QUIÑONES RIVERA, ROBERTO V. D DE CORRECCION Y REHABILITACION

Un miembro de la población penal solicitó al Departamento de Corrección y Rehabilitación acceso a información pública específica para evidenciar alegado discrimen y prohibición de empleo injustificada. El peticionario buscaba esta información para sustentar un posible reclamo judicial por la pérdida de bonificaciones e ingresos. El Tribunal de Apelaciones declaró que carecía de jurisdicción para atender la solicitud. La razón principal es que el peticionario no siguió el procedimiento establecido en la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Dicha ley requiere que este tipo de acción se presente inicialmente ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Apelaciones solo tiene jurisdicción apelativa sobre decisiones de primera instancia o agencias administrativas, o jurisdicción original limitada. Al saltarse el foro primario, el peticionario impidió que el Tribunal de Primera Instancia ejerciera su jurisdicción original sobre el asunto. La sentencia subraya el derecho fundamental al acceso a la información pública en Puerto Rico y el propósito de la Ley 141-2019 de facilitar dicho acceso. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones no pudo adjudicar la solicitud de acceso a la información.