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Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico que aprueba los nuevos derechos arancelarios para la tramitación de acciones civiles. Se fundamenta en la Ley Núm. 47 de 2009, cuyo propósito es simplificar y modernizar el sistema de pago de derechos judiciales. La ley establece un sistema de pago único por concepto de derechos de presentación, eliminando la necesidad de sellos en escritos posteriores a la presentación inicial. Este pago único se realiza en la primera comparecencia de cada parte en casos civiles ante el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo. Se designó un comité técnico para estudiar los costos y rendir recomendaciones. La propuesta aprobada, tras modificaciones, mantiene las exenciones de pago para litigantes indigentes y en materias como alimentos y hábeas corpus. El nuevo sistema busca facilitar la transición a la presentación electrónica y garantizar el acceso a la justicia.