Tratamiento que ratificó el nivel de custodia máxima del confinado Joel Santos Hernández. Santos Hernández cumple una sentencia de 315 años por múltiples delitos, incluyendo tres asesinatos en primer grado. Aunque su puntuación en la escala de reclasificación indicaba custodia mínima, el técnico socio penal aplicó modificaciones discrecionales. Estas modificaciones se basaron en su historial de violencia excesiva, evidenciado por la naturaleza de sus crímenes, y su desobediencia a las normas institucionales. Se documentó que, durante su extenso confinamiento, ha incurrido en actos de indisciplina, como la posesión de teléfonos celulares en dos ocasiones. El Comité consideró la gravedad de los delitos, el historial de indisciplina y la larga sentencia restante. Concluyó que el proceso de rehabilitación es gradual y complejo, justificando la clasificación de custodia máxima. El Tribunal de Apelaciones confirmó el dictamen recurrido.

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El Tribunal de Apelaciones resolvió un recurso discrecional de Certiorari presentado por Triple-S Propiedad. Triple-S solicitaba revocar una Minuta/Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). La decisión del TPI ratificaba que el descubrimiento de prueba había concluido el 31 de marzo de 2021 y denegaba la solicitud de Triple-S para deponer a doce personas. El Tribunal de Apelaciones deliberó sobre los méritos del recurso. Concluyó no expedir el auto de certiorari solicitado. Fundamentó su decisión en la extrema deferencia que se le mantiene al magistrado del TPI en el manejo del descubrimiento y del caso. Señaló que el TPI había fijado una fecha límite para el descubrimiento y que el Peticionario no justificó la dilación. El Tribunal de Apelaciones no encontró indicio de que el foro recurrido actuara de forma arbitraria, caprichosa, abusara de su discreción o cometiera error de derecho. Por tanto, declaró No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y denegó la expedición del auto de certiorari, devolviendo el asunto al foro de origen.

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Resolución del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico sobre un recurso de certiorari presentado por Oracle Elevators Company, Corp. Oracle impugnó una orden del Tribunal de Primera Instancia que limitó su descubrimiento de prueba en un litigio por despido constructivo incoado por Hilda Enid Molina Maldonado. La Sra. Molina demandó originalmente a Vessco y luego añadió a Oracle alegando que era el patrono sucesor. Tras una apelación previa que determinó que la figura del patrono sucesor requería descubrimiento, Oracle intentó ampliar el alcance de su descubrimiento. La Sra. Molina se opuso, argumentando que el periodo de descubrimiento general había finalizado años atrás. El TPI emitió la orden recurrida, restringiendo el descubrimiento de Oracle específicamente al tema del patrono sucesor. Oracle solicitó el certiorari para revertir esta limitación, buscando descubrir prueba sobre la causa de acción de despido. El Tribunal de Apelaciones evaluó los argumentos y documentos presentados por ambas partes. Finalmente, el Tribunal resolvió denegar la expedición del auto de certiorari solicitado por Oracle.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Resolución en el caso de El Pueblo de Puerto Rico contra Edwin Rivera Maya. El peticionario, confinado y compareciendo por derecho propio, presentó un recurso de Certiorari para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Dicha decisión había declarado No Ha Lugar a una moción del peticionario bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Apelaciones desestima el recurso de Certiorari. La desestimación se fundamenta en el craso incumplimiento del peticionario con los requisitos del Reglamento del Tribunal de Apelaciones para perfeccionar el recurso. Se señala que el recurso carece de fundamentos jurídicos, propósito, relación de hechos, señalamiento de errores, discusión legal y súplica, según exige la Regla 34(C)(1). El Tribunal reitera que la observancia rigurosa de los reglamentos es indispensable para adquirir jurisdicción, aplicando esta exigencia también a quienes litigan por derecho propio.

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El Dr. Samuel David Silva-Ramírez presentó una Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de partición de herencia. La orden recurrida tuvo por no presentada una moción de desestimación del peticionario, quien se encontraba en rebeldía. El Tribunal de Apelaciones emitió una resolución interlocutoria requiriendo al peticionario cumplir con reglas procesales, incluyendo la notificación a la parte recurrida y la presentación de un apéndice con documentos esenciales. Se le concedió un término de cinco días para subsanar las fallas y mostrar causa por la cual no debía desestimarse la petición. El peticionario no compareció para subsanar ni mostrar causa dentro del término. En cambio, presentó otra moción solicitando que la parte demandante le remitiera copias de documentos. El Tribunal de Apelaciones enfatiza su deber de examinar la jurisdicción prioritariamente. Al no cumplir el peticionario con los requerimientos procesales, el tribunal carece de jurisdicción para considerar el recurso. Por tanto, se desestima la petición por falta de jurisdicción.

