Pueblo v. Richard Rolón Rodríguez

Este documento del Tribunal Supremo de Puerto Rico examina la validez de una orden de allanamiento. La cuestión central es si una orden es válida cuando omite los hechos y fundamentos para su expedición. Dichos fundamentos constaban en una declaración jurada que no fue aneja ni provista al momento de diligenciar la orden. El Tribunal evalúa la suficiencia de la orden conforme a las exigencias constitucionales y la Regla 231 de Procedimiento Criminal. Se revalida la norma que establece que una orden de allanamiento que no expone sus fundamentos es insuficiente de su faz. Una orden así activa la protección constitucional que prohíbe el uso de evidencia obtenida ilegalmente. El caso se origina en una pesquisa sobre alegado trasiego de sustancias controladas. La decisión enfatiza la importancia de cumplir los requisitos formales de la orden para salvaguardar los derechos ciudadanos.