Pueblo v. Garay López

El Tribunal Supremo de Puerto Rico considera en este recurso de certiorari la naturaleza y alcance de las declaraciones juradas autorizadas por fiscales. Específicamente, se examina la admisibilidad de tres declaraciones juradas de agentes encubiertos en un caso criminal. La controversia surge porque dos de las declaraciones no fueron firmadas por el fiscal autorizante. La tercera declaración carece de la fecha y hora de autorización. El Tribunal analiza estos defectos a la luz de la Ley Orgánica del Departamento de Justicia y la Ley Notarial de Puerto Rico. Se busca determinar si la falta de estos requisitos invalida las declaraciones para ser admitidas como evidencia. El caso involucra denuncias por soborno e infracciones a leyes de ética, sustancias controladas y armas contra los peticionarios. Estas denuncias se basaron en una investigación del Negociado de Investigaciones Especiales.