In re: Antonio Arraiza Miranda

Decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, CP-2009-16, de 28 de enero de 2014, sobre conducta profesional del Lcdo. Antonio E. Arraiza Miranda. La queja, presentada por Josué Ortiz Colón, alegó que el abogado, designado de oficio, cobró honorarios a sus padres por servicios legales y lo refirió a otro abogado para la apelación que también cobró. El abogado admitió ser de oficio en un caso, pero sostuvo que fue contratado privadamente para un caso posterior y cobró solo por este último. La Procuradora General concluyó que la responsabilidad de oficio cubría todo el proceso, incluyendo la apelación, y que cobrar o referir a otro abogado que cobrara era indebido. El Tribunal Supremo determinó que la conducta del letrado constituyó una violación a los cánones de ética profesional. En consecuencia, el Tribunal ordenó la suspensión del Lcdo. Arraiza Miranda del ejercicio de la abogacía. La suspensión se hizo efectiva el 30 de enero de 2014.