Oficina de Ética Gubernamental v. Santiago Concepción

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revisó el caso CC-2012-386 entre la Oficina de Ética Gubernamental y Pedro Julio Santiago Guzmán. El caso se originó por una alegada violación al Art. 3.2(i) de la derogada Ley de Ética Gubernamental de 1985 y su reglamento sobre nepotismo. La Oficina de Ética impuso una multa de $2,000 al señor Santiago Guzmán, administrador municipal, porque el alcalde nombró a su hermano como Subcomisionado de Seguridad. El Tribunal de Apelaciones redujo la multa a $500. La controversia principal era si un funcionario incurre en violación ética por no solicitar dispensa cuando la autoridad nominadora nombra a un familiar, sin que el funcionario haya ejercido facultades de nombramiento o influencia. El Tribunal Supremo analizó la interpretación que la Oficina de Ética dio al Art. 3.2(i). Concluyó que dicha interpretación era ultra vires. Por lo tanto, el Tribunal Supremo revocó la sentencia recurrida.