JMG Investment, Inc. v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros

El caso CC-2018-771 del Tribunal Supremo de Puerto Rico surge de una demanda por incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra el Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y co-demandados privados. Tras la paralización total del proceso judicial por los tribunales inferiores debido a la quiebra del Gobierno bajo la Ley PROMESA, el peticionario solicitó la revisión. El peticionario argumentó que la paralización automática solo debía aplicar al gobierno, permitiendo continuar el caso contra los co-demandados privados. El Tribunal Supremo se centró en determinar el plazo para recurrir ante él mediante certiorari cuando el gobierno es parte en el litigio. La opinión establece que el término para presentar un recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo en estos casos es de treinta días. Al aplicar esta norma, el Tribunal encontró que el recurso del peticionario fue presentado fuera del plazo establecido. Por lo tanto, el Tribunal Supremo se vio impedido de revisar la determinación de los tribunales inferiores de paralizar la totalidad del caso. La decisión también aclara que un archivo administrativo por paralización bajo PROMESA no constituye un dictamen final y que el certiorari es el mecanismo adecuado para revisarlo.