In re: Juan P. Rivera Román

El Tribunal Supremo de Puerto Rico decretó la suspensión inmediata del Lcdo. Juan P. Rivera Román del ejercicio de la abogacía y la notaría por un término de seis meses. Esta determinación surge tras concluir que el abogado infringió los Cánones 23, 35 y 38 del Código de Ética Profesional, los cuales regulan la preservación de bienes de clientes y la conducta honesta del abogado. El proceso disciplinario se originó por una queja presentada en 2020 por una antigua clienta, quien contrató al promovido para gestionar trámites sucesorales y cobros de seguros tras la muerte de su esposo. Según los hechos, el licenciado Rivera Román solicitó a la clienta dos cheques de gerente que sumaban $73,800, bajo la premisa de que eran necesarios para realizar pagos al Departamento de Hacienda. El abogado aseguró falsamente que dicha agencia devolvería el dinero posteriormente, pero luego de recibir los fondos, evadió las comunicaciones de la promovente y brindó información engañosa sobre el trámite. La sentencia enfatiza que el comportamiento del abogado constituyó un aprovechamiento indebido de la confianza de su representada. Finalmente, el Tribunal reafirmó su facultad para sancionar conductas que laceran la integridad de la profesión legal y el manejo adecuado de fondos ajenos.