Santiago Cora v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que el Estado no tiene la obligación legal de devolver las fotografías de fichaje ni las huellas dactilares a una persona que ha extinguido su sentencia penal y ha logrado la eliminación de su convicción del Certificado de Antecedentes Penales. La decisión establece que no existe una expectativa razonable de intimidad sobre los datos de identificación obtenidos legalmente durante un arresto válido, ni existe un mandato estatutario que obligue a su entrega. El Tribunal fundamentó que dicha información conserva su utilidad para la investigación de crímenes futuros, independientemente de que no se pueda imputar reincidencia al individuo. No obstante, una vez se emite una orden judicial para eliminar el historial penal, el Estado debe conservar estos datos bajo la clasificación estricta de archivo confidencial. El caso surgió a raíz de una petición del señor Ramón Luis Santiago Cora, quien solicitó la devolución de sus huellas y fotos tras cumplir una sentencia por agresión agravada impuesta en 1998. Con este fallo, el Tribunal resuelve las interpretaciones antagónicas previas entre las instancias judiciales sobre el manejo de datos biométricos y de identificación en el sistema de justicia criminal.