Díaz Carrasquillo v. Hon. Alejandro García Padilla

El Tribunal Supremo de Puerto Rico atendió una certificación interjurisdiccional del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La consulta principal versaba sobre la facultad del Gobernador para destituir al Procurador de las Personas con Impedimentos. Este funcionario ejerce un híbrido de funciones ejecutivas, cuasilegislativas y cuasi-judiciales. El Tribunal determinó que el Procurador posee un interés propietario durante la vigencia de su nombramiento. Por tanto, concluyó que no es un funcionario de libre remoción. Su destitución solo puede ocurrir por las causas establecidas en la ley. La opinión también aclara que la Doctrina de Inmunidad Legislativa no cubre el acto de remoción, al ser de naturaleza administrativa. Además, reiteró que la derogación de un cargo y creación de otro similar no extingue el interés propietario del funcionario.