In re: Rafael Rivera Rosa

Lcdo. Rafael Rivera Rosa, quien renunció voluntariamente al ejercicio de la abogacía en 2001 por razones de salud, solicitó su reinstalación en septiembre de 2006. Alegó estar totalmente capacitado para reanudar su práctica profesional. El Tribunal Supremo designó una Comisionada Especial para evaluar su capacidad mental y recibir prueba pericial. El informe de la Comisionada Especial concluyó que la condición de salud mental que afectó al peticionario ya no está presente. Además, determinó que no existe impedimento médico actual para que ejerza la abogacía. En consecuencia, el Tribunal Supremo ordenó la reinstalación del Lcdo. Rivera Rosa. Dicha reinstalación está condicionada a que, por un período no menor de dos años, presente evidencia anual de que su condición de salud se mantiene en remisión. Esta evidencia debe ser un informe pericial de los médicos que lo atienden en el Hospital de Veteranos.