Báez Rodríguez y otros v. Gobernador

El Tribunal Supremo de Puerto Rico evaluó si empleados del Instituto de Ciencias Forenses estaban exentos del plan de cesantías establecido por la Ley Núm. 7 de 2009, enmendada por la Ley Núm. 37 de 2009. Esta legislación fue creada para declarar un estado de emergencia fiscal y reducir gastos gubernamentales. La constitucionalidad de la Ley Núm. 7 había sido previamente confirmada por el Tribunal en otro caso. Los peticionarios eran seis empleados de carrera del Instituto, específicamente Coordinadores de Pruebas de Detección de Sustancias Controladas. La controversia se centraba en si sus puestos estaban protegidos de las medidas de reducción de personal. El Tribunal determinó que los peticionarios, como empleados del Instituto de Ciencias Forenses, sí están exentos del plan de cesantías dispuesto en la Ley Núm. 7. Esta decisión aclara la aplicabilidad de las disposiciones de la ley de emergencia fiscal a estos empleados particulares.