Toro Rivera v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 23 de diciembre de 2015 en el caso CC-2014-245. Se presenta la interrogante sobre cuándo comienza a discurrir el término de 90 días para notificar al Estado la intención de demandarle por daños. La reclamación se basa en una causa de acción por persecución maliciosa asociada a conducta negligente de funcionarios gubernamentales. Los demandantes, exfuncionarios de Corrección, instaron la acción tras enfrentar cargos criminales. El Tribunal examina los eventos procesales y el derecho aplicable, particularmente el Artículo 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado (Ley Núm. 104). Se determina que el término de 90 días para esta notificación comienza a transcurrir desde que el tribunal pronuncia su fallo absolutorio en el proceso penal subyacente. Esta decisión establece el momento preciso para cumplir con el requisito de notificación previa al Estado en este tipo de reclamaciones.