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Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora Jean Siracusa mediante recurso de certiorari para solicitar la revocación de una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Dicha sentencia declaró nulo un laudo arbitral al considerar que fue emitido por el Árbitro fuera del término de treinta días de cerrada la vista. La controversia se origina de una disputa laboral entre la señora Siracusa y Luxury Hotels International, regida por un acuerdo de arbitraje. La peticionaria presentó reclamaciones por despido injustificado, discrimen y represalias, entre otras. El proceso arbitral incluyó vistas y la presentación de múltiples documentos por las partes. La American Arbitration Association gestionó el procedimiento y comunicó fechas relevantes para la sumisión de escritos y la emisión del laudo. Tras evaluar el expediente, el Tribunal de Apelaciones decide expedir el auto de certiorari solicitado. El Tribunal de Apelaciones resuelve revocar el dictamen recurrido del Tribunal de Primera Instancia.

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Esta Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico atiende una Petición de Certiorari presentada por el Lcdo. Jean Marcel Menay Vega. El peticionario, quien es tercero demandado en el caso original, solicita la revocación de una Resolución del Tribunal de Primera Instancia (TPI). Dicha Resolución declaró No Ha Lugar las Solicitudes de Sentencias Sumarias radicadas por las partes. El Lcdo. Menay Vega busca específicamente que se desestime la Demanda contra Tercero presentada en su contra por los demandados originales. El caso principal ante el TPI es una Acción Confesoria o Declaratoria de Servidumbre de paso. Los demandantes originales reclaman una servidumbre sobre la propiedad de los demandados originales. Los demandados alegan que la constitución de la servidumbre fue ilegal y nula. La demanda contra tercero contra el peticionario parece estar relacionada con su rol en la constitución de la servidumbre. El Tribunal de Apelaciones revisa la decisión del TPI de no desestimar la reclamación contra el peticionario mediante sentencia sumaria.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa mediante certiorari una resolución del Tribunal de Primera Instancia de Caguas. El Municipio Autónomo de Caguas y Óptima Seguros impugnan la decisión del TPI que permitió a José E. Vallejo González enmendar su demanda por caída. La demanda original, presentada en noviembre de 2020, alegaba un accidente en un estacionamiento en agosto de 2019, involucrando a Lucía Villarin Ortiz. Tras una moción de desestimación por prescripción y falta de notificación, el demandante solicitó enmendar la demanda. La enmienda cambió significativamente los hechos, indicando que el accidente ocurrió en diciembre de 2019 en una acera municipal debido a un tronco cortado, y que el perjudicado era una persona distinta. El TPI autorizó la enmienda y denegó la reconsideración solicitada por el Municipio. Los peticionarios argumentan que el TPI erró al permitir la enmienda, ya que los hechos son completamente distintos y no deberían retrotraerse a la fecha de la demanda original.

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El Tribunal de Apelaciones consideró una Petición de Certiorari presentada por el Consejo de Titulares del Condominio El Legado contra Triple-S Propiedad, Inc. La petición buscaba revocar una Resolución del Tribunal de Primera Instancia que denegó una solicitud para compeler descubrimiento de prueba y concedió una orden protectora a Triple-S. El caso subyacente trata sobre un reclamo de seguro por daños causados por el huracán María, alegando incumplimiento contractual y mala fe por parte de Triple-S. Durante la etapa de descubrimiento, el Consejo solicitó amplia información y documentos, a lo que Triple-S objetó por ser irrelevante, onerosa, confidencial o no estar en su posesión. El Tribunal de Primera Instancia validó las objeciones de Triple-S y emitió la orden protectora. El Consejo apeló esta decisión mediante Certiorari. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos expuestos, denegó la expedición del auto solicitado. Esto significa que el Tribunal de Apelaciones confirmó la decisión del foro primario respecto al descubrimiento de prueba.

