Markovic v. Meldon y otro

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que es obligatorio prestar una fianza en apelación en todos los casos de desahucio, independientemente de si el proceso se tramita por la vía sumaria o por la vía ordinaria. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez fundamentó que el propósito de esta fianza se sostiene e incluso se intensifica en los procedimientos ordinarios para garantizar los derechos de la parte arrendadora. El litigio se originó cuando la Sra. Ljubinka Markovic solicitó el desalojo de los inquilinos John J. Meldon y Diana B. Fitzgerald tras el vencimiento de un contrato de arrendamiento en el Viejo San Juan. Los arrendatarios se opusieron a la demanda alegando un incumplimiento de una opción de compraventa y solicitaron que el caso se tramitara de forma ordinaria. La controversia jurídica principal se centró en si las exigencias procesales de fianza debían aplicarse a desahucios que pierden su naturaleza sumaria debido a la complejidad de las defensas presentadas. Al revocar el dictamen del Tribunal de Apelaciones, el Tribunal Supremo estableció que la fianza es un requisito esencial para evitar que el proceso apelativo se utilice como una táctica dilatoria sin garantías económicas. Esta decisión pauta una regla general que busca proteger la propiedad y asegurar el cobro de cánones adeudados durante la pendencia de un recurso de apelación.