CENTRO DE PERIODISMO INVESTIGATIVO, INC. V. ROSELLO NEVARES, RICARDO A

El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico emitió una sentencia en un caso de acceso a información pública, originado por una petición de mandamus del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) en 2017. El CPI solicitó al entonces Gobernador y a la Oficina del Gobernador una amplia gama de documentos, informes y comunicaciones intercambiadas entre La Fortaleza y la Junta de Supervisión y Administración Fiscal (JSAF), así como datos financieros y operativos del gobierno, en cumplimiento con la Ley PROMESA. En 2021, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró con lugar el mandamus, ordenando al Estado Libre Asociado y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a producir la información requerida.

Tres años después, el CPI alegó incumplimiento por parte de la AAFAF, específicamente en cuanto a comunicaciones de contratistas y consultores de la JSAF que no utilizaban el dominio "@promesa.gov". Ante esto, el TPI emitió una Minuta-Resolución en junio de 2024, ordenando a la AAFAF a producir dichas comunicaciones. La AAFAF recurrió esta decisión ante el Tribunal de Apelaciones mediante una Petición de Certiorari. El Tribunal de Apelaciones acogió el certiorari como apelación y, por los fundamentos expuestos en su sentencia, modificó el dictamen impugnado del TPI.