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El trasfondo procesal relevante surge de una demanda de liquidación de bienes gananciales presentada en 2012. En 2020, la Sra. Visual Rodríguez solicitó acceso a documentos y pertenencias personales ubicados en una propiedad ganancial. El tribunal ordenó que examinara los documentos en el despacho del abogado de la otra parte y visitara la casa para recoger sus artículos. El Sr. Rivera Guzmán alegó que la Sra. Rodríguez no acudió a la residencia y que había abandonado sus pertenencias, las cuales reclamó como suyas. La Sra. Rodríguez explicó las razones por las que no fue a la casa y solicitó la descalificación del abogado por retener propiedad privada. El tribunal rechazó la teoría del abandono de bienes y ordenó al peticionario abstenerse de plantearla. A pesar de la orden, el Sr. Rivera Guzmán reiteró la teoría al oponerse a la solicitud de descalificación. El proceso continuó con numerosas mociones hasta una orden emitida por el tribunal en febrero de 2021.

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Se trata de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. El recurso fue presentado por Angelie Martín Rivera y su sociedad legal de gananciales. Buscan la revisión de una Sentencia previa del Tribunal de Primera Instancia. El caso original fue incoado por la Cooperativa de Servicios Legales (COSEL). Las reclamaciones principales son de cobro de dinero y daños y perjuicios. La controversia surge de la alegada actuación de dos socios, Jaime Rosa Malavé y Angelie Martín Rivera, en contra de los intereses de COSEL. Se negoció la liquidación de sus participaciones por sumas específicas. COSEL alega que estas liquidaciones se basaron en información incorrecta sobre el balance bancario de la cooperativa. El Tribunal de Apelaciones ha perfeccionado el recurso y procederá a evaluar el asunto.

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Jorge y Efraín Lebrón Reyes apelaron una multa adicional de \$500 por cargo impuesta por el Tribunal de Primera Instancia de Humacao en una sentencia enmendada. Los apelantes se habían declarado culpables mediante preacuerdo de delitos reclasificados como menos graves bajo la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales (Ley 154). El tribunal primario impuso inicialmente multas, pero luego enmendó la sentencia para añadir la multa adicional de \$500, considerándola obligatoria bajo la Ley 154. Los apelantes impugnaron esta multa adicional en el foro primario, argumentando que no aplicaba a su caso al no conllevar sentencia suspendida. Tras ser declarada No Ha Lugar su moción, interpusieron apelación ante este tribunal intermedio. El Pueblo de Puerto Rico solicitó la desestimación del recurso, alegando que fue perfeccionado fuera del término legal. Este tribunal concedió término a los apelantes para mostrar causa por la cual no debía desestimarse el recurso por extemporaneidad, pero estos no comparecieron. El tribunal procede ahora al análisis de la solicitud de desestimación planteada por el Pueblo.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una resolución administrativa de la Oficina de Servicios y Fiscalización Turística de la Compañía de Turismo. La recurrente, Gabriela Meléndez Martínez, apela la determinación que encontró conducta impropia de su parte hacia una funcionaria de la Compañía. La controversia se originó por un correo electrónico enviado por la Sra. Meléndez Martínez expresando insatisfacción con el manejo de una querella previa sobre un guía no autorizado. La Compañía de Turismo inició un procedimiento administrativo contra ella, alegando violaciones al Reglamento de Guías Turísticos y buscando imponer una multa. Se celebró una vista administrativa sobre los hechos. La resolución apelada presumiblemente concluyó que la conducta constituía una violación administrativa. El Tribunal autorizó a la recurrente a litigar *In Forma Pauperis* y procedió a revisar la resolución administrativa.

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El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una sentencia en el caso KLRA202100469. Puerto Rico Asphalt, LLC impugnó la adjudicación de la subasta JL-001-2021 por la Junta de Subastas del Municipio de Salinas. La recurrente fue descalificada de la subasta de reconstrucción de calles por supuestamente omitir el tiempo estimado de construcción en su propuesta. La Junta consideró esta omisión un elemento esencial para la evaluación. La subasta fue adjudicada a Super Asphalt Pavement Corp. Puerto Rico Asphalt presentó un recurso de revisión judicial alegando error en su descalificación y en la notificación de la adjudicación. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestimó el recurso. La desestimación se fundamentó en la falta de jurisdicción. El Tribunal determinó que el recurso de revisión judicial fue presentado de manera prematura.

