Sonnell Transit Service, LLC v. Junta de Subastas del Municipio Autónomo de Toa Baja y otro

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el caso CC-2024-0650, examinó la validez de la adjudicación de una subasta municipal para el arrendamiento de vehículos destinados al transporte colectivo. La controversia principal giró en torno al alcance de la Ley de Instituciones de Arrendamiento de Propiedad Mueble en los procesos de contratación gubernamental. Se analizó si la naturaleza del contrato subastado activaba el requisito de licenciamiento ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para operar como arrendador de bienes muebles.

La Corte también auscultó las implicaciones jurídicas de la ausencia de dicha licencia sobre la adjudicación de la subasta. Se determinó que el licitador favorecido en la Subasta Formal Núm. 21-AF-2023-2024 del Municipio Autónomo de Toa Baja tenía la obligación estatutaria de contar con la licencia de la OCIF. El Tribunal resolvió que la participación de un licitador no autorizado para ejecutar las prestaciones objeto del contrato constituye un vicio insubsanable. Por consiguiente, se declaró la nulidad de la adjudicación de la subasta y del eventual contrato.