In re: Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera

El Tribunal Supremo de Puerto Rico emite una decisión sobre la conducta profesional del Lcdo. Rafael A. Rivera Rivera en el caso CP-2003-11. El licenciado, contratado por el Frente Unido de Policías Organizados (FUPO) para ofrecer servicios legales a sus miembros bajo tarifas preestablecidas, fue objeto de una queja. La quejosa, hermana de un socio de FUPO acusado de delitos graves, solicitó los servicios del licenciado basándose en el contrato de la organización. Sin embargo, el licenciado supuestamente se negó a aceptar el caso bajo los términos del contrato de FUPO, que fijaba honorarios de $1,500 y $1,000 para los delitos imputados. En su lugar, exigió a la quejosa una tarifa privada de $10,000 para representar a su hermano. Este proceder levanta cuestionamientos sobre el cumplimiento del abogado con sus obligaciones contractuales y las normas de conducta profesional relativas a los honorarios y la relación con organizaciones que proveen servicios legales a sus miembros. La decisión del Tribunal aborda si la actuación del licenciado constituyó una violación a los cánones de ética profesional.