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El recurso de certiorari fue presentado por Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Fannie Mae solicitó la revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón. Dicha Resolución declaró No ha lugar una moción de reconsideración en la que Fannie Mae solicitó la confirmación de una venta judicial. La venta judicial se celebró en el marco de un caso de cobro de dinero y ejecución de hipoteca. Este caso fue iniciado por Banco Popular, como administrador de Fannie Mae, contra la Sucesión de Elsa Awilda Cintrón Ortiz. La Sucesión fue declarada en rebeldía tras no presentar alegación responsiva a la demanda. El foro primario dictó sentencia en rebeldía y ordenó la venta de la propiedad hipotecada. A pesar de la venta, el tribunal de instancia denegó la confirmación y la reconsideración de dicha denegatoria. Ante esta situación, Fannie Mae acudió al Tribunal de Apelaciones en certiorari. El Tribunal de Apelaciones, tras evaluar el recurso, DENEGÓ expedir el certiorari solicitado por Fannie Mae.

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La controversia central de este caso ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico es la procedencia de resolver un contrato de compraventa de un vehículo de motor usado. El recurrente, Jaime D. Luna López, adquirió un Porsche Carrera S2014 de Bremen Auto Group. Poco después de la compra, el vehículo presentó desperfectos, incluyendo el encendido de la luz de verificación del motor. El señor Luna reportó los problemas y el vehículo fue reparado inicialmente por el vendedor. Sin embargo, los fallos reaparecieron a las pocas semanas. El comprador también buscó el historial de servicios y el CARFAX, los cuales no estaban completamente disponibles al momento de la venta. La disputa se centra en si estos defectos posteriores a la compra justificaban la anulación del contrato. El caso se originó como una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor. Tras examinar los argumentos y el derecho aplicable, el Tribunal de Apelaciones confirmó la determinación recurrida. Esto significa que la decisión previa sobre la resolución del contrato fue ratificada.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una resolución sobre un recurso de certiorari presentado por Alexis Vélez Milet. El peticionario busca la revisión de una sentencia de 2016 del Tribunal de Primera Instancia que lo condenó por tentativa de robo agravado, infracción a la Ley de Armas y violaciones a la Ley de Sustancias Controladas. Dicha sentencia fue previamente confirmada por este Tribunal en apelación en 2018. En 2021, Vélez Milet presentó una moción ante el Tribunal de Primera Instancia bajo la Regla 192.1, solicitando la reconsideración de la pena impuesta. Tras resoluciones del foro primario, el peticionario acude nuevamente al Tribunal de Apelaciones mediante certiorari. En su petición, reitera argumentos similares a los presentados en su moción previa y en la apelación original. Examinado el recurso, el Tribunal de Apelaciones resuelve denegar la expedición del auto de certiorari.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones desestima un recurso de certiorari presentado por el licenciado Gabriel Olivieri Miranda. El licenciado Olivieri impugnaba su designación como abogado de oficio del señor Luis F. González Vigo en un procedimiento penal postsentencia. El abogado había representado previamente al señor González de forma privada durante el juicio. Tras una moción postsentencia presentada por el confinado, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) inicialmente relevó al licenciado Olivieri, pero luego revocó dicho relevo. El TPI lo designó como abogado de oficio, fundamentando su decisión en la regla que desalienta el fraccionamiento de la representación legal. El licenciado Olivieri solicitó reconsideración, la cual fue denegada por el TPI. El Tribunal de Apelaciones determina que carece de jurisdicción para intervenir en este asunto.

Resumen:

Packaging Solutions, Inc. solicitó un auto de certiorari para revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia en un caso de despido injustificado bajo la Ley Núm. 80. El caso se inició originalmente bajo el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2. La Orden impugnada, emitida el 9 de julio de 2021, convirtió el procedimiento del caso al trámite ordinario. Además, la Orden autorizó al demandante, Sr. José Javier Calderón Martínez, a incluir a Flexible Packing como codemandado. Esta conversión y autorización ocurrieron a solicitud del demandante, después de que el Tribunal de Primera Instancia hubiera denegado previamente una solicitud de enmienda y tras la presentación de una solicitud de sentencia sumaria por parte de Packaging Solutions. La peticionaria alegó que el foro primario erró y abusó de su discreción al conceder la conversión y la enmienda en esa etapa procesal y sin darle oportunidad de expresarse. El Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del auto de certiorari solicitado por Packaging Solutions.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un auto de certiorari solicitado por Roberto Carlos Piñero Colón. El peticionario, confinado, buscaba revocar una Orden del Tribunal de Primera Instancia que denegó su moción de corrección de sentencia. Piñero Colón cumple una pena de nueve años y seis meses por escalamiento agravado, apropiación ilegal y abandono de animales, sentencia previamente modificada por este foro apelativo. Alegó que el foro primario aplicó incorrectamente el concurso real de delitos en lugar del concurso medial, argumentando que los delitos fueron medios necesarios uno para el otro. Solicitó una reducción de pena a ocho años, cumplimiento total en cárcel y eliminación de una multa. El Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar su petición y la reconsideración. El peticionario recurre al apelativo alegando errores en la aplicación del concurso, el cálculo de la pena y la falta de corrección de la sentencia mixta y la multa. El Tribunal de Apelaciones, tras examinar los fundamentos, deniega la solicitud de certiorari.

