In re: Alejandro G. Carrasco Castillo

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión permanente e indefinida de Alejandro G. Carrasco Castillo del ejercicio de la abogacía y la notaría. Esta determinación surge tras ser hallado culpable y sentenciado en el foro federal por actos que implican depravación moral y conducta delictiva. El abogado, admitido a la práctica en 1986, se vio involucrado en un esquema de corrupción gubernamental relacionado con contratos de consultoría ambiental en los municipios de Río Grande, Barceloneta y Juncos. Las autoridades federales iniciaron una investigación que incluyó grabaciones de conversaciones entre el licenciado y otros implicados, facilitadas por un contratista que cooperó con la justicia. En julio de 2014, un Gran Jurado Federal presentó cuatro cargos de soborno contra Carrasco Castillo por sus acciones mientras fungía como representante legal de los referidos municipios. El Tribunal Supremo enfatizó que el abogado se apartó de los principios de honradez y moralidad que rigen la profesión legal. La conducta exhibida denota un carácter moralmente corrompido que lo inhabilita para continuar ejerciendo funciones jurídicas en la jurisdicción de Puerto Rico.