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Se trata de una apelación mediante certiorari contra una decisión del Tribunal de Primera Instancia. Una empleada busca hacer cumplir un laudo arbitral que declaró injustificado su despido, utilizando un procedimiento sumario bajo la Ley Núm. 2. El patrono, demandado en el TPI, solicitó la paralización del caso. Alegó que la ley le otorga un término de tres meses para impugnar el laudo arbitral. El TPI acogió la solicitud del patrono y ordenó la paralización del procedimiento por tres meses. La empleada recurrió en alzada, argumentando que el laudo no era impugnable o que el patrono renunció a ese derecho. El Tribunal de Apelaciones revisó la determinación del TPI. Concluyó que el TPI actuó de forma razonable al paralizar el caso. Esto se debió a que el patrono aún disponía del término legal para impugnar el laudo. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones decidió no intervenir con la decisión recurrida.