Resumen:

Sentencia emitida por un panel judicial en San Juan, Puerto Rico. El caso involucra a TRIPLE-S PROPIEDAD, que recurre una Resolución y Orden del Tribunal de Primera Instancia. Dicha orden denegó una moción de desestimación parcial presentada por TRIPLE-S. La controversia surge de una demanda por daños y incumplimiento de contrato relacionada con la reclamación de indemnización tras el Huracán María. COUNCIL OF OWNERS OF CONDOMINIO HATO REY basó su demanda en el Código Civil y en artículos de la Ley Núm. 247-2018. TRIPLE-S argumentó que la Ley 247-2018 no aplicaba retroactivamente a los hechos y que las causas de acción bajo esta ley no podían acumularse con la de incumplimiento de contrato para evitar duplicidad de remedios. El Tribunal de Primera Instancia determinó que las causas de acción de la Ley 247-2018 eran aplicables y acumulables. El panel judicial expide el auto de certiorari y revoca la Resolución y Orden recurrida.

Resumen:

Sentencia de un panel apelativo en Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Rico recurre una decisión del Tribunal de Primera Instancia (TPI) que desestimó un caso criminal contra José M. Muñiz Otero. La desestimación se basó en la imposibilidad de trasladar físicamente al acusado, quien se encontraba confinado, para la celebración de la vista preliminar. El Ministerio Público propuso realizar la vista mediante videoconferencia, citando contratiempos por la pandemia de COVID-19 y fallos del Departamento de Corrección en el traslado. El TPI rechazó la videoconferencia, argumentando que violaba los derechos del acusado a representación efectiva y al debido proceso de ley, procediendo a desestimar el caso. El Pueblo apeló, señalando como error la negativa del TPI a usar la videoconferencia, destacando su necesidad y conveniencia en el contexto de la pandemia para proteger derechos y la salud de la población carcelaria. El tribunal apelativo adelanta que revocará la decisión del TPI.

Resumen:

La Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico resuelve el recurso de Certiorari presentado por MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY contra una Orden del Tribunal de Primera Instancia. El caso surge de una reclamación de daños por el Huracán María presentada por el Consejo de Titulares del Condominio Metromonte bajo su póliza con MAPFRE. Tras un ajuste de daños por MAPFRE de \$379,377.93 y un pago parcial previo de \$125,051.97, el Consejo demandó a la aseguradora reclamando daños sustancialmente mayores. El Consejo solicitó al foro primario que ordenara a MAPFRE pagar el balance pendiente de su propio ajuste. El Tribunal de Primera Instancia acogió la solicitud y ordenó a MAPFRE pagar \$254,325.96, la diferencia entre el ajuste y el pago inicial. Esta orden se emitió sin perjuicio de la determinación final de daños en el juicio. MAPFRE recurrió esta determinación ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal de Apelaciones expidió el auto de Certiorari. Finalmente, el Tribunal de Apelaciones confirmó la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un recurso de apelación presentado por Félix R. Colón Peña. El apelante impugna la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia, la cual desafiaba la confiscación de un vehículo. La demanda fue desestimada por falta de legitimación activa. El Estado confiscó un vehículo Jeep Wrangler el 25 de septiembre de 2020 por supuesta violación de ley, notificando al apelante que el dueño registral era Antulio Morales Medina. El apelante alegó haber comprado el vehículo a Morales Medina el 7 de agosto de 2020 y haber formalizado un traspaso ante notario el 23 de septiembre de 2020. Sostuvo que no pudo completar el registro del traspaso en el CESCO porque el vehículo fue confiscado al día siguiente. El Gobierno argumentó que el apelante carecía de legitimación por no ser el dueño registral. La Sentencia detalla la prueba presentada en la vista de legitimación y revisa la decisión del TPI sobre la legitimación activa del apelante.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Panel V, emitió una Sentencia el 21 de septiembre de 2021 en el caso KLCE202100974. Este caso de certiorari, procedente del Tribunal de Primera Instancia de San Juan (Caso Núm. SJ2019CV07332), involucra a Pan American Grain Manufacturing Company, Inc. como recurrida y a Elvis Alexis Rivera y otros como peticionarios, sobre una acción de libelo, calumnia o difamación. La Sentencia atiende una Moción en solicitud de desistimiento de certiorari presentada por la parte peticionaria el 15 de septiembre de 2021. En respuesta a dicha solicitud, el Tribunal ordena el archivo y cierre del caso. La decisión se fundamenta en el desistimiento de la parte peticionaria, conforme a lo dispuesto en la Regla 83 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. La Sentencia fue acordada y mandada por el Tribunal, y certificada por la Secretaria.

