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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha ordenado la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía a varios profesionales del derecho. Esta medida se toma por el incumplimiento con los requisitos del Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC) y por no atender las órdenes previas del Tribunal. El proceso se inició tras una evaluación del PEJC sobre abogados que incumplieron periodos vencidos entre 2013 y 2015. Previamente, se había concedido un periodo de exoneración para multas por cumplimiento tardío. Posteriormente, el Tribunal emitió órdenes requiriendo a los abogados mostrar causa por la cual no debían ser suspendidos. Ante la incomparecencia de los abogados listados, se procedió a ordenar su suspensión. La resolución incluye la lista de los profesionales afectados por esta decisión. La suspensión es efectiva a partir del 19 de agosto de 2019.