Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., et al. v. Municipio de Dorado, et al

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una opinión en respuesta a una certificación interjurisdiccional del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La certificación solicita clarificación sobre si las leyes de Puerto Rico permiten la existencia de calles residenciales privadas. El Tribunal Supremo contesta afirmativamente a esta interrogante. Explica que el ordenamiento jurídico vigente contempla tanto calles residenciales públicas como privadas. Las calles públicas son aquellas definidas por el Artículo 256 del Código Civil, costeados con fondos públicos y destinados al uso público. Las calles privadas son aquellas que quedan fuera de esta categoría, cuya determinación está supeditada al ejercicio legislativo sobre lo que constituye un fin público. Este recurso surge de una demanda que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Control de Acceso. La decisión establece la distinción legal entre calles públicas y privadas bajo la ley puertorriqueña.