Resumen:

Alexis A. López Pérez presentó un recurso de certiorari ante el Tribunal de Apelaciones para revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La controversia central giraba en torno a la instrucción al jurado sobre el requisito de unanimidad en los veredictos penales. El Tribunal de Primera Instancia determinó que la unanimidad es necesaria tanto para los veredictos de culpabilidad como para los de no culpabilidad. El peticionario objetó esta instrucción, argumentando que, basándose en *Ramos v. Louisiana*, solo los veredictos condenatorios requieren unanimidad. Sostuvo que un veredicto de no culpabilidad con una mayoría de nueve (9) o más jurados debería ser válido. El foro primario rechazó este planteamiento. Inconforme, el señor López Pérez acudió al Tribunal de Apelaciones. Mediante esta resolución, el Tribunal de Apelaciones denegó la expedición del recurso de certiorari.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en el caso KLAN202100272. North Sight Communications, Inc. (NSCI) apeló la desestimación de su demanda por el Tribunal de Primera Instancia. La demanda buscaba remedios interdictales contra agencias gubernamentales y Codecom, Inc., relacionados con procesos de compra pública. La controversia se centra en la adquisición de radios portátiles para el Negociado de la Policía. NSCI había obtenido la buena pro en una primera compra excepcional (20-193) como el licitador más bajo. Posteriormente, la Administración de Servicios Generales inició una nueva compra excepcional (21-023) para radios de una marca específica, invitando únicamente a Codecom. NSCI protestó este nuevo proceso, alegando que podía cumplir con las especificaciones y solicitando igualdad de oportunidad. El foro primario desestimó la demanda de NSCI por no exponer reclamaciones suficientes y por falta de jurisdicción. El Tribunal de Apelaciones, por los fundamentos que expondrá, revoca la Sentencia apelada.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. El apelante, Manuel Correa Márquez, recurre una Resolución del Tribunal de Primera Instancia de febrero de 2021. Dicha Resolución modificó y mantuvo una pensión de excónyuge a favor de la apelada, Carmen Juliá Rodríguez. El caso tiene un historial previo, incluyendo decisiones de este Tribunal y del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo había determinado la necesidad de la pensión para la liquidez de la apelada, con cargo a su participación ganancial, requiriendo una revisión tras la liquidación de bienes. Tras la decisión del Supremo, el apelante solicitó ser relevado de la pensión alegando dificultades económicas. La Resolución recurrida abordó la continuación de la pensión y calculó las cantidades adeudadas. El Tribunal de Apelaciones, en esta Sentencia, confirma la Resolución del foro primario. Se valida así la obligación del apelante de continuar satisfaciendo la pensión de excónyuge.

Resumen:

Sentencia del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico en un caso de divorcio. La apelación fue presentada por la Sra. Aixa Toledo Moreu contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró ha lugar la demanda de divorcio instada por su esposo, el Sr. José Ramón Camino Torres. La apelante argumentó que el foro primario erró al celebrar el juicio de divorcio sin la comparecencia de su abogado, quien se ausentó por una emergencia, y a pesar de que ella manifestó no estar preparada para autorrepresentarse. Alegó que esta actuación constituyó una violación a su derecho al debido proceso de ley, impidiéndole presentar su defensa y contrainterrogar al demandante. El Tribunal de Apelaciones revisó los procedimientos y el señalamiento de error. Tras evaluar el caso, el panel especial determinó revocar la Sentencia apelada. La revocación se fundamenta en la violación procesal ocurrida en el foro de instancia.

Resumen:

Ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico se presentó un recurso de revisión contra una resolución del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). La recurrente, Abigail Torres Cruz, impugnaba la determinación de inelegibilidad a los beneficios del seguro por desempleo. El Negociado de Seguridad de Empleo del DTRH había concluido que la recurrente abandonó su trabajo sin justa causa. Esto ocurrió tras solicitar una licencia sin paga para una cirugía, la cual fue denegada por el patrono, pero la recurrente no se presentó a trabajar. La División de Apelaciones del DTRH, luego de una audiencia, confirmó la inelegibilidad, decisión que fue reafirmada al denegar una reconsideración. La recurrente acudió al Tribunal de Apelaciones alegando errores en las determinaciones de hecho y derecho. El Tribunal de Apelaciones, sin embargo, desestima el recurso presentado. La desestimación se fundamenta en la falta de jurisdicción para atender el caso.

Resumen:

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emite una Sentencia en el recurso de revisión judicial presentado por Francheska M. Camilo González contra la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. La recurrente solicitó la intervención del tribunal para revisar determinaciones administrativas. El tribunal desestima el recurso de revisión judicial. La desestimación se fundamenta en el incumplimiento de la recurrente con los requisitos procesales establecidos. Específicamente, la recurrente no evidenció adecuadamente la notificación del recurso a la parte recurrida conforme a la Regla 58 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. Tampoco presentó el apéndice de su recurso de manera oportuna y organizada. El tribunal concedió varias oportunidades y extensiones de plazo a la recurrente para subsanar las deficiencias. A pesar de los apercibimientos, la recurrente no cumplió con las órdenes del tribunal dentro de los términos establecidos. La sentencia enfatiza la obligación de perfeccionar los recursos conforme a las normas para garantizar el ordenado trámite judicial. El incumplimiento reiterado llevó a la desestimación del recurso.

Resumen:

Este dictamen del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico revisa una decisión de la Comisión Industrial relativa a Williams Hospitality Group Inc. (WHG) y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE). La controversia principal gira en torno al estatus patronal de WHG (asegurado o no asegurado) para accidentes de trabajo ocurridos entre el 3 de julio y el 20 de diciembre de 2015. La CFSE había determinado que WHG no estaba asegurado para estos incidentes. WHG apeló, argumentando que estaba asegurado porque presentó su declaración de nómina a tiempo y eventualmente pagó la totalidad de las primas de la póliza de 2015, a pesar de que el primer pago semestral se realizó después de la fecha límite del 27 de noviembre de 2015. WHG sostuvo que la aceptación del pago tardío por parte de la CFSE debía resultar en cobertura retroactiva. La CFSE replicó que, según la ley, la cobertura es efectiva al momento del pago de la prima, y el pago tardío dejó a WHG sin seguro durante el período en que ocurrieron los accidentes. La Comisión Industrial determinó que, si bien WHG presentó la declaración a tiempo, el pago crucial de la primera prima se realizó tarde, específicamente el 22 de diciembre de 2015. Los accidentes en cuestión sucedieron entre la fecha límite de pago y la fecha real del pago. El Tribunal de Apelaciones revisó las determinaciones y la interpretación legal de la Comisión. Finalmente, el Tribunal confirmó la Resolución de la Comisión Industrial, ratificando la determinación de que WHG era un patrono no asegurado durante el período especificado debido al pago inoportuno de la prima.

Resumen:

Resolución de un panel judicial sobre la solicitud de Gloricelia Ortiz Valentín para revocar una decisión del Tribunal de Primera Instancia. La Sra. Ortiz pidió la revocación de la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria, con la que buscaba desestimar una demanda en su contra. La demanda fue presentada por Edwin Martínez Rodríguez por incumplimiento de un contrato verbal de construcción. El Sr. Martínez alegó que la Sra. Ortiz incumplió el pago, que incluía la dación en pago de una finca, y posteriormente argumentó que el acuerdo sobre la finca era nulo. La Sra. Ortiz se defendió alegando la ilegalidad del contrato por falta de registro del Sr. Martínez como contratista y presentó una reconvención por daños. El Tribunal de Primera Instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria de la Sra. Ortiz. Tras examinar el recurso, este Tribunal deniega la expedición del auto de certiorari solicitado por la Sra. Ortiz.