Rosario Rosado v. Pagán Santiago

El Tribunal Supremo de Puerto Rico examinó la validez de los contratos de compraventa o cesión de vehículos de motor sujetos a gravamen de venta condicional sin el consentimiento del acreedor financiero. La controversia se centró en la interpretación de la Ley para la Protección a la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 1987. El Tribunal de Apelaciones había resuelto que tales contratos eran ilegales, basándose en disposiciones de la ley que criminalizan la enajenación con intención de defraudar al acreedor. El caso particular involucraba la cesión de derechos sobre un vehículo con gravamen bancario, donde el cesionario asumió la deuda. El Tribunal Supremo determinó que el foro apelativo intermedio erró en su análisis dentro del contexto fáctico específico del caso. La decisión requirió una interpretación de la Ley Núm. 8 en relación con esta modalidad contractual frecuente. El Tribunal Supremo revocó la sentencia recurrida. Esto clarifica que, en ciertas circunstancias, la cesión de un vehículo gravado sin el consentimiento expreso del acreedor no invalida automáticamente el contrato bajo la Ley Núm. 8.