El Pueblo v. Apolinar Rondón

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evalúa la validez de un registro y allanamiento sin orden judicial en una propiedad donde el imputado se encontraba ilegalmente. La controversia principal gira en torno a la protección constitucional contra registros irrazonables y la necesidad de establecer una expectativa razonable de intimidad como requisito previo para invocar este derecho. El Tribunal reitera que la cláusula constitucional no protege a individuos que carecen de autorización para estar en el lugar registrado o que ocupan propiedades que aparentan estar abandonadas. En este caso, los foros inferiores suprimieron la evidencia ocupada a pesar de reconocer que el recurrido no tenía una expectativa de intimidad legítima en el apartamento intervenido. La Opinión del Tribunal determina que los tribunales recurridos erraron al declarar irrazonable el registro, dado que la protección constitucional no se activa sin una expectativa de intimidad válida. Además, el Tribunal adopta factores objetivos para que los agentes del orden público evalúen si una propiedad parece desocupada o abandonada al momento de realizar una intervención. Finalmente, se resuelve que la evidencia obtenida contra Santiago Apolinar Rondón es admisible debido a su condición de ocupante ilegal en el lugar de